Miércoles, 29 Junio 2016 11:39

El Estado debe investigar la procedencia del dinero de José López

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El caso del ex secretario de Obras Públicas, José López, es una clara demostración de que ese dinero que quiso ocultar en un convento de General Rodríguez proviene de la corrupción y que alguien se lo dio en forma de pago a quien manejó la cartera de Obras Públicas entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre pasado.

 

 

Con la presunción casi absoluta de que esos 8,9 millones de dólares encontrados son dineros públicos maliciosamente desviados en beneficio privado de empresarios o funcionarios, es imprescindible conocer la ruta comercial y de negocios por la que ese dinero llegó al convento de General Rodríguez. El Estado debe investigar y por ese motivo deberá realizar una revisión administrativa de todos los contratos de la obra pública sospechados de corrupción entre el 2003 y el 2015, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

 

Hay unas cuarenta empresas constructoras contratistas de obra pública, la mayoría de ellas socias de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a las que la administración pública investiga por estafa y defraudación al Estado. La investigación abarca la construcción de rutas, de viviendas sociales, centrales térmicas, obras hidráulicas, etcétera. En ese marco, Vialidad Nacional y Obras Públicas eran directamente controladas por López. En noviembre de 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció en un congreso de la CAC la cartelización de la obra pública y el pago de sobreprecios. Luego, Néstor Kirchner le solicitó la renuncia.

 

Los principales especialistas en derecho administrativo señalan: "Hay que destacar que los delitos contra la administración pública (título 11 del Código Penal, artículos 237 a 281 bis), como ocurre en el caso de López, requieren de la concurrencia de un funcionario público, al menos, en connivencia con otras personas físicas o jurídicas, el cohecho, la malversación, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la asociación ilícita y otros análogos de reprochabilidad penal; exigen, por su propia naturaleza, la connivencia de dos o más personas". Por consiguiente, destacan: "El Poder Ejecutivo debe investigar por un doble camino: el camino penal, en búsqueda de la reprochabilidad delictiva y sus sanciones, y el camino administrativo de revisión de las ecuaciones del contrato durante toda su vigencia, cotejando la ecuación de origen con la realidad del proyecto y la ecuación de la ejecución a medida del porcentaje de producción".

 

En esos casos, todos los contratos del Estado con las empresas privadas, como los de obra pública y los realizados con empresas de servicios privatizados deben ser revisados con profesionales, con costo a cargo de las empresas que colaboren y coadyuven con la administración pública para ver la verdad material de la obra y su precio justo, y ordenar la rehabilitación o no de la empresa o su lisa y llana expropiación, o su liquidación por quiebra fraudulenta. Si fuere necesario, la administración por las empresas puede hacer revisar a su vez en el fuero contencioso administrativo las diferencias en el reajuste de todas las ecuaciones contractuales y sus compensaciones pendientes.

 

El Poder Ejecutivo debe procurar un restablecimiento pleno de la equidad contractual de todos los intereses propios y públicos afectados. No le alcanzará a la sociedad la privación de la libertad del ex secretario José López, por rigurosa que fuera. Además, los jueces penales sólo entienden de la justicia penal represiva de la persona, pero no es de su competencia la justicia distributiva y participativa de la sociedad, que es competencia del Poder Ejecutivo, con otra Justicia especializada. Esta actuación administrativa debe hacerla la administración pública por vía de los ministerios respectivos para auditar contrato por contrato y proceder a su adecuación a la legalidad vigente. 

 

Carlos Arbía

Visto 423 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 22:59

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