Martes, 14 Noviembre 2017 00:00

Procesan a Echegaray por presuntos sobreprecios

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Lo resolvió el juez Torres, quien lo embargó por 15 millones de pesos por el delito de defraudación y administración fraudulenta.

 

El ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, fue procesado por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en una causa que investiga el posible pago de sobreprecios en la contratación de una empresa de limpieza para el edificio central del ente recaudador.

El procesamiento fue dictado por el juez federal Sergio Torres, quien además atribuyó a Echegaray el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública", y lo embargó por $15 millones, valor similar al de la licitación por los servicios de limpieza.

En la causa se investiga la licitación que ganó la empresa Limpiolux, tras realizar una oferta que superaba los 15 millones de pesos, mientras que su competidora Ricardo Bilbao había presentado una oferta de casi 7 millones.

"Echegaray es el responsable de la adjudicación. Inútiles resultan sus dichos relativos a que actuó en base a las recomendaciones que efectuaron las áreas intervinientes, ya que estas dependencias aconsejan, pero no tienen capacidad de resolver el proceso", sostuvo Torres en su fallo.

"El mismo indicó en su descargo que en una ocasión se apartó de las recomendaciones efectuadas por las oficinas que intervinieron previamente en la resolución", sostuvo el juez, que además procesó a otras 10 personas.

"Entiendo que la conducta de los funcionarios de la Afip indagados no se condice con los intereses del Estado a raíz de la injustificada elevación del presupuesto y del claro direccionamiento hacia la empresa Limpiolux SA", sostuvo.

Echegaray había prestado declaración indagatoria en mayo y fue procesado más de 5 meses después, en base a un estudio realizado por el Cuerpo de Peritos de la Justicia Nacional Especializada en Casos de Corrupción y Defraudación de la Corte Suprema.

En su declaración indagatoria, Echegaray rechazó los cargos y deslindó responsabilidades, al sostener que firmó la contratación porque una auditoría interna concluyó que debía llamarse a licitación y que lo hizo luego que el trámite pasó "todas las instancias inferiores" que tenía a su cargo.

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