Martes, 31 Julio 2018 00:00

El apuro por dar señales de que se cumplirá el acuerdo con el FMI - Por Alcadio Oña

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La Casa Rosada busca acelerar pactos básicos con gobernadores del PJ no kirchnerista. Manda la necesidad de despejar incertidumbres.

 

El plan de la Casa Rosada manda apretar el acelerador y mostrar, ya, avances en la negociación fiscal con el peronismo no kirchnerista. La idea consiste en anunciar principios de acuerdo sobre ciertos puntos relativamente sencillos y dejar en espera aquellos en los que se dirimen posiciones muy encontradas.

Según la hoja de ruta, en estos días los interlocutores del gobierno nacional, o sea, de los ministerios del Interior y de Hacienda, se encontrarían con sus pares provinciales de Economía para discutir, justamente, una propuesta del PJ no K. La frutilla del postre, aunque un poco gastada por el uso, sería una foto todos juntos.

¿Y de dónde sale tanto apuro, cuando resulta evidente que aún falta superar un buen número de obstáculos hasta llegar a los números grandes del Presupuesto Nacional 2019?

Como pasa otras veces, el apuro es hijo de la necesidad. Claramente esta vez surge de la necesidad de aventar dudas acerca del cumplimiento del ajuste fiscal, por cierto duro, comprometido con el Fondo Monetario. O, si se prefiere, de las dificultades que implica alcanzar metas muy exigentes.

Detrás de ese frente de incertidumbres, tendiendo a despejarse, la apuesta vira a que también se afirmarán expectativas todavía en terreno resbaladizo, como aquellas que rondan el siempre sensible mercado cambiario.

Dice un ministro provincial de los que pesan dentro del PJ: “Entendemos que el macrismo quiera dar una señal contundente y apagar ruidos, pero quizás sea demasiado pedirnos que les arrimemos ya una propuesta común amplia. Además, ahí deciden nuestros gobernadores y todavía los vemos un poco dubitativos sobre qué pasos dar”.

Hay de todo dentro del debate y bastante ya conocido. En cualquier caso, trata de cómo se reparten las cargas de un ajuste calculado en $ 300.000 millones, que equivale a 10.000 millones de dólares, a diez presupuestos del Ministerio de Salud y a casi tres veces el monto que durante el año pasado se fue en subsidios energéticos.

Esa es una de las dimensiones del convenio con el FMI. Otra, o si se prefiere un adelanto, aparece en el golpe que ahora mismo baja sobre la inversión pública.

Datos oficiales del primer semestre revelan que la cuenta total, incluidos los fondos destinados a las provincias, anota una caída nominal promedio del 28% contra el mismo período del año pasado. Computada la inflación anual, el bajón representa 58 puntos porcentuales o $ 38.000 millones menos en doce meses. Previsible: el sector y las actividades ligadas al sector ya sienten el impacto de tamaña poda.

A propósito de eso mismo, informes de especialistas barajan una cifra que impresiona. Uno de ellos sostiene que a causa de las limitaciones que impone a los gastos del Estado y de los recortes, el pacto con el FMI podría implicar que en 2020 la inversión pública se redujera a menos del 15% de la de 2018. “Estará en valores mínimos históricos”, afirma.

Fuentes del Gobierno apresuran ahora algunos anuncios orientados a amortiguar la recesión. Como que entre julio y agosto se desembolsarán alrededor de $ 7.700 millones para apuntalar obras de infraestructura urbana, pavimentos, hídricas y viviendas.

Parte del paquete va a cubrir atrasos acumulados con los contratistas, una manera de atender simultáneamente la cláusula del convenio con el FMI que le fija cotas al aumento de la deuda flotante.

Queda la alternativa de los programas de Participación Público Privada, los PPP, solo que las condiciones y el costo del financiamiento externo ya no son las mismas que hace un año y aconsejan esperar. Lo admiten hasta legisladores del macrismo.

Y en tren de sumar informes, alrededor del ajuste de $ 100.000 millones que les tocará a las provincias gira otro, a la vez una carta levantada bien cerca de María Eugenia Vidal. Es de los especialistas Marcelo Garriga, Walter Rosales y Norberto Mangiacone y dice que las rebajas impositivas que Buenos Aires aceptó a partir del último pacto fiscal están comiéndole la mitad de los ingresos que le significó recuperar el Fondo del Conurbano. En pesos, este año serían 20.000 millones de un lado y 41.000 millones del otro.

Obviamente, Vidal no figura en el grupo de gobernadores que plantea volver atrás con algunos de esos recortes y, llegado el punto, la Casa Rosada dirá que, como eso fue consagrado por ley, es inamovible. Pero seguirá sin entenderse, entonces, por qué en la Carta de Intención con el FMI el Gobierno dejó abierta la puerta a “algunas modificaciones si fueran necesarias para alcanzar nuestras metas fiscales”. ¿Será un recurso de emergencia por si hace falta mantener vivo el acuerdo?

Los gobernadores peronistas también tienen fondos que les llegaron de la Nación y están consagrados por ley.

“Nosotros no vamos ni podemos pasar por encima de esas cosas”, dicen desde el macrismo. Piden, eso sí, que resignen una parte y con esa parte cubran gastos que les transfiera la Nación.

El problema es que el problema no termina el año próximo. Ocurre que, si en 2019 el déficit primario del gobierno central debe bajar al 1,3% del PBI, en 2020 debe quedar reducido a cero. Esto es, ajuste en continuado.

Alcadio Oña

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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