Jueves, 06 Junio 2019 00:00

Las decisiones económicas del nuevo gobierno - Por Daniel Artana

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A medida que se calienta la contienda electoral es posible que el debate económico de los candidatos presidenciales se limite a espacios comunes sin mucho contenido. Pero más reservadamente, seguramente todos los aspirantes con chances trabajarán con sus especialistas en el detalle de las medidas a anunciar.

 

El punto de partida sería el de una economía que habría dejado de caer, pero sin mucha fuerza de recuperación, con una inflación algo más baja que la actual, un déficit externo del orden de 1% del PIB y uno fiscal algo superior a 3% del PIB. A su vez, en 2020 los vencimientos de deuda pública con el sector privado son manejables, pero requieren de un acceso a financiamiento mínimo en el mercado voluntario de capitales.

Si bien no hay una urgencia de resolver todo el 11 de diciembre, no hay espacio para "evitar" que un equipo económico profesional se haga cargo de diseñar el programa y llevarlo a la práctica desde el comienzo. Recurrir a los "amigos de confianza" como ha ocurrido al comienzo de la gestión de varios presidentes o a un "monstruo" de varias cabezas sin la indispensable consistencia global como ocurrió en 2015 es un "gusto" que quien asuma el 10 de diciembre no se podrá dar. Respecto de este punto, el gobierno actual tiene alguna ventaja dado que puede continuar con al actual equipo.

Más importante, es el contenido de las primeras decisiones. La oposición ha centrado sus críticas en la economía dado que el votante sufre los costos de la recesión, y de la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. Pero ello los condiciona hacia adelante porque no hay espacio para una mejora rápida en salarios y jubilaciones o para rebajar tarifas de servicios públicos sin que ello afecte el resultado externo y/o el fiscal. Aquí la oposición en caso de acceder a la presidencia tiene la difícil tarea de convencer a su votante que las promesas de soluciones mágicas que se hicieron durante la campaña no podrán ser cumplidas. En caso contrario, la escasez de divisas obligará, aun si quererlo, a introducir controles de cambios con limitaciones a la compra de divisas lo que producirá una brecha cambiaria importante ya que la disponibilidad de reservas será bastante menor a la que había en los primeros años del cepo.

Y si se da marcha atrás en la consolidación fiscal acordada con el FMI se puede caer el acuerdo, perdiendo el acceso a alrededor de u$s 6000 millones que quedarán por desembolsar, además de la mala señal que bloquearía el acceso a otras fuentes de financiamiento. Curiosamente, algunos miembros de la oposición han enfatizado la necesidad de reprogramar la devolución al organismo internacional de los abultados vencimientos de 2022 y 2023, pero ello se obtendría fácilmente si el país decide avanzar en reformas estructurales lo que permitiría pasar del stand by vigente a un extended fund facility. Si en cambio se aspira a lograr más financiamiento de los países desarrollados, que son en definitiva los que aportan el dinero que luego presta el Fondo Monetario Internacional, para financiar un aumento del déficit primario para responder a promesas populistas de campaña es fácil visualizar que tal decisión nos llevará a estrellarnos contra la pared. Nuevamente el gobierno despierta menos dudas en este campo ya que firmó el acuerdo y hasta ahora lo viene cumpliendo.

Continuar con la consolidación fiscal requiere de reformas estructurales. El año 2020 presenta dos problemas adicionales: una baja de la inflación aumentaría el peso en el PIB del gasto previsional y social por la indexación desfasada dos trimestres (esto estaba

previsto en el presupuesto 2019 pero no impactó al no reducirse la inflación); a su vez, la generalización del necesario ajuste por inflación de los balances impositivos de las empresas producirá un segundo faltante de importancia. Quien asuma el 10 de diciembre deberá avanzar en reducciones de gasto importantes para poder financiar estos costos además de los que produce la reforma tributaria de 2017 pautada en cuotas. La opción facilista de aumentar impuestos choca contra la elevada presión tributaria que ya existe hoy y contra restricciones legales que no permiten tasas confiscatorias, o restricciones de facto por la opción que tienen los contribuyentes de mayor riqueza de migrar y así mover hacia otros países las bases imponibles en el caso en que se pretenda cobrarles impuestos muy elevados. Avanzar en reformas estructurales requiere de acuerdos políticos cualquiera que sea la fuerza que se imponga en las elecciones presidenciales.

Si aparece el financiamiento externo el próximo gobierno debería evitar una apreciación del tipo de cambio real. La recuperación de la economía no puede ir acompañada de un aumento importante en el déficit de cuenta corriente. Ello requiere de un aumento en las cantidades exportadas que al menos duplique la tasa de crecimiento del PIB. Y ello es muy difícil de lograr en el corto plazo si el tipo de cambio real se atrasa. En el mediano plazo, pueden ayudar otros factores ligados a reformas estructurales (apertura, desregulación) o a mejoras en la infraestructura y en la abundancia de energía a precios de exportación.

En resumen, la economía argentina puede recuperarse más rápido y en forma sostenida si se completa el ajuste fiscal y externo que se hizo a los golpes durante el último año. Los cantos de sirena del populismo autóctono pueden llevarnos a perder una nueva oportunidad.


Daniel Artana  
Economista Jefe de FIEL

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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