Miércoles, 16 Mayo 2018 00:00

El proyecto que frena las subas costará $170.300 millones - Por Laura Serra

Escrito por  Laura Serra
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Un informe de la UCR estima el impacto para los próximos dos años

 

En vísperas del inicio del debate sobre tarifas en el Senado, el radicalismo advirtió que, si bien el proyecto original sobre tarifas fue "suavizado" durante su debate en la Cámara de Diputados, si llega a ser convertido en ley le costará al Estado unos $170.300 millones en los próximos dos años.

Según un informe que elaboró el equipo de asesores económicos del jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el costo fiscal del proyecto significará un 0,4% del PBI para 2018 y 0,5% para 2019, esto es, $155.400 millones. Pero si a ese importe se le suma la estimación del costo por devolución de los importes recaudados por las compañías Edenor y Edesur por aumentos a partir de diciembre, y compensaciones a la producción de GLP (gas licuado de petróleo) por la aplicación de un precio máximo a la garrafa, el costo total del proyecto ascendería a $75.500 millones para 2018 y $94.800 millones para 2019. Es decir, un total de $170.300 millones para el período de emergencia tarifaria.

La iniciativa, que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratada hoy en el Senado, en un plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto, y Energía, Minería y Combustibles.

El proyecto propone, en líneas generales, retrotraer las tarifas de agua, gas y luz a noviembre de 2017, y establece que los servicios se actualizarán según el Coeficiente de Variación Salarial (que considera a los trabajadores del sector público y del privado registrado y no registrado) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Mayoristas para las pymes. Esto no será para todos los usuarios residenciales: no incluirá a los de mayor consumo.

Prevé, además, que si un usuario pagó desde noviembre de 2017 y hasta la sanción de la ley por sus servicios un valor más alto que la evolución de los salarios tendrá "un crédito a favor" que las empresas le deberán devolver.

También propone ampliar la tarifa social. Actualmente pueden acceder trabajadores o jubilados que tienen ingresos menores a dos salarios mínimos (el salario mínimo es $9500, por lo que el límite hoy es de $19.000). El proyecto de ley propone aumentar el límite a tres salarios mínimos (o sea, a $28.500), además de incluir en esta tarifa a entidades culturales y organizaciones educativas, entre otros.

La iniciativa impulsada particularmente por el Frente para la Victoria y los bloques de izquierda, fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados por 158 votos a favor y 70 en contra. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, advirtió en ese momento que la marcha atrás de los aumentos de tarifas producirían un impacto cercano a los 6000 millones de dólares.

Laura Serra

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