Domingo, 19 Marzo 2017 00:00

Traspaso de la justicia a la Ciudad: constitucional y conveniente para todos

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El doctor Rodolfo Barra procura demostrar en ​su​ columna de opinión publicada en ​Clarín (15/3) ​que el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires es inconstitucional.

 

Sus argumentos son los mismos que vienen exponiendo desde hace 20 años los que, contra la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, postulan recortar la autonomía porteña: uno general (Buenos Aires no es una provincia) y otro particular (el artículo 75, inc. 12 de la CN, al mencionar a los tribunales que aplican los códigos de fondo se refiere a los federales y provinciales, no a los de la Ciudad de Buenos Aires).

Que Buenos Aires sea o no una provincia no pasa de un devaneo semántico. Los constitucionalistas la han caracterizado de diversas formas. Lo cierto es que es un nuevo sujeto federal, que, aunque no lo llamemos provincia, tiene casi todos los atributos para serlo. Interpretar, como el doctor Barra, que es un municipio más, si bien regulado en la propia Constitución Nacional, es pasar por alto varios artículos de la ley fundamental. En primer lugar, el artículo 129, que le otorga un “régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Respecto de estas últimas, el constituyente de 1994 no estableció reserva, condición ni salvedad, por lo que debe reconocerse que es plena –con excepción, claro está, de las materias federales.

Esa interpretación surge no solo de la letra del citado artículo, sino de una hermenéutica sistemática del plexo constitucional. En efecto, la Ciudad de Buenos Aires tiene representación en la Cámara de Diputados –art. 45- y en el Senado –art. 54-; posibilidad de ser sujeto de intervención federal –art. 75, inc. 31- ; es sujeto de la coparticipación de impuestos –art. 75, inc. 2-; etc. Ningún “municipio” tiene esas características, que equiparan a la actual capital argentina a una provincia.

Por lo demás, la Constitución solo prevé dos órdenes judiciales: el local o provincial, que es la regla, y el federal, que es la excepción. La denominada “justicia nacional” no está contemplada en la Constitución: es una creación legislativa derivada de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires (dispuesta, también, por ley). Se trata de la misma justicia ordinaria que rige en todas las provincias, pero ubicada en el ámbito de la Nación desde que la ciudad dejó de pertenecer a la provincia de Buenos Aires. De hecho, se llamó hasta mediados del siglo XX “justicia de la Capital Federal” y no “nacional”, nombre que es fuente de equívocos. Ningún interés federal hay en la tramitación de un divorcio o en un desalojo. No tiene sentido, por lo tanto, mantener tres estamentos judiciales en un mismo ámbito territorial.

Frente a estas sólidas razones constitucionales, pierde sustento el argumento meramente gramatical que ensaya el doctor Barra en torno al art. 75, inc. 12 por no mencionar a los tribunales porteños. El texto de ese artículo es, con una ligera modificación, el que existía antes de la reforma de 1994. No fue escrito por los constituyentes de ese año. La omisión señalada no es tal si se interpreta que los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires son, a esos efectos, provinciales.

En apoyo de su tesis sobre el art. 75, inc. 12, el doctor Barra llama en su auxilio al art. 125, relativo a ciertas competencias de las provincias. Observa que en el primer párrafo se faculta a las provincias a celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, pero no se menciona a la Ciudad de Buenos Aires, que sí es mencionada en el párrafo siguiente, junto a las provincias, cuando se les permite, entre otras cosas, conservar organismos de seguridad social. La omisión en el primer párrafo, concluye el doctor Barra, no pudo ser casual, porque Buenos Aires es nombrada expresamente en el segundo. La idea suena convincente, pero se cae como un castillo de naipes en cuanto se advierte que el primer párrafo corresponde, sin modificación alguna, al texto histórico, mientras que el segundo fue incorporado en 1994. En otras palabras, el constituyente quiso ampliar también por esta vía la autonomía porteña.

De todas formas, estos debates, con ser muy interesantes, ya son anacrónicos. La Corte Suprema se ha pronunciado recientemente sobre el tema de modo categórico, por unanimidad. En el fallo “Nisman”, suscripto por sus cinco miembros, reitera lo expuesto meses antes en “Corrales”: “Que en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencias de competencias antes aludidos”, competencias que “no son federales”. “De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local”.

Con un probablemente no querido sesgo unitario, el doctor Barra –sintiéndose obligado a dejar salvado el “respeto que le merecen los excelentes jueces provinciales y porteños”, prefiere que cuestiones importantes –cita como ejemplo el concurso de acreedores del Correo- permanezcan reservadas “a la vieja y prestigiosa justicia (en el caso) comercial nacional”. Todos son excelentes, pero unos son más excelentes que otros. Curioso, porque nadie nace “nacional” sin ser al mismo tiempo “provincial” o “porteño”.

La resistencia al cambio es inherente a la condición humana, pero la transferencia progresiva y ordenada de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires es un imperativo constitucional que redundará en un mejor servicio judicial –cercano, eficaz, veloz- para todos. Y los jueces y funcionarios que sean transferidos gozarán de iguales o mejores derechos (estabilidad, remuneraciones, obra social, jubilación, etc.).

Jorge R. Enríquez

Subsecretario de Justicia de la CABA

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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