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La tasa se redujo al 3,5% en septiembre a partir de la creación de 136.000 nuevos puestos de trabajo.

A pesar de las señales de desaceleración económica, Estados Unidos volvió a alcanzar el menor índice de desempleo en 50 años. La marca ya había sido lograda por la gestión Trump en octubre del 2018 al descender la tasa al 3,7%, pero fue superada en mayo de este año cuando llegó al 3,6% y ahora alcanza un nuevo récord al retroceder al 3,5%.

Se trata del mes número 108 en el que el empleo crece de manera consecutiva en Estados Unidos, la racha más larga de la que se tenga registro. El nivel es considerado de "pleno empleo" desde hace varios meses y refleja los sólidos números macroeconómicos de la administración republicana, que sigue eludiendo las tendencias recesivas del mundo desde fines del 2018.

Los rubros más dinámicos del mercado de trabajo en septiembre fueron el sector de la salud con una creación de 39.000 vacantes, los servicios profesionales (34.000 empleos) y el sector público (22.000 empleos).

El presidente se jactó de sus logros e ironizó con el impeachment que está impulsando la oposición demócrata por el escándalo por sus conversaciones con el presidente de Ucrania, al que le habría pedido investigar a su rival Joe Biden.

A su vez, los salarios marcaron una suba interanual del 2,9%, muy superior a la inflación de 1,4% registrada en el mismo período, lo que emerge como otro de los motores de la fuerte demanda interna.

Con respecto a agosto, la población activa creció en 117.000 personas y las menores tasas de desempleo se observaron en asiáticos (2,5%), mujeres adultas (3,1%), hombres adultos (3,2%), hispanos (3,9%), afroamericanos (5,5%) y jóvenes (12,5%).

No obstante, la creación de 136.000 nuevos puestos de trabajo estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, que habían anticipado unos 147.000 nuevas vacantes. Esto se suma al último dato de la industria, que arrojó los peores valores en 10 años y comienza a encender alarmas.

 

 

«Consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas, es aprendizaje», ha indicado el líder chavista.

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, planteó este martes la posibilidad instalar huertos y gallineros en las escuelas como una vía para atajar la crisis de alimentos que sufre el país caribeño, y para enseñar a los estudiantes a «producir con sus manos».

«Los huertos escolares se los encargo a ustedes, muchachos. Toda escuela y liceo tiene un espacio, algunos tienen un espacio grande, el que tenga un espacio grande me pone también ahí animales, unas 200 gallinas, 300 gallinas», dijo Maduro en un acto con estudiantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

El mandatario señaló que estos pequeños espacios de producción agrícola podría ayudar a la dotación de los comedores escolares, que según la oposición dejaron de servir alimentos cuando se profundizó la crisis venezolana hace un lustro.

«Ustedes mismos hacen su corral, y cada escuela, cada liceo, (tiene) 300 gallinas», insistió. Maduro ofreció su propio ejemplo y dijo que él junto a la primera dama, Cilia Flores, mantiene un pequeño gallinero que atiende cada día. «Ellas ponen su ponedura, su postura, y nosotros agarramos esas posturas y las distribuimos entre los familiares. Eso es maravilloso», indicó. También dijo que a esta generación de jóvenes venezolanos le «mutilaron la capacidad productiva», por cuanto se hace necesario enseñarlos a producir "con sus manos".

«El ser humano se desarrolló, se evolucionó, porque aprendió a utilizar las manos, y con las manos, trabajando, desarrolló el cerebro», apuntó. «Yo le he dicho a la vicepresidenta: consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas, es aprendizaje», insistió. En ese sentido, pidió al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, que «apoyar»" la instalación de los huertos y gallineros en las escuelas.

No quedó claro cuando comenzaría a ejecutarse este programa o si se asignará algún presupuesto. Maduro ha dicho en el pasado que las escuelas del país deben contar con huertos, pero esta idea no ha llegado a materializarse.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por la mayor crisis económica de su historia moderna, con episodios cíclicos de desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas, así como hiperinflación.

La oposición acusa por los males a las políticas económicas de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, pero el líder chavista las traslada a las sanciones -que tacha como ilegales- que han recibido algunos de sus funcionarios y empresas estatales por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

 

 

Morena, del presidente López Obrador, propone la creación de Cannsalud, una empresa estatal que controlaría la producción y distribución a particulares y laboratorios farmacéuticos.

El México ha dado un nuevo paso hacia la legalización de la marihuana con la propuesta de crear una empresa pública que tienen el monopolio de la comercialización de la planta. El martes, Mario Delgado, coordinador del banco del Movimiento Nacional de Regeneración (Morena) en la Cámara de Diputados, presentó una reforma que incluye la creación de una empresa estatal dedicada a la compra y venta de cannabis, así como la posibilidad de que los mexicanos cultivar hasta seis plantas en sus hogares.

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El líder de Morena propuso que la empresa pública se llamara Cannsalud (una combinación de las palabras "cannabis" y "salud" en español) y, según el proyecto, se encargaría de comprar marihuana a los productores y venderla a los propietarios de franquicias, que a su vez los distribuiría al público. Además, la industria farmacéutica tendría que recurrir a la nueva compañía gubernamental para la elaboración de medicamentos previamente autorizados. La propuesta de Delgado va de la mano con lo que se está discutiendo en el Senado, pero incluye una diferencia: no se permitirá su consumo en lugares públicos.

La abrumadora mayoría de Morena en ambas cámaras permitirá que la legalización se apruebe sin complicaciones en una votación programada para este mes. Muchos legisladores consideran que la legalización de la marihuana podría ser un negocio lucrativo para las arcas, en un contexto global en el que México pretende convertirse en una potencia. El ex agente conservador Vicente Fox es uno de los principales defensores de la legalización, señalando, entre otras cosas, el negocio suculento que se escapa entre los dedos cada día que pasa sin un marco legal para comercializar la hierba.

La iniciativa de la Cámara de Diputados contempla que la autarquía de Cannsalud también produzca informes y estadísticas sobre la planta y su consumo: "Con esto, el mercado de cannabis no se deja a una regulación autónoma por parte de los individuos, sino que el Estado está involucrado como un supervisor y controlador constante de la actividad de esta sustancia, dentro de un margen legal que permite garantizar un beneficio para todos ", afirma el documento publicado en el diario oficial de la Cámara de Diputados.

El objetivo de Cannsalud será hacer que la verificación sanitaria de la planta sea más barata y fácil, registrar y sistematizar la información relacionada con la producción, los flujos, el volumen y la calidad del producto, y evitar la llegada masiva de grandes empresas que monopolizan el mercado o el organismo regulador.

"Este es un primer paso hacia la apertura de un nuevo mercado legal, y se propone una empresa pública como intermediario obligatorio para identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un nuevo mercado cuando ya hay intereses en el mercado internacional que buscan maximizar su utilidad más allá de proteger la salud de las personas ", dijo Delgado de la nueva compañía estatal.

Según Morena, el proyecto de ley impulsado por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador fue diseñado con énfasis en la salud, los derechos humanos y el autoconsumo. En este sentido, los individuos "pueden poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar sin licencia hasta seis plantas, siempre que estén destinadas al consumo personal, y también permitan compartirlas en el hogar". La iniciativa incluye exclusivamente el consumo y el autocultivo para adultos y prohíbe su uso en espacios públicos. "Con lo cual servimos más pacíficamente y con prudencia la controvertida situación que involucra el cannabis actualmente en nuestro país", dijo Delgado.

Hasta ahora, el Senado ha estado considerando una propuesta de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, que llegó a los comités de Justicia, Salud y Gobierno en las últimas semanas y se votará antes de fin de mes.

Actualmente la posesión de cannabis (hasta cinco gramos) está en el limbo legal. Aunque la detención está prohibida por este motivo, el delito aún está incluido en el código penal. Fue un fallo de la Corte Suprema en 2018 que obligó al Congreso a redactar reglamentos antes de finales de octubre de 2019. Es en el Senado, no en la Cámara, donde la medida tendrá que ser votada antes de que entre en vigor.

Sin embargo, el texto puede ser modificado por los Miembros. Según fuentes escuchadas en el Senado, el banco de Morena no sabía de antemano la propuesta de Delgado, que está haciendo campaña para la presidencia del partido. En el proyecto de ley del Senado, la agencia pública se llamaría Instituto Cannabis de Regulación y Control, pero en la propuesta de Delgado la convierte en una compañía pública llamada Cannsalud.

"Es un avance importante y sigue los modelos de otros países con respecto al control estatal de la planta y la creación de clubes de consumidores", dijo a EL COUNTRY Leopoldo Rivera, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Cannabis.

Rivera pertenece a una asociación que todos los martes y jueves se manifiesta frente al Senado con decenas de personas que exigen "profundizar en el tema del uso recreativo de la marihuana, para permitir a los usuarios el libre acceso a la planta. desde la semilla, y para evitar la creación de un registro de consumidores, según lo propuesto por la iniciativa de Sánchez Cordero. la marihuana socava los derechos fundamentales ", agrega Rivera,

Jacobo García

 

Sin margen político, Mercedes Aráoz descartó profundizar el conflicto de poderes y pidió que la Corte se expida sobre el cierre del Congreso.

La crisis en Perú sigue escalando. Sin margen de acción política y debilitada por el apoyo de la cúpula militar Mercedes Aráoz al presidente Martín Vizcarra, la "presidencia interina" Mercedes Aráoz renunció menos de 24 horas después de ser designada por el disuelto Congreso.

Aráoz renunció a la vicepresidencia y también como encargada de Gobierno ante la suspensión de Vizcarra votada por el Congreso, una medida que no tuvo ningún efecto ya que el presidente sigue en funciones.

Por medio de una carta difundida en su cuenta de Twitter, Aráoz se dirigió al titular del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, para informarle sobre su renuncia irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República debido a que "se ha roto el orden constitucional" en el país.

Conflicto de poderes en Perú: el Congreso nombra nueva presidenta y los militares respaldan a Vizcarra

"Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso", dijo la designada presidenta interina. Aráoz agregó que espera que su renuncia "conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país".

Aráoz, también legisladora, afirmó que buscará dialogar con Vizcarra para encontrar una salida a la crisis constitucional que llevó a tener dos líderes de Gobierno.

Más temprano, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que el Tribunal Constitucional de Perú debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas que hizo el presidente para zanjar una pugna entre el Gobierno y el Congreso.

"Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo por supuesto", declaró Aráoz a Reuters. Además dijo que ha tenido "conversaciones informales" con algunos organismos internacionales como la OEA, para ver el camino más adecuado para salir de la incertidumbre, pero no dio mayores detalles.

El presidente de Perú disolvió el Congreso y llamó a elecciones legislativas

"No he hablado con él (Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno", agregó Aráoz.

Vizcarra anunció el lunes que la elección del nuevo Parlamento será el 26 de enero del 2020, dentro de cuatro meses, tal como lo estipula la Constitución Política en el caso de una disolución del Legislativo.

Tras eso, unos 86 legisladores de los 130 del Congreso -dominado por el fujimorismo- aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por "incapacidad temporal".

 

 

La emisora irlandesa RTE ha informado que la sugerencia enviada a Bruselas por el Reino Unido llevaría a la construcción de puestos de control entre ocho y quince kilómetros de la frontera.

El pasado 31 de julio Boris Johnson cerró en el Ulster su primer viaje como primer ministro del Reino Unido con la promesa de que un Brexit duro no provocará el restablecimiento de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Sin embargo, la emisora irlandesa RTE asegura haber tenido acceso a un documento oficial de al menos cuatro páginas y que está entre las propuestas enviadas desde Londres a la UE, donde se detalla un plan para implantar aduanas y controles fronterizos en ambos países, así como dispositivos de rastreo de mercancías en tiempo real en caso de que el divorcio entre los británicos y la UE se produzca sin acuerdo. Según la emisora, los sitios de despacho de aduanas se ubicarían entre ocho y quince kilómetros tanto hacia el norte como hacia el sur de la frontera, con el fin de atender las importaciones y exportaciones.

Boris Johnson se apresuró a desmentir la información desde el congreso anual del Partido Conservador que se celebra en Manchester, asegurando que los documentos filtrados son falsos. A su vez, un portavoz de Downing Street señaló que «nada de lo que estamos proponiendo involucra controles en la frontera. Ese es un compromiso absoluto».

Es justamente el tema de las Irlandas el gran escollo del Brexit. Irlanda es una república independiente que forma parte de la Unión Europea e Irlanda del Norte un territorio que junto a Escocia, Gales e Inglaterra conforma el Reino Unido. Irlanda del Norte sufrió un sangriento conflicto entre 1968 y 1998 que acabó gracias al acuerdo de paz del Viernes Santo, firmado en Belfast en 1998 y que contempla como una de sus condiciones la ausencia de fronteras físicas entre ambos países.

Ivannia Salazar

 

La Casa Blanca y el fiscal general pretenden demostrar que todo fue una trampa de los demócratas.

Lo mejor está probablemente todavía por llegar en el pulso abierto entre la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos a raíz de la apertura de una investigación para el impeachment del presidente, Donald Trump, motivada por las revelaciones sobre sus presiones a Ucrania para que la justicia de este país le ayudara a buscar basura política sobre sus rivales políticos.

El Departamento de Justicia, en estrecha colaboración con la Casa Blanca, ha intensificado sus pesquisas sobre los orígenes de la investigación de contraespionaje abierta en el 2016, los últimos meses de la administración de Obama, en plena campaña electoral, con el fin de demostrar que todo fue una trampa de los demócratas.

Hoy se ha sabido que el presidente también pidió ayuda al primer ministro de Australia, Scott Morrison, aunque en este caso no para pedirle que indagara sobre rumores varios nunca sustanciados sobre al ex vicepresidente Joe Biden, y las elecciones del 2016, como hizo con Kíev en julio, sino para pedirle que su gobierno colabore con la investigación ya abierta por el Departamento de Justicia sobre el Rusiagate.

El detalle es relevante porque la demanda del presidente es justificable en el marco de la normal cooperación judicial entre los dos países pero deja en un lugar comprometido al fiscal general, William Barr, por la porosidad de las barreras institucionales que debería haber entre el Ministerio de Justicia y la Casa Blanca y su estrecha implicación en las pesquisas.

Trump habría pedido ayuda a Australia para desacreditar las conclusiones sobre la injerencia rusa en las elecciones

De acuerdo con The New York Times, que reveló las conversaciones, el presidente estadounidense ha pedido a Morrison que ayude a Barr a obtener informaciones que sirvan a su investigación, que pretende desacreditar las conclusiones sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. La Casa Blanca --al igual que hizo con la transcripción de la llamada entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenski— restringió el acceso a los registros de la conversación a un grupo de personas más reducido del habitual.

El interés de Washington en Australia estriba en que fue el representante de este país en Londres quien, tras charlar en un bar con un asesor de la campaña de Trump, George Papadopoulos, avisó a la justicia estadounidense de que el joven decía tener basura política sobre Hillary Clinton. Su fuente habría sido un misterioso profesor de origen maltés con lazos con Rusia, Joseph Mifsud, que está en paradero desconocido desde hace unos dos años.

Aquel chivatazo, sumado al asalto informático al servidor del Comité Nacional Demócrata, llevaron al FBI a abrir una operación sobre los intentos de Rusia de injerir en las elecciones y sus contactos con la campaña de Trump, pesquisas que luego fueron continuadas por el fiscal especial Robert Mueller. El presidente sostiene que todo fue una operación ideada por las cloacas del estado con fines partidistas para perjudicarle. De acuerdo con esta teoría, Misuf sería un agente de alguna agencia de Inteligencia occidental colocado para tender una trampa a Papadopoulos.

El Departamento de Justicia ha confirmado que en las últimas semanas Barr ha pedido al presidente que le ponga en contacto con funcionarios extranjeros de “varios países” que puedan facilitar sus pesquisas. Su reciente viaje a Italia estaba relacionado con esta contrainvestigación.

Las revelaciones se han producido esta madrugada, prácticamente al mismo tiempo que el secretario de Estado, Mike Pompeo, emprendía un viaje de una semana a Europa con un sorprendente invitado a bordo de su avión: Sebastian Gorka, un controvertido asesor de política antiterrorista cercano a los círculos de la extrema derecha estadounidense que fue despedido a los siete meses de comenzar la presidencia Trump por su exjefe de gabinete, el general John Kelly. Gorka, cercano a Steve Bannon, también caído en desgracia por las mismas fechas, es un defensor de la línea más dura del trumpismo y conocido aficionado a las teorías conspirativas.

El diario The Wall Street Journal ha revelado hoy que Pompeo estaba entre las personas que escucharon la conversación entre Trump y Zelenski. La noticia aumentará el escrutinio del Congreso sobre el papel del Departamento de Estado en las maniobras ucranianas de Trump, que también citó en repetidas ocasiones a Barr entre las personas que se pedía a Kíev contactar para responder a las peticiones de la Casa Blanca. Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, asegura que todas las gestiones que hizo sobre el tema fue en coordinación con la diplomacia estadounidense.

Beatriz Navarro

 

Ley prevista, medida de Martín Vizcarra frena la maniobra de oposición fujimorista para tomar el control del Tribunal Constitucional.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el lunes por la tarde la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista, después de un día que más que nunca reflejó el choque entre los poderes ejecutivo y legislativo. La medida, respaldada por la Constitución, llega horas después de que el presidente no pudo arrestar un controvertido nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. La Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que está bajo custodia por lavado de dinero, y el Partido Aprista han estado maniobrando durante días para tomar el control de la Corte.

El Congreso eligió a un magistrado de la Corte Constitucional el lunes, uno de los seis que serán reemplazados por el final de su mandato, en una votación desigual que descartó debatir una cuestión de confianza que el Ejecutivo anunció el viernes y presentó el lunes para mejorar. mecanismos para seleccionar candidatos para la Corte y asegurar la pluralidad, transparencia y participación popular . Dado que la legislatura prefirió nombrar al magistrado y horas después para votar sobre el tema de la confianza en el asunto, el presidente peruano anunció la disolución del Parlamento.

"Decidí disolver el Congreso y convocar elecciones parlamentarias anticipadas", dijo Vizcarra en un mensaje televisado a la nación, con el choque de poderes que comenzó hace tres años empeorando y el cierre de vías de entendimiento entre el Ejecutivo y la Legislatura. "Está claro que la obstrucción y la armadura [del Parlamento] no han terminado y no habrá un posible acuerdo", dijo el presidente, mientras cientos de manifestantes reunidos fuera del Parlamento celebraron su decisión.

"Ante la negación objetiva de la confianza, decidí disolver el Congreso y convocar elecciones al Congreso", agregó, horas después de que los jefes parlamentarios se negaron a suspender el cuestionado nombramiento de nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional.

Según la Constitución de 1993, cuando el Congreso se niega a confiar en dos oficinas del mismo Gobierno, el presidente puede disolverlo y convocar elecciones legislativas. "En el Congreso, se intentó evitar que el Primer Ministro ingrese a la Cámara, no se dio prioridad al tema de la confianza y el primer miembro del tribunal expreso fue elegido en una votación dudosa", dijo el presidente.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de las preocupaciones de los ejecutivos, los abogados constitucionales y los sectores de la sociedad civil denunciando una "elección expresa " para cambiar la correlación de votos en el tribunal superior cuando el tribunal comenzó disolver las apelaciones presentadas por las defensas de los principales políticos y ex presidentes investigados por corrupción y lavado de dinero como parte del caso Lava Jato relacionado con la empresa de construcción Odebrecht .

“La Comisión observa que este proceso de selección se lleva a cabo en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones sobre la participación de funcionarios de diversas entidades judiciales en actos de corrupción a través del tráfico de influencias, favoritismo personal, abuso de poder y prevaricación, entre otros; así como el proceso de selección de operadores de justicia que se habrían visto afectados por la supuesta existencia de un esquema de corrupción y tráfico de influencias ", dijo la CIDH el jueves.

Vizcarra emitió un ultimátum al Congreso el domingo anunciando que lo disolvería si no recibiera un voto de confianza el lunes para reformar el método de nombramiento de magistrados, tratando de evitar que el tribunal superior sea dominado por la oposición. Pero el Congreso finalmente decidió ignorar su solicitud e inmediatamente comenzó a nombrar nuevos miembros.

Durante una sesión llena de incidentes, el Congreso eligió a uno de los magistrados en medio de protestas que los obligaron a posponer hasta cinco votos pendientes.

Jacqueline Fowks

 

Altos funcionarios norteamericanos han sido llamados a testificar o a aportar pruebas en el Capitolio la semana que viene.

Los demócratas se han marcado como plazo el final de este año para culminar la investigación en la que decidirán si Donald Trump ha cometido delitos lo suficientemente graves como para ser recusado por medio del proceso conocido como «impeachment».

Con apenas tres meses por delante, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ha comenzado tres investigaciones paralelas sobre las presiones del presidente de Estados Unidos al Gobierno de Ucrania, y en ellas ya ha pedido pruebas o testimonio bajo juramento a al menos seis altos funcionarios norteamericanos con conocimiento de los contactos de Trump.

Un apercibimiento emitido el viernes por los presidentes de las comisiones de Inteligencia, Adam Schiff; Exteriores, Elliott Engel, y Control del Gobierno, Elijah Cummings, insta al secretario de Estado, Mike Pompeo, a entregar al Capitolio documentos relativos a las maniobras de Trump y su Gobierno en Ucrania. Los tres diputados demócratas aseguran en su misiva que temen que «el presidente Trump haya puesto en riesgo la seguridad de la nación al presionar a Ucrania para que interfiera en las elecciones de 2020 y al retener ayudas militares aprobadas por el Congreso para ayudar a Ucrania a combatir las agresiones de Rusia».

Los demócratas investigan si Trump presionó al presidente Zelensky para que abriera una investigación a Joe Biden, que lidera las encuestas de las primarias demócratas. En una llamada mantenida con Zelensky el 25 de julio, cuya transcripción hizo pública el miércoles la Casa Blanca, Trump pidió que Ucrania investigue si Biden vulneró la ley al exigir en 2016 el despido del entonces fiscal general ucraniano, Víctor Shokin, acusado de corrupción. Se da la circunstancia de que Shokin había investigado una empresa de gas, Burisma, para la que trabajó durante cinco años un hijo de Biden, Hunter.

Dimisión de Volker

Los demócratas denuncian que un diplomático norteamericano, el enviado especial de Trump para Ucrania, Kurt Volker, tuvo un papel central en esta trama, ya que sirvió de intermediario para organizar un encuentro en Madrid el 2 de agosto entre Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y Andrei Yermak, asesor del ucraniano Zelensky. Según denuncian los demócratas en su apercibimiento, por medio esas conversaciones y encuentros Trump amenazó con congelar indefinidamente un paquete de 400 millones de dólares en ayudas militares a Ucrania si este país no investigaba a Biden.

Aunque Volker dimitió de su cargo el viernes, ha sido llamado a testificar por escrito por los demócratas en el Capitolio. Junto a él y Pompeo, otros testigos ya citados en el caso del «impeachment» de Trump son el inspector general de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca, Michael Atkinson, y la exembajadora de EE.UU. en Ucrania, Marie Yovanovitch, que fue despedida por Trump el 20 de mayo. En su llamada con Zelensky, Trump criticó abiertamente a Yovanovitch. Según dijo el presidente: «Esa exembajadora de EE.UU., esa mujer, era mala y la gente con la que trataba en Ucrania era también mala, creo que debes saberlo».

Los demócratas han dado al Gobierno hasta el viernes, 4 de octubre, para que entregue una serie de documentos cruciales para la investigación. Es señal de la prisa que tienen por culminar las pesquisas antes de que comience el proceso de primarias de su partido, en febrero de 2020. Los republicanos han decidido, de momento, no organizar primarias ya que Trump se presenta a la reelección. Después de que la Cámara vote si recusa a Trump, algo para lo que los demócratas tienen votos suficientes, tendrá lugar su juicio político en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Ni uno solo de ellos apoya de momento el ‘impeachment’.

Desde que la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la apertura del proceso de «impeachment» el martes, Trump ha denunciado que es víctima de una caza de brujas. Ayer, ya de regreso a Washington tras las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente se fue a jugar a golf a un campo que es propiedad de su empresa en Virginia. Le acompañaron el senador republicano Lindsey Graham, uno de sus principales aliados en el Capitolio, y dos estrellas del golf, los veteranos jugadores Gary Player y Annika Sörenstam.

La apertura de las investigaciones la ha provocado un funcionario norteamericano que de momento se mantiene en el anonimato y que el 12 de agosto presentó una queja formal a sus superiores en los servicios de inteligencia sobre un posible abuso de poder por parte del presidente para influir en las elecciones de 2020. La carta, de nueve folios, fue hecha pública por los demócratas en el Capitolio el jueves y en ella el denunciante anónimo acusa a la Casa Blanca de intentar tapar las pruebas de esas presiones a Ucrania.

Las encuestas más recientes reflejan que una estrecha mayoría de estadounidenses se opone a la apertura de este juicio político. El último sondeo, del instituto demoscópico Marist, asegura que un 49% cree que es improcedente, frente al 47% que lo cree adecuado. Un 88% de demócratas lo aprueba y un apabullante 93% de republicanos lo considera un error.

David Alandete

 

El advenimiento de denunciar al presidente por el escándalo de Ucrania es un viaje a través de las cloacas y la bondad del sistema estadounidense.

Un total de 77 palabras para resumir el escándalo que ha trastornado al país más poderoso del mundo: “He escuchado de varios funcionarios del gobierno de EE. UU. Que el Presidente de los Estados Unidos está utilizando el poder de su oficina para preguntarle la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020. Esta interferencia incluye, entre otras cosas, la presión sobre un gobierno extranjero para que investigue a uno de los opositores políticos internos más importantes del presidente. El abogado personal del presidente, Rudolph Giuliani, es una figura central en este esfuerzo. El Fiscal General Barr también parece estar involucrado”.

Brevemente, de manera precisa y cruda, al estilo de un telegrama, comienza la denuncia anónima del caso que involucra a Donald Trump y Ucrania, un buen reflejo de la velocidad con que se incendió el escándalo. Un informante de inteligencia presentó el informe el 12 de agosto. Y en la noche del 23 de septiembre, en un vuelo de Nueva York a Washington, la veterana demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, comenzó a escribir a mano el borrador del discurso anunciando el inicio de la investigación sobre un posible despido. por Donald Trump. El famoso juicio político.

A toda prisa, Pelosi dejó el periódico en el avión. No importa, al día siguiente, 24, parece haberlo aprendido muy bien. La cámara baja, la mayoría demócrata, ha lanzado maquinaria de destitución. Consideró las presiones del presidente republicano sobre el presidente ucraniano para que el presidente ucraniano investigue al ex vicepresidente Joe Biden, el candidato mejor posicionado para 2020, y a su hijo Hunter para sus negocios en Kiev. .

Al igual que en el complot ruso, este caso involucra a un gobierno extranjero y la búsqueda de ropa sucia que, de haberla, dañará irreparablemente las posibilidades de que su oponente demócrata sea elegido. El desenlace, sin embargo, es radicalmente diferente.

Para comprender cómo se desencadenó una tormenta dentro de las seis semanas después de casi dos años de investigaciones sobre la interferencia del Kremlin, necesitamos volver a una llamada telefónica del 25 de julio y una reunión en Madrid el 2 de agosto; al papel de un denunciante anónimo que estaba indignado por lo que estaba descubriendo y a un empleado con un nombre y apellido, Michael Atkinson, quien golpeó la mesa y fue al Congreso. Finalmente, a una mujer, Nancy Pelosi, que dio un paso adelante. La historia y el juicio político de Ucrania son un examen de la salud del sistema estadounidense, un recorrido por sus cloacas y su bondad. Explotó en 2019, pero sus orígenes incluso se remontan a la revolución de Maidan en 2014.

El negocio de Biden en Ucrania

El padre de Biden, entonces vicepresidente de la Administración de Obama, viajó a Kiev varias veces para ayudar a consolidar el nuevo gobierno de Poroshenko, y poco después su hijo Hunter fue contratado por Burisma Holding, una de las compañías de gas más grandes del país, con un Salario mensual de $ 50,000. La Casa Blanca no consideró que hubiera un conflicto de intereses a pesar de la controvertida contratación (principalmente porque el propietario del negocio en cuestión, Mikola Zlochevski, es un oligarca cercano al ex presidente Yanukovich, investigado por abuso de poder, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. pero nunca condenado).

Ese es el hilo que Trump y Giuliani han estado tirando durante meses para tratar de encontrar un posible caso de corrupción que involucre al hijo del veterano demócrata. Acusaron al vicepresidente de haber logrado despedir al fiscal general Viktor Shokin para detener una investigación contra Hunter, pero no se ha revelado que haya habido una investigación en curso sobre el Biden en Ucrania.

El ex vicepresidente instó a Shokin a irse, amenazando con, como él mismo reconoció en público, cortar la ayuda prometida, pero esta solicitud fue compartida por expertos de organizaciones anticorrupción que denunciaron correctamente la inacción del fiscal, incapaz de obtener ninguna condena. notable.

El interés por obtener una investigación sobre Biden entró en terreno pantanoso mucho antes de este verano, según el denunciante anónimo que fue identificado por la prensa estadounidense como un funcionario de la CIA asignado a la Cámara. White por un tiempo y afirma haber colaborado con media docena de fuentes.

La pistola humeante en el caso

La conversación telefónica entre Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el 25 de julio, sin embargo, representa lo más parecido a una pistola humeante en el caso, la evidencia más incriminatoria. En él, el estadounidense insta a Zelenski a investigar a Biden y a su hijo, y repetidamente le dice que su abogado personal, Giuliani, y el Fiscal General de los EE. UU. Lo contactarán para ayudarlo.

El denunciante anónimo no escuchó la conversación directamente, pero varios funcionarios que lo hicieron se alarmaron por el contenido y lo que sucedió después, ya que, según el demandante, los abogados de la Casa Blanca intentaron ocultar la transcripción.

El 26, el día después de la conversación del presidente, el Representante Especial del Gobierno de EE. UU. Para Ucrania, Kurt Volker [que renunció el viernes], se reunió con Zelenski y otros políticos ucranianos para discutir cómo "navegar" las solicitudes. de Trump El 2 de agosto, Giuliani se reunió en Madrid con uno de los asesores del presidente ucraniano, Andriy Yermak, para dar seguimiento a los "casos" que discutieron.

Varios funcionarios explicaron al demandante que, en realidad, esta fue solo una de las muchas reuniones que tuvo el abogado de Trump con diferentes asesores de Zelenski. La queja cita otra reunión de Giuliani con el nuevo fiscal general ucraniano Yuriy Lutsenko a fines de enero en Nueva York y otra a mediados de febrero en Varsovia. El 9 de mayo, The New York Times informó que el abogado planeaba viajar a Kiev para presionar al gobierno ucraniano a iniciar dos investigaciones que beneficiarían a Trump, una sobre la interferencia electoral de 2016 y otra sobre el hijo de Biden. Levantó una oleada de críticas que lo hicieron cancelar la visita.

Días después de la noticia de este viaje cancelado, varios funcionarios de la Administración comenzaron a compartir con el denunciante su preocupación por las maniobras del ayudante del presidente. Giuliani parecía impaciente el 21 de junio cuando publicó en su cuenta de Twitter: “El nuevo presidente de Ucrania aún no dice nada sobre la interferencia ucraniana en 2016 y la supuesta mordedura de Biden en Poroshenko. Es hora de que sus líderes investiguen ambos [asuntos] si quieren purgar los abusos del pueblo de Hillary Clinton contra Ucrania”.

La ruta difícil de la denuncia

A mediados de julio, el denunciante se enteró de un cambio en la política de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, por lo que se bloqueó la entrega de $ 391 millones. El 25 de julio tuvo lugar la famosa convocatoria. “Haré que Giuliani te llame y el fiscal general te llame, y llegaremos al fondo de esto. Estoy seguro de que resolverá esto ”, dijo Trump en esa conversación, ya que se publicaría exactamente dos meses después, el 25 de septiembre, cuando el resumen escrito de la llamada se hiciera público.

Fue entonces cuando este informante anónimo dio un paso adelante, aunque el camino entre dar la alarma y hacer que algo se moviera también tuvo algo de odisea. La primera queja fue presentada a principios de agosto ante Courtney Simmons Elwood, Abogado General de la CIA, quien la llevó a la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, según The New York Times. Cuando el informante descubrió que Elwood habló con la Casa Blanca, temió que no le creyeran y enterraran el asunto. Luego, el 12 de agosto, presentó su informe a Michael Atkinson, inspector general de la comunidad de inteligencia. Este canal también le ofreció muchas más protecciones legales.

A fines de agosto, la oficina del director de Inteligencia Nacional, con el interino Joseph Maguire al frente, también remitió el caso al Departamento de Justicia, pero el Departamento de Justicia no abrió una investigación y Maguire no informó al Congreso. Atkinson lo hizo, advirtió a la Cámara y al Senado que había una queja de la que no podía hablar. La presión democrática finalmente explotó la olla a presión. El fin de semana anterior a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, se divulgó el motivo de la denuncia y las placas tectónicas del Partido Demócrata comenzaron a moverse.

El turno de Nancy Pelosi

Nancy Pelosi, la persona más poderosa del Partido Demócrata, el tercer funcionario de la nación y experto en la jungla de Washington, había estado asfixiando a los legisladores más combativos durante todo el año, que exigían un juicio político contra Trump por el complot ruso.

La actuación no concluyente del fiscal especial, Robert S. Mueller, quien no encontró evidencia de un acuerdo entre Trump y el Kremlin, finalmente la convenció. El proceso no solo fracasaría en el Senado de mayoría republicana, sino que ayudaría a victimizar a Trump en su terreno y sería políticamente contraproducente.

El caso de Ucrania, sin embargo, hizo que cambiara de posición. Dado el carácter tortuoso de la trama rusa, este caso es muy concreto, muy simple de entender y tiene una pistola humeante que el tema de la interferencia rusa nunca tuvo. La presión de muchos legisladores se intensificó, y después de una serie de reuniones, el lunes por la tarde Pelosi tomó una decisión.

El martes, en su discurso, la alcaldesa de la Cámara de Representantes citó a uno de sus padres: "En los tiempos más oscuros de la Revolución Americana, Thomas Paine escribió:" Los tiempos nos han encontrado para luchar por la democracia”. Los riesgos políticos permanecen, la popularidad de Bill Clinton ha crecido después de su fallida acusación, pero Pelosi, dijo el martes, cree que Trump no les ha dejado otra opción. "Debemos poner al país ante el partido".

Trump ya ha comenzado a informar una "caza de brujas" y ya se han emitido las primeras citaciones ante el Congreso. El tiempo los ha encontrado a todos.

Amanda Mars

 

La resolución requiere que Maduro facilite el trabajo de una misión internacional independiente. Las Naciones Unidas también expresan preocupación por las sanciones a Caracas.

La ONU abrió el viernes una investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de la organización aprobó el establecimiento de una "misión internacional independiente de investigación" cuyo propósito es investigar más a fondo "ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”Por el régimen chavista.

La comisión debería trabajar durante un año "con el objetivo de garantizar la plena responsabilidad de los perpetradores y la justicia para las víctimas". La resolución, la primera de su tipo en América Latina, fue aprobada con 19 votos a favor y 21 abstenciones. Siete países, encabezados por China y Cuba, se opusieron a la iniciativa. La medida fue adoptada en Ginebra como resultado de una propuesta del Grupo de Lima, compuesto por una docena de gobiernos de las Américas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también hace un llamado a las autoridades venezolanas "a cooperar plenamente con la misión de investigación, asegurando el acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y los lugares de detención, y proporcionar toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. Definitivamente es una declaración que busca allanar el camino para investigaciones independientes sobre lo que está sucediendo en Venezuela.

El país, desgarrado por una profunda crisis social y política, se ha visto sumido en un estancamiento institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lanzó en enero pasado un desafío a Maduro para tratar de forzar su renuncia, la apertura de una etapa. transición y la convocatoria de elecciones libres.

La ONU exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la Alta Comisionada Michelle Bachelet.

Un informe del gabinete emitido en julio después de su visita a Caracas denunció graves violaciones de los derechos económicos, civiles y políticos y expuso un número asombroso de muertes atribuidas a abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el informe, pero el martes pasado acordó firmar un memorando de entendimiento con el alto comisionado para permitir la creación de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Caracas.

Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por verse, ya que se puede esperar que Maduro resista. Su gobierno prefirió resaltar otra declaración del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por los principales foros internacionales, con Washington a la cabeza.

Estas "medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado aún más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano", argumentó el texto. La ONU aboga por una salida "pacífica, democrática y constitucional" de la crisis y rechaza la "intervención militar, de seguridad o de inteligencia extranjera".

Francesco Manetto

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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