Martes, 18 Junio 2019 00:00

Federalismo y gobernabilidad, capítulo 2 - Por Jorge Vasconcelos

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El Gobierno quitó discrecionalidad al giro de fondos a las provincias y aumentó las transferencias automáticas. Ahora, hace falta una contribución más decidida de las provincias a la competitividad.

 

Pueden cuestionarse muchas decisiones de la actual administración nacional, pero hay un activo en la cuestión del federalismo.

No se trata sólo de haberle quitado discrecionalidad al giro de los fondos; hay otras dimensiones, como la mayor conectividad aérea o el impulso a actividades productivas del interior profundo, que no se limitan a Vaca Muerta, el caso más citado.

En el plano fiscal, las transferencias automáticas a las provincias pasaron de significar el 25,9 por ciento de los recursos tributarios nacionales en 2015 a 31,9 por ciento en 2019.

Estos cambios han contribuido a la gobernabilidad y están ayudando al triunfo electoral de los oficialismos locales, una paradoja para Cambiemos, que sólo administra cinco provincias.

Pero hace falta ahora una contribución más decidida de las provincias a la competitividad, ya que, sin crecimiento, los gobernadores se enfrentarán a un escenario más adverso.

Quienes administran provincias que dependen de la coparticipación y del empleo público, no tendrán la mejora de recursos esperada. Y los que están al frente de distritos más grandes o ricos en recursos naturales, tendrán más dificultad para obtener ingresos propios y el voto local se resentirá, porque está asociado a la evolución del empleo privado.

Lo que también está en juego en estas elecciones es la capacidad del próximo gobierno nacional de encontrar puntos en común con los gobernadores, para una nueva secuencia de reformas a favor del crecimiento y la competitividad.

Aunque el anuncio de la incorporación del senador Miguel Pichetto a la fórmula del oficialismo haya sorprendido, en realidad marca continuidad con el sesgo de muchas de las políticas adoptadas desde 2015, que tuvieron al Senado como eje articulador.

Una movida a favor de la gobernabilidad debería influir de manera positiva en una fracción de los votantes, aunque es difícil saber si esto se exteriorizará en las Paso o habrá que esperar a octubre o noviembre.

Los tiempos podrían adelantarse por la posible extensión de la “paz cambiaria” que conllevan estas novedades, junto con la continuidad de la desinflación, ya que al 3,1 por ciento de variación del índice de precios al consumidor (IPC) de mayo podría seguir un 2,5 por ciento para junio.

Pero todavía hay que aguardar el impacto electoral de las fórmulas que aspiran a quebrar la polarización.

Mientras tanto, los interrogantes sobre la gobernabilidad se reflejan, entre otros indicadores, en la elevada tasa de riesgo país, aunque ésta haya descendido un par de escalones.

Faltan mensajes explícitos de algunas de las fórmulas presidenciales en competencia, pero no hay que suponer que, con meras declaraciones, el problema se puede arreglar. También importa la percepción de la capacidad de pago que la Argentina tenga en el futuro, y para eso la variable crecimiento es clave.

Aunque algunas campañas refieran a la deuda pública como “impagable”, los datos no convalidan el eslogan. Como se apuntó en febrero, los pasivos exigibles que enfrenta el Tesoro con acreedores privados son manejables.

Por su calificación crediticia, despejadas las incertidumbres y con un programa de reformas en marcha, la Argentina podría emitir el año próximo bonos a 10 años a una tasa de entre 7,5 y ocho por ciento anual en dólares, dada la reciente colocación de Ecuador a ese plazo, con un rinde de 9,05 por ciento anual.

Si bien el peso de la deuda pública sobre el producto interno bruto (PIB) es significativo, la Argentina está a tiempo de desactivar amenazas y hay varias razones en tal sentido.

  • 1) El contexto internacional, con tasas de interés en Estados Unidos que convergen al dos por ciento anual es inédito y amigable respecto de los escenarios que tocó vivir en las crisis de principios de los ‘80 y en 2001/02.
  • 2) El grueso de la deuda tiene como acreedor al propio sector público (40 por ciento del total), a organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros (23 por ciento), mientras que el 37 por ciento restante es la que tiene como contrapartida a privados.

El FMI proyecta para 2023 que la deuda pública de la Argentina se ubique en 60,7 por ciento del PIB y esto es factible, por lo que el Estado tiene que ahorrar y la economía, crecer.

En el corto plazo, hay un desfiladero a atravesar, por los vencimientos de deuda local (Lebac y Letes) que promedian 3,9 mil millones de dólares por mes entre junio y octubre. Pero éste no es un tema de solvencia de largo plazo, sino de la voluntad de pago que expresen los candidatos con chances. Las reservas del Banco Central en 64 mil millones de dólares permiten “bancar” grados intermedios de dolarización y de refinanciación (entre 40 y 50 por ciento) de los vencimientos de Letes y Lebac.

Sin políticas disruptivas, las reservas del Central podrían superar los 50 mil millones de dólares hacia el 10 de diciembre. En ese caso, no sería tan “cuesta arriba” la tarea de cubrir las necesidades de financiamiento del año que viene, que suman algo más de 30 mil millones de dólares, incluyendo intereses y vencimientos de capital.

Bajar el riesgo país de aquí a fin de año es una condición necesaria para volver a crecer, pero no suficiente. La Argentina reclama reformas que permitan que sus sectores productivos pasen a ser eslabones confiables de las cadenas de valor globales, como única opción para lograr que las inversiones y el empleo se recuperen.

Ese es el camino adoptado por el grueso de los países de la región. La Argentina, al igual que Brasil, todavía está a tiempo de plegarse.

Nada mejor que nuevos pactos federales para atacar el “riesgo-competitividad (falta de)”, un ítem que debería escalar varias posiciones dentro de la agenda electoral.

Jorge Vasconcelos
Vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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