Lunes, 17 Abril 2017 00:00

“Estamos mal, pero vamos bien”

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Pese a que el INDEC midió en marzo una inflación del 2,4 por ciento, el jefe de gabinete Marcos Peña aseguró que el descenso de la inflación está garantizado y el gobierno está en buen camino para derrotarla”. Estamos mal pero vamos bien podría haber dicho si la frase no evocara a los años 90 que el gobierno, atado a su  versión de ser “el cambio” y “lo nuevo”,   se esfuerza por  no mentar jamás.

 

El buen camino al que se refiere Peña parece ser el que traza el Banco Central, que sube tasas para competir en rentabilidad con el dólar y encarece el crédito cuando el gobierno quisiera reactivar la producción y el consumo. Ese camino -que  promete  cumplir con la pauta anual inflacionaria de  17 por ciento aunque ahora supere el 25-  no es compartido por una amplia gama de economistas y empresarios.

Pero el  optimismo profesional  del  jefe de gabinete se fortalece ante las adversidades y mucho más si,  pese a  estas,  aparecen signos de comprensión de al menos una parte de la ciudadanía.

Euforia y polarización

La euforia  impulsada en el gobierno por las marchas prooficialistas del 1 de abril desató no sólo optimismo sino una agresividad hasta el momento reprimida.  El Presidente erizó su discurso sobre los gremios y el gobierno  consiguió aplicar por primera vez, tras un largo añejamiento, el  protocolo antipiquetes y procuró demostrar que puede usar sin complejo alguno gas pimienta contra el activismo gremial. Sus seguidores  más  ansiosos se alegraron: al fin parecía llegada la hora de poner las cosas blanco contra negro, “inducir a la opinión pública  a elegir…entre los buenos y los malos. Invitar a suponer que existen sólo dos alternativas”, como escribió una mano alimentada por los argumentos de la Casa Rosada. En suma: los fervorosos saludan que, con la vitamina callejera del 1 A,  se vigorice la estrategia de la polarización.

Quizás  el sector ultra que empuja al gobierno a la lucha (“Animémonos y vayan”) termine decepcionándose y en el futuro se declare traicionado.  Suele ocurrir. Porque lo cierto es que el gobierno chucea a los gremios, los  hiere verbalmente, les reclama que cumplan ciertas normas como la cuota de género en sus secretariados  pero en modo alguno está interesado en  romper todo diálogo o en abrir la puerta a una reestructuración  que franquee el paso a la ultraizquierda.  Busca más bien asociar a los sindicatos –así sea a los empujones-  a sus proyectos  de productividad.

Por si alguien se equivoca y quiere replantear en serio los brotes de los primeros días de la presidencia Alfonsín con la fracasada Ley Mucci, Jorge Sappia, el flamante presidente de la convención nacional de la Unión Cívica Radical –la fuerza más extensa de la coalición Cambiemos-  cuestionó inclusive las expresiones verbales de antigremialismo del Presidente y calificó como  “un gran error político”  haber tratado de mafiosos a los sindicalistas. “Soy un celoso defensor del sistema sindical. Este sindicalismo nuestro, con todas las contras que se le puedan encontrar, ha acreditado históricamente la defensa de los derechos de los trabajadores. Cuidado con denostarlos”, advirtió.

El oficialismo tiene un ecosistema que  si bien no impide los bandeos a derecha e izquierda, pone obstáculos a los desbordes.

Fuego amigo

En cualquier caso, los principales  problemas del poder nacen en su propio seno. En el caso de este gobierno, parecen determinados  por una tendencia a la unilateralidad y la suficiencia que, aunque edulcorada con invocaciones al diálogo y al espíritu de equipo, muchas  veces lo hace chocar innecesariamente con  posibles aliados y otras,  contamina las relaciones internas.

Un episodio paradigmático ocurrió estos días: el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y uno de los subjefes de gabinete, Mario Quintana, forzaron la eyección del presidente del Instituto de Cinematografía, Alejandro Cacetta,  difundiendo sospechas de corrupción a través de canaletas mediáticas. Últimamente esas imputaciones empiezan a jugar un papel análogo al que cumplían las apelaciones a los derechos humanos bajo el  kirchnerismo: velo de encubrimiento de operaciones políticas o de maniobras  sospechosamente opacas.

Alejandro Cacetta había llegado al cargo “a partir de un consenso general de toda la Industria que postuló su nombre en una asamblea democrática (…) El pedido de renuncia resulta sorpresivo y supone un cambio en el concepto de institucionalidad y transparencia”, se quejó  un comunicado suscripto por 13 entidades de lo más granado de la industria cinematográfica. Se destacó en la crítica la voz de un ardiente defensor de Mauricio Macri, el director Juan José Campanella. “No hay UNA persona en la industria del cine, NI UNA, que tenga dudas sobre la honestidad de Alejandro Cacetta. Horrible y torpe opereta”, lanzó el laureado cineasta por las redes.

Quizás para asordinar el ruido político y satisfacer a algunos de los defensores del funcionario tan ominosamente apartado, la Oficina Anticorrupción dictaminó con extrema celeridad,  que la honorabilidad de Cacetta  no estaba en cuestión y determinó que no había hechos de corrupción observables en los papeles con los que el ministro Avelluto dijo avalar el desplazamiento (“Hay expedientes, hay números. Los tuve en mis manos”, le había respondido a Campanella). Pese a la constatación de la Oficina Anticorrupción,  el ministro y sus avalistas de la Jefatura de Gabinete prometen seguir adelante con la medida y ubicar como interventor del  Instituto de Cine a Ralph Haiek, hijo de uno de los primeros CEO de Sociedades Macri (SocMa), temprano miembro de los equipo de Mauricio Macri  en su gestión porteña y ex representante en la Argentina del poderoso grupo multimedia venezolano Cisneros;

La “horrible y torpe opereta.” urdida desde altas oficinas e instrumentada con acción mediática inducida, tiende a complicar políticamente al gobierno con un sector industrial y artístico muy sensible e influyente, preocupado por la suerte de la autarquía legal de que goza el Instituto de Cine y por el uso de sus casi 3.000 millones de pesos anuales de recursos.

La Capital es mía, mía, mía

Otra renuncia sintomática: el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, dimitió por carta acusando de autoritario al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Sureda  contó que el ministro le prohibió hablar con un periodista del Wall Street Journal y  puntualizó que, ya antes de ese episodio, “fui entendiendo que la diversidad de opiniones es para usted un problema muy difícil de resolver, y que las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino, víctimas del cortísimo plazo”. La renuncia destacó asimismo el vicio de la unilateralidad: “La toma de decisiones sin consenso ni diálogo no hace más que replicar las prácticas que necesitamos abolir de una vez y para siempre si lo que se busca como país es tener un proyecto de mediano y largo plazo, industrializado, económicamente sustentable y culturalmente desarrollado”.

A esos ruidos que se producen en el  interior del gobierno, habrá que sumar otros que  inciden en la acción política, determinados por la decisión del Pro de no constituir la coalición en distritos (como la Capital) en los que pueden presentarse  competidores difíciles en las elecciones primarias.

En el caso porteño  el rival a marginar es Martín Lousteau que, pudiendo ser un aporte significativo para la ampliación electoral de la fuerza oficialista,  está siendo empujado a la oposición, un espacio desde el cual podría  provocarle daño al gobierno.  El rechazo  del Pro a compartir lo que considera un “territorio propio”  pone en discusión la  proclamada filosofía  asociativa de la coalición e introduce  conflictos inclusive en el seno del radicalismo.

Se trataría, como en otros casos, de daño autoinfligido, pecado de  unilateralidad. 

Jorge Raventos

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Twitter: @jorgeraventos

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