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Fuego en las calles Los radicales incendiaron coches y pusieron en riesgo edificios en el Eixample de Barcelona.

Día 3 postsentencia 1-O. “La situación es gravísima”, confiesan en el Govern. Tres días de enfrentamientos entre manifestantes y policía, dos noches de disturbios y una acumulación de imágenes de altercados por diferentes ciudades de Catalunya.

Cientos de barricadas, decenas de detenidos y más de un centenar de heridos. Ayer hubo más fuego y más cargas policiales. Coches quemados y riesgo de propagación de los incendios por los portales de la calle Roger de Flor. Más barricadas en la calle Diputació, en Ausiàs March, Nàpols, en la Gran Via, el paseo Sant Joan... Los disturbios violentos también se reproducen en Girona, Lleida y Tarragona.

Los manifestantes habían puesto en su punto de mira al conseller de Interior, Miquel Buch , por el dispositivo policial para contener las manifestaciones. La convocatoria de los CDR se cebó con él y la sede de la conselleria pero el resultado volvió a ser devastador para la ciudad.

La ofensiva de ERC

El vicepresident ha contactado con la Moncloa para evitar medidas excepcionales

También para la imagen del Govern y su estabilidad. El president Quim Torra comparece hoy en el Parlament para exponer su respuesta política, pero fue su prolongado silencio ante las acciones de los violentos lo que lo puso en el centro de huracán.

Fue el propio Pedro Sánchez quien por segundo día consecutivo pretendía poner en evidencia al presidente de la Generalitat. “Ningún gobernante puede ocultar su fracaso con cortinas de humo y fuego”. El presidente, dijo, tiene “el deber moral y político” de condenar las actuaciones de los ­radicales que, en su escalada, su­maron ataques con ácido contra los agentes y cohetes contra el helicóptero.

Pasada la medianoche, entre nuevas imágenes de fuego y disturbios, el president se decidió a comparecer en TV3 para pedir que la violencia “se acabe ya”. “Condenamos la violencia. No se puede permitir” incidentes, aunque los atribuyó a “infiltrados” y “provocadores” frente a las marchas masivas de la ANC. “Serenidad, determinación, civismo y no violencia”, concluyó.

La declaración

El president comparece pasada la medianoche para pedir que la violencia acabe ya.

La incomodidad de Torra ante las imágenes de los Mossos cargando contra manifestantes no es nueva. Más aún cuando se producen atropellos por parte de los Mossos como anoche en Tarragona.

El president cedió el mando de las protestas a las entidades y ahora su Govern es víctima de las consecuencias: convocatorias anónimas con cientos de violentos campando por la ciudad. Y, pese a todo, ayer Torra decidió que la prioridad era sumarse en Girona a la primera etapa de las marxes per la llibertat convocadas por la ANC y Òmnium.

“Este Gobierno y su presidente está al lado de la gente”. Ni una referencia a los actos de violencia, ni una respuesta a las preguntas. “Es fantástico ver al pueblo movilizado”.

Y es que las protestas siguieron al margen del tono festivo de las marchas camino de Barcelona. Las de anoche eran el segundo capítulo de la batalla campal por la ciudad. Con más encapuchados, más material incendiario, más clavos, más palos, y hasta cócteles molotov y ácido.

Reunión en Palau

El gabinete de crisis pactó apoyar a los Mossos, pero Torra no cumplió en todo el día

El martes, entre hogueras y algaradas en el centro de Barcelona, el gobierno catalán optó por el silencio oficial durante la noche del martes a excepción de un tuit de Pere Aragonès y unas breves declaraciones de Meritxell Budó. Torra evidenciaban su incomodidad con las cargas policiales y daba señas de nerviosismo en sus comunicaciones con miembros del Govern, pero se limitó a convocar un gabinete de crisis para ayer por la mañana.

Mientras, la Moncloa daba un paso adelante a la hora de señalar un movimiento “coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia”. Fue también la Moncloa la primera en salir a defender el trabajo coordinado de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil bajo mando de la policía catalana.

El silencio oficial de la Generalitat contrastaba con el ruido de las redes sociales. El mainstream independentista buscaba culpables a la espiral de violencia que acabó por anular las movilizaciones convocadas por las entidades, y los sectores más radicalizados apuntaban directamente al conseller de Interior, Miquel Buch, por las cargas de los Mossos. También se pedía la dimisión del conseller desde la denominada war room del president y desde la dirección del PDECat se exigió a los cargos territoriales que no apoyaran peticiones de dimisión.

A pesar del desgaste, Buch no piensa en dejar el cargo por ahora pero tuvo que dar explicaciones ayer en el Palau de la Generalitat. La reunión convocada por Torra reunió pasadas las nueve de la mañana a Buch junto al vicepresident Aragonès, la consellera Budó y la consellera Ester Capella. También participó en encuentro el secretario general de Interior, Brauli Duart.

La reunión fue tensa pero no extensa. Se evaluó la situación se acordó hacer llamamientos para aislar a los violentos e involucrar a las entidades independentistas en esta tarea. Hasta los presos se pusieron a disposición para intentar aislar a los violentos. “No me representan”, tuitearon todos.

La amenaza

Los CDR ponen a Buch en su punto de mira con una movilización permanente

También se acordó defender la actuación de los Mossos, más allá de anunciar que se investigarán actuaciones irregulares. El compromiso de los presentes fue firme, pero Torra no se dio por aludido hasta la medianoche y sin informar previamente a sus socios de la declaración. Sí había condenado la violencia Budó: “las imágenes son intolerables, sin paliativos ni excusas”. También, de soslayo y con nocturnidad, Carles Puigdemont. Y Oriol Junqueras en un tuit: “nos necesitamos movilizados pero rechazando la violencia venga de donde venga”.

Por la mañana, Pere Aragonès puso el foco en la defensa de la policía catalana: “Estamos junto a los 17.000 mossos d’esquadra, la policía democrática que evalúa siempre sus actuaciones”. Fue el vicepresident quien hizo llamamientos a la “calma y la responsabilidad” de todas las instituciones y quien se pasó la mañana en el Palau de la Generalitat haciendo llamadas a UGT, CC.OO., Foment del Treball, el Cercle d’Economia, entre diferentes entidades, que le manifestaron preocupación por los altercados y una indignación generalizada y que compartieron con otros consellers del Govern.

Aragonès fue más allá. Mantuvo una larga conversación telefónica con la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo. Compartieron la voluntad de poner freno a los violentos, con los Mossos al mando, intentando alejar la posibilidad de la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana o un nuevo 155. No fue el único intercambio con la Moncloa en los últimos días.

Los comunicados

JxCat y ERC hacen equilibrios internos pidiendo expedientes en la policía catalana

También compartió con Pablo Iglesias la necesidad de defender a los Mossos frente a los radicales. El líder de Podemos defendió la necesidad de una solución dialogada para el conflicto catalán y rechazó, como hizo posteriormente ante Pedro Sánchez, la aplicación de medidas de excepción.

Aragonès alimenta las relaciones políticas pero en algunos de sus interlocutores, como en el PSC, persisten las dudas sobre la determinación de los republicanos y su giro pragmático. Y Pedro Sánchez mantiene abiertas todas las opciones. Los Mossos responden con contundencia al margen del Govern y preservan su autonomía en colaboración con la Policía Nacional.

El juego de equilibrios de esta semana dentro del Govern hace pensar a los socios que la legislatura tiene menos recorrido del previsto y que las elecciones en Catalunya podrían estar a la vuelta de la esquina en función del resultado del 10-N en Catalunya y las perspectivas de los republicanos de ser decisivos en Madrid. La convocatoria electoral es una de las opciones que ERC ha puesto sobre la mesa como una respuesta efectiva a la sentencia, aunque el compromiso inicial era esperar, al menos a la primavera.

La competencia electoral no permite aclarar el escenario a medio plazo pero sí da pistas sobre las dificultades de los socios del Govern para gestionar la contradicción que supone hacer llamamientos a la movilización cuando los violentos se apoderan de la calle.

Los CDR mantienen el compromiso de movilización permanente y la consigna ahora es lograr la dimisión de Buch, lo que causó divisiones incluso en JxCat que se intentaron zanjar con un comunicado en el que se condenaban los altercados, se apoyaba al conseller y a Torra y se reclamaba depurar responsabilidades en la policía catalana por diferentes incidentes.

En ERC también hubo contradicciones internas. El apoyo de Aragonès a los Mossos se intentó conjugar con un comunicado del partido en el que se exigía investigar las “actuaciones injustificadas” de los Mossos, y se reclamaba desde “la lealtad institucional” al Govern.

Los disturbios dificultan aún más una respuesta política conjunta a la sentencia. ERC ha pedido la creación de un equipo de crisis que sorprendentemente no existía y el 10-N se vislumbra como el campo de batalla de los socios del Govern.

Isabel García Pagan

 

Las "inconsistencias" en las filiales de México, Panamá y Colombia amenazan el negocio en toda la región. Los inversores estadounidenses evalúan los pasos a seguir.

         

El escándalo que sacude al Grupo Codere por las "inconsistencias" detectadas en las filiales de la compañía en México, Panamá y Colombia pone en riesgo las operaciones de la empresa en toda Latinoamérica. Según pudo saber LPO, los fondos de inversión estadounidenses -Silver Point, Abrams, Contrarian, y M&G- que controlan la multinacional del juego de origen español decidieron intervenir las "áreas conflictivas" y evalúan la conveniencia de seguir atados a una compañía con tantos riesgos de complicarse.

Las miradas apuntan a la gestión del español Carlos Villaseca, número dos de la compañía y responsable de la operación de Codere en México. Villaseca fue apartado de sus funciones aunque no será oficialmente desplazado de su cargo hasta que concluyan unas investigaciones que no deberían demorar más de dos semanas y que están siendo realizadas por una empresa auditora externa.

Las áreas de influencia de Villaseca están intervenidas por la dirección financiera corporativa para "garantizar la buena marcha" de los negocios, según pudo saber LPO. Al frente de las filiales quedaron Adolfo Cárpena y Ángel Corzo Uceda, actual director financiero (CFO) del grupo.

Ambos son hombres de confianza del argentino Vicente Di Loreto, el director general que fue puesto por los inversores que se hicieron con el control de la compañía tras desplazar a los hermanos Martínez Sampedro, miembros de la familia fundadora. El propio Di Loreto, junto al también argentino Bernardo Chena, está a cargo del Comité de Crisis que fue creado para "la superación de la situación".

Las consecuencias financieras

Codere está atravesando un momento de dificultades tras revelarse irregularidades en el reporte de resultados de contables de México, Panamá y Colombia. Un estudio preliminar arrojó un impacto entre los 13 y los 18 millones de euros sobre los resultados publicados en junio pasado, mientras que la expectativa de ebitda (beneficios brutos de explotación) sufriría un ajuste de unos 20 millones de euros en 2019.

Se trata de un eufemismo para señalar que al menos unos 20 millones de dólares de la caja de la empresa "desaparecieron", se supone en medio del caos administrativo -intencional o no- de la operación en México.

A raíz de esto, la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó esta semana la nota crediticia a Codere de B a B- con perspectiva negativa. La agencia incluso señaló que esto podría aportar incertidumbre a la refinanciación de 775 millones de euros en bonos que vencen en noviembre de 2021.

Desafíos en México, Argentina y España

El conflicto desatado en la empresa, que sufrió en las últimas jornadas importantes caídas en Bolsa, suma nuevos problemas a las dificultades que el grupo está atravesando en Latinoamérica.

En México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que no concederá nuevas licencias del juego en su sexenio, en lo que fue considerado un gesto a la Iglesia Católica. Además, en la Secretaría de Gobernación, según supo LPO, se está trabajando en endurecer los controles sobre esa industria que aporta unos 1.400 millones de euros al PIB mexicano.

La crisis también complica los planes de Codere en Argentina, donde la empresa podría quedar debilitada en su puja por acceder al negocio de las apuestas online en la populosa provincia de Buenos Aires.

El resultado electoral en Buenos Aires, donde el peronismo podría recuperar el poder de confirmarse la victoria del candidato Axel Kicillof en las primarias, frenó de momento la licitación del negocio que estaba impulsando la gobernadora macrista María Eugenia Vidal.

También en España se está incrementando la presión por la regulación del juego y recientemente se produjo una importante movilización en Madrid.

Los principales partidos políticos prevén en sus plataformas una mayor regulación del sector, que ha vivido un crecimiento exponencial en los últimos años. El Partido Socialista, actualmente en el Gobierno, propone "una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea similar a la de los productos del tabaco", aunque desde el sector señalan que la regulación corresponde a cada Comunidad.

Tomás Rudich

 

El expresidente abandonó el país con el doble de deuda pública, en recesión, con un déficit elevado y el paro en aumento.

La situación que vive Ecuador es consecuencia de la crisis económica propiciada por las políticas populistas de Rafael Correa, que en mayo de 2017 abandonó el poder dejando a su sucesor, Lenín Moreno, el indeseado papel de aplicar los recortes necesarios para enderezar de nuevo la economía del país. Correa más que duplicó el endeudamiento de Ecuador (hasta el 45% del PIB), dejó el país en crecimiento económico negativo (–1,2%), con un elevado déficit público (6,7%) y con el mayor paro desde la recesión internacional de 2008 (5,2%).

El sucesor de Correa tenía necesariamente que aplicar medidas de choque. Moreno las comenzó a adoptar de manera progresiva, pero al final se impuso la conveniencia de un mayor tijeretazo, lo que ha provocado movilizaciones sociales. Negociado un «rescate» de 10.200 millones de dólares en febrero, procedente del FMI y otros organismos internacionales, el 1 de octubre anunció un plan de recortes para ahorrar 2.270 millones de dólares al año, sobre todo retirando el subsidio a los carburantes. Era el decreto número 833 que Moreno acaba de retirar para su reformulación, tras las negociaciones abiertas con grupos indígenas que han liderado las protestas.

Sorprendió que Correa no repitiera su candidatura a la presidencia ecuatoriana en las elecciones de febrero de 2017. Aunque llevaba ya diez años en el poder, finalmente había forzado cambiar la ley para permitir una reelección indefinida, lo que, de todos modos, le estaba suponiendo un peligroso coste político.

Puede pensarse que prefirió elegir un sucesor que le guardara el puesto cuatro años y que se dedicara a la ingrata tarea de aplicar los imperiosos ajustes económicos. Luego Correa podría regresar como salvador de la situación, como el presidente de los buenos tiempos, y volver a sumar periodos presidenciales. Ese guion se está cumpliendo (menos en que Moreno vaya a cederle amigablemente el cetro).

La presidencia de Correa coincidió en gran parte con la «década de oro» de la economía de Sudamérica (2003-2013), empujada hacia arriba por el gran salto de los precios de las materias primas. Siendo la sudamericana una economía fundamentalmente extractiva, el notable aumento del precio del petróleo y de muchos minerales significó una época general de bonanza, independientemente del mandatario que hubiera al frente de cada gobierno. Ese «boom» sustentó el desarrollo y consolidación de los sistemas bolivarianos.

Parte de los enormes ingresos que tuvieron los Estados se destinó a programas sociales, si bien en ciertos países se hizo con criterios de clientelismo electoral, buscando la generación de «voto cautivo». En Ecuador hubo una importante inversión en carreteras, pero fue un gasto que alimentó la corrupción gubernamental (caso Odebrecht) y el despilfarro. No hubo una gestión pensando en ahorrar para el momento de vacas flacas y cuando se hundieron los precios del petróleo a mitad de 2014 la situación financiera del Estado se fue a pique.

Los picos máximos en los precios del crudo, primero en 2008 y luego en 2011 tras la superación de la recesión mundial, supusieron para Ecuador un crecimiento del PIB del 6,4% y del 7,9%, respectivamente, cifras realmente elevadas. Pero la caída de los precios redujo el crecimiento del PIB al 0,1% en 2015 y al -1,2% en 2016.

Correa rebajó inicialmente la deuda pública del país, hasta el 16,8% del PIB en 2011, pero desde entonces la deuda no paró de crecer, multiplicándose por 2,5 hasta alcanzar el 45,4% del PIB en el año en que Correa dejó la presidencia (la cifra ha ido aumentando y este año podría acercarse al 50%).

El paro llegó a un mínimo del 3,8% en 2014, pero subió al 4,8% en 2015 y al 5,2% en 2016. Moreno luego lo ha ido bajando (3,7% en 2018), pero dada la inestabilidad abierta se estima que este año volverá a subir.

Y en cuanto al déficit público, este ascendió hasta el 6,7% en 2016; después los recortes del gasto realizados por Moreno lo han ido reduciendo.

Con las arcas estatales vacías y la necesidad de aplicar las tijeras en el gasto, Moreno se vio obligado a los organismos financieros internacionales –FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo–, con los que en febrero de 2019 acordó un plan de rescate de 10.200 millones de dólares (nada menos que casi un 10% del PIB).

De esa cifra, 4.200 millones corresponden a un préstamo del FMI, que incrementa la deuda del Estado pero que al mismo tiempo debiera contribuir a la mejora del cuadro macroeconómico y la multiplicación de ingresos. Además, Ecuador ha acudido a los mercados internaciones con una emisión de deuda próxima a los 2.000 millones de dólares.

El auxilio del FMI ha requerido la aplicación de medidas aún más drásticas por parte de Moreno, concretadas en el «paquetazo» anunciado el pasado 1 de octubre, el cual desencadenó la ola de protestas violentas. El paquete pretendía lograr un ahorro de 2.270 millones de dólares al año, la mayor parte del cual debiera venir de la eliminación de subsidios a los carburantes (1.400 millones de ahorro al año) y de otras medidas como el incremento del IVA en una serie productos, flexibilización en la creación de puestos de trabajos temporales, reducción del tiempo de vacaciones pagadas para los empleados públicos y rebaja de aranceles sobre capitales y materias primas.

La eliminación de los subsidios a los carburantes, vigentes desde hace 47 años, suponía un incremento de 0,19 centavos de dólar para el galón (3,78 litros) de diésel y de 0,23 centavos para el de gasolina. La decisión desencadenó la protesta primero de los transportistas y luego la de los grupos indígenas. El Gobierno ha retirado el decreto que incluía esta medida, a la espera de compensar ciertos recortes con algunas ayudas sociales.

Emili J. Blasco

 

El tribunal aborda en su sentencia claves que marcan el camino a los independentistas.

La entidad de la violencia, la frontera entre la sedición y la rebelión, el derecho a decidir, la integridad territorial, los límites a los derechos fundamentales o a la acusación popular son algunos de los aspectos que se abordan en los 493 folios de la que ya es, sin duda, una de las sentencias más importantes de la democracia española. Estas son algunas de sus claves.

Por qué no hay rebelión y sí sedición

Para los magistrados hubo «indiscutibles» episodios de violencia, pero no fue «instrumental, funcional, preordenada de forma directa» a los fines de los condenados. Se dio «absoluta insuficiencia» del conjunto de actos previstos para imponer de hecho la independencia territorial y la derogación de la Constitución española en territorio catalán. Resalta el tribunal que para la puesta en peligro de los bienes jurídicos que están en juego en un delito de rebelión ha de ser real y no una «mera ensoñación del autor o un artificio engañoso para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana».

En definitiva, se trataba de una «fórmula de presión política sobre el Gobierno del Estado», porque sabían que no hay marco jurídico para una secesión lograda por la simple vía de hecho. Sí cometieron, sin embargo, un delito de sedición, que consiste en movilizar a la ciudadanía en un alzamiento público y tumultuario que, además, impide la aplicación de las leyes y obstaculiza el cumplimiento de las decisiones judiciales. Que sea un delito de orden público no impide incluir en su ámbito conductas de especial y cualificada gravedad, dice el Supremo, pues el elemento tendencial puede estar encaminado de igual forma «a subvertir el orden constitucional».

No hay un derecho a decidir

«Todo movimiento de secesión unilateral en una sociedad (...) es, por definición, un movimiento antidemocrático porque antidemocrático es destrozar las bases de un modelo constitucional». El Tribunal recuerda que el derecho a decidir no existe: «su realidad no es otra que la de una aspiración política». A ello se suma que el derecho de autodeterminación que contemplaban los condenados sería solo de una parte de la ciudadanía, «la que se dejó seducir por las llamadas del Govern a una votación que se presentaba falazmente como legítima». «La construcción de una república independiente exige la alteración forzada del sujeto de la soberanía», avisa el tribunal.

La sobreprotección de la unidad de España «no es una extravagancia» que singularice nuestro sistema constitucional. Los magistrados recuerdan que «la práctica totalidad de las constituciones europeas incluyen preceptos encaminados a reforzar la integridad del territorio sobre el que se asientan los respectivos Estados».

Sólo algunos exconsejeros malversaron

Pese a que hay un acuerdo de gobierno suscrito por todos los consejeros en el que asumían de forma solidaria todos los gastos que se promovieran por el Govern para la realización del referéndum, a algunos condenados se les ha eximido de este delito. Es el caso de Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Borràs, Joaquim Forn y Josep Rull. Dice el tribunal que no ha quedado acreditado que ninguno de ellos pusieran la estructura de los departamentos que dirigían al servicio de gastos concretos justificados para la celebración del referéndum ilegal. Por contra, el resto de los consejeros sí «ejecutaron actos concretos de dispendio económico».

Desobediencia en el Parlament

A propósito de la actuación de Forcadell, y en lo que puede extrapolarse a la senda que parece retomado Roger Torrent en el Parlament, la Sala señala que el blindaje democrático que proporciona la prerrogativa de la inviolabilidad no extiende su protección a «actos intencionados de rechazo de las decisiones del Tribunal Constitucional». Y añade que el acto parlamentario que se aparta de su genuina funcionalidad y se convierte en el vehículo para desobedecer lo resuelto por el TC no es un acto amparado por el derecho».

Sin cortapisas para el tercer grado

El tribunal rechaza la petición de la Fiscalía de prohibir la clasificación en tercer grado de los condenados antes de cumplir la mitad de la pena. La Fiscalía trataba de blindar así al menos el cumplimiento de la mitad de la condena. La Sala señala que esto supondría anticiparse a decisiones de la administración penitenciaria, que «ya tienen su cauce impugnativo ordinario y pueden ser objeto de revisión». El artículo 36.2 del Código Penal al que apelaba la Fiscalía permite al tribunal efectuar un pronóstico de peligrosidad para evitar que se vuelvan a vulnerar los mismos bienes jurídicos. En este sentido, la Sala considera que la inhabilitación ya cumple esa función.

Lo cierto es que ahora, tanto por la vía de la clasificación inicial que tiene que hacer servicios penitenciarios como por la del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, los independentistas podrían empezar desde el primer día a disfrutar de salidas diarias de prisión o permisos. La progresión de grado sería recurrible ante el tribunal sentenciador. No así la segunda vía, cuyo camino termina en la Audiencia de Barcelona.

Nati Villanueva

 

La decisión del presidente se produce entre críticas por su orden de retirar las fuerzas estadounidenses del norte de Siria despejando el camino al ataque turco contra los kurdos.

El presidente Donald Trump ha anunciado este lunes que impondrá aranceles al acero procedente de Turquía en castigo por sus “acciones desestabilizadoras en el noreste de Siria”. Además, autorizará “pronto” la imposición de sanciones contra oficiales del Gobierno y detendrá “inmediatamente” las negociaciones de cara a un acuerdo comercial con Turquía.

“La ofensiva militar de Turquía pone en peligro a los civiles y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad en la región. He sido perfectamente claro con el presidente [turco Recep Tayyip] Erdogan: la acción de Turquía está precipitando una crisis humanitaria y creando las condiciones para posibles crímenes de guerra”, afirma Trump en un comunicado.

 

“Desafortunadamente, Turquía no parece estar mitigando los efectos humanitarios de su invasión”, añade, y concluye: “Estoy totalmente preparado para destruir rápidamente la economía de Turquía si los líderes trucos continúan por este peligroso camino destructivo”.

El presidente ha hecho público el comunicado después de haberse reunido con sus consejeros por la mañana. No aclara cuándo podrán imponerse las sanciones ni a partir de qué momento entrarán en vigor los aranceles. Sí explica que estos gravámenes al acero “volverán a ser del 50%, el nivel anterior a la reducción de mayo”.

La Casa Blanca recortó en mayo los aranceles que impone al acero turco del 50% al 25%. Se habían subido al 50% el año pasado, como medida de presión en un conflicto a raíz de la detención de un clérigo estadounidense acusado por el Gobierno truco de espionaje. Turquía es el octavo país productor de acero y, en 2018, cerca del 5% de sus exportaciones de la aleación fueron a EE UU.

Respecto a la posibilidad de castigar a miembros del Gobierno, asegura Trump que promulgará "una orden ejecutiva que autorice la imposición de sanciones contra actuales y pasados oficiales del Gobierno de Turquía o cualesquiera personas que contribuyan a las acciones desestabilizadoras de Turquía en el noreste de Siria”. Habla de “un amplio rango de consecuencias”, que incluyen “sanciones financieras, bloqueo de propiedades y la prohibición de entrar en Estados Unidos”.

El anuncio se produce poco después de que, este domingo, el secretario de Defensa Mark Esper confirmara que la práctica totalidad de las tropas estadounidenses se marcharán del norte de Siria (cerca de un millar de efectivos), cumpliendo órdenes del presidente.

La semana pasada, Turquía inició una ofensiva militar en el norte de Siria contra las milicias kurdas, fieles aliados de los estadounidenses en su lucha contra el Estado Islámico en la región. La ofensiva fue facilitada por la decisión de Trump de despejar el camino a las tropas turcas, retirando el medio centenar de soldados que tenía en la zona.

La decisión de Trump de abandonar a su suerte a los aliados kurdos produjo un fuerte rechazo en Washington, incluso entre legisladores republicanos que han apoyado siempre al presidente. Los congresistas llevan días presionando al Gobierno con iniciativas bipartidistas encaminadas a imponer sanciones a Turquía.

Pablo Guimón

 

El candidato demócrata lo acusa de haber “violado las responsabilidades de su cargo, traicionado a esta Nación y cometido actos que merecen un proceso de destitución”.

El ex vicepresidente y aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden se ha mostrado por primera vez a favor del impeachment a Donald Trump por abuso de poder para lograr la reelección, después de varios meses de oponerse a ese proceso que ahora impulsa su partido en el Congreso. “Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionado a esta nación y cometido actos que merecen un proceso de destitución. Debería ser sometido a un impeachment”, dijo Biden durante un acto de campaña en Rochester (Nuevo Hampshire, noreste de EE.UU.).

Biden, que está empatado con la senadora demócrata Elizabeth Warren en lo alto de las encuestas previas a las primarias de 2020, aparcaba así las reservas que había expresado hasta ahora respecto a la posibilidad de que el Congreso abra un juicio político a Trump a raíz de la investigación que han abierto los demócratas.

El cambio en la postura de Biden es especialmente significativo porque la investigación abierta en la Cámara de Representantes se centra precisamente en las presiones de Trump al Gobierno de Ucrania para que indagara la posibilidad de que el propio ex vicepresidente y su hijo, Hunter, hubieran protagonizado actos corruptos en ese país.

“EE.UU. no puede tener a un presidente que abusará de cualquier poder del que disponga con el objetivo de ser reelegido”

Trump “está agujereando nuestra Constitución, y no podemos dejarle que se salga con la suya”, subrayó Biden. Aseguró que ya van tres veces “que se sepa” en las que Trump ha buscado la ayuda de un gobierno extranjero para llegar o mantenerse en el poder, y subrayó que eso es “antiestadounidense”.

“Trump no solo nos está poniendo a prueba, se está riendo de nosotros. No tiene ningún sentido de la decencia (...) Tenemos que demostrar que se equivoca. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de este momento”, subrayó.

“EE.UU. no puede tener a un presidente que abusará de cualquier poder del que disponga con el objetivo de ser reelegido”, recalcó Biden, quien agregó que Trump es “un cobarde” que “tiene miedo de hasta qué punto” él le vencerá en las elecciones presidenciales de 2020.

Trump defiende su inocencia y acusa a Biden de “patético”

La respuesta de Trump llegó, como suele ser habitual, en forma de tuit. En un mensaje difundido en su perfil el presidente estadounidense tildó a Biden de “patético” y defendió su inocencia. “Es tan patético ver a Sleepy Joe Biden, quien con su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense, ha estafado al menos a dos países por millones de dólares, pidiendo mi destitución, y no hice nada malo. ¡La campaña fallida de Joe no le ha dado otra opción!”, tuiteó.

Por su parte, Biden respondió con otro mensaje de Twitter en el que le pidió “dejar de obstaculizar el Congreso”, “honrar” su juramento y “respetar la Constitución”. “Y hablando de contribuyentes, he publicado 21 años de mis declaraciones de impuestos. ¿Y tú?”

Hasta ahora, mientras muchos de sus rivales en las primarias demócratas respaldaban abiertamente la posibilidad de un juicio político a Trump, Biden había afirmado que este debía iniciarse solo si el presidente se negaba a cooperar con los comités que le investigan de la Cámara de Representantes.

Esa posibilidad quedó descartada el martes, cuando la Casa Blanca envió una carta a los líderes demócratas en la Cámara de Representantes para avisar de que Trump no cooperará en las peticiones de quienes le investigan, al considerar que el proceso es “ilegítimo” y el bloqueo la comparecencia ante la Cámara Baja de un testigo central en la investigación demócrata para abrir el juicio político en su contra.

“Me encantaría enviar al Embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, a testificar, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal totalmente parcial, donde se ha despojado a los republicanos de sus derechos y no se permite que los hechos verdaderos salgan a la luz pública”, tuiteó.

El 24 de septiembre, Pelosi anunció el inicio de una investigación de juicio político contra Trump por las revelaciones sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y Zelenski, en el que el estadounidense pidió al ucraniano que investigara a Biden y a su hijo. La llamada provocó que un funcionario -supuestamente un agente de la CIA- presentase una queja interna, que tras semanas de pugna entre el Congreso y el Gobierno se hizo pública y provocó el comienzo del proceso para un juicio político.

 

 

Los indígenas retienen a periodistas y policías, y piden la salida del presidente Moreno.

¿Hay infiltrados chavistas en las protestas de Ecuador?

La tensa calma que marcó el inicio del día después de la huelga general, al pasar de la paralización total a una lenta reanimación del comercio y la circulación del transporte, se transformó en alta tensión cuando los indígenas concentrados en Quito denunciaron hoy la muerte de tres manifestantes, en condiciones aún no esclarecidas.

Concentrados en el ágora de la casa de la Cultura, los indígenas anunciaron que no habrá ningún acuerdo mientras no se sancione a los responsables de estas muertes. Hubo discursos subidos de tono con críticas al presidente, Lenín Moreno, contra quien enfilaron los ataques, que el miércoles se trasladó a Quito tras haber mudado el Gobierno a Guayaquil el lunes. Hasta llegaron a exigirle que abandonara el cargo.

La tensión nacional se transformó en angustia cuando en los canales de televisión se pudo ver que ocho policías que habían sido retenidos por los manifestantes, eran «juzgados» en vivo y en directo. Luego se supo que los periodistas de televisión fueron obligados a abrir la señal y transmitir.

El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, dijo más tarde, que los muertos son dos personas. Una, atropellada por un conductor amedrentado por los manifestantes, y otra, por una caída y un golpe en la cabeza en las manifestaciones del jueves en Quito. Además, señaló que hay 27 periodistas retenidos, dentro del ágora. Horas después, la Defensora del Pueblo confirmaba la muerte de cinco personas en las protestas.

Mientras tanto, el diálogo que se lleva adelante bajo el auspicio de Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y la Academia está en un momento delicado. Tanto el Gobierno cuanto la dirigencia indígena ponen condiciones. César Augusto Briones dijo que el proceso de diálogo pasa por la liberación de los periodistas y los policías.

El presidente de la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), Jaime Vargas, no solo ya no habla de diálogo, sino que anuncia la radicalización de la protesta. De origen amazónico, Vargas dijo que «cerrarán las llaves del petróleo», campos ubicados en la Amazonía. «Si tienen que matarme, que me maten», dramatizó.

Los observadores no dudan de que las movilizaciones son movidas con fines políticos. En plena vigencia del toque de queda parcial (se aplica a las inmediaciones de instalaciones estratégicas y entidades públicas), la noche del miércoles un grupo de manifestantes intentó tomar La Balbina, un recinto militar, ubicado en Sangolquí, cercano a Quito, porque presumían que allí se encontraba el presidente Moreno. No pudieron cumplir su cometido pues fueron neutralizados por los miembros de la Brigada de Aviación del Ejército 15 «Paquisha».

La mano de Maduro

«Es evidente que el movimiento indígena fue instrumentado, fue infiltrado por el correísmo», sostiene Ramiro Rivera, exparlamentario y analista, quien asegura que el movimiento indígena nunca ha practicado la violencia, sino la resistencia. Rivera revela que hay un informe de un órgano de Seguridad del Estado que da cuenta de que la mayor cantidad de sitios web que incentivaron el paro, auparon la violencia y buscaron el derrocamiento de Lenín Moreno, provienen de Venezuela.

La represión ha sido el talón de Aquiles del Gobierno. De varios sectores se habla del uso excesivo de la fuerza. El ataque con gases lacrimógenos a las universidades Católica y Salesiana, que albergan a los indígenas, ha sido rechazado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió disculpas.

Thalia Flores

 

Dos hombres de negocios de Florida, nacidos en las repúblicas soviéticas, aportaron fondos para la reelección que luego se usaron para investigar a Joe Biden.

Dos empresarios vinculados a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, fueron detenidos el miércoles por la noche en el aeropuerto de Dulles, a las afueras de Washington, cuando intentaban abandonar el país con destino a Viena, según informa Reuters y el diario The Wall Street Journal.

 

Los detenidos, el empresario de origen ucraniano Lev Parnas y el inversor inmobiliario bielorruso Igor Fruman, aportaron dinero a un comité de recogida de fondos para la reelección de Donald Trump. Esos fondos fueron utilizados en el escándalo de Ucrania en el que Giuliani supuestamente orquestó la investigación sobre Joe Biden y su hijo y que ha conducido a la apertura de un proceso de destitución del presidente.

Parnas y Fruman son dos importantes testigos en la investigación de la Cámara de Representantes que precede al impeachment. El primero debía comparecer hoy jueves ante los comités de la Cámara y, el segundo, mañana viernes, aunque no se esperaba que ninguno lo hiciera de forma voluntaria.

Según informa el diario The Wall Street Journal, ambos hombres están acusados de haber violado las reglas de financiación de campaña. Según se lee en el escrito de acusación, están acusados de ser parte de una trama para "canalizar dinero extranjero a candidatos para oficinas federales y estatales".

Una de las actividades que relaciona a Parnas y Fruman con Giuliani es la exitosa maniobra para echar de su cargo a la entonces embajadora de Estados Unidos en Rusia, Marie Yovanovitch. Con la diplomática fuera de juego, supuestamente Giuliani podría presionar, en nombre de Trump, a los fiscales ucranianos para conseguir información que manchara el nombre de los Biden. En el extracto de la llamada telefónica de Trump al presidente de Ucrania que se hizo público, el presidente de Estados Unidos hace una mención a la embajadora eliminada de su cargo.

Los dos empresarios habrían actuado en Ucrania como emisarios de Giuliani cuando este buscaba obtener información que dañase al candidato demócrata a la nominación para la Casa Blanca, Joe Biden. Parnas conocía desde hace años a Giuliani y habría ayudado al exalcalde de Nueva York a que los fiscales ucranios le dieran información relevante sobre el demócrata y su hijo, Hunter Biden, según informa The New York Times.

Lev Parnas e Igor Fruman nacieron en las antiguas repúblicas soviéticas y ahora son dos hombres de negocios de Florida nacionalizados estadounidenses. Giuliani identificó el pasado mes de mayo a los dos hombres como clientes suyos.

Con su base de negocios en Florida, ambos hombres son ejecutivos de una compañía de energía que donó 325.000 dólares en 2018 para un supercomité de acción política del presidente, Donald Trump.

Esta donación desató una denuncia por parte de un organismo vigilante de la financiación de campañas a la Comisión Federal Electoral. Según informa el Times, el pasado mes Giuliani restó importancia a la investigación que se llevaba a cabo sobre sus dos colaboradores. “Tienen un asunto de financiación de campaña”, dijo el abogado, que añadió que les había referido a un experto en campañas que “prácticamente lo había resuelto”.

Yolanda Monge

 

Georgieva anuncia en su primer discurso como jefa del Fondo que rebajará las previsiones de crecimiento globales para 2019 y 2020.

Es ya una tradición que el jefe del FMI se anticipe a la asamblea anual del organismo y anuncie una semana antes por dónde irán los tiros de la reunión que congrega a la flor y nata de las finanzas mundiales. En 2018, la entonces directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, dio la voz de aviso de que los problemas aumentaban.

“El clima de la economía global está empezando a cambiar”, alertó. Un año después, los peores augurios se confirman. El organismo rebajará la próxima semana sus previsiones para 2019 y 2020. “La desaceleración generalizada hará que el crecimiento caiga este año a su tasa más baja desde principios de la década”, dijo el martes en Washington la nueva cara visible del FMI, Kristalina Georgieva.

Se esperaba con interés el primer gran discurso de la recién elegida directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y Georgieva no defraudó.

La búlgara mandó unos cuantos mensajes de calado. Como que el 90% de los países del mundo experimentará este año un crecimiento inferior al de 2018. O que las tensiones comerciales ya están teniendo un efecto cuantificable: el próximo año restarán al crecimiento global unos 700.000 millones de dólares (640.000 millones de euros), una cantidad equivalente al PIB de un país como Suiza. En esta cifra se incluyen tanto las pérdidas directas ligadas a los aranceles como sus efectos secundarios (pérdida de confianza o caídas en los mercados). También alertó de que la escalada proteccionista amenaza con tener efectos a largo plazo, que podrían lastrar la economía durante toda una generación.

De paso, la ex vicepresidenta de la Comisión Europea y ex directora general del Banco Mundial lanzó dos ideas que pueden interpretarse como un decidido apoyo a los grandes bancos centrales del mundo. Y, de refilón, como un ataque indirecto a los Gobiernos de EE UU y Alemania. Georgieva destacó la importancia de respetar la independencia de los bancos centrales.

“Están bregando en todo el mundo en circunstancias difíciles. Su independencia es la base de una buena política monetaria”, dijo. No es ningún secreto que el presidente Donald Trump lleva meses socavando esta independencia con ataques brutales al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que ha llamado loco e inútil y ha acusado de remar en contra de su país.

El FMI también echa una mano al BCE, que lleva tiempo pidiendo a los Gobiernos de la eurozona con más margen para gastar que contribuyan a evitar una nueva crisis. Georgieva recogió este mensaje, poniéndole nombres y apellidos. “En países como Alemania, Corea del Sur y Países Bajos, un aumento del gasto —sobre todo en infraestructura e I+D— contribuiría a impulsar la demanda y el potencial de crecimiento”, aseguró.

El discurso de la mujer llamada a pilotar el Fondo durante los próximos cinco años se ha centrado en la necesidad de actuar antes de que la guerra comercial y shocks como el Brexit y otros riesgos geopolíticos vayan a más. Pero, al margen de cómo evolucionen estos problemas, el FMI reconoce que ya han hecho mucho daño.

Muro de Berlín digital

“La incertidumbre está frenando el potencial económico”, dijo Georgieva, que añadió que las “grietas” actuales podían provocar cambios que duren una generación. Y enumeró los daños colaterales: “Cadenas de suministro rotas, sectores comerciales compartimentados y un ‘muro de Berlín digital’ que fuerce a los países a elegir entre sistemas tecnológicos”, dijo, en una alusión al conflicto en torno a la tecnología 5G que enfrenta a la Administración Trump con la empresa china Huawei.

Como colofón, Georgieva parece estar pensando ya en males mayores. Dijo que si la economía mundial se desacelera más de lo que ahora se prevé, podría ser necesaria “una respuesta final coordinada”. Recuerda con esta frase a los inicios de la crisis financiera que comenzó hace más de una década, cuando el G20 reclamaba intervenciones públicas masivas o anunciaba el alumbramiento de un nuevo sistema financiero mundial. Todo esto parece aún lejos. Pero la nueva jefa del FMI sí llama a los países a actuar ya para evitar lo peor. “Si esperamos a la próxima crisis será muy tarde. Debemos actuar ahora”, concluyó.

LOS RIESGOS DE LA ERA DE LOS TIPOS DE INTERÉS ULTRABAJOS

Los bancos centrales más importantes del mundo pasan por momentos muy difíciles. El miércoles y jueves se publicarán las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal y del BCE. En ambos encuentros se vivieron grandes enfrentamientos entre partidarios y detractores de bajar aún más los tipos de interés. Kristalina Georgieva entró el martes en el debate, pero lo hizo de un modo ambiguo. “Cuando proceda, los bancos centrales deben mantener bajas las tasas de interés”, dijo. El problema es la interpretación de ese “cuando proceda”.

Georgieva abordó el muy espinoso tema de las repercusiones negativas de los bajos tipos de interés, de los que tanto se quejan las entidades financieras. Dijo que estos empujan a fondos de pensiones y compañías de seguros a realizar operaciones cada vez con más riesgo para alcanzar sus objetivos de rendimiento.

“Todo esto crea vulnerabilidades financieras. En algunos países, las empresas aprovechan los bajos tipos para acumular deuda y financiar fusiones y adquisiciones en lugar de invertir”, aseguró.

Y dio una cifra reveladora. Según los cálculos del Fondo, la deuda empresarial en riesgo de incumplimiento en caso de una desaceleración importante de la economía sería de 19 billones de dólares, el equivalente al 40% de la deuda total de las ocho mayores economías del mundo. La búlgara recordó que estas cifras superan los niveles habituales durante la crisis financiera.

Luis Doncel

 

El Palacio presidencial fue evacuado y el Ejecutivo de Lenín Moreno se mudó a Guayaquil.

Tras la llegada en camiones de cientos de indígenas al parque de El Arbolito en Quito, el palacio presidencial ha sido evacuado. El presidente Lenín Moreno, que mudó su administración a Guayaquil, acusa a su predecesor Rafael Correa de planificar con el presidente venezolano Nicolás Maduro la caída de su gobierno, en un Ecuador sumido en el caos.

El ingreso de miles de indígenas a la capital ecuatoriana relanzó las protestas (iniciadas la semana pasada por la suba del aumento de los combustibles) y la represión policial generando un clima de incertidumbre que obligó al presidente a anunciar en las últimas horas la evacuación del Palacio de Carondelet y el traslado de su gobierno a Guayaquil.

Desde esa ciudad, Moreno brindó un discurso a la ciudadanía trasmitido por televisión y radio para pedir calma y tender la mano a los grupos sociales, y al mismo tiempo, señalar al ex presidente Rafael Correa como el artífice de un supuesto "intento de golpe de Estado".

"Lo que ha sucedido no es una manifestación social de protesta frente a una decisión de gobierno. Aquí hay una manifestación política para romper el orden democrático", acusó Moreno antes de apuntarle a sus tradicionales oponentes estos dos últimos años.

Y agregó que hay "individuos externos pagados y organizados" para utilizar la movilización de los indígenas con fines de saqueo y desestabilización.

Correa responde

El ex presidente Rafael Correa no tardó en responder. "Dicen que somos golpistas, que queremos desestabilizar el Gobierno. Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces le ha dado la gana", dijo.

¿Qué pasa en Ecuador?

Correa apuntó que "la salida democrática para este problema" está en la Constitución y pasa por convocar elecciones, una potestad de la que dispone tanto el presidente como la Asamblea Nacional --si se logra una mayoría de dos tercios-- en caso de una "conmoción social" como la que vive Ecuador estos días.

"Así se resuelven los conflictos en democracia en las urnas", explicó el ex presidente, que se refugia de cargos de corrupción en Bélgica donde vive con su familia.

Hace apenas dos días, el gobierno de Ecuador pensaba haber sorteado lo más difícil de la crisis tras negociar el fin de la huelga de los transportistas, movilizados por la suba de la nafta. Sin embargo, el clima empeoró.

Tras la eliminación de los subsidios a los combustibles, el precio del pasaje de colectivo urbano debería subir de 5 a 10 centavos, según los cálculos del gobierno. El precio para personas de la tercera edad y estudiantes debe mantenerse. Los pasajes interprovinciales podrían subir hasta un tercio. En cadena nacional, el presidente justificó las medidas y lanzó un llamado al diálogo.

Pero tras la multiplicación de saqueos en empresas lecheras, floricultoras, haciendas de brócolis en varias provincias andinas del país, el gobierno denunció una tentativa de desestabilización.

“Algunas plantaciones de flores hoy en la mañana han sufrido la entrada de personas violentas para sacar a sus trabajadores y obligarlos a plegarse a la marcha. Eso no es protesta social”, dijo este lunes a la tarde Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de Moreno.

Durante el lunes miles de indígenas consiguieron ingresar a la capital ecuatoriana para sumarse a las masivas movilizaciones que suceden desde la semana pasada y que mutaron de una protesta contra de las políticas de ajuste ordenadas por el Fondo Monetario Internacional en una crisis institucional y política de magnitud.

Al igual que en las sucedidas días atrás, las protestas de este lunes en Quito tuvieron como protagonistas a grupos de izquierdas, sindicalistas y jóvenes de distintas afiliaciones políticas de oposición, a los que se sumaron los primeros miles de indígenas que consiguieron ingresar a la ciudad donde está convocada una movilización para este miércoles.

Más tarde, el régimen ordenó el desalojo del palacio presidencial en un centro histórico cercado por manifestantes y defendido por tanquetas. Moreno decidió instalar la sede del gobierno en la ciudad costera de Guayaquil dónde los grupos indígenas tienen menor presencia.

Rodeado de su vicepresidente, del ministro de Defensa y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el presidente ecuatoriano indicó que mantendrá las medidas económicas tomadas la semana pasada y acusó a su predecesor: “¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que (Rafael) Correa, Virgilio Hernández, (Ricardo) Patiño, (Paola) Pabón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de (Nicolás) Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, afirmó.

Frente a las acusaciones de hacer el juego del ex presidente Correa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador tomó distancias de éste, de sus antiguos ministros y partidarios acusados de oportunistas.

Afirmó no tener nada que ver con la tentativa de decenas de manifestantes de ocupar la Asamblea Nacional y la Procuraduría, donde reposan elementos de una indagación de corrupción en contra de Correa conocida como el caso Arroz Verde.

Fuentes: Eric Samson, corresponsal de RFI en Ecuador y EFE

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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