Domingo, 08 Diciembre 2019 00:00

Ahora, el drama económico es de Alberto Fernández - Por Alcadio Oña

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Habrá mucha herencia de Mauricio Macri, pero empezar a salir de la crisis será tarea del nuevo presidente.

 

El último cuatrimestre de 2019 puede terminar, al ritmo que corren los precios, con una inflación​ muy cercana al 20%. Esto significa, anualizado, alrededor del 70% y representa una muestra de la velocidad a la que avanza ese tren. Ya el 54,6% que algunos especialistas proyectan para todo el año será el mayor registro de la serie reciente, después del 84% de Carlos Menem en 1991.

Hay un problema adicional, además del problemón implícito en el cuadro completo: el de una economía ​indexada por todas partes e indexada en plazos cada vez más cortos, lo cual equivale a una inflación que se retroalimenta sin pausa. Ahí pega directo el 20% del último cuatrimestre.

Previsible y necesaria, una de las primeras medidas del próximo gobierno consistirá en cortar de cuajo la indexación, probable si no seguramente, a través de una amplísima Ley de Emergencia.

Claro que antes o al mismo tiempo deberá resolver qué hace con precios que se han quedado atrás en la carrera, como los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. Y, entre ellos, qué hace con un precio que tampoco es un precio del montón: las tarifas congeladas por el macrismo.

Según un juego de variables elaborado por la consultora LCG, que computa el impacto de la suba del dólar en los costos de generación, remontar el retraso acumulado por la tarifa de la electricidad implicaría un incremento del 58,6% en mayo. Y otro del 34% para el gas, en febrero.

Queda la alternativa de seguir subsidiando el consumo domiciliario de luz y de gas, pero entonces asomaría otro problema: el impacto de la medida en las cuentas fiscales. Un dato: durante los primeros diez meses de 2019, los subsidios energéticos han sumado $ 178.559 millones, casi US$ 2.900 millones al actual tipo de cambio. Luego, de un modo o de otro, la pelota seguirá picando en el campo oficial.

Una salida al laberinto consistiría en declarar, por ley, la Emergencia Energética para negociar con las distribuidoras de gas y de electricidad. ¿Incluirá, como se rumorea, un congelamiento de las tarifas por seis meses mientras dura el reordenamiento del sector?

Viene cantado, ya, que entre las primeras medidas del nuevo gobierno figurarán aumentos en las jubilaciones y pensiones mínimas, en la Asignación por Hijo y un bono, se dice de 7.000 pesos, para los salarios más bajos. Eso que desde el albertismo llaman “poner plata en el bolsillo de la gente” y apostar al consumo.

Y a propósito de la andanada de incrementos de precios de las últimas semanas, hubo un comentario y un cuasi anuncio en la conferencia de prensa del presidente electo. Habló de “irresponsables”, afirmó que esos aumentos serán “revisados” y dejó traslucir que algunos de ellos deberán ser anulados o retrotraídos a una fecha que el nuevo gobierno definirá quizás por decreto. Eso sí, se descartó aquí la vía de un congelamiento.

Quedó flotando, en cambio, una pregunta siempre presente en la mesa de los analistas: ¿la desindexación que se proyecta también alcanzará a jubilaciones y planes sociales? Es una pregunta por cierto complicada, pero involucra al 60% del gasto público atado, sobre todo a la inflación pasada; esta vez, al 54% de 2019.

Quizás ahora se apunte a un mix basado en la inflación futura. Entonces estaríamos hablando de un índice que los especialistas estiman en torno del 44%.

La escalada sin freno de los precios será, como es, parte de la herencia de Mauricio Macri. Pero poner la inflación en caja es una tarea que, inevitablemente, le tocará a Fernández.

¿Y cómo ve la posibilidad de reestructurar la deuda sin pagar ni capital ni intereses durante dos o tres años?, le preguntó Clarín a un analista que conoce este paño de sobra.

Respuesta: “Pueden ser hasta cuatro años, depende de cuál sea la oferta a los acreedores privados. Deberá ser, además de atractiva, una oferta sostenida por un programa fiscal donde queden bien claros la voluntad de pagar y cómo se les va a pagar”.

Existe un depende más en el glosario del analista, compartido con otros de su mismo palo: que el programa económico que dará soporte a la propuesta sea validado por el Fondo Monetario. Y lo es por una razón de este mundo: porque el FMI funge como garante y auditor del cumplimiento del pacto.

Dicho sin vueltas, el acuerdo con el FMI fijará el sendero fiscal que asegurará los pagos de la deuda comprometidos. Incluido un ajuste; si se prefiere, un recorte en los gastos además del ya descontado aumento de la presión impositiva.

Con las cosas puestas de este modo, primero tocaría FMI o, en el mejor de los supuestos, tocaría una negociación paralela con los bonistas, pero siempre teniendo el Fondo adentro. Pregunta tan obvia como incómoda: ¿santificará Cristina Kirchner una película en la que, de arranque, ya aparece el demonio? Significaría continuar la saga de Macri.

El viernes Alberto F. comentó que ya existen conversaciones con el organismo. Y hasta ahí llegó: evidente, eludió meterse en un terreno pantanoso, políticamente pantanoso.

Según el analista consultado por Clarín, junto al estiramiento de los plazos para el capital el plan puede y debe llevar incorporada una baja de los intereses de la deuda: del 6-6,5%vigentes al 3-4%, arriesga.

Sería, de hecho, una quita al modo como pretende el FMI y un alivio enorme para las cuentas fiscales. Entre enero y octubre, bancar los intereses le costó al Estado nacional el equivalente a US$ 10.200 millones y un 75% más que en el mismo período de 2018 cuando la cuenta ya había crecido 72%. Una cadena letal, se la mire del derecho o del revés.

Pero mientras dure la negociación con los bonistas, o sea, el canje de los títulos actuales por otros nuevos, la Argentina tendrá que seguir afrontando los vencimientos con sus reservas. De lo contrario, entrará en cesación de pagos y, automáticamente, en default.

Final de este capítulo en la historia del nuevo gobierno: la situación manda cerrar un acuerdo rápidamente, aunque para nada manda aceptar cualquier condición.

Después de muchos cabildeos, Alberto F. anunció que Martín Guzmán​, el investigador especializado en mercado de capitales será su ministro de Economía. Son de su espacio las cuentas fiscales, la reforma impositiva y las pautas que guiarán el Presupuesto. Y del Banco Central, la política monetaria, los créditos subsidiadas y, al fin, las tasas de interés.

Se supone, o debiera suponerse, que Economía y el BCRA actuarán en tándem con Matías Kulfas, el súper ministro de Desarrollo Productivo y hombre fuerte de Fernández.

Pasa que el nombre de los organismos puede sonar atractivo, pero lo que de verdad cuenta es que sus planes se ensamblen con los de Economía y el Banco Central, decididamente claves en cualquier emprendimiento macroeconómico. Esto es, que Desarrollo Productivo no significa, por si mismo, crecimiento así esta sea la gran apuesta detrás del nombramiento de Kulfas. Habrá luego, algo semejante a una mesa económica.

Lo que sigue, entonces, pasa por tener un programa completo y ponerlo en marcha tan pronto como sea posible.

En tren de nombres para el equipo de Guzmán, hay dos que circulan en el espinel albertista. Uno que va y viene es el de Raúl Rigo, un histórico subsecretario de Presupuesto que pasó por los gobiernos de Duhalde, de Néstor y Cristina y hasta durante la primera etapa de Macri. El otro es el de Alfredo Iñiguez, encargado del área impositiva en el programa del PJ que coordinó Nicolás Trotta, el futuro ministro de Educación.

Confirmado Guillermo Nielsen al frente de YPF, volvió a escena la relación que Nielsen mantiene con quien sería secretario de Energía, el misionero Sergio Lanziani. “Por lo menos distante”, cuentan en el sector.

El tiempo de los equipos paso. Empezó el tiempo de las decisiones, con las expectativas y las brasas calientes en manos de Alberto y de Cristina. Y si no hubo cortocircuitos entre ellos, como asegura Fernández, la realidad aconseja evitarlos de aquí en adelante.

Alcadio Oña

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