Domingo, 10 Noviembre 2019 00:00

Incertidumbre y ruidos en la no transición - Por Alcadio Oña

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Pasaron 11 días desde que Macri y Fernández acordaron que sus equipos se reunirían. No hubo ni un solo encuentro.

 

Cada tanto, cuando por algún motivo asocia la actual crisis económica con la situación de 2003, Alberto Fernández habla de “lo que hicimos en 2003 con Néstor Kirchner”. Estas palabras las usó exactamente hacia mediados de septiembre, en Lisboa, tras reunirse con el primer ministro portugués, António Costa. Fue a propósito de la renegociación de la deuda que lideró Costa, sólo digerible si se omite el capítulo del ajustazo.

Y como ya se sabe que Fernández formó parte del gobierno de Kirchner, en la reiteración del mensaje parece flotar otro objetivo: el de remachar su pertenencia al primer kirchnerismo, asimilándolo a un sello de garantía. Pero si eso de “lo que hicimos con Néstor” llevara incorporado el repunte de la economía, datos del mismo 2003 ponen las cosas en el lugar donde verdaderamente van.

Durante el primer trimestre, en las vísperas de la asunción de Kirchner, el PBI ya crecía al 5,4%; la industria un 18%; el 16% la construcción y 7% el comercio. Había un superávit comercial de US$ 4.000 millones, con exportaciones que subían 15%; las cuentas fiscales tampoco estaban en rojo y la inflación anual andaba por debajo del 5%.

Tal cual se ve, el gobierno K no recibió un país quebrado sino una economía que entonces avanzaba rumbo al 11% anual y que había empezado a pegar la vuelta bastante antes, en marzo-abril de 2002. Fuera de cualquier otra consideración sobre su performance, el primer kirchnerismo cosechó la siembra de otros y cosechó incluso del default de Adolfo Rodríguez Saá, que le permitió vivir sin pagar la deuda externa hasta comienzos de 2005.

No es claramente el caso del Alberto F. modelo 2019. El del Presidente que deberá lidiar con una inflación proyectada a las cercanías del 60% anual; con un PBI que puede caer alrededor del 3%, si no más del 3%, tras retroceder 2,5% de 2018, y con una inversión instalada en el cuarto subsuelo. Nada por cierto tranquilizador, cuando se miran las profundidades en que se encuentran las variables centrales del proceso productivo.

Otro cantar cantan los funcionarios del macrismo. Aluden a un superávit comercial estimado en por lo menos US$ 12.000 millones para este año y a un saldo equilibrado en el hace años deficitario balance de divisas. Hablan también de cuentas fiscales casi alineadas; de un tipo de cambio real alto y del fin del cuello de botella energético que habían heredado. Todos, vale aclarar, subproductos del desplome de la actividad económica.

Hay en este juego un juego que no termina de entenderse: los 11 días que han transcurrido desde que Macri y Fernández se comprometieron a trabajar juntos durante la transición, sin que hubiese existido ni un solo encuentro entre los equipos de ambos. “Es preocupante, viendo este universo cargado de incertidumbres y de indefiniciones”, afirma un consultor de grandes empresas.

Al interior del espacio todavía oficial plantean que ellos están listos para empezar las conversaciones. Sobre todo, aquellas que tocan números clave e implican políticas clave, o sea, números del corazón del Estado, necesariamente reservados y ocultos.

Entretanto, llueven conjeturas acerca de una demora que le atribuyen a Alberto F.

Algunas de ellas van sobre la estrategia del presidente electo, en el sentido de esperar hasta tener armada su propia estructura y no quemar etapas ni piezas antes de tiempo.

Otras viran hacia la interna del Frente de Todos y, más concretamente, hacia las definiciones de Cristina Kirchner. Con un antecedente agregado: que la futura vicepresidenta ya ha vetado cuanto menos un candidato fuerte propuesto por Fernández.

Una explicación más de la demora ancla en el disgusto que le causó un montaje adjudicado al macrismo: decir que el súper cepo fue una medida convenida con él. Y en continuado, que otro tanto ocurra con próximas decisiones, como el aumento de la nafta previsto para este 15 de noviembre.

Por eso asoma la posibilidad de que los contactos de la transición arranquen hacia fin de mes. Aunque el tiempo corra y existan problemas que urgen tratamiento y definiciones, o al menos señales.

Se sabe o casi se sabe que de pique viene un acuerdo de precios y salarios, acoplado a una pauta inflacionaria del 35% para 2020, seguida por otra del 25% en 2021 y de una del 15% en 2022, para concluir en el 5% al fin del mandato. Pero no se sabe qué productos incluirá el régimen, ni si entrarán las tarifas públicas, el costo de los combustibles, las jubilaciones y los planes sociales; nada más y nada menos.

La desdolarización de la economía aparece en cada una de las señales que surgen del espacio cristinista, igual que la pesificación que pregonaba Federico Sturzenegger. Pregunta obvia: ¿la desdolarización de los insumos energéticos y, al mismo tiempo, una apuesta grande al desarrollo de Vaca Muerta? A simple vista, ambas cosas no parecen pegar o, si se prefiere, demandan precisiones.

Luce evidente que detrás del pacto asoma la intención de cortar la inercia inflacionaria y poner fin a la indexación, tanto como que unas cuantas empresas se han adelantado a ajustar sus precios. Otras preguntas también obvias: ¿el acuerdo incluirá una cláusula que obligue a retrotraer precios y, además, sanciones para quienes incumplan el convenio?

Ya anticipada por Clarín, marcha a todo vapor la idea de sancionar una Ley de Emergencia Pública amplia, que otorgue facultades extraordinarias al próximo gobierno. Un paquete que permitiría reformas cambiarias, financieras y fiscales, semejante al que un acuerdo peronista-radical le dio a Eduardo Duhalde a la caída de la convertibilidad.

En tren de sumar conjeturas, una del tamaño de un portaaviones de la Quinta Flota norteamericana gira en torno de la renegociación de la deuda y del papel que ahí desempeñará el Fondo Monetario.

Sergio Massa se atrevió con un pronóstico atrevido: sostuvo que la deuda es un problema “manejable”. Más certero y menos optimista, Fernández soltó una frase que es verdad pura: “No podemos pagar la deuda en las condiciones en que está la Argentina”.

Como quiera que sea, los vencimientos apremian. En dólares y con acreedores privados -capital e intereses- montan a 9.200 millones durante los primeros cinco meses de 2020. Y entre ellos, en mayo caen bonos por 2.540 millones.

Se podrá alegar que las obligaciones con los entes públicos se renuevan automáticamente y que las que hay con los organismos internacionales se bancan con nuevos préstamos. Todo cierto, tan cierto como que la Argentina tiene el crédito cerrado y no hay con qué afrontar las deudas ineludibles.

Varios bancos extranjeros ya le han acercado alternativas a los hombres de Fernández encargados del tema. Nada gratis desde luego: buscan pilotear la operación y cobrar por su trabajo.

La idea, cerca del presidente electo, consiste en arreglar primero con los bonistar y luego sentarse a negociar con el FMI. Difícil: según los expertos, el camino inevitable sería tratar con los dos en paralelo. Y previsible, que el Fondo exija una quita en la deuda con los acreedores privados.

Verdad y consecuencia: el tiempo manda una refinanciación rápida, porque acecha el default real que nadie quiere. Y no el default virtual del que habla Alberto F.

El riesgo latente es que la incertidumbre derive en presiones cambiarias, en un mundo donde resulta imposible prever cuánto durará la calma de estos días. Ni si la actual brecha del 0,7% entre el dólar oficial y el blue no significa sólo un espejismo.

De este mismo tiempo que corre a la velocidad de un tren bala es la montaña de divisas que está liquidando el complejo cerealero: US$ 19.310 millones entre enero y octubre, apenas 1.000 millones menos que en todo el año pasado. Motivo: anticiparse al ya cantadísimo aumento de las retenciones que el cristinismo aplicará no bien pueda.

Faltaría un plan que articule todas las decisiones. Faltaría y quizás siga faltando, si es verdad que Alberto F. prefiere ir por etapas, según las prioridades de cada momento.

Alcadio Oña

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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