Joaquín Morales Solá

Joaquín Morales Solá

Fue un tiempo en el que un juez parcial marcó la agenda de los medios kirchneristas y el discurso de sus dirigentes. Federico Villena, que llegó a juez de la mano de Cristina Kirchner y luego acumuló poder gracias a los servicios de inteligencia del gobierno de Macri, cayó en uno de los tantos saltos mortales sin red que dio en la Justicia y en la política.

 

Es difícil recordar un presidente que, como Alberto Fernández, haga tantas declaraciones públicas frente a periodistas (muchos amigos, pocos críticos). Sin embargo, el Presidente es especialmente hábil para esquivar las definiciones sobre temas muy sensibles para el sistema democrático.

 

Una Robespierre sin guillotina. O con una guillotina manipuladora y cruel. Un Senado argentino convertido en el Comité de Salvación Pública de la revolución francesa.

 

Venía de una inverosímil excursión por el atormentado pasado del país cuando Alberto Fernández tropezó con un juez del interior profundo. Fabián Lorenzini, magistrado del fuero Civil y Comercial de Reconquista, echó de Vicentin a los interventores que envió el Presidente.

 

Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pidió la inhibición de bienes de Mauricio Macri por el caso Vicentin (una causa penal en la que nadie está siquiera imputado) quedó claro que la persecución del expresidente forma parte de la estrategia oficial.

 

A seis meses de su regreso al poder, Cristina Kirchner se está exhibiendo como un elemento tóxico para el sistema democrático.

 

Cuando hace ocho años la entonces presidenta Cristina Kirchner intervino y expropió YPF a la española Repsol, Alberto Fernández fue uno de sus más consistentes críticos. El actual presidente tenía una vieja amistad personal con el CEO de la petrolera expropiada, Sebastián Eskenazi, de quien ahora sigue siendo amigo.

Nunca se sabe con precisión cuándo es el principio del fin de una era, de un destino o de la influencia de un funcionario. Pero es posible que ese instante, en el que todo conduce a la finitud, haya comenzado para el juez Rodolfo Canicoba Corral.

 

Debates inútiles y causas perdidas son aficiones de la política argentina. Así como se planteó la falsa opción entre salud o economía, ahora parece imponerse otra igualmente vana: salud o democracia. Si la pregunta que se hacen los dirigentes es si deben seguir la cuarentena y el aislamiento, la respuesta no es tan complicada.

 

A mediados de 2016, poco después de que el gobierno de Macri forzara la renuncia del juez Norberto Oyarbide por acciones y riquezas incompatibles con la función de un magistrado, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con otro juez: Rodolfo Canicoba Corral. Le pidió la renuncia por orden de Macri porque las versiones sobre las prácticas deshonestas del juez eran constantes. El juez se negó a dimitir en una tormentosa reunión con el ministro.

 

Existe un conflicto entre la pandemia, la cuarentena y la libertad. ¿Por qué negarlo? Y hay otro conflicto entre la cuarentena y la economía. Un camino que conduce hacia ninguna parte (o hacia el peor lugar) es el de negar la existencia de los problemas.

 

Cuando la evolución de la pandemia en el país es aún un enorme bloque sombrío en el horizonte, Cristina Kirchner es el único integrante de la dirigencia que no habla del virus. Si una cacofonía señala que toda crisis es una oportunidad, entonces debe concluirse que la expresidenta encontró la oportunidad para deshacerse de la Justicia y para ejecutar la venganza contra viejos enemigos.

 

En octubre de 2016, el entonces fiscal general Germán Moldes esperó 15 días para apelar ante la Cámara de Casación el obstinado desistimiento de la denuncia del fiscal asesinado Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán. Esperaba que no estuviera de turno el fiscal de Casación Javier De Luca, un fundador de Justicia Legítima con evidentes simpatías hacia el cristinismo. En diciembre de ese año, la Cámara de Casación ordenó reabrir e investigar la denuncia de Nisman.

 

Frente al autor de un libro, Alberto Fernández aseguró que el juez Rodolfo Canicoba Corral era el ejemplo de la corrupción judicial. El libro se publicó hace varios años, cuando el actual presidente caminaba en el desierto de la oposición al cristinismo.

 

El viernes, la aceptación de la propuesta del gobierno argentino por parte de los acreedores fue baja. Es probable que también lo sea en el nuevo plazo, que vencerá mañana. Con todo, el anunciado fin del mundo no sucedió ni sucederá.

 

Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal federal.

 

Enrique Petrullo era un operador judicial en la provincia de Buenos Aires. Un influyente dentro de la Justicia local, que a veces era real y, otras veces, era falso. Integraba la megabanda liderada por el exjuez de Garantías César Melazo.

 

Algo le falta (o le sobra) a una política exterior cuando el Presidente debe remendar permanentemente lo que se dijo o se hizo el día anterior. El lunes, Alberto Fernández habló 45 minutos por teléfono con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para suturar las heridas que había dejado el propio mandatario argentino cuando habló por videoconferencia con varios dirigentes de la oposición chilena.

 

Un contrato social y político vigente desde 1983 fue destruido por un desquiciado tuit de pocas palabras. Ese pacto implícito señalaba un nunca más a la violencia política, después de que la Argentina sufriera en los años 70 los criminales desbordes de la guerrilla y de la represión.

 

Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y un cristinista cerril, llamó a una jueza para "recordarle" que él había pedido la prisión domiciliaria de Luis D'Elía. La jueza dejó constancia por escrito en el expediente de la llamada telefónica del funcionario.

 

Dos certezas hacen de telón de fondo al triste espectáculo de la pandemia. Una de ellas es que la Argentina no puede (ni debe) caer en default.

 

Dejemos a Cristina Kirchner entregada a su amor por la grieta. Como le dijeron ayer algunos senadores opositores, aunque peronista la mayoría, se acordó de resucitar el Senado solo para tratar el proyecto de su hijo Máximo, sobre un eventual impuesto a las grandes fortunas, que reabrirá, subrayaron, la vieja fractura entre los argentinos.

 

Cristina Kirchner cerró el Senado. Sergio Massa no llegó a tanto en Diputados, pero evita cualquier mecanismo de participación de los bloques opositores.

 

Henry Kissinger ha escrito en los últimos días sobre el "anacronismo del regreso a las ciudades amuralladas". El fenómeno se produce bruscamente, luego de que la humanidad conoció el período más intenso de libre circulación mundial de personas, bienes y servicios. Las fronteras, tal como se las conoció antes de la globalización, habían casi dejado de existir.

 

La Argentina camina desordenadamente hacia el pico de la pandemia. Pero ¿cuál y cuándo será el pico más alto? Nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe cuántos infectados hay ahora realmente, aunque se calcula que son entre 3000 y 4000 más de los que se conocen.

 

Todos hablan de todos, pero solo se oyen. Nadie escucha. La primera fase de la epidemia sorprendió con un presidente, Alberto Fernández, que asumió claramente el liderazgo de la crisis. Tomó decisiones sanitarias, como una dura cuarentena, que otros países demoraron en tomar y les está yendo muy mal.

 

¿Cuándo regresarán los abrazos y los besos? ¿Cuándo volverá a ser habitual dar la mano, el gesto más antiguo de amistad, de cortesía o de reconciliación? ¿Cuándo, en fin, la democracia recobrará su sistema de plenas libertades?

 

Hasta Vilma Ibarra creyó el rumor falso que había hecho correr el Presidente. La cuarentena obligatoria comenzaría, decía la versión, a las cero horas del sábado. El borrador del decreto se había redactado con esos datos.

 

Cuando amenaza una crisis sanitaria de dimensiones aún desconocidas, aparecen las consecuencias de una dirigencia política local entusiasmada en perder el tiempo.

 

Ni el mundo ni el país ni el Gobierno son lo que eran hace apenas una semana. La pandemia del coronavirus convierte a pujantes y multitudinarias ciudades en urbes sombrías, en guerra contra un enemigo que nadie ve.

 

Alberto Fernández debería pensar si se justifica seguir peleando con el campo. La situación general del mundo (y, por lo tanto, del país) se deterioró dramáticamente en días y horas muy recientes. Podría empeorar aún más. La crisis provocada por la pandemia del coronavirus está construyendo un escenario parecido a la caída de Lehman Brothers en 2008.

 

Por las manos de Julio De Vido pasó el 95 por ciento de las causas de supuesta corrupción durante el kirchnerismo. Esa es la afirmación que suelen hacer los jueces y fiscales más comprometidos con la investigación de aquella época inverosímil.

 

A veces, Alberto Fernández se parece a esos malabaristas que juegan con cinco platos en el aire. Hasta se dio el lujo de resolver la contradicción que planteó Max Weber (a quien no nombró) sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

 

Un proyecto de ley de cinco senadoras del núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner que dispone que el periodismo no trate casos de corrupción. O que no haya jueces en condiciones de investigar a los corruptos.

 

Un proyecto de ley de cinco senadoras del núcleo duro que rodea a Cristina Kirchner que dispone que el periodismo no trate casos de corrupción. O que no haya jueces en condiciones de investigar a los corruptos.

 

La grieta tiene nombre y apellido. Se llama Cristina Kirchner. Cada aparición de ella significa más metros de profundidad en ese abismo que divide a una parte importante de la sociedad argentina (40% entre unos y otros). Ahora abrió una grieta dentro del propio Gobierno, del que ella supuestamente es mentora.

 

Es improbable, y hasta imposible, que Alberto Fernández haya querido demostrar ahora la distancia política (que existe) con Cristina Kirchner.

 

 

A Axel Kicillof le gusta chocar siempre contra la pared. Ve que un bloque sombrío de cemento está cerca, pero no lo evita hasta que es demasiado tarde. Entonces, termina entregando hasta lo que no tiene.

Se preparó para morir con la misión cumplida. Desde que en mayo pasado le diagnosticaron un cáncer fulminante en el cerebro, el juez Claudio Bonadio se dedicó obsesivamente a limpiar su despacho. Todas las causas importantes sobre hechos de presunta corrupción durante el kirchnerismo están concluidas en esa instancia y enviadas a juicio oral y público.

 

 

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, ha suprimido de hecho las instituciones del país. Así como le da lo mismo recibir el encargo de presidir la Argentina (por ausencia de Alberto Fernández) en las oficinas de su facción partidaria, también declaró la inexistencia de la Justicia.

Si la provincia de Buenos Aires se acerca peligrosamente a un default, como todo hace suponer, la deuda del gobierno nacional está también en riesgo.

 

 

La deuda argentina no es alta, pero las tasas que está pagando son desmesuradas en un mundo casi sin tasas de interés para depósitos y créditos.

Alberto Fernández inició ayer un período de quince días en los que estará más tiempo fuera que dentro del país.

 

 

No tienen el aspecto caricaturesco de los juicios populares de Hebe de Bonafini. Tampoco están rodeados de numerosos fanáticos dispuestos a agraviar en nombre de una idea. Y no carecen de profesionales del derecho sentados en el estrado del tribunal como sucedió en los juicios populares de Plaza de Mayo.

El default anunciado por la provincia de Buenos Aires es una decisión inexplicable. O solo podría explicarse como una estrategia conjunta del gobierno federal y del provincial para enviar señales de dureza a los acreedores de uno y otro. Sería, en tal caso, una maniobra de cierta suficiencia que ya Axel Kicillof aplicó cuando fue ministro de Economía.

 

 

La economía y las relaciones políticas, para el Presidente. La Justicia, la seguridad y los servicios de inteligencia, para Cristina Kirchner. Esa podría ser a grandes rasgos una descripción del gobierno de Alberto Fernández. Es una administración en la que deben convivir una jefa política y el presidente del país.

La realidad es, a veces, inoportuna. El desastre institucional que provocó el domingo último en Caracas el régimen de Nicolás Maduro coincidió en el tiempo con la extrema tensión entre el gobierno de Donald Trump y el régimen iraní de los ayatollahs. Ambas situaciones no pueden resultar ajenas al gobierno de Alberto Fernández, aunque este prefiera la indiferencia, porque su relación con Washington es crucial.

 

 

Un documental de Netflix que pudo ser uno más entre tantos. No lo fue, porque revolvió de nuevo la política argentina. Rectificaciones, polémicas, debates.

 

 

Extraño paisaje en el barrio. Las elecciones argentinas de hoy se realizarán en un contexto latinoamericano de hartazgo social con las elites políticas. La insatisfacción de vastos sectores sociales tiene que ver, como ya se ha dicho repetidas veces, con la desigualdad en el acceso al bienestar.

 

La intención del Pontífice es volver al país que lo vio nacer, aunque sea fugazmente; en Roma, reflexionan que "necesita que los dirigentes argentinos lo dejen ser papa" y aseguran que le dedica muy poco tiempo a las cuestiones políticas del país

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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