Justicia

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El martes se publicará en el Boletín Oficial las reformas y los jueces deberán decidir, con esta reducción de argumentos, quiénes quedarán libres durante el proceso.

Alrededor de 40 personas fueron procesadas por el delito de contrabando.

 

La bicameral de implementación del código procesal penal solicitó implementar una serie de artículos en todo el país, entre ellos el que regula las detenciones en primera instancia.

El Congreso tuvo un miércoles de cambio de época, con la proclamación de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como la fórmula electa, el triunfo del gobierno en el pronunciamiento sobre la crisis de Bolivia y, más silencioso, en una resolución que pude cambiar el destino de los ex funcionarios detenidos.

La bicameral de implementación del Código Procesal Penal se reunió después de mucho tiempo y firmó una resolución para solicitar que en todo el país se implementen 11 artículos que en algunas provincias no se estaban teniendo en cuenta.

El más relevante es el artículo 210, que en su inciso K establece que la prisión preventiva sólo será posible cuando otros nueve elementos no se hayan cumplido, como la promesa del candidato de someterse a un procedimiento y no obstaculizar la investigación, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen".

Antes de las detenciones deberá esperarse que se cumpla la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; la prohibición de salir sin autorización previa del ámbito territorial que se determine; la retención de documentos de viaje, la de concurrir a determinadas reuniones, de visitar ciertos lugares y de comunicarse o acercarse a determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

También se solicitará el abandono inmediato del domicilio, si se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima conviviera con el imputado; la prestación por sí o por un tercero de una caución real o personal adecuada, que podrá ser voluntariamente suplida por la contratación de un seguro de caución, a satisfacción del juez y la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física.

También se contemplará el arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga; que establece claros límites a las prisiones preventivas, al recordar que la sentencia debe ser siempre definitiva, "absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones que no incidan en la decisión".

La resolución solicita aplicar el artículo 21, que habilita a recurrir cualquier sanción penal, "que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión", una opción que sólo tenían en Salta y Jujuy porque en el resto de los tribunales no se implementaba.

Además de las pautas para ordenar las prisiones preventivas, la resolución dispone que se implementen también otras previsiones novedosas del nuevo código, como la conciliación penal y el principio de oportunidad, que faculta a la fiscalía a no impulsar, por ejemplo, investigaciones por hechos insignificantes (en la Justicia Penal argentina se llegó a llevar adelante un largo proceso por el hurto de un pedazo de queso).

La conciliación permite que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo en casos de delitos "con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas" o de "delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte".

La resolución de ayer pone en vigor también nuevos derechos de las víctimas, como ser escuchadas "antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal", una opción que sólo era válida para Salta y Jujuy, motivo de planteos judiciales por todo el país. La resolución plantea además que el Código tendrá etapa de implementación plena en Mendoza y Rosario.

 

Una comisión bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal dispuso que se implementen los artículos vinculados a las detenciones de imputados sin condena firme

 

El fiscal federal Carlos Stornelli cambió de abogado defensor en la causa por “asociación ilícita” que tramita en Dolores: Roberto Ribas, quien lo asistió hasta hoy, presentó la renuncia y será reemplazado por Juan Martín Cerolini.

 

El presidente electo analiza cómo terminar con su hegemonía. La propuesta de Gustavo Beliz.

Alberto Fernández analiza cómo hacer para licuar el poder de Comodoro Py. Desde que se anunció su candidatura hasta que se consagró la victoria, nunca ocultó sus críticas a algunos jueces que tiene muy apuntados.

En su círculo íntimo, el presidente electo cuestiona a los 12 jueces que cree que condicionan la democracia argentina, yendo para un lado y para otro según indiquen los tiempos políticos. Lo cierto es que todavía no tomó una definición sobre cómo avanzar sobre esto.

Existen, en paralelo, dos discusiones. Por un lado se menciona una propuesta de Gustavo Beliz, que se convirtió en una de las caras de la "transición" elegida por el albertismo. El ex ministro ocupará un rol importante en el próximo gobierno, aunque es probable que no encabece ninguna cartera y Justicia quedaría en manos de Marcela Losardo.

Fuentes al tanto de las negociaciones confiaron a LPO que la propuesta de Beliz consiste en nacionalizar los 60 juzgados de instrucción nacional. El objetivo es sacarle la hegemonía a los tribunales de Py, que monopolizan las causas. Considera que la justicia nacional terminó siendo un híbrido concentrado en la Ciudad.

Como la Cámara de Casación Penal de la Ciudad tiene tres salas, estaría bajo análisis si se federalizan todas o solo una de ellas, para que también pueda haber una segunda instancia. Beliz arrastra este proyecto desde que era ministro e incluso algunos mencionan que fue una de las verdaderas causas por las que terminó apartado.

Un sector del albertismo considera que este proyecto de Beliz sería inviable y repiten que hay que cumplir con la ley que fija el sistema acusatorio. Por eso promueven otro proyecto, similar al sistema de la provincia de Buenos Aires, donde el juez es un magistrado de garantías que garantiza el debido proceso y los derechos de las partes, pero no instruye. Es decir, no avanza en la investigación.

Este modelo, que es similar al de la justicia estadounidense, le sacaría poder a los jueces y se lo otorgaría a los fiscales. El planteo ya abre algunas críticas, porque hay quienes plantean que lo que terminaría pasando es multiplicar a fiscales como Carlos Stornelli llenándolos de competencias. Sin embargo, los impulsores de esta idea plantean que los fiscales dependen del procurador, que será nombrado por el Presidente. Es decir, la Casa Rosada se garantizaría -de modo indirecto- una incidencia sobre la investigación.

Ante estas disyuntivas, el presidente electo podría terminar no avanzando con ninguna de las dos propuestas y que lo que finalmente suceda es que eche o amenace con echar a algunos jueces para "disciplinar" al sector. En el albertismo ya arrancaron la discusión, pero saben que cualquier medida podría quedar frenada porque aún falta la opinión de Cristina Kirchner, clave para avanzar en el tema.

 

El fiscal Gerardo Pollicita ya pidió que procesen al financista Ernesto Clarens y a otros sospechosos ligados al empresario por maniobras con obras viales.

 

La Cámara falló contra la funcionaria macrista que se resistía a dar información a la Auditoría General.

         

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy el fallo con el que un juez le había ordenado a la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso entregar información a la Auditoría General de la Nación (AGN) que le había sido reclamada, revelaron fuentes judiciales.

La AGN había requerido a la oficina que conduce Alonso, que no oculta su militancia macrista pese a ocupar un cargo anticorrupción, el listado de denuncias presentadas por el organismo ante la Justicia, según consta en el fallo de la sala III del tribunal de apelaciones.

Los camaristas Jorge Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco rechazaron la apelación presentada por la OA contra el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que a mediados de septiembre le había ordenado al organismo entregar la información el plazo de 15 días.

"La parte demandada no ha logrado enervar -mediante las argumentaciones intentadas- la existencia de excepción alguna que impidiera en el caso el acceso a la información solicitada por la Auditoría General dela Nación", sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones.

También remarcaron que la OA no logró demostrar "que hubiese cumplido en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado" por la AGN por lo que "corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia".

 

 

Casación hizo lugar a las recusaciones contra la jueza Garmendia, que investigaba las denuncias de Carrió contra el ex gobernador.

La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires falló a favor del ex gobernador Daniel Scioli y varios de sus colaboradores y apartó por "sospecha legítima de parcialidad" a la jueza María Inés Garmendia de la investigación a la que son sometidos por presuntos lavado de dinero y desvío de fondos.

Se dispuso "hacer lugar a las recusaciones articuladas contra la señora jueza titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Plata, doctora María Inés Garmendia, sin costas", escribieron los camaristas Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello.

Garmendia es la titular del Juzgado de Garantías número 5 departamental, que investigaba a Scioli y otros ex funcionarios -entre ellos Alberto Pérez, Guillermo Scarcella y Walter Carbone-, a partir de una denuncia de Elisa Carrió.

"Este temor fundado o sospecha legítima de parcialidad es justamente el que se verifica en el caso sometido a tratamiento, toda vez que se presentan en el ‘sub lite' elementos suficientes para temer que la señora Garmendia ha abandonado su rol de tercero imparcial", aseguró la resolución judicial.

El fallo se produjo "contra la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal Departamento Judicial La Plata que, con fecha 6 de noviembre de 2018, resolvió por mayoría no hacer lugar a las recusaciones promovidas en la causa caratulada ‘Elisa Carrió s/ denuncia'".

La defensa de los ex funcionarios había planteado que la "carencia de objetividad de la magistrada, la clara falta de imparcialidad e incluso, la no autorizada pretendida injerencia en potestades que son exclusivas y excluyentes del Ministerio Público Fiscal para motivarlo a modificar su inter imputativo, son múltiples y, analizados en su conjunto, dan suficiente plafón para que la misma sea apartada de seguir conociendo en la presente causa".

Los abogados defensores indicaron que desde "los albores de la presente causa, momento en el que los letrados asistentes de quienes siquiera eran todavía imputados, debieron requerir a la Cámara de Apelación y Garantías departamental su intervención virtualmente preliminar, para corregir los primeros desatinos de la señora Jueza de Garantías en perjuicio de una correcta investigación y desamparo de los derechos de los investigados".

El denominador común de ese accionar se centró en que, señalaron los letrados en la causa, la magistrada "asumió virtualmente estrategias y posiciones imputativas cual jueza instructora, pretendiendo subsumir en varios casos la función del Ministerio Público Fiscal".

A la vez, sostuvieron que "otra actuación con sesgos ilegales y que linda con la clandestinidad fue la recepción por parte de la Jueza de pedidos de ciudadanos para ser tenidos como amicus curiaes".

Y concluyeron que "la única fuente por la cual el fiscal dispuso la producción probatoria fue la presentación de la autoreferida ‘amicus curiae' Elisa Carrió".

La denuncia fue presentada en 2016 por Carrió contra Scioli y sus ex funcionarios por presunto "lavado de activos" y "desvío de fondos" durante su gestión.

La Cámara deberá designar un nuevo juez para la causa, que está a la espera del juicio oral después de que el fiscal Álvaro Garganta diera por cerrada la etapa de instrucción.

Empezaron a peritar todas propiedades que compró el empresario K. Es una derivación de la causa de la Ruta del Dinero K. La investigación está a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán.

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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