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El reconocido periodista peruano también habló sobre el concepto de “golpe de estado” y de la estrategia de “victimización” del renunciado presidente boliviano

"La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral", sostuvo Almagro.

 

Tras un viaje lleno de obstáculos, el presidente saliente de Bolivia Evo Morales llegó hace unos momentos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo espera un grupo de simpatizantes con banderas y globos.

"Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones de 20 de octubre de este año empezó el golpe de Estado", con esas palabras, luego de un agradecimiento al pueblo mexicano, inició la conferencia de prensa Morales en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Luego de tres semanas, en las que quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, "en la última etapa, al golpe político cívico se sumó la policía nacional", agregó el exmandatario.

El presidente Andrés López Obrador dijo hoy sentirse "orgulloso" de encabezar un gobierno que garantice el derecho de asilo" tradicional a favor de Morales.

López Obrador elogió esta política que ha sido fuente de orgullo y de prestigio para el país desde hace varias décadas, poco antes del arribo a México de Morales.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, al referirse a la controversia que ha suscitado la salida de Morales en América Latina, dijo que no hay razón para que el asunto "confronte" a los gobiernos de la región.

Ebrard descartó la posibilidad de que el gobierno estadounidense reclame a México por el otorgamiento del asilo al mandatario obligado a renunciar el domingo por las Fuerzas Armadas de su país en medio de una crisis derivada de las accidentadas elecciones del pasado 20 de octubre.

El periplo

Según el jefe de la diplomacia mexicana, el operativo para sacar a Morales fue "como un viaje por la política latinoamericana y cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren".

En la ida, Perú otorgó la autorización de vuelo y el avión bajó a recargar combustible y a lograr que las autoridades de Bolivia aceptaran que el avión mexicano entrara en su país.

Según el relato del canciller, hicieron un primer intento de vuelo a Bolivia pero les dijeron que el permiso obtenido "ya no era válido". Tras esperar en Lima varias horas, se logró que el comando de la Fuerza Aérea Boliviana, explicó, les otorgara el permiso válido. "Lo cual también dice quién tiene el poder en Bolivia", opinó.

Una vez aterrizado en Bolivia, donde recogieron a Morales, "el gobierno de Perú dio marcha atrás por razones políticas", indicó el funcionario, que precisó que a partir de ahí elaboraron "un plan B".

"Fue muy difícil y muy tenso porque en el aeropuerto donde estaba Evo ya había seguidores y simpatizantes de él alrededor del aeropuerto. Y dentro, (estaban) las Fuerzas Armadas de Bolivia", dijo el titular de la SRE, en el que calificó como un momento de gran "tensión".

En esa instancia, las autoridades mexicanas hablaron con Paraguay "para que se autorice parada técnica" en ese país, en una gestión que, según el diplomático, "nos ayudó mucho el presidente electo argentino, Alberto Fernández, que habló con el presidente de Paraguay".

Así, de Bolivia cruzaron hacia la capital de Paraguay y entonces ahí Perú autorizó cruzar su espacio aéreo pero no detenerse a recargar combustible.

Al no poder pasar por Bolivia, tuvieron que gestionar permisos con Brasil para así cruzar Perú, Ecuador y seguir, a través de aguas internacionales, hacia la Ciudad de México.

Finalmente, sobre las 2 de la madrugada hora de México (5 de la Argentina), el avión partió de Asunción.

"La última vicisitud es que hubo que rodear Ecuador porque estando en vuelo les dijeron que no les permitían cruzar el espacio aéreo. Hubo que rodear para entrar en aguas internacionales y poder continuar el vuelo", dijo Ebrard.

 

La Policía busca a Hugo Armando Carvajal, ausente de su residencia en Madrid desde el viernes, cuando se autorizó su entrega a EEUU.

Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial buscan desde el viernes al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Armando Carvajal. "El Pollo", como se conoce a este general venezolano de 59 años, no se encontraba en su residencia de Madrid cuando los agentes fueron a detenerlo, para cumplir con la orden de extradición a Estados Unidos, emitida el viernes pasado por la Audiencia Nacional.

El viernes, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulaba la decisión tomada previamente por la Sección Tercera del mismo tribunal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que rechazó esa misma extradición el 16 de septiembre, tras una vista celebrada cuatro días antes. Ese mismo día de mediados de septiembre salió Carvajal de la cárcel de Estremera, donde había ingresado en abril. Sus familiares le esperaron a la salida.

EE UU le reclama por haber colaborado presuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país norteamericano. En la solicitud de extradición, las autoridades norteamericanas afirman que el general que dirigió los servicios de inteligencia venezolanos tanto con el presidente fallecido Hugo Chávez como con el actual Nicolás Maduro, pretendía “inundar” Estados Unidos de cocaína, que supuestamente introducía con ayuda de la guerrilla colombiana.

El Gran Jurado la corte del distrito sur de Nueva York le imputa ser miembro desde 1999 de la organización de narcotraficantes el Cartel de los Soles, compuesto por oficiales venezolanos de alto rango. El objetivo de Carvajal era, además de enriquecerse, extender los efectos adversos de la cocaína por el país norteamericano, según Estados Unidos.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional entendió en septiembre que debía denegar la entrega al considerar que Estados Unidos realizaba su reclamación “por una motivación política”, dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana, y le reprochaba a la justicia norteamericana la escasa concreción en los cargos que le imputaban. La Fiscalía recurrió esa primera decisión por considerar que sí había “suficiente precisión” en la petición; y fue el pleno de la Audiencia el que la autorizó finalmente el viernes. La Policía Nacional le busca desde entonces, sin saber aún si ha logrado o no salir de España.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo en su comparecencia ante el tribunal español. Y explicó que quienes podían testificar en su favor en un potencial proceso judicial “están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, presos en México o muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba a mí las órdenes directas”. Carvajal dijo ser actualmente seguidor del opositor Juan Guaidó, y aseguró sentirse “perseguido” tanto en EE UU como en Venezuela por el presidente Maduro, a quien también sirvió un tiempo. “Le conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, dijo en referencia al líder chavista.

La Policía Nacional detuvo el pasado 12 de abril en Madrid al general venezolano que a finales de febrero rompió con el régimen de Nicolás Maduro y llamó a la rebelión. Fue una figura de primera línea de las Fuerzas Armadas, jefe de la contrainteligencia militar durante ocho años y diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Patricia Ortega Dolz

 

Albert Rivera quería ser el líder de la derecha frente a Sánchez y se fue a Colón a hacerse la foto más cara de la política española.

Uno de los más fieles colaboradores de Albert Rivera en la dirección de Ciudadanos me confió un día un convencimiento del líder del partido naranja que hoy me atrevo a revelar porque ha anunciado y además con grandeza su adiós a la política.

Rivera no quería ser una simple bisagra en la política española que un día pactara con el PP y otro con el PSOE. Su objetivo era ser presidente del gobierno y por lo tanto tenía que conseguir ser al menos segunda fuerza del país para encabezar una de las alternativas de gobierno.

"Si es para ser bisagra, no se quedará en política" me aseguró aquel día esta persona de confianza del líder naranja. En aquel momento, Ciudadanos mantenía con respiración asistida a Rajoy y estaba a punto de ganar las elecciones en Cataluña. Es probable que aquel espectacular triunfo, hace ahora solo dos años, hiciera pensar a Rivera que había llegado su momento.

De hecho, durante los primeros meses de 2018, Ciudadanos disputaba al PP la primera plaza en todas las encuestas con el PSOE sin levantar cabeza. Rivera pisaba todos los salones y tenía el apoyo y la admiración del microcosmos de Madrid, Ibex 35 incluido. Todo cambió el 25 de mayo de ese año, el día de la sentencia de la Gürtel que condenó al PP y precipitó la moción de censura de Pedro Sánchez.

Rivera dudó, retiró el apoyo a Rajoy, pero acabó votando en contra de la moción, provocado el primer gran desconcierto entre sus filas. Ciudadanos quedó noqueado en los primeros meses del gobierno de Sánchez, pero la durísima división interna que vivió el PP por la sucesión de Rajoy le dio una nueva oportunidad.

Rivera se fue directamente a por el PP endureciendo al máximo la oposición al gobierno del PSOE. Intentó un primer "sorpasso" a los populares en Andalucía que no le salió por poco y empezó a enredarse en las negociaciones con la extrema derecha de Vox.

En pleno frenesí patriótico se fue a Colón y se hizo la foto más cara de la política española. Quería ser el líder de la derecha española frente a Sánchez y allí estaba con Casado y Abascal.

La imagen fue un regalo para el PSOE que convocó las elecciones de abril para frenar al trifachito y las ganó. Rivera se volvió a quedar a un palmo de tocar tierra, a 200.000 votos de un PP en caída libre.

Sus 57 escaños hubieran sido el complemento perfecto para un gobierno con mayoría absoluta con el PSOE que no dependiera de los independentistas, pero de nuevo le asaltó la maldición de la bisagra y ni se movió de su rechazo total a un Sánchez que tampoco hizo ninguna señal de querer esa alianza.

Rivera se rebeló incluso ante los poderes económicos que le pidieron en publico y en privado que cediera y facilitara el gobierno de Sánchez. El Ibex empezó a darle la espalda y a no acompañarle en los famosos desayunos informativos de la capital.

Pese a ello, seguía convencido de que en unos meses sería el líder de la oposición, pero entonces comenzó a cometer errores: apuntaló al PP en feudos tan importantes como Madrid, Castilla y León o Murcia; Arrimadas dejó huérfano el partido en Cataluña; retiró en el último minuto el veto a Sánchez en un giro de nuevo desconcertante y en campaña se presentó como garantía del desbloqueo cuando había hecho lo contrario durante meses.

Su desplome ha sido histórico y vivido en directo encuesta a encuesta. Los votantes de la derecha que confiaron en él ante el independentismo y la corrupción del PP han vuelto a las filas de Casado y sobre todo se han refugiado en Vox y los que en su día habían llegado del PSOE ya no estaban.

Rivera se ha ido tras un durísimo batacazo electoral, no será presidente del gobierno como era su objetivo y encima deja a su partido con muy pocas opciones de ser al menos bisagra.

 

 

Los líderes del PSOE y Podemos anunciarán un preacuerdo para la formación de un Gobierno de izquierda.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman el primer Gobierno de coalición de la democracia española por el que el líder de Podemos se convertiría en vicepresidente de Gobierno, según adelantó en exclusiva LPO. Los dos dirigentes han hecho el anuncio en el Congreso de los Diputados con una declaración conjunta que ha terminado con un abrazo. Ambos líderes buscan escenificar sintonía después de la guerra abierta mantenida en las negociaciones de Gobierno del pasado verano. Iglesias ha prometido "lealtad" y Sánchez, "un Gobierno para cuatro años".

Menos de 48 horas después de las elecciones, Sánchez avanza hacia un Gobierno de coalición que se forjó con total secretismo. Este mismo martes por la tarde Iglesias acudió a Moncloa a reunirse en secreto con el presidente en funciones en Moncloa, donde pactaron la Vicepresidencia para el líder morado a propuesta del propio Pablo Iglesias.

Ambos líderes han dado una rueda de prensa conjunta sin preguntas en el Congreso, donde se han lanzado agradecimientos mutuos y donde Pablo Iglesias ha pedido dejar atrás "los reproches". El líder del PSOE anunció que con este preacuerdo quiere conformar un "Gobierno progresista, estable y para cuatro años".

En las próximas semanas, ambos mandatarios trabajarán en el programa y en la estructura de Gobierno, que sólo desvelarán con Pedro Sánchez investido. El líder del PSOE señaló que "el acuerdo no fue posible en las anteriores elecciones y somos conscientes de la decepción entre los votantes progresistas. El proyecto político supera cualquier tipo de desencuentro que podamos haber tenido en los últimos meses. Nuestro país necesita un nuevo Gobierno que eche a andar cuanto antes".

El documento firmado incluye los puntos programáticos en los que PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo, conforme a sus programas electorales y anuncian que el documento está abierto para que, durante esta semana, puedan sumarse el resto de fuerzas y sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas anuncian reuniones para esta semana con las distintas fuerzas, excluyendo a Vox.

Entre los ejes principales del acuerdo figuran "consolidar el crecimiento y la creación de empleo; trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción; luchar contra el cambio climático; fortalecer las pequeñas y medianas empresas y /los/las autónomos; reconocer la muerte digna y la eutanasia; asegurar la cultura como derecho y fomentar el deporte; impulsar políticas feministas; revertir la despoblación; garantizar la convivencia en Cataluña así como la justicia fiscal y lograr el equilibrio presupuestario".

Los dos líderes, en rueda de prensa, firmaron el preacuerdo para gobernar España, a falta de que se unan el resto de formaciones para sacar la investidura adelante. Iglesias dijo que "lo que en abril era una oportunidad histórica, se habría convertido en una necesidad histórica. El líder de la formación morada enterró su malestar con el PSOE asegurando que "es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar para mejorar la vida de nuestros compatriotas. Sánchez sabe que podrá contar con nuestra lealtad".

"Este nuevo gobierno será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas y porque va a trabajar por el progreso de España. Lo único que no cabrá será el odio y la confrontación entre españoles", recalcó Sánchez en clara alusión a su veto a Vox.

"España necesita un Gobierno estable y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca un único recorrido. Agradezco la colaboración de Iglesias y su partido que marca la línea de este gobierno que va a trabajar por el progreso de España y de los que lo necesitan", zanjó el líder socialista fundiéndose en un abrazo con Pablo Iglesias.

Ambos mandatarios estuvieron acompañados por los principales miembros más cercanos de sus respectivos equipos en la cuarta planta, un salón comedor de gala, del Congreso de los Diputados. Una rueda de prensa anunciada con sólo media hora de antelación, para sorpresa de los periodistas. Los detalles del futuro Gobierno se adelantarán después de la investidura para evitar que la polémica se centre en los sillones. El anuncio supone un cambio significativo en el panorama político a 48 horas de haber votado las cuartas elecciones en cuatro años.

El pacto del abrazo entre Sánchez e Iglesias es una fórmula de coalición que ya se intentó en verano y en la que fue vetado en aquella ocasión Pablo Iglesias.

La ultraderecha es la gran ganadora de las elecciones en España y el PSOE retrocede

El líder del PSOE cumple así su compromiso de llegar un acuerdo a las 48 horas siguientes a las elecciones generales, donde los socialistas perdieron apoyos y quedaron en 120 diputados, mientras Unidas Podemos cayó a los 35. La suma de ambas fuerzas necesitaría de las fuerzas independentistas o del apoyo de Ciudadanos y media docena de fuerzas minoritarias. Esta última opción se presenta como más improbable dado que en 2016 Podemos ya rechazó un acuerdo donde estuviera presente el partido naranja, que se encuentra además sin dirección política con capacidad de decidir sobre pactos.

Si en verano fueron dos equipos negociadores quienes tomaron las riendas de los acuerdos, esta vez sería un grupo reducido de personas entre los que se encuentran los propios Sánchez e Iglesias además de figuras como Irene Montero o el asesor del presidente en funciones, Iván Redondo, que estuvo presente en la reunión del lunes en Moncloa y el secretario de Presidencia, Félix Bolaños.

En las últimas semanas el líder socialista justificó la no inclusión de Podemos en el Gobierno asegurando que muchos españoles "no podrían dormir tranquilos". Una frase que hizo las delicias de Pablo Iglesias en campaña y de la que ahora el presiente en funciones tendría que retractarse.

 

Lunes, 11 Noviembre 2019 00:00

Evo Morales dimite como presidente de Bolivia

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El mandatario presenta su renuncia tras la auditoría de la OEA que demuestra el fraude electoral en octubre y la «sugerencia» del jefe de las Fuerzas Armadas para que renunciara.

Evo Morales, ha anunciado su dimisión como presidente de Bolivia este domingo, poco después de que el jefe de las Fuerzas Armadas «sugiriera» que renunciara.

«Nuestro gran deseo es que vuelva la paz social (...). el mundo entero que sepa cómo grupos oligárquico conspiran contra la democracia», aseguró Morales en su discurso de renuncia en televisión. El mandatario boliviano pone fin así a cerca de 14 años en el poder, en medio de la mayor crisis política que había atravesado durante ese periodo. Junto con su marcha se produce también la del vicepresidente, Álvaro García Linera.

Horas antes se había conocido una auditoría demoledora de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se demuestra el fraude electoral en las elecciones del pasado 20 de octubre, lo que llevó a anunciar la repetición de los comicios en una fecha no concretada.

El jefe del Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, «sugirió» a Evo Morales que dimitiera en una rueda de prensa. «Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia», afirmó Kaliman.

El texto leído por Kaliman subraya la «escalada del conflicto que atraviesa el país» y argumenta que «velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución política del estado, en conformidad al artículo 20 de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas», «sugieren» la renuncia de Morales.

Kaliman se refirió además al «pueblo boliviano y sectores movilizados» a los que instan a «deponer las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias».

 

 

 

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció ayer la convocatoria de un Congreso extraordinario y formaliza hoy su dimisión al frente del partido y su renuncia al acta de diputado.

En un país demasiado acostumbrado a asumir los fracasos electorales con normalidad, Albert Rivera ha dado hoy ejemplo al presentar al Comité Ejecutivo su dimisión y su renuncia al acta de diputado tras la debacle electoral de Ciudadanos (Cs), que cayó ayer a la irrelevancia al perder 47 de sus 57 escaños. A más de las once de la noche ya anunció ayer en la sede nacional del partido la convocatoria de un Congreso extraordinario para elegir líder.

No confirmó entonces si él se presentaría a la reelección, pero hoy ha dimitido entre aplausos de un Comité Ejecutivo extraordinario reunido en la quinta planta del edificio que tiene Cs en la madrileña calle de Alcalá. «Nunca me he tapado la cara, nunca me he escondido», ha dicho en una declaración sin preguntas.

El ya ex líder de los liberales no ha analizado ninguna de las razones del batacazo electoral de Cs, aunque sí ha asumido las responsabilidades en primera persona después de caer de los 57 a los diez escaños. Los éxitos son de todos, pero el fracaso es solo del máximo responsable, ha dicho.

Rivera dimite «por responsabilidad y coherencia» y porque los éxitos de un partido «son de todos» pero los malos resultados «son del líder». El fundador de Ciudadanos ha informado de que además de dimitir como presidente del partido y renunciar a su escaño de diputado, abandona la vida política. «Ser diputado no es una nómina, es un honor», ha dicho para explicar por qué da este paso atrás.

Razones para dimitir

Las miradas se dirigen ahora a Inés Arrimadas, favorita en la sucesión, aunque será el Congreso extraordinario de Cs quien decida quién asume los mandos de los liberales.

La llegada a la reunión de hoy en el Comité Ejecutivo reflejaba ya la gravedad de la situación en la que se halla Cs, que ha pasado de poder sumar con el PSOE para formar un gobierno con mayoría absoluta a caer a una sexta posición que le aleja del foco mediático y de la capacidad de influir en la gobernabilidad de España.

El crítico Francisco Igea, antes de la reunión, ha cargado contra la estrategia de Cs por haber abandonado el centro, haberse posicionado en uno de los dos bloques y haberse situado en «una de las trincheras». El vicepresidente de Castilla y León, que pactó con el PP en su comunidad en vez de con el PSOE obligado por la dirección nacional de su partido, ha lamentado que Cs ha dejado de ser «útil» a los españoles, por lo que ha pedido, más que hablar de liderazgo, corregir el rumbo.

Críticas a Rivera

Pero quizás el dirigente que más pistas ha dado a su entrada ha sido el secretario de Comunicación liberal, Fernando de Páramo, uno de los hombres de más confianza de Rivera. Ha sido crítico y ha afirmado que en su partido no iban a poner «excusas», como sí han hecho en otras formaciones después de encajar malos resultados electorales. «Nosotros no vamos a poner excusas como han hecho otros cuando han sacado malos resultados. Los vamos a afrontar y estoy convencido de que también habrá que asumir responsabilidades», ha sentenciado.

El último precedente a Rivera fue el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba, que preparó su sucesión al quedarse el PSOE en tan solo 110 diputados. Pedro Sánchez no lo hizo ni con 90 ni con 85 escaños y solo se fue para mantener su particular «no es no» a Mariano Rajoy.

Debacle en las elecciones

Marcos de Quinto, José Manuel Villegas, Miguel Gutiérrez, Edmundo Bal, José Ramón Bauzá, Toni Cantó, César Zafra, Sara Giménez, Daniel Pérez, Lorena Roldán... los dirigentes liberales se sucedían y emplazaban a una explicación posterior a la reunión. La dimisión de Rivera, casi obligada por los resultados, duele en un partido acostumbrado a su hiperliderazgo y que siempre ha confiado ciegamente en él. También los nuevos fichajes, que han dicho públicamente que dieron el salto a Cs por la capacidad de Rivera de «seducirles» con su proyecto.

Habrá que ver ahora cómo reflota Cs bajo una nueva presidencia, y sobre todo qué tono adquiere para intentar salvar un partido amenazado por su desplome. Es evidente que los críticos buscarán resituar al partido en el centro y habrá que ver el tono que adquiere el partido hacia Vox, formación a la que intentaban ignorar hasta ahora en público, pero que algún dirigente en privado calificaba como un problema para el país por sus posiciones extremas.

 

 

En media docena de provincias la Policía se pone de parte de la oposición, mientras los paros siguen en todo el país, y Morales llama al diálogo.

Ruido de sables dentro y fuera de los cuarteles. Motines y rebelión policial en media docena de provincias, paros indefinidos en buena parte de los nueve departamentos (equivalente a comunidades autónomas) que forman Bolivia y ausencia de agotamiento en la oposición y las calles, que exigen la renuncia de Evo Morales. Este es el escenario de las últimas horas en el país.

«Nuestra democracia está en peligro por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho». El mecanismo de difusión elegido por Evo Morales para escribir este mensaje fue su cuenta de Twitter.

Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho.

Al filo de la medianoche el mapa de Bolivia estaba salpicado de focos con disturbios y motines policiales. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, rechazaba declarar el estado de emergencia o toque de queda. Quizás, advertido del efecto contraproducente que tuvieron en Chile esas medidas. «Bajo ninguna circunstancia va a haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad», garantizó.

Dicho esto, añadió, «la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y en todo el país es de normalidad». Expresión de deseo más que realidad, las Fuerzas Armadas son leales al presidente, pero el malestar en el seno de los uniformados se reparte en proporciones similares al resultado electoral del 20 de octubre, que arrojó un dibujo del país partido a la mitad.

Con los militares, de momento, en silencio, es la Policía la que parece tomar la delantera para acorralar a Evo Morales. En Sucre, capital constitucional del país donde, entre gallos y medianoche, se elaboró hace una década larga, la actual Constitución que supuso la «refundación» de Bolivia, como proclamó en su día Morales, unidades policiales de base y algunos oficiales, se declararon a favor del pueblo que no acepta «el fraude electoral».

Con los rostros cubiertos con pasamontañas, los agentes salieron a las ventanas y puertas para exigir la dimisión del presidente y adherirse a la causa de la ciudadanía que no se resigna a un cuarto mandato consecutivo de Evo Morales. El comandante de la unidad ordenó su repliegue al interior de las dependencias y cuando pronunciaba un discurso de lealtad al Gobierno y negaba la existencia de un motín, sus hombres le dieron, materialmente, con la puerta en las narices y exhibieron banderas de Bolivia, según informa el diario «Página 7».

Escenas similares se vivieron en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, corazón de la rica «media luna» oriental (Tarija, Beni y Pando). En ambos departamentos, policías de base y oficiales se sublevaron contra el comandante general Vladimir Calderón y exigieron la renuncia de Evo Morales.

De ruido de fondo, lanzamiento de petardos y disparos al aire. Rondaban las seis de la tarde y la población se acercó a celebrar la rebelión. « ¡Policía, amigo, el pueblo está contigo!». En un intento por calmar los ánimos, Calderón dio un paso a un lado y designo a Jaime Zurtia como nuevo comandante pero fue en vano. Los amotinados –hasta el cierre de esta edición– no dieron un paso atrás.

«Fraude. Fuera Evo Morales». Los carteles colgaban en las terrazas de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba. La fotografía se repetía. Banderas bolivianas y un grupo de agentes con pasamontañas, inauguraron con ese acto la secuencia que siguió en otras unidades. Los motines siguieron el efecto dominó. En Oruro, ya entrada la noche, otra unidad se alzó en armas: «! Motín policial, motín policial!», gritaba los policías abrigados por el aplauso de la gente.

En Tarija un grupo de oficiales de Policía envalentonó al pueblo. « ¿Quién se cansa?», preguntó a los manifestantes. «! Nadie se cansa!» fue la respuesta en masa del gentío que no tira la toalla, después de casi tres semanas de movilizaciones. «El policía va estar con la sociedad, señores!», garantizaba el oficial. En Beni y Pando también se registraron episodios similares y en La Paz, sede del Gobierno, se reportaron «tensiones» durante la madrugada.

En este escenario de escalada de tensión el Gobierno acusa al líder cívico Luis Fernando Camacho y al expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, en las elecciones, Carlos Mesa, de provocar los disturbios que tienen al país en la cuerda floja de un estallido social que deje un reguero de muertos o termine en un «golpe de Estado», como denunció «el Evo», como conocían en el trópico de Cochabamba a uno de los últimos supervivientes del «eje bolivariano» original.

Cerco popular

Evo Morales siente que el cerco popular se estrecha y se aferra al poder. De momento, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. El proceso electoral en su conjunto y el escrutinio en particular no fueron claros ni transparentes y desataron el estallido social el mismo 20 de octubre.

Desde entonces Bolivia vive una crisis sin tregua. Fraude es la palabra que identifica aquellas elecciones que no convencen dentro (ni fuera del país) salvo al Gobierno, a Evo Morales, a su vicepresidente Álvaro García Linera y a las columnas del MAS, (Movimiento Al Socialismo). Un despliegue de soldados por el territorio equivaldría a reconocer el repudio manifiesto del pueblo que Evo Morales siempre usó como bandera para modificar la Constitución (que luego no respetó para ser reelecto), sacar adelante sus reformas (con éxito en el plano económico), y justificar su ambición, ya sin disimulos, de querer perpetuarse en el poder.

El indígena Juan Evo Morales Ayma se ha convertido en un cacique o caudillo que ya no puede exhibir el lema que identifica al Estado plurinacional: «La unión es la fuerza». El país está en pie de guerra, la violencia no cesa y él elige a las columnas del MAS como fuerza de choque antes que sacar a los uniformados.

El sábado, a las dos de la tarde, hora local (19.00 horas en España), Evo Morales volvió a hacer un llamamiento al diálogo. Poco después, una caravana de autobuses que se dirigían a La Paz era detenida y agredida con piedras y gases lacrimógenos por simpatizantes de Evo Morales. Había un importante número de heridos.

Carmen de Carlos

 

El presidente de Chile propone una política más social y cambios en la Constitución para frenar la gigantesca revuelta.

Sebastián Piñera (Santiago, 69 años), uno de los hombres más ricos de Chile y presidente del país en dos ocasiones, entre 2010 y 2014 y ahora, desde 2018, afronta una situación crítica. Una revuelta masiva y con altísimos niveles de violencia ha colocado al borde del abismo a una sociedad que, hasta hace solo un mes, era considerada una de las más estables y prósperas de Latinoamérica.

En esta entrevista, realizada el pasado jueves durante más de una hora en su despacho de La Moneda, Piñera admite la necesidad de construir un sistema más justo e igualitario, con una reforma constitucional o incluso una nueva Constitución, pero afirma que no caerá “en la tentación de la demagogia y el populismo”.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo puede resistir Chile esta protesta?

Respuesta. Cada persona hace su propia proyección y yo soy optimista. Creo que la democracia chilena, el Estado de derecho y el sentido común van a predominar. En Chile tenemos una paradoja: fue la colonia más pobre de España en América Latina y en los últimos 30 años vivió probablemente uno de los mejores periodos de su historia.

En 30 años logramos recuperar la democracia en forma ejemplar, logramos un proceso de crecimiento y desarrollo que nunca antes habíamos conocido, multiplicamos por cinco nuestro ingreso per cápita. Pasamos de la medianía de la tabla a encabezar todos los rankings de América Latina. La pobreza se redujo como en ningún otro país en América Latina, desde más del 60% a menos del 10%.

Logramos también reducir las desigualdades, menos de lo que quisiéramos, menos de lo que necesitamos, pero tendíamos hacia una sociedad más igualitaria. Y ahora hemos sufrido las tres semanas más violentas y disruptivas que yo recuerdo. ¿A qué obedece esta paradoja? He leído a los principales analistas elaborar todo tipo de teorías muy contradictorias unas con otras.

P. ¿Cómo se lo explica usted?

R. Yo estoy de acuerdo con todas las teorías a pesar que son contradictorias. Es una manera de expresar la confusión. Tengo mi propia hipótesis: el malestar del éxito. De las tres décadas de avance emergió una clase media amplia, pujante. Lo que pasa en Chile no se debe al alza de 30 pesos [cinco centavos de dólar; unos cuatro céntimos de euro] en el billete de Metro, sino que obedece a una realidad que venía empujando quizás hace 30 años y que no vamos a resolver en 30 días.

No supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades, menos abusos. En estas semanas hemos visto estallar ese clamor, y también hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados.

P. ¿De dónde proceden esos grupos?

R. Son de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, pero necesito pruebas para poder afirmarlo.

P. Usted en algún momento utilizó la palabra “guerra”.

R. Guerra contra la violencia, contra la delincuencia, contra el saqueo, contra la injusticia, contra la pobreza, por supuesto. Uno en la vida tiene causas por las cuales está dispuesto a luchar, como lograr que Chile sea un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, pero también tiene causas contra las cuales quiere luchar.

Decía que en esta ola de violencia participan grupos muy organizados que antes no conocíamos en Chile, a la cual se suman la delincuencia tradicional, el narcotráfico, los anarquistas y muchos más. Demostraron voluntad de destruirlo todo, sin respetar a nada ni a nadie. Quemaron y destruyeron la mitad de las estaciones de nuestro sistema de transporte subterráneo, vandalizaron más de 2.800 buses, quemaron cientos de supermercados, establecimientos comerciales, pequeños negocios.

Sin piedad, sin ninguna contemplación por nada. A esos grupos los vamos a identificar, los vamos a llevar a la justicia y van a responder por sus crímenes. Simultáneamente hubo otra situación, que fue la manifestación pacífica muy fuerte de los ciudadanos de Chile para exigir un país más justo, más igualitario, con menos privilegios.

¿Y el Gobierno que ha hecho? Atender las dos realidades. Combatimos la violencia con toda la fuerza de la Constitución. Una responsabilidad fundamental de todo Gobierno es proteger el orden público y proteger la seguridad ciudadana y eso es lo que hemos intentado hacer, con muchas dificultades, durante estas tres semanas. Pero al mismo tiempo pusimos en marcha una agenda social que recoge muchas de las peticiones de los chilenos: aumentar las pensiones y el ingreso mínimo garantizado, reducir los precios de servicios básicos como la electricidad, el transporte público y los peajes en las carreteras. También establecer más impuestos sobre los sectores de mayores ingresos para financiar esta agenda social.

P. ¿Estamos hablando de un cambio de modelo en Chile o simplemente de retoques?

R. El modelo en el cual yo creo, y voy a luchar para perfeccionarlo, es la democracia con libertad de expresión, con separación de poderes, con Estado de derecho, con respeto por las minorías. Creo en una economía libre, abierta, de mercado, competitiva. Creo también en un fuerte compromiso del Estado por luchar contra la pobreza y ofrecer mayor igualdad de oportunidades.

El otro modelo es el bolivariano, que ha traído en todos los países donde se ha aplicado sufrimiento, frustración, pérdida de libertad, estancamiento.

P. ¿No hay modelo intermedio? Usted habla de Estado social, pero ha hecho falta una explosión para que se acometieran ciertas reformas de las que no se hablaba dos meses atrás.

R. Nuestro programa de Gobierno, con el cual ganamos las elecciones, incluía una reforma de pensiones que estaba atascada en el Congreso desde hace más de un año y ahora saldrá adelante. Incluía también una profunda reforma del sistema de salud, tanto público como privado, para hacerlo más equitativo y de mejor calidad. Y una reforma a la educación.

Ahora nos damos cuenta de que la demanda social era más urgente y más profunda y hay que acelerar el ritmo, pero le quiero decir algo: uno de los riesgos cuando se dan estas situaciones es que los Gobiernos se transformen en demagogos, populistas e irresponsables y tiren la casa por la ventana. Con eso lo único que hacen es comprometer el futuro del país. Por eso tenemos que ser muy responsables y no destruir las bases de la economía. En estos tiempos de emergencia, el Gobierno tiene que tener muy claro el norte para no caer en la tentación de la demagogia y el populismo.

P. Volvamos a la violencia. ¿Quién destruyó el Metro, con pérdidas valoradas en 376 millones de dólares (unos 341 millones de euros)?

R. En 15 minutos, de forma coordinada y simultánea, incendiaron siete estaciones de metro. De 136 estaciones, 80 fueron quemadas, vandalizadas o destruidas. Eso no es algo espontáneo ni casual. Es la obra de grupos criminales organizados, pero naturalmente el investigar esta situación y el llevarlos a la Justicia y sancionarlos corresponde a las policías, a la Fiscalía y al Poder Judicial.

P. ¿Sospecha de agentes de regímenes adversos a su Gobierno?

R. No descarto nada. He recibido mucha información, alguna de ella de origen externo, que afirma que aquí hubo intervención de Gobiernos extranjeros. Pero quiero ser prudente, hemos entregado esa información a la Fiscalía, que es la que por mandato de la ley debe investigar los delitos en Chile.

P. Usted se puso a la cabeza de la arremetida regional contra el presidente Maduro. ¿Sus sospechas apuntan a Venezuela?

R. He escuchado lo que dijo un alto oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, he escuchado lo que dijo la OEA y muchas organizaciones muy respetadas. No descarto nada, pero como presidente de Chile tengo que ser prudente.

P. ¿Cree usted que Chile está en camino de normalización? Las protestas continúan.

R. El Estado tiene muchas responsabilidades en una democracia: resguardar el orden público, proteger la seguridad de los ciudadanos, proteger la libertad y los derechos de todos los chilenos. También tiene la obligación de respetar los derechos humanos.

Puedo decir lo siguiente: estas emergencias pueden desembocar de dos maneras. Una, como un gran incentivo. Las exigencias de los ciudadanos pueden servir para que el Gobierno y la sociedad entera trabajen con más urgencia por conseguir mayor justicia, mayor equidad.

Eso sería bueno para el país. Pero también puede ocurrir que esas demandas se canalicen fuera de la institucionalidad democrática y se transformen en un caldo de cultivo para la violencia, para la demagogia, para la delincuencia, para el populismo. Ese sería un muy mal camino.

P. Nadie duda de la calidad de la democracia chilena, pero se percibe una importante desafección. ¿Cómo se puede recuperar el interés de la ciudadanía por la política?

R. Es otra paradoja: tanto aprecio por la democracia y tanto desprecio por la política y por las instituciones de la República. No solamente en Chile. Lo vemos en España, en Europa, en muchos países del mundo. En el caso de Chile sin duda que se ha ido produciendo una especie de divorcio entre la ciudadanía, la política y los políticos y yo creo que eso tiene que hacer reflexionar a ambos lados.

Los políticos tienen que entender que no pueden defender privilegios, que tienen que trabajar más y mejor. Los ciudadanos también tienen que comprender que si caemos en la profecía autocumplida de que la política es una porquería, que no sirve para nada, que son todos corruptos o incompetentes, ¿quién va a querer estar en el mundo de la política? Los mejores se van a ir. ¿Quiénes van a quedar?

P. Hay numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, con 14 carabineros encausados por torturas, y hay grupos violentos que siguen destrozando las ciudades.

R. Los actos de violencia comenzaron el jueves 17 de octubre. Antes eran manifestaciones, incivilidades, evasión de pago. La violencia de verdad empezó el jueves 17 de octubre y el viernes 18 esto se desbordó. En pocos minutos quemaron siete estaciones de un Metro que nos costó sangre, sudor y lágrimas construir y que estábamos expandiendo para que llegara a casi todos los habitantes de Santiago.

La situación era tan compleja, había tantos atentados en tantos lugares distintos, con tanta potencia, con tanta planificación, con tanta maldad, que no se pudo controlar el orden público. En ese instante, como presidente de Chile, sentí el deber de recurrir a los instrumentos que la Constitución le otorga al presidente y decreté el estado de emergencia.

P. Sacar los militares a la calle tiene una gran carga simbólica en un país como Chile.

R. Lo que menos quiere un presidente es decretar estado de emergencia. Pero uno no hace lo que quiere, sino lo que debe. ¿Qué significa el estado de emergencia? Que el presidente designa a miembros de las Fuerzas Armadas como responsables máximos de las distintas zonas de emergencia, con el mandato de proteger el orden público.

La Constitución permite limitar el derecho a la movilidad y el derecho de reunión por un plazo máximo de 15 días. Pero cuando decretamos el estado de emergencia, aquí, en este mismo escritorio, nos reunimos con los principales ministros, con el jefe de la zona de emergencia de Santiago, el general Iturriaga, y tomamos todas las precauciones posibles para asegurar el respeto a los derechos humanos. Una emergencia es un periodo extraordinario con mucha violencia. Hay mil carabineros heridos.

P. Y muchos civiles heridos y personas con lesiones oculares [1.778 y 177, respectivamente, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos].

R. Y muchos civiles heridos, sí. Yo podría haber decretado el estado de emergencia y simplemente esperar que todo el mundo actuara de acuerdo a la ley. Pero de inmediato llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un órgano autónomo cuya misión por ley es proteger los derechos humanos, y dijimos: “Van a tener todas las facilidades, van a poder ingresar a todos los lugares, a las cárceles, a las comisarías, a los hospitales, a cualquier lugar”.

Luego llamamos a las Fuerzas Armadas y a los jefes de las zonas de emergencia para que se respetara íntegramente el protocolo de uso de la fuerza, que cumple con todos los estándares de derechos humanos a nivel mundial. Ese protocolo establece que la primera línea es la presencia de los Carabineros o de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden.

Segundo, dialogar y convencer. Tercero, si eso no es posible, el uso de algunos elementos disuasivos como los carros lanzadores de agua o las bombas lacrimógenas. Y solo en última instancia y si es estrictamente necesario, en lo que se llama la defensa propia privilegiada, el uso de escopetas de balines de goma que usan todas las policías del mundo.

Tomamos contacto con la Defensoría Pública para que cada detenido tuviera inmediatamente un abogado que protegiera sus derechos. Cuarto: hablamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, porque el Estado de derecho permaneció intacto, para que tuvieran especial diligencia y preocupación en este periodo de emergencia. Quinto: invité personalmente a la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y a Human Rights Watch para que enviaran misiones de observación a Chile. Sexto: adoptamos una política de transparencia total, toda la información se publica. Hay 60.000 carabineros en Chile y yo los he visto esforzarse con abnegación, con sacrificio, en proteger los derechos de las personas. Ahora bien, si alguno de ellos cometió excesos, no respetó los protocolos o cometió delitos, la Fiscalía investigará.

P. Usted votó por el no en el plebiscito a Pinochet de 1988 y, siendo presidente, se echó a buena parte de la derecha encima cuando habló de “los cómplices pasivos” de la dictadura, en referencia a los civiles. ¿Qué siente cuando se le acusa de violar los derechos humanos?

P. Es una acusación totalmente infundada. Hice lo posible por proteger a mis compatriotas de la violencia. Si no lo hubiera hecho y hubieran seguido quemando, no solamente estaciones de Metro, sino hospitales o aeropuertos, habría incumplido mi deber. Puedo asegurar que tomamos todas las providencias y precauciones para asegurar el respeto de los derechos humanos. Ahora, que en estas semanas de violencia pueden haberse cometido abusos, por supuesto que sí. Y tendrán que ser investigados y juzgados.

P. Usted admite la necesidad de reformar la Constitución. ¿Descarta por completo un periodo constituyente y una nueva Constitución?

R. Creo que es necesario modernizar y perfeccionar nuestra Constitución. En nuestro programa de Gobierno hay una propuesta de reforma y estamos dispuestos a debatir este asunto dentro de los canales de la democracia. ¿Cuál es el poder constituyente que existe en nuestro país? Nuestro país es una democracia, no una dictadura.

R. Lo que yo digo es que discutamos todas las reformas, y si esto termina en una modernización de la actual Constitución o en una nueva Constitución, formará parte del juego democrático. ¿Dónde debe darse? Dentro del marco que la propia democracia fijó para ese debate, que es el Congreso Nacional, el poder constituyente de nuestro país. Pero primero discutamos cuáles son los cambios que queremos y busquemos caminos de entendimiento. Los que quieren saltarse la institucionalidad democrática y fijar sus propias reglas del juego están atentando contra la democracia.

P. ¿Es saltarse las reglas del juego pedir un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere o no cambiar la Constitución y elija el mecanismo, como demandan algunos sectores en Chile?

R. Nuestro programa propone que cuando el Congreso logre un acuerdo de una nueva Constitución o de una Constitución modernizada, ese acuerdo sea ratificado por la ciudadanía a través de un plebiscito.

P. ¿Cuál es la principal objeción a la actual Constitución? ¿Qué querría cambiar usted?

R. Yo creo que se requiere un mejor equilibrio entre los distintos poderes del Estado, especialmente entre el Legislativo y el Ejecutivo.

P. ¿Menos presidencialismo?

R. Un mejor equilibrio. Ahora los poderes del Ejecutivo son excesivos en relación a los poderes que tiene el Legislativo. En segundo lugar, tiene que ser una Constitución que permita mayor participación de los ciudadanos, iniciativa popular de ley, plebiscitos comunales para que la ciudadanía pueda discutir y resolver temas que afectan a su calidad de vida. Yo tengo un proyecto de reforma constitucional, se lo puedo entregar ahora mismo, pero ¿dónde hay que discutirlo? Si somos democráticos tenemos que discutirlo dentro de las reglas de la democracia y en el Congreso.

P. ¿Aunque el Congreso esté desprestigiado?

R. Hoy día no hay ninguna institución en ninguna parte del mundo que tenga la confianza de la ciudadanía. Mire lo que ha pasado con la Iglesia, con las organizaciones deportivas, los Parlamentos, los tribunales, las Fuerzas Armadas, la policía.

En todas partes del mundo se ha producido un distanciamiento entre la ciudadanía y sus instituciones. Debemos usar los instrumentos que la propia democracia nos da para mejorar la calidad de la democracia y eso pasa por mejorar la calidad de las instituciones, por mejorar la calidad de los políticos. Por ejemplo, una de las reformas que nosotros estamos proponiendo, que es de rango constitucional, es reducir las dietas excesivas que reciben los parlamentarios en Chile. Los parlamentarios en Chile reciben una dieta por encima de todos los países de la OCDE y Chile no es el país más rico de la OCDE. También reducir el número de parlamentarios y eso ya está en marcha.

P. ¿Qué le parece el juicio de la derecha dura? José Antonio Kast dijo: “Qué ironía, el Gobierno de derecha que prometió los tiempos mejores, terminó con las calles llenas de violencia y delincuencia, subiendo los impuestos y de rodillas aprobando todas las reformas que quería la izquierda”.

R. Un comentario ajeno a la verdad y que aporta poco a lo que los chilenos necesitamos hoy día.

P. ¿Piensa que ese tipo de derecha crecerá o terminará triunfando la moderación?

R. Chile es y siempre ha sido un país moderado, por eso yo tengo mucha confianza que después de estas semanas de fiebre, recuperaremos nuestra naturaleza. Chile es un país que cada vez que ha tenido que enfrentar la adversidad, y nos ha tocado muchas veces (terremotos, maremotos, inundaciones) ha mostrado lo mejor de sí mismo.

P. ¿Habrá un antes y un después? ¿Será Chile distinto tras estos acontecimientos?

R. Chile cambió, todos hemos cambiado en estas semanas, y el presidente también.

P. ¿En qué sentido?

R. En que hemos entendido mejor el mensaje de la gente. Chile tuvo tres décadas notables, el llamado “milagro chileno”, y conquistamos la democracia en forma ejemplar. Normalmente el paso de Gobierno militar a Gobierno democrático genera caos económico y violencia social, pero no fue el caso de Chile. Además experimentamos un progreso económico monumental. Disminuimos la desigualdad, emergió una clase media fuerte, todo eso fue un gran logro, pero no fue suficiente. Debimos haber entendido que teníamos que distribuir mejor los frutos de de esa prosperidad. Esa es la lección que hemos aprendido ahora.

P. Un hombre como usted, acostumbrado al éxito en la política y en los negocios, ¿qué siente cuando tantos chilenos exigen su dimisión?

R. Chile es un país libre. Todos tienen derecho a pensar lo que quieran del Gobierno, del presidente, de los clubes deportivos. Yo respeto esa libertad. A quienes no respeto es a aquellos que pretenden ser los intérpretes de la ciudadanía. Esa gente no se da cuenta de que el malestar también va contra ellos.

P. Para algunos analistas, su Gobierno está simbólicamente acabado. Prometió crecimiento económico, y está reduciéndose. Buscó el apoyo de la clase media, y la clase media ha salido a la calle para protestar. Garantizó seguridad, y no la hay.

R. Se lo he escuchado a la oposición. Hay una enfermedad crónica de la democracia y que se está haciendo contagiosa en el mundo entero, la de pensar que la labor del Gobierno y la oposición es destruirse mutuamente, con lo que destruyen también la democracia y la convivencia.

Yo creo en una democracia en la que hay Gobierno y oposición, pero en la que ambos tratan de colaborar desde sus distintos puntos de vista para que el país avance hacia la dirección correcta. Déjeme hablar del crecimiento. Durante el Gobierno anterior, porque de ahí vienen los críticos, el país creció en promedio un 1,7% al año. La inversión y la productividad cayeron.

El año pasado, primero de nuestro Gobierno, la economía creció un 4%, liderando el crecimiento de América Latina y superando el crecimiento mundial. La inversión se recuperó fuertemente. Por lo tanto, fue un año de muchos logros en Chile. Creamos 70.000 nuevos empleos, se redujeron las desigualdades.

Este año, 2019, ha sido muy difícil porque la economía mundial se ha debilitado. Las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se han enfrascado en una guerra comercial y eso ha tenido un impacto brutal en Chile, un país muy abierto, y ha afectado el precio de nuestros principales productos de exportación, el cobre, la celulosa, la fruta. Nuestra expectativa de crecimiento era entre el 2,5% y el 3%.

Esa previsión ya no es válida porque estas tres semanas han provocado un daño gigantesco a la economía y no me refiero solamente al daño material, también ha reducido la confianza de los consumidores y los inversores. Tuvimos que cancelar la cumbre de APEC y la cumbre del clima, con dolor del alma. Creo que en el mes de octubre la tasa de crecimiento habrá sido negativa. Pero quiero decirles a los críticos, a los partidos de oposición, que formaron parte de Gobiernos anteriores y que ellos, como nosotros, tampoco fueron capaces de ver lo que hemos descubierto ahora con las manifestaciones.

P. ¿Cree usted que ha conseguido abrir canales de comunicación eficientes con la oposición?

R. Al principio fue muy difícil, porque vieron una oportunidad para sacar ventaja y toda propuesta del Gobierno era rechazada: “No es suficiente, nada es suficiente”. Hicimos un cambio de gabinete, cambiamos gran parte del equipo político: “No es suficiente”.

Presentamos una agenda social que significa un aumento del gasto en nuestro país como nunca antes había habido: “No es suficiente”. Ahora nos estamos dando cuenta de que llegó el momento de la responsabilidad democrática, del compromiso republicano, de la unidad, de la grandeza, no de la división ni de la pequeñez.

En los últimos días hemos hecho grandes avances con parte de la oposición. Porque hay una parte de la oposición que no tiene ninguna voluntad de colaborar, y hay otra parte de la oposición que a mi juicio está tomando actitudes más constructivas y nos ha permitido avanzar mucho en un acuerdo para sacar adelante la reforma de las pensiones, la reforma tributaria y, esperamos, muchas más. Para aprobar la agenda social y la agenda de orden público hacen falta leyes del Congreso, en el que somos minoría.

P. ¿Le preocupa el daño a la imagen internacional de Chile?

R. Por supuesto. Tengo en este momento un millón de preocupaciones, pero eso no significa que no tenga al mismo tiempo la capacidad de estar atento, de escuchar, de reaccionar, de tratar de encauzar estos difíciles tiempos que vive la sociedad chilena por el camino de la democracia, del diálogo, de los acuerdos, de las soluciones y no por el camino de incendiarlo todo, como algunos quieren.

Rocío Montes/Enric González

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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