Lunes, 25 Julio 2016 12:54

Gradualismo y recesión a la espera de 2017

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Con la actividad económica en baja, la sociedad es poco receptiva a asumir un ajuste drástico que, en las franjas sociales más vulnerables es, además, impracticable.

 

 

El Gobierno intentó asumir los costos políticos en el corto plazo y con el consenso del inicio de mandato. Le dio resultado con la liberación del mercado de cambios o el acuerdo con los holdouts, pero con el aumento de las tarifas de servicios públicos y combustibles evidenció un cuestionable manejo de los tiempos y una temeraria inclinación a evaluar resultados a fuerza de ensayo y error. Los políticos tomaron nota de esta realidad, que no necesitaba de un cacerolazo para ser reconocida, y se pronunciaron sin disidencia por el gradualismo en materia económica.

 

Ejecutar reformas sin daños colaterales en este contexto es imposible sin un desmedido endeudamiento en dólares o un insostenible rojo fiscal, alternativas a las que recurrieron distintos gobiernos en las últimas cinco décadas con el conocido saldo de crisis. A Mauricio Macri le corresponde la dura tarea de evitarla.

 

Desde 2011 que el PBI argentino oscila en los mismos niveles: esto representa estancamiento del empleo y de los ingresos reales de los argentinos. El INDEC informó que la actividad creció 0,5% en el primer trimestre 2016 en comparación al mismo período de 2015, aunque retrocedió respecto del tercer y cuarto trimestre del año pasado, lo que significa recesión técnica.

 

Además, el presidente del BCRA Federico Sturzenegger estimó que el PBI argentino se contrajo un 0,9% interanual en el segundo trimestre de 2016. Los indicadores de 2016 tienden a ser mediocres o levemente negativos. El FMI corrigió a la baja su pronóstico sobre la Argentina y prevé una recesión de 1,5% en 2016 y un crecimiento de 2,8% en 2017.

 

En esa línea, el Presidente sostiene la bandera de las expectativas positivas. Afirmó que "lo peor ya pasó" con el pico inflacionario por el incremento de tarifas y combustibles y estimó que el PBI "crecerá entre un 3 y un 3,5% en 2017". El crecimiento para el año próximo está prácticamente asegurado por una concesión estadística: mientras más baja sea la base de comparación, es decir los números de 2016, mayor será el eventual rebote en 2017.

 

El ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay reconoció que "sería más sencillo si pudiéramos bajar la inflación más rápido, pero no es posible por los desórdenes que recibimos". Remarcó que no se optó por "un ajuste sino un gradualismo que permite llegar a las metas, quizás con un poco más de demora, pero con mucha más consistencia económica, política y social".

 

El gradualismo es un remedio amargo, asumido con más pragmatismo que convicción, para evitar heridas más profundas en un tejido social endeble. Pero este remedio también dilata la curación sin plazo certero y su efecto se diluye en el tiempo. El Gobierno transita por un sendero incómodo y estrecho, se resigna al elevado déficit, una inflación apenas contenida, el arrastre de problemas estructurales de larga data como el déficit energético y la falta de inversión, el endeudamiento creciente. El precio es alto: una actividad que tardará en recuperarse a pleno y que hoy hace del optimismo un acto de fe.

 

Las cifras fiscales del primer semestre son un ejemplo del gradualismo adoptado. Las cuentas del Estado nacional exhibieron un déficit primario (previo al pago de deuda) de 121.203 millones de pesos, un 27% más que los 95.066 millones acumulados entre enero y junio de 2015. Al considerar el pago de intereses de la deuda pública, los ingresos por rentas financieras por utilidades del BCRA y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el resultado financiero registró un déficit de 133.221 millones de pesos, con una suba del 24% en relación a los 107.137 millones de enero-junio de 2015. Es decir que el déficit fiscal se mantiene en niveles alarmantes, pero crece a un ritmo inferior al de la inflación, por encima del 40% interanual en junio último.

 

Para el año próximo, el Gobierno apuesta a tres cartas importantes que podrían dar impulso a la economía antes de las elecciones legislativas y cimentar el esperado ciclo positivo para la actividad: el blanqueo de capitales, la obra pública y el agro.

 

Cada caso debe evaluarse con prudencia. El "sinceramiento fiscal" va a traer un volumen de dólares importante, entre 20.000 y 30.000 millones en un cálculo conservador, aunque menos del 10% ingresará a las arcas públicas y muchos de esos fondos quedarán registrados en la AFIP, pero permanecerán en el exterior. Las obras de infraestructura licitadas por el Estado deberán encontrar financiamiento en un presupuesto arrasado por el déficit fiscal, mientras que la contribución agroexportadora siempre está condicionada a las variables climáticas y los precios internacionales.

 

Juan Gasalla

Visto 351 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Marzo 2017 23:26

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