Domingo, 12 Junio 2016 13:47

Gas: un embrollo camino de la Corte

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Sería una rareza, casi una extravagancia, sino fuese porque tiene detrás un precedente rigurosamente personal, unos cuantos ajenos y todos incómodos.

Federico Sturzenegger dedicó parte del fin de semana pasado a una tarea muy poco frecuente en un banquero central: viajó a La Rioja para tomar fotos de la taruca, también llamada venado andino, de modo de chequear que la imagen que reemplazará a la de Eva Perón en el billete de 100 pesos coincida con la del animal verdadero.

El precedente que toca directo a Sturzenegger y Sturzenegger no quiere repetir viene de cuando en el BCRA pusieron al revés la figura de la ballena franca austral, en un boceto del billete de 200. Tapa en algunos diarios y comentario en todos los noticieros, el desliz salpicó justo a un tipo puntilloso, acostumbrado a cuidar cada detalle.

No parece grave cometer un fallido con la especie en extinción que habita el cordón montañoso argentino, salvo por un detalle que es mucho más que un detalle. El Gobierno ya acumula demasiados traspiés –errores no forzados les dicen en el tenis– y, entre ellos, uno que retumba hace un mes largo: las interminables idas y vueltas con el tarifazo al gas.

Juan José Aranguren, el ministro de Energía, pretendió ponerle punto final a su propio enredo: por resolución del martes pasado, ratificó el tope del 400% para el aumento de las tarifas domiciliarias y el de 500% para las comerciales. Así, metió definitivamente la marcha atrás con ajustes que en el extremo llegaban al 2.000%.

Ponerle punto final es una manera de decir, porque el país se ha poblado de amparos judiciales contra el incremento y en un buen número de casos han conseguido frenarlo.

Es una paradoja y al mismo tiempo no lo es que entre quienes acompañan los planteos haya gobernadores, intendentes y dirigentes afines o más o menos afines al Gobierno. Se trata, finalmente, de despegarse y no quedar expuestos políticamente en sus propios territorios.

Energía acudió a una jueza porteña para unificar las demandas y, si fuese posible, esterilizarlas, pero existe una probabilidad grande de que el último tramo de la contienda sea protagonizado por la Corte Suprema. Alrededor baila un paquete de plata enorme.

Ese supuesto augura un trámite y un proceso de hibernación prolongados, a menos que el Gobierno vaya a la Corte con un pedido de per saltum. Si acepta, en los hechos el Tribunal terminaría pagando parte del costo del tarifazo; nada más y nada menos.

Y por si ya no hubiese suficiente zafarrancho con el gas, también han empezado a brotar amparos contra el aumento de la electricidad.

Proyecciones tomadas de una presentación de Aranguren ubican todo dentro del cuadro adónde va: calculan que entre el gas y la electricidad, el Estado se ahorraría este año alrededor de US$ 8.000 millones en subsidios respecto del gasto de 2015. Es solo una manera de entrarle al problema y si se quiere una manera exagerada de imaginar la pérdida.

Aun así, la preocupación existe. Y lo prueba que en medio de los amparos el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, les haya pedido a los usuarios que “paguen” porque si hay cambios “habrá notas de crédito con la diferencia”. O sea, primero lo primero: pagar las facturas.

Cualquiera sabía que la herencia kirchnerista incluía un retraso tarifario enorme y subsidios que hacía rato revistaban en la categoría de insostenibles. Tan es así, que macristas y sciolistas tenían resuelto que por ahí pasaría la guadaña del primer ajuste fiscal.

Pero era condición necesaria, imprescindible, no pifiarla demasiado con las decisiones; porque provocarían turbulencias políticas y ya de arranque marcarían al nuevo gobierno. Medido por sus efectos, luce evidente que el modelo del Ministerio de Energía ha pifiado demasiado.

Si hasta podría afirmarse que el propio Aranguren lo reconoció días atrás, cuando anunció que “en las próximas semanas va a haber una revisión tarifaria integral como no se hizo en las últimas décadas, tanto para gas como para electricidad”. ¿Revisar será igual a retroceder en algún sentido?

Quedan pocas dudas, entonces, de que esto que hubo fue un shock urgido por el desastroso estado de las cuentas fiscales y por la decisión de poner allí toda la carga del ajuste. También, que pese a que tuvieron tiempo de sobra los especialistas del PRO necesitan más tiempo para intentar una fórmula mejor.

Algunas distribuidoras del interior tenían identificados los lugares más sensibles al ajuste y donde las protestas estaban poco menos que cantadas. Esa información pudo haber cambiado ciertas cosas, pero al parecer quienes diseñaron el modelo no consultaron a las compañías.

El problema, nuevamente, es la secuencia que va encadenada a la posibilidad de que los aumentos tarifarios entren en zona de riesgo. Un recorte al ahorro en subsidios implica un recorte en el margen de maniobra del Gobierno para administrar el gasto público y todo junto puede dar mayor déficit fiscal en vez de menor déficit fiscal.

Además, el problema ocurriría justo cuando el macrismo debe hacer concesiones para sacar la ley ómnibus sobre el pago de deudas a los jubilados y el blanqueo, adicionales a otras que ya ha hecho y siempre con el mismo sello: el de la plata.

Previsiblemente, la preocupación alcanza a Alfonso Prat-Gay, quien proyecta darle un envión fuerte al gasto en inversiones del Estado de modo de movilizar una economía todavía muy planchada. Será después de un parate casi total en la inversión pública.

No son pura casualidad, luego, las críticas que los traspiés de Aranguren levantan dentro del Gabinete nacional; cada una por la parte que le toca a los antagonistas.

Van desde el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, forzado a enfrentar reclamos de gobernadores e intendentes con los cuales debe mantener buenas relaciones políticas, hasta el jefe del Banco Central, inquieto por decisiones que le pegan a su estrategia antiinflacionaria, como el aumento de los combustibles.

El ruido sigue fuera del Gabinete nacional y se expresa en planteos de empresas que colocan por delante la imposibilidad de afrontar las tarifas y la continuidad de sus actividades. O sea, demandas de sectores sociales más demandas de sectores productivos, cuya traducción dice que hubo fallas de cálculo tanto en el costo del ajuste como en los coletazos del ajuste.

Y aun cuando el Presidente respalde al ministro de Energía y confíe en la capacidad del ministro de Energía, lo cierto es que el embrollo le acarrea un desgaste considerable. Sería un extraño salvavidas que una acordada de la Corte Suprema pusiera orden donde la gestión del poder político no logra poner orden.

Previsible desde un principio y en la medida de sus fuerzas, el cristinismo intenta sacar provecho de las turbulencias que el macrismo atraviesa en varios frentes. Previsible, porque precisamente para eso dejó plantadas unas cuantas bombas de tiempo y sin discriminar destinatario: Mauricio Macri o Daniel Scioli, lo mismo daba. Para más datos, ahí están las consecuencias de la crisis energética.

El riesgo es que esas facturas empiecen a caerle al Gobierno y peor si van potenciadas por traspiés intransferibles. 

Alcadio Oña

Visto 190 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 22:49

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