Martes, 25 Octubre 2016 09:08

Economía y deuda desde el sentido común

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Las opiniones de los economistas argentinos -cada uno en su escuela, con amplio y envidiable reconocimiento académico- ofrecen a quienes deben decidir políticas públicas “menúes” frecuentemente contradictorios.

 

 

Ello no es por mala fe. La sensación que deja el escucharlos es que definen las consecuencias que una u otra medida generará en la economía en forma parcial, epistemológicamente tabicada.

 

Aumentar hasta su costo real las tarifas públicas nivela las cuentas. Es cierto, verdad de Perogrullo. Ningún economista se negaría. Pero también lo es que produce una conmoción política y social para enfrentar la cual es necesario contar con un gobierno de alta fuerza política o una sociedad con un alto nivel de convicción. En el caso argentino, no es el caso: minoría parlamentaria oficialista, socios no convencidos totalmente de la corrección de la medida, gremialismo en pie de guerra, oposición –con dominio parlamentario- haciendo inviable cualquier marco normativo unilateral, una justicia fragmentada y anarquizada que impediría las medidas con su judicialización constante, estado cultural de la sociedad –y de la mayoría de los comunicadores- alertas ante cualquier camino de esas características… tales son los condimentos.

 

¿Qué debe hacer un liderazgo político en estas situaciones? La respuesta es de sentido común: encontrar la forma de mantener su propósito final pero, para lograr esos fines, generar consensos que permitan poner en marcha ese proceso por sucesivas aproximaciones. De nada valdría insistir en un incremento impositivo o tarifario sustancial si él fuera frenado por la justicia, derogado por el parlamento y provocado –en caso extremo- su expulsión del poder. El 2001 fue una experiencia en ese sentido, de insistir en un rumbo correcto desde la ortodoxia, pero no sostenido por la población. Algunos economistas estaban contentos con el “déficit cero” y mantener la convertibilidad a rajatabla, y ello era teóricamente posible renegociando el tramo externo de la deuda en forma similar al tramo interno. Pero no había condiciones internas ni externas para ello y eso le costó al país… lo que le costó.

 

Lo mismo ocurre con los eventuales “despidos masivos”. La técnica de administración de empresas indica claramente que la plantilla debe responder a las necesidades reales de la empresa, en su mínimo compatible con los fines propuestos. Aplicar esos principios a los tres escalones de nuestro Estado implicaría posiblemente despidos superiores a un millón de personas. ¿Alguien puede seriamente pensar que un gobierno que se propusiera esta medida podría sostenerse en el poder? ¿Alguien piensa que podría hacerlo sin contar con una gigantesca fuerza política, sólo compatible con una gran coalición nacional cuyos actores estuvieran convencidos de las medidas propuestas, o en su defecto con una dictadura tal vez sanguinaria? Diez mil fueron los contratos estatales no renovados por su evidente –y groseramente reciente- origen partidario. Suspenderlos mantuvo el debate de la escena política durante meses, fogoneado por los mismos medios que criticaban al gobierno… por no bajar el gasto.

 

Días atrás el Secretario del Tesoro de EEUU, de visita por el país, dejó una frase también plena de sentido común: “la mejor política económica es la que puede garantizar la sustentabilidad política”. De nada sirve aplicarle al país las tablas de Excel si ello significa el derrumbe del gobierno que lo haga. Rescató algo que por estos pagos, pocos hacen: el cambio de paradigma cultural en la política mundial, desterrando lo que llamó “recetas del pasado” y la comprensión que cualquier salida debe vincularse al crecimiento.

 

Es lo que el gobierno en nuestro país parece estar haciendo hoy. La comprensión del camino por la opinión pública, aún con claroscuros, es notable, y aún por el gremialismo y los propios movimientos sociales. Tanto como la resistencia cultural del “escenario político-empresarial” a comprender los nuevos tiempos del país y del mundo.

 

Siempre quedan dos grandes agregados del gasto: la inversión pública y los servicios de la deuda. Renunciar al primero implicaría que se renuncia a reducir las externalidades a las empresas, que quitan competitividad justamente por culpa exclusiva de la falta de políticas públicas adecuadas. Faltan trenes, puentes, rutas, comunicaciones, puertos, aeropuertos, canales de desagüe e irrigación, etc. El Estado no puede renunciar a ellos, si realmente desea un crecimiento de largo plazo.

 

El otro es el de los servicios de la deuda. Puede recurrirse siempre a no pagarlos. Nuestro país ha sido especialista en ese camino. Está entre los que más defaults ha generado de su deuda durante más de un siglo. Pero la consecuencia de hacerlo es desvincular a la economía nacional de los flujos globales de comercio y financiamiento, renunciar a fondos externos para infraestructura, hacer crecer las deudas por intereses compensatorios y punitorios elevados y agravar la mala fama de “mal pagador” que Argentina supo ganarse con tenacidad y persistencia. Este camino, en este escenario de transición de la economía mundial hacia un nuevo paradigma globalizado, en el que el mercado global se ha convertido en la única locomotora de arrastre del crecimiento apoyado en la circulación de tecnología, comercio abierto, facilidades financieras e intercambio de conocimientos sería literalmente suicida, desenganchando al país de los gigantescos avances que se desarrollan en el mundo.

 

Entonces: el gobierno debe arbitrar entre las tensiones que reflejan el estado cultural y social del país, más que aferrarse a dogmas que son correctos según desde el campo epistemológico que se lo juzgue. Los economistas preferirían finanzas públicas equilibradas –y está bien, a mí me gustaría mucho-. Pero partimos desde donde partimos. Quienes privilegian las políticas sociales, por ejemplo –Iglesia, movimientos sociales, sindicatos- creen sinceramente que es correcto gastar más en mejorar la vida de las personas inmediatamente –también me gustaría mucho- antes que pensar en el largo. Pueden estar equivocados, o no. Lo cierto es que forman parte de esta sociedad, hablan, opinan, tienen capacidad de acción y nadie puede afirmar que, desde su perspectiva, no tengan razón y no deban formar parte del diálogo nacional  escuchando sus razones y articularlas con las demás. Son tan ciudadanos y tienen tantos derechos como todos.

 

Resulta reiterativo últimamente escuchar condenar el “gasto político”, englobando en   concepto a la reparación previsional, a los aumentos de las asignaciones familiares congeladas por 14 años, a la asignación universal a la niñez y a la vejez, a las transferencias a las provincias y también a los funcionarios de los poderes administrador y legislativo.

 

¿Alguien puede sostener la mirada del compatriota que aportó toda su vida y lo mandaron a la mínima confiscándoseles sus ahorros, a quien se le devuelve algo de lo que se le robó antes que le llegue su momento final? ¿Alguien puede cuestionar, en pleno siglo XXI, los salarios familiares, la asignación universal a viejos y niños, y los planes de formación profesional para jóvenes? ¿Alguien puede defender la apropiación histórica de fondos provinciales por la Nación cuando son las provincias las que deben ofrecer, constitucionalmente, seguridad, justicia, educación, salud pública y gobernabilidad local a los habitantes del país?

 

Es cierto que han existido, por parte de todos los gobiernos, contrataciones innecesarias. Pero debe reconocerse que esas contrataciones, con lo condenables que son en algunos casos desde lo ético, afectan mínimamente al gasto global, cuyos principales agregados se encuentran en apartados “mega”, como servicios de deuda, transferencias a provincias, jubilaciones, seguridad, docencia, salud pública, jubilados, retirados, pensionados, en todos cuyos casos existen injusticias pero que si realmente se buscara salvarlas no habría menos sino más demanda de fondos públicos.

 

Es realmente poco  creativo entrar en el debate sobre la “reducción del gasto estatal” con quienes lo reclaman pero no enfocan, con números concretos a la vista, los apartados que sugieren reducir, porque es un mensaje engañoso. Los gastos siempre van a algún lado y aunque deben reducirse, no es posible en una democracia vibrante como la nuestra, comenzar con tijeretazos despreocupados de sus consecuencias sociales –e individuales- para millones de compatriotas. Y políticas. Mucho menos cuando –afortunadamente- la coyuntura ofrece caminos alternativos.

 

Creo, al contrario, que existiendo una capacidad de endeudamiento en un nivel aún no peligroso para facilitar la transición en un escenario de gobierno tan complicado y exigente de consensos, no está mal usarla en un momento en que la excesiva liquidez internacional permite obtener recursos a las tasas más bajas de la historia del mundo. Por supuesto, a condición de que se vayan observando de cerca tanto las condiciones de endeudamiento, el destino de los recursos y la planificación de la eventual capacidad de repago. Esa es la principal función del Congreso en una democracia, y también pareciera que la está asumiendo en acuerdo con la propia administración.

 

Ricardo Lafferriere 

www.laspi.net/rel  

www.ricardo-lafferriere.blogspot.com  

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