Martes, 07 Abril 2020 00:00

Consumiendo al capital - Por Sergio Berensztein

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El Estado recurre al impuesto inflacionario para financiar parte del gasto público. Durante la pandemia, la emisión es la única herramienta y casi todos los países están haciendo lo mismo.

 

Hace unos pocos días, se publicó un artículo muy estimulante en el Financial Times, acerca de que esta pandemia de Covid19, en los países centrales, deja al descubierto la fragilidad del contrato social y expone las desigualdades existentes e incluso crea nuevas. Pone de manifiesto que la globalización había generado distorsiones que perjudicaron a amplios sectores sociales, sobre todo las “viejas” clases medias que perdieron importancia en el contexto de la disrupción producida precisamente por la globalización y se vieron entonces desplazadas en términos de status y reconocimiento.

Así, ese editorial del Financial Times, que tuvo mucha repercusión tanto en las redes sociales como en círculos académicos e intelectuales, se propone la necesidad de armar un nuevo pacto, con sociedades más justas, más integradas y con oportunidades para todos los ciudadanos. Y para lograr ese objetivo, sugiere la necesidad de implementar reformas radicales que inviertan la dirección que predominó en las últimas cuatro décadas. Con gobiernos más activos en la economía, que contemplen a los servicios públicos como inversiones, con mercados laborales menos precarizados y más seguros y con la redistribución del ingreso en el centro de la escena.

Ojalá este postergado y necesario debate llegue pronto a la Argentina. De todas formas, el panorama en nuestro país, como ocurre en la mayoría de las economías emergentes, es totalmente diferente. Es que los países desarrollados pueden darse el lujo de tener ese debate con economías estables, competitivas y con un nivel de ingreso per cápita que es aproximadamente por lo menos 5 veces el de los países en vías de desarrollo.

En efecto, han construido una infraestructura física envidiable y algo similar ocurre con la infraestructura institucional (sobre todo en términos de control de la corrupción y mecanismos que aseguran la transparencia, lo cual es vital si en efecto el aparato estatal y la regulación tendrán una importancia relativa mayor). Y si bien continúan teniendo algunas cuestiones importantes por resolver (como el envejecimiento poblacional y las resistencias a la integración efectiva de minorías e inmigrantes), evidentemente enfrentan una agenda de prioridades mucho menos compleja que la nuestra.

Este es particularmente el caso argentino, donde a diferencia de casi todos los países emergentes, ni siquiera fuimos capaces de solucionar la cuestión de la inflación. Para peor, tenemos formalmente una carga fiscal enorme, pero concentrada en el relativamente pequeño sector que está en blanco. Pero con una economía informal que es de por lo menos el 40% del PBI, el esfuerzo que debe hacer el sector más moderno y competitivo para subsidiar al resto es enorme.

En parte, esto explica el motivo por el cual el Estado argentino recurre al impuesto inflacionario para financiar una buena parte del gasto público, cosa que ahora seguramente aumentará, ya que, en la emergencia creada por esta pandemia, la emisión es la única herramienta posible (y casi todos los países están haciendo lo mismo).

Recordemos el complejo círculo vicioso estructurado en torno a (y que explica) la economía informal: muchas empresas e individuos evaden y eluden impuestos pues no pueden sobrevivir si deben pagar la multiplicidad de tributos nacionales, provinciales y locales. Al “negrear” su actividad, no tienen acceso al crédito del sistema financiero formal y deben recurrir a “cuevas”, cooperativas y mutuales que les cobran mucho más caro.

Eso le impide asimismo contratar mejor capital humano, con lo cual su eficiencia y productividad tienden a decrecer. Su fragilidad frente a shocks adversos (cómo está pandemia) es tan evidente como significativa: quienes sobreviven en la economía informal no tienen, por lo general, capacidad de ahorrar ni de planificación. Viven casi al día y por eso su situación es extremadamente angustiante.

Es imperioso que la Argentina pueda cortar con este círculo vicioso: vencer a la inflación requiere contener y reducir la informalidad económica, incluyendo obviamente la cuestión laboral. Esto implica simplificar y reducir la estructura tributaria (la cantidad de impuestos), mejorando sobre todo la correspondencia fiscal con las provincias y municipios (que cobran muy poco y lo hacen en general muy ineficientemente). Y, fundamentalmente, generar incentivos para la inversión, la generación de riqueza y de empleo productivo.

Por eso, es tan desafortunado el debate que apareció en estos días respecto de la implementación de un nuevo impuesto excepcional a quienes participaron del último blanqueo de capitales en 2017, por el que ingresaron al sistema unos 116 mil millones de dólares, de los cuales U$S 93.300 millones correspondieron a activos que se encontraban en el exterior.

Este proyecto de ley planteado por el diputado nacional Máximo Kirchner contaría con el respaldo del presidente Alberto Fernández quien consideró que tiene "más lógica" exigir un aporte a los que más ganaron o se beneficiaron "por el blanqueo después de defraudar al Estado y no pagar impuestos", que el proyecto planteado por la oposición de recortar los sueldos de los funcionarios del gobierno y dirigentes políticos. Es muy probable que esto derive en una catarata de amparos y litigios, al margen de destruir cualquier otra posibilidad de implementar en el futuro otro blanqueo. Es decir, es exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer.

Para repartir riqueza, primero hay que crearla. Argentina solo invierte el 16% de su PBI: de este modo lo único que vamos a lograr es repartir pobreza. Seremos cada vez menos desarrollados, tendremos cada vez más sectores vulnerables, boicotearemos las posibilidades de crecimiento y prosperidad que, a pesar de todo, aún tiene nuestro país.

Sergio Berensztein

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