Viernes, 30 Diciembre 2016 11:06

Una discusión eterna: a quién le toca hacer gimnasia

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La pelea de fondo se centra en quién pagará el ajuste, si el sector privado o el público

 

 

Algunos dirigentes del mundo de la industria han empezado a sentir nostalgia de cuestiones que, en realidad, no es tan claro que hayan ocurrido. Un sutil homenaje a Joaquín Sabina. Están, por ejemplo, recordando a Alfonso Prat-Gay como un ministro con aprehensión fabril, alguien que, si bien en un momento les recomendó "hacer gimnasia por cuatro años", al menos les prestaba atención y con quien habían forjado finalmente, dicen, un buen vínculo. Más que añoranzas por lo que pasó, parece miedo a lo que viene. A que los cambios que acaba de decidir Macri para esa área, dividida ahora en dos ministerios que conducirán Luis Caputo y Nicolás Dujovne, redunden en mayor desinterés hacia el sector manufacturero.

 

Son conclusiones que parten de malentendidos, probablemente provocados por la abundancia de prejuicios que entorpece la relación entre parte del establishment y el Gobierno. Hasta ahora, la salida de Prat-Gay apenas ratifica un esquema fácilmente constatable en las reuniones de la Casa Rosada: las decisiones económicas parten del trío que componen Macri, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Y esa pequeña mesa ha visto en Dujovne y en Caputo el tándem adecuado para cumplir con un objetivo que nunca estuvo en duda, que es la reducción del déficit fiscal. Gradualismo no quiere decir detenerse, sino acaso ir más lento, dicen en lo más alto del poder, y agregan que ese cambio de velocidad sólo será posible si la Argentina puede endeudarse a tasas razonables. Así, mientras Caputo seguirá a cargo de la normalización del frente financiero en un mundo más complicado con Trump, el Brexit, las recientes elecciones en Italia y las próximas en Francia, a Dujovne le tocará regentear la asignación del gasto.

 

¿Es posible una administración racional en la Argentina en un año electoral? Es la gran incógnita incluso dentro de Cambiemos, donde se ha elegido un sector al que probablemente se le dará la mayor carga del ajuste, que es el de la energía. Esa decisión tiene razones políticas y económicas. La menos elemental: con la discusión tarifaria de este año, en el círculo que rodea al Presidente creen haber ya pagado ante la sociedad un costo que acaso continúe, pero que difícilmente se incremente o resulte novedoso respecto de lo que ha ocurrido hasta ahora. Una ventaja que, si la meteorología y la inversión acompañan, podrá tener en los próximos años Juan José Aranguren: será difícil ver en adelante peores resultados que los que recibió. La idea es también compartida en las distribuidoras eléctricas, desde donde han empezado a difundir, por ejemplo, que hubo en diciembre 20% menos de cortes que en el mismo mes del año pasado.

 

El otro motivo de la elección presupuestaria es económico. Del 4,8% de déficit fiscal sobre el PBI con que la Casa Rosada dice que cerrará el año, tres puntos corresponden a subsidios energéticos. Es probable que el Gobierno publique en los primeros días de enero un cronograma detallado de cómo se irán asignando los recursos en esta área, para la que además ha resuelto adelantar pagos con fondos que entraron por el blanqueo. Decidió hacerlo por ejemplo con el plan gas, un programa de subsidios a las petroleras, algunas de cuyas facturas vencen el año próximo. Es cierto que la prometida recuperación del segundo semestre no se percibe todavía en los bolsillos y que las proyecciones reales del Gobierno son todavía menos optimistas que el rango de inflación de entre el 12 y el 17% para 2017 trazado en el presupuesto. En conversaciones informales, Mario Quintana suele decir que espera que la economía crezca el año próximo 3,5%, pero que la inflación oscile en torno al 20%. El vicejefe de Gabinete no considera todavía el déficit público como un problema grave porque, agrega, confía en que el Estado pueda financiarlo en un plazo de dos a tres años.

 

Como la meta de rojo para el año próximo es extremadamente ambiciosa, un 4,2% sobre el PBI, la discusión vuelve a ser aquí quién paga el ajuste, si el sector público o el privado. O, para seguir con las metáforas de Prat-Gay, a quién le toca hacer ejercicios. Es la pelea que subyace en cada desencuentro entre el Gobierno y los empresarios. En abril, cuando el Ministerio de Modernización anunció en medio de quejas de los sindicatos que frenaba los despidos de los empleados estatales, el dueño de un grupo fabril se cruzó en un acto con Andrés Ibarra, ministro de esa cartera, y deslizó en voz baja una frase que resultó premonitoria: "Si ustedes no despiden a la gente que sobra, lo vamos a terminar haciendo nosotros". La industria perdió este año unos 46.000 empleos y la construcción, 65.000.

 

Es la coincidencia que los hombres de negocios llevan a cada reunión con funcionarios: un Estado más pesado implica siempre para ellos una mayor carga impositiva y, por lo tanto, menor competitividad. Los números respaldan la idea. La consultora Ferreres & Asociados, por ejemplo, muestra que, entre empleados públicos, jubilados y pensionados y programas sociales, el porcentaje de personas dependientes directamente del Estado subió de 18,4% a 40,3% entre 2001 y 2015.

 

Este planteo, que reemplazó en la era Macri al de un tipo de cambio más favorable, considerado por todos inviable dados los niveles de inflación y pobreza, se hace por ahora en privado o en voz baja por una unívoca razón, que es el miedo al regreso de modelos populistas, pero ha crecido en el transcurso de la recesión y logró abroquelar al establishment en una cohesión inédita. Un ejemplo: es probable que la Unión Industrial Argentina termine el año próximo con la alternancia de sus dos corrientes en la conducción y presente para su elección interna una lista de unidad.

 

Resolver esta dialéctica de manera civilizada es el gran desafío de Macri. En un país degradado, con un Estado pródigo en capas geológicas de quioscos en cada uno de sus rincones, la tensión se ha dirimido siempre a través de choques entre corporaciones. Es la Argentina corporativa, donde tocar un interés puede incluso unir al sindicato con la patronal. Acaba de ocurrir en Aerolíneas Argentinas, con el respaldo gremial a Isela Costantini en el tratamiento del ingreso de nuevas compañías, y en el sector del juego, cuyos empresarios no sancionaron el ausentismo de dirigentes gremiales y trabajadores que, hace dos semanas, protestaron en las calles contra el tributo que preveía imponer el proyecto oficial del impuesto a las ganancias.

 

La novedad es que estas tensiones se den ahora en una gestión encarada por un empresario. Cada tanto, Macri queda a ambos lados de la contienda, algo que lo obligará a extremar los resguardos institucionales y de transparencia hasta el final de su mandato. Deberá, por ejemplo, desactivar el argumento sindical de que el llamado a audiencia pública obedece a una promesa a Avianca, el comprador de Macair, la aerolínea de la familia, y convencer al viajero argentino de algo elemental, que es la necesidad de una mayor oferta aérea y precios más bajos. Para los gremios puede ser también un debate de doble filo: nadie sospecharía de discrecionalidades con una política de cielos abiertos. Son las paradojas del mercado, salvaje y equitativo a la vez.

 

Francisco Olivera

Visto 155 veces Modificado por última vez en Lunes, 13 Febrero 2017 21:34

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