Domingo, 18 Noviembre 2018 00:00

Una crónica adicción con daños acumulativos - Por Néstor O. Scibona

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La endémica inflación argentina es un caso patológico en el que no se distinguen causas y efectos del problema y se critican sus soluciones

 

La inflación volvió a mostrar este año una de sus peores caras. Aunque se descontaba el dato de octubre (5,4%), el índice de precios al consumidor acumuló una suba de casi 40% en diez meses y apunta a cerrar 2018 con un alza más cercana al 50 que al 45% anual. No es de las más altas de las últimas cinco décadas (que, con el "Rodrigazo", incluyen tres hiperinflaciones); pero se aceleró dramáticamente tras el último salto del dólar (agosto-septiembre). Sólo en el último bimestre el IPC aumentó 12% -la meta que el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, había fijado para todo el año- y para diciembre habrá más que triplicado la inverosímil corrección a 15% anual anunciada por la Casa Rosada el 28 de diciembre último, cuatro meses antes de la crisis cambiaria precipitada por errores de diagnóstico y pronóstico, la sequía y el virtual corte de financiamiento externo para la Argentina.

Así, los primeros tres años de gestión del gobierno de Mauricio Macri quedarán registrados en las estadísticas oficiales -ahora creíbles- con tasas de inflación de casi 40% en 2016; 25% en 2017 y alrededor de 48% en 2018. Un verdadero papelón frente a su promesa electoral de bajarla para reducir la pobreza.

De ahí que se haya visto obligado a atacar sus causas macroeconómicas y asumir el costo político a lo largo del año de elecciones presidenciales. El programa acordado con el FMI, que transformó gradualismo en ajuste acelerado, es una implícita admisión de haber caído en la típica "trampa" de alto déficit fiscal- emisión monetaria- inflación-atraso cambiario-restricción externa- devaluación-recesión que, con matices, caracterizó las recurrentes crisis económicas de las últimas décadas y se tradujo en un bajísimo crecimiento del PBI per cápita (0,7% anual promedio). Días atrás, el ministro Dante Sica señaló que en los últimos 70 años la inflación promedió 78% anual, tras insistir en la necesidad de estabilizar la "macro" como paso previo a políticas para crecer de manera sustentable, mejorar la competitividad de la economía y favorecer su integración al mundo.

En este sentido, con su crónica inflación de dos dígitos, la Argentina sigue siendo una rareza. Un reciente trabajo del economista Ramiro Castiñeira (Econométrica), indica que sólo cuatro países registran en 2018 una tasa inflacionaria más alta que la Argentina: Venezuela, Irán, Sudán y Sudán del Sur. Un enorme contraste frente al actual promedio de 2% en las economías desarrolladas y de 4,6% en las emergentes.

El informe -titulado Argentina y su karma de inflación- no apela a tecnicismos a la hora de identificar la causa: "darle a la maquinita" (sic). "Solo la emisión de dinero genera inflación; lo que es multicausal son las excusas para emitir. El resto de los factores que supuestamente generan inflación en el imaginario argentino son simples canales de propagación: el dólar, el salario, el supermercado, la carne o el tomate no la generan, como tampoco genera fiebre el termómetro. Los 13 ceros que se le sumaron al peso en los últimos 75 años se explican exclusivamente por la monetización del déficit fiscal, excusa favorita para darle a la maquinita", agrega.

Castiñeira sostiene que si bien el plan acordado con el FMI de déficit primario cero y emisión cero "parece todo un desafío para la Argentina, es lo que hizo cualquier país para ganarle a la inflación". Su razonamiento es que en las últimas siete décadas casi ningún plan antinflacionario intentó apagar la "maquinita" (incluso el de Cambiemos, que entre 2016 y 2017 duplicó la cantidad de dinero en la economía) y sólo se logrará cuando se equilibren las cuentas públicas. Lo opuesto es "la tradición populista de gastar lo que no hay, que condenó a la economía a vivir más de 70 años con alta inflación y bajo crecimiento", concluye.

Si se mira la mitad llena del vaso, la sanción del Presupuesto Nacional para 2019 es un avance en este terreno, aunque dos terceras partes del ajuste fiscal surgen de la mayor presión tributaria sobre el sector privado y el recorte de partidas para obras públicas después de un largo tironeo por gastos y recursos entre la Nación y las provincias. Tanto el oficialismo como los legisladores del peronismo que votaron a favor coinciden en que se trata del mal menor, frente a la alternativa de dejar al gobierno sin presupuesto y a los gastos sin financiamiento, que harían caer los desembolsos del FMI para atender los pagos externos. "Este presupuesto es para apagar el incendio. Todos perdemos algo, pero de lo contrario perderíamos mucho más", graficó el ministro de Finanzas de Córdoba. Osvaldo Giordano.

Como contracara, la mitad vacía se refleja en los bloques opositores que no sólo votaron en contra sino que tampoco plantean otra opción que el clásico "cuanto peor, mejor" en materia económica y de gobernabilidad.

En este marco, el drástico ajuste fiscal y monetario en marcha para poner a dieta a la inflación presupone un escenario conflictivo para 2019; aun cuando el objetivo oficial es retrotraerla a los niveles de 2017 y ubicarla en un dígito en 2022.

La endémica inflación de la Argentina se convirtió en un caso patológico similar a una adicción, cuyos efectos negativos se fueron acumulando con el correr de los años sobre el conjunto de la sociedad. No son neutros, porque una minoría puede beneficiarse a costa del empobrecimiento del resto. Y su persistencia en dosis cada vez más altas es la raíz de innumerables problemas y distorsiones.

De la boca para afuera todos están de acuerdo en abandonarla, siempre que el esfuerzo recaiga en otros. Una prueba es la polémica sobre el pago del impuesto a las Ganancias por parte de los jueces. La "intangibilidad" de sus sueldos es un principio constitucional del siglo XIX, cuando la Argentina no tenía inflación y el monto nominal era idéntico al real. La afirmación del titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, de que los jueces pagarían el impuesto si sus salarios aumentaran en igual proporción, equivale a endosarle el costo al resto de los contribuyentes. Un dudoso criterio de equidad, si se tiene en cuenta que los contribuyentes con salarios reales reducidos por la inflación deben abonar Ganancias en función de mínimos no imponibles y escalas nominales que no se ajustan automáticamente, lo cual implica una mayor presión tributaria encubierta. Paralelamente, quedarían cuestionadas tanto las cláusulas de "enganche" para los empleados judiciales, como la ley que aplica el impuesto sólo a los jueces designados a partir de 2017.

Otra evidencia de las distorsiones que provoca la inflación, es que los conflictos se agudizan cuando se plantea la necesidad de bajarla desde un umbral socialmente intolerable. En el caso argentino ronda 30% anual, mientras en Latinoamérica (con excepción de la debacle venezolana) desde hace años ese límite es de un dígito. No ocurre lo mismo en el camino de ida, con precios y salarios en carrera ascendente hasta que se llega a ese punto de inflexión. Muchos creen que individualmente pueden ganarle.

Por lo general, pocos dirigentes políticos, sindicales o empresariales se ocupan de diferenciar las causas y efectos de la inflación. Y hasta suelen criticar simultáneamente el problema y la solución.

La ausencia de consenso para bajarla hace que a los sindicalistas les resulte más redituable negociar aumentos salariales de 40% con una inflación de 50%, que de 5% con precios subiendo al 4%. Aquí juega lo que los economistas denominan ilusión monetaria: suponer que el problema se resuelve con más pesos en la billetera, aunque pierdan valor. Por otro lado, con restricción monetaria y altas tasas de interés, los precios de lista no reflejan lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Según la consultora Scentia, 50% de las compras en supermercados responden a ofertas con descuentos, en tanto que su colega Nielsen estima que sólo 36% de los clientes mantiene su fidelidad a un mismo canal de ventas.

Al fin y al cabo, 1000 pesos equivalían a casi 53 dólares en diciembre de 2017 y ahora a casi la mitad (27 dólares).

Néstor O. Scibona
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Ilustración: Alejandro Agdamus

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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