Lunes, 27 Junio 2016 06:15

El gran destape

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El “tsunami” de detenciones, procesamientos y allanamientos que ahora barre con encumbrados exfuncionarios del gobierno kirchnerista y empresarios que también multiplicaron sus patrimonios al amparo del poder K no sólo destapó súbitamente la matriz de corrupción que caracterizó a la “década ganada” (para ellos mismos).

 

 

También deja al descubierto la debilidad institucional en que cayó la Argentina para prevenir, detectar, evitar o penalizar a tiempo la malversación de cuantiosos fondos públicos en beneficio individual, el lavado de ese dinero y hasta los privilegios otorgados discrecionalmente a no pocas empresas u organizaciones civiles a cambio de “retornos”, complicidad rentada e impunidad judicial o impositiva.

 

Una primera conclusión sobre estos episodios corrobora que la sensibilidad de la sociedad frente a la corrupción suele ser mayor cuando la economía atraviesa épocas de “vacas flacas” como la actual. A la inversa, el concepto “roban pero hacen” caló demasiado hondo en las últimas décadas, como si no se tratara del dinero de todos. A tal punto que la reacción sólo se produce cuando es posible ver a través de la TV o redes sociales a personajes sospechados contando millones de dólares en máquinas (caso Báez en La Rosadita) o tratando de esconderlos grotescamente tras los muros de un convento (caso José López en General Rodríguez).

 

Sin embargo esto significaría quedarse sólo en la superficie. No se trata de casos aislados de deshonestidad, como pretenden hacer creer la propia Cristina Kirchner y varios dirigentes para disimular la crisis que envuelve al FpV a raíz de estas revelaciones.

 

En el caso específico de la inversión pública, un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) revela la raíz de este esquema de malversación de fondos, además de desmitificar que la era K se haya caracterizado por un fuerte aumento, como podría haber creído de buena fe hasta el año pasado cualquier televidente con los zócalos y la propaganda oficial del Fútbol para Todos (FPT). Que, dicho sea de paso, permitió que en seis años la AFA recibiera más de 5.000 millones de pesos para repartir discrecionalmente, a pesar de lo cual la deuda de los clubes de primera división aumentó casi 150% en promedio.

 

Según Idesa, la inversión en infraestructura en la Argentina cayó de 4,6% del PBI por año en el período 1990/2003 al 2,9% en el período 2004/2012. Y mientras en la década del 90 el 12% del total era estatal y el 88% privada (a raíz de las privatizaciones), en la etapa siguiente se invirtieron los términos, con 73% estatal y 27% privada.

 

Entre 1990 y el 2003 los funcionarios públicos gestionaban de manera directa poco más de uno de cada diez pesos que se invertían, pero en el período 2004/2012 pasaron a manejar tres de cada cuatro pesos. Calculados sobre el PBI actual, equivaldrían al manejo discrecional de $ 100.000 millones adicionales. “Bajo esas condiciones, no debería extrañar el enorme déficit de infraestructura acumulado y la masificación de la corrupción”, concluye.

 

A ello se suma que, al multiplicarse las “cajas” (con subsidios, compras y adjudicaciones directas), cualquier comisión o retorno pasaba a ser más importante cuanto mayor fuera el monto asignado.

 

Otra evidencia es la larga lista de casos resonantes que se fueron acumulando en la Justicia, sin que en la década anterior se produjera una sola condena. En cambio, hubo sobreseimientos exprés en las causas por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner y por las facturas “truchas” utilizadas por Skanska para justificar sobreprecios en un gasoducto, pese a que esa empresa sueca había removido por tal motivo a la cúpula de su filial argentina.

 

Sólo a partir del cambio de gobierno la Justicia produjo el fallo por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida a comienzos del 2012. Y se reactivaron las causas por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal (donde el negocio era el flete); los subsidios al transporte ferroviario; el desvío de fondos en los programas de vivienda adjudicados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la agrupación jujeña Tupac Amaru (Milagro Sala); las ventas de dólares a futuro del Banco Central; la expropiación de la imprenta Ciccone y otras sospechosas operaciones de Amado Boudou, y la malversación de fondos del FPT a través del descuento de cheques en “cuevas” clandestinas.

 

También la escandalosa causa sobre el tráfico de efedrina con anuencia de la Sedronar, origen del financiamiento de la campaña electoral de CFK en el 2007, el triple crimen de General Rodríguez y la reciente captura en Paraguay de Ibar Pérez Corradi. En cambio, se tramitan en cámara lenta la causa contra la mafia de los medicamentos “truchos”, que incluye a varios dirigentes sindicales (entre ellos Hugo Moyano), dueños de droguerías y barrabravas; más innumerables casos de narcotráfico (entre ellos, el de los hermanos Juliá).

 

Sin que este listado sea excluyente (también podrían investigarse, por caso, las importaciones de GNL a cargo de Enarsa; la “compra” de acciones de YPF por el Grupo Eskenazi con las utilidades de la petrolera o la estatización de la Universidad Madres de Plaza de Mayo con un pasivo de 200 millones de pesos), el problema de fondo también reside en cómo evitar la reiteración de casos similares en el futuro.

 

Aquí se evidencia una enorme fragilidad institucional. Por un lado, falta mucho para recuperar los organismos estatales de control y que actúen en tiempo y forma. Por otro, los jueces federales que hoy activan causas (más que nada para autopreservarse) son los mismos que durante años se dedicaron a cajonearlas. Y casi nadie reconoce tampoco que hace diez años se votan presupuestos “dibujados” (incluyendo el del 2016) que habilitan su posterior ampliación por decretos de necesidad y urgencia.

 

Sin ir más lejos, el gobierno de Mauricio Macri acaba de dictar un DNU que aprueba inversiones en infraestructura por casi 100.000 millones de pesos en cuatro años. Otra vez la obra pública vuelve a ser la herramienta para reactivar la economía, aunque la prioridad de varios proyectos (como el tantas veces anunciado soterramiento del ferrocarril Sarmiento) merecería un debate en el Congreso. Y, además, extremar la transparencia en todas las licitaciones y adjudicaciones.

 

Néstor Scibona

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Visto 559 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 22:59

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