Fernando Laborda

Fernando Laborda

La hipótesis que más incómoda a sectores del oficialismo sobre el brutal crimen de Fabián Gutiérrez en El Calafate es que este trágico episodio pueda dar cuenta de una disputa entre presuntos testaferros y herederos de los millonarios negocios de la corrupción de la era kirchnerista, como podría desprenderse de los primeros indicios sobre un eventual móvil económico.

 

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena, en marzo pasado, la gestión del gobierno de Alberto Fernández ha sufrido una considerable caída y ha vuelto a los niveles de aprobación previos a la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina.

 

No es difícil entender por qué existen tantas dudas sobre el grado de acatamiento real que alcanzará en la sociedad argentina la inminente vuelta a una cuarentena estricta.

 

El presidente Alberto Fernández calificó a quienes se sumaron a los recientes banderazos y las protestas callejeras contra el proyecto expropiador de la empresa cerealera Vicentin como "gente confundida". Se trata de una verdad a medias.

 

En los próximos días, la renegociación de la deuda -esa prolongada telenovela que se parece cada vez más a la cuarentena, de la que nadie sabe cuándo y cómo se saldrá- le brindará a Alberto Fernández una oportunidad para demostrar qué tan "cristinizado" está.

 

El sorpresivo anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención y la proyectada expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin terminó desnudando la debilidad del propio jefe del Estado.

 

La Argentina se acerca a la hora de la verdad frente a la renegociación de la deuda bajo legislación extranjera.

 

En los últimos dos meses la emisión monetaria se ha transformado en el mayor auxilio financiero del gobierno de Alberto Fernández, y se estima que las transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional podrían incluso superar durante este año a la menguada recaudación fiscal.

 

En los últimos días hemos asistido a indicios del aparente final de una etapa de cooperación entre el oficialismo y la oposición en el combate contra la propagación del coronavirus, y al inicio de una lucha por imponer un relato para este particular tiempo de pandemia.

 

Difícil es no asociar algunas medidas tomadas por funcionarios del gobierno de Alberto Fernández con los objetivos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en materia judicial.

 

El unánime fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que revocó la decisión del Tribunal de Casación Penal provincial, firmada por el controvertido juez Víctor Violini, que dio lugar a un habeas corpus colectivo y permitió la salida de las cárceles y el beneficio de la prisión domiciliaria de numerosos presos, fue un salvavidas para el presidente Alberto Fernández.

 

A algunos dirigentes políticos con posiciones afines al populismo, es probable que se les haga agua la boca al imaginar que, durante tres años, la Argentina dejaría de pagar amortizaciones de capital e intereses por los bonos sujetos a legislación extranjera incluidos en la propuesta de renegociación de la deuda, a cuyos tenedores se les ha dado plazo hasta hoy para informar si aceptan o no la agresiva oferta de canje formulada por el gobierno de Alberto Fernández.

 

En ninguna democracia del mundo desarrollado, el despido de un funcionario inoperante o sospechado de corrupción puede ser considerado un síntoma de debilidad del presidente de la Nación.

 

Es sabido que en medio de una tensa negociación ningún jugador muestra sus cartas hasta que sea realmente necesario.

 

La economía argentina atraviesa uno de sus peores momentos y se encuentra al borde de un nuevo default.

 

Desde un principio, Alberto Fernández percibió que coquetear con un nuevo default era la mejor táctica para negociar desde una posición de fuerza ante los bonistas.

 

En coincidencia con la irrupción del coronavirus en la Argentina, Alberto Fernández protagonizó en un mes una de las mayores escaladas en términos de imagen positiva en la opinión pública que se recuerden.

 

En menos de una semana los hechos parecieron dar cuenta de que no volvieron mejores.

 

"El funcionario cobrará el 100% sin trabajar y el autónomo pagará el 100% sin facturar. ¿Esto es justicia social?". Ese mensaje fue uno de los tantos que inundó las redes sociales ayer, pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández calificara como "miserables" a los empresarios que despiden trabajadores y, sin identificar a nadie en particular, expresara que "de lo que se trata es de ganar menos" para concluir diciendo: "Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos".

 

Cualquier epidemia con consecuencias letales provoca cambios en las sociedades y en sus sistemas de creencias y, como afirma el neurocientífico Facundo Manes, puede hacer que aflore lo mejor o lo peor de la condición humana.

 

Es un secreto a voces que la cuarentena total impuesta por el Gobierno hasta el 31 de marzo ha llegado para quedarse por más tiempo. Pero también se admite en círculos políticos y económicos que el aislamiento social preventivo y obligatorio no podrá extenderse a lo largo de meses enteros.

 

No hay antecedentes, al menos durante nuestra historia democrática, de tan severas restricciones a la circulación de las personas como las que viviremos los argentinos a partir de hoy.

 

En su primer mensaje a través de la cadena nacional, al anunciar la emergencia sanitaria, Alberto Fernández buscó demostrar que manda, actúa y arregla, y que quiere ver a sus funcionarios en la línea de fuego y no refugiados en sus despachos, para exhibir un "Estado presente".

 

Juan Domingo Perón dijo alguna vez que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Su enfoque parecería ser acertado si miramos hoy encuestas en las que se evalúa la gestión de Alberto Fernández a lo largo de sus primeros tres meses. Para mejor o para peor, el bolsillo sigue siendo la directriz que define la opinión mayoritaria sobre la tarea gubernamental.

 

Para crecer primero hace falta creer. Y para creer hay que ver.

 

La Argentina era una fiesta hacia 1945, como expresara el recordado historiador Félix Luna: Juan Domingo Perón había asumido el poder en 1946 con un nivel de reservas tan extraordinario que lo hacía jactarse de que era imposible caminar por los pasillos del Banco Central, abarrotados de lingotes de oro.

 

Al menos por ahora, el FMI ha dejado de ser una mala palabra en el diccionario peronista y algunos dirigentes cercanos a Alberto Fernández ya hablan de la "compañera" Kristalina Georgieva.

 

Alberto Fernández fijó sus propias limitaciones al frente del Poder Ejecutivo bastante antes de ser ungido candidato presidencial.

 

La mayor crítica que se le ha hecho a Alberto Fernández tras su primer mes en el gobierno ha sido que intentó ocultar un ajuste bajo el disfraz de la solidaridad.

En el particular relato del nuevo oficialismo la palabra "ajuste" ha sido desterrada.

 

Roberto Lavagna comienza lentamente y con disimulo a probarse el traje de candidato presidencial y a dejar atrás sus sandalias veraniegas con medias, mientras evalúa quiénes pueden ser sus mejores compañeros de ruta.

 

Las probabilidades de que Mauricio Macri sea reelegido presidente de los argentinos en 2019 dependerán de tres factores: la percepción sobre la situación socioeconómica, el nivel de cohesión de la coalición oficialista Cambiemos y el grado de división del peronismo frente a las elecciones.

 

En el atardecer del viernes, un día después del anuncio del acuerdo con el FMI, un alto funcionario se regodeaba en su despacho de la Casa Rosada con la suba del 4% del índice Merval y la baja del riesgo país, al tiempo que ensayaba una conclusión: "Les hablamos a los mercados con cierto éxito. Ahora, tenemos que hablarle a la gente".

 

Fundado el 4 de agosto de 2003

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