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El mandatario venezolano ordenó la entrega de 13.000 fusiles a los obreros y combatientes para enfrentar un supuesto ataque del gobierno colombiano.

Nicolás Maduro ordenó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entregar 13.000 fusiles a los obreros y cuerpos de combatientes, al tiempo que giró instrucciones para convertir las fábricas en cuarteles para enfrentar un supuesto ataque del gobierno de Colombia.

Su anuncio lo hizo en la clausura del Primer Acuerdo del sector ferroviario nacional y modo de tracción por cable, celebrado en Ciudad Guayana, estado Bolívar, al sur de Venezuela. «Queremos que cada fábrica sea un cuartel. He ordenado la entrega de los 13.000 fusiles a los obreros y combatientes».

En el acto transmitido por la estatal Venezolana de Televisión este viernes, Maduro habló de sus planes para reactivar la deprimida economía nacional, especialmente las empresas básicas de hierro, bauxita y aluminio, instaladas en el complejo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

En su alocución televisada mencionó al comandante de las milicias, Bernal Martínez, un cuerpo de milicianos creado por el fallecido ex presidente Hugo Chávez, el que Maduro intenta incorporar formalmente a la Fuerza Armada Bolivariana porque desconfía del ejército.

Hace un par de semanas Maduro anunció que daría 320.000 fusiles a los milicianos para que defendieran la revolución bolivariana. Estos 13.000 fusiles nuevos que ordenó “entregar a los obreros y combatientes” deben formar parte de esos anuncios.

«Ordené a nuestra FANB mantenerse en vigilancia permanente para defender la Paz y soberanía de la patria, ante la pretensión de la oligarquía colombiana de generar actos de provocación en nuestra frontera común para desviar la atención de su situación interna. ¡No lo Permitiremos!», exclamó Maduro.

Pero no mencionó a los ocho indígenas de la etnia Pemón que fueron masacrados por militares en la zona minera de Guayana. Tampoco dijo nada sobre los males que sufre Guayana por la falta de agua, transporte, inseguridad, hospitales en mal estado, de la falta de gas y la crisis de la gasolina.

Por otro lado, aprobó «iniciar la petrolización de prestaciones y conformar la comisión gubernamental para discutir la Convención Colectiva de los trabajadores de la CVG. Asimismo, transferir empresas del Estado y conformar alianzas estratégicas de cogestión para la eficiencia. ¡Cúmplase!».

Los trabajadores del sector público se han sorprendido de que el pago de sus pasivos laborales sean cotizados en el «Petro», una criptomoneda virtual chavista respaldada con el petróleo y el oro, que nadie acepta como forma de pago.

Lo que sorprende de sus anuncios de armar a los trabajadores es que no explicó cómo va a reactivar las empresas, que técnicamente se encuentran paralizadas aunque oficialmente no están cerradas por falta de inversión y mantenimiento.

Tampoco informó de cómo va a reactivar las empresas convirtiéndolas en cuarteles. Como un ejemplo, la Siderúrgica del Orinoco, que una vez fue vendida a la argentina Techint, y luego nacionalizada por Hugo Chávez, se encuentra prácticamente cerrada, y luce absurdo que pueda reanudarse bajo la fuerza de los fusiles.

La caída de la actividad económica es grave. Según la patronal Fedecámaras este año Venezuela registraría una caída de 42% del PIB y el próximo año la Cepal proyecta -35% para el país. La recesión sumada a la hiperinflación de 24.000% no atrae a los inversionistas y mucho menos bajo la amenaza de los fusiles de los trabajadores, apuntaron empresarios que pidieron el anonimato.

Ludmila Vinogradoff

 

Madrid se convierte en el centro de la lucha climática internacional. Los Estados deben rematar el desarrollo del Acuerdo de París en la COP25 y comprometerse a reducir más sus gases.

Cuando hace un mes las calles de Santiago de Chile ardían por las protestas y el Gobierno del conservador Sebastián Piñera tuvo que renunciar a acoger la Cumbre del Clima anual, se pensó en dejarla caer. Simplemente, que no se celebrase este año.

Porque esta cumbre no estaba llamada a pasar a la historia. Es una cita de transición entre la adopción y el desarrollo del Acuerdo de París —que se cerró tras años de negociaciones y fracasos en la capital francesa en 2015— y la puesta en marcha a partir de la próxima década de ese pacto, que busca que el calentamiento se quede dentro de unos límites manejables.

Pero España se ofreció a que se celebrara en Madrid en las fechas previstas: entre el 2 y el 13 de diciembre. Y los que están implicados en estas negociaciones internacionales aseguran que una de las razones fundamentales para no cancelarla era el contexto.

La cumbre se desarrollará en mitad de una tremenda falta de liderazgo internacional en la lucha climática y en un momento pésimo para multilateralismo. Donald Trump ha iniciado ya el proceso para sacar a EE UU del Acuerdo de París, China no da señales de que vaya a aumentar sus planes de recorte de gases de efecto invernadero, Rusia no ha presentado ante la ONU su programa para reducirlos, los todavía Veintiocho no han logrado aún consensuar la meta de cero emisiones para 2050...

Por eso se debía celebrar la llamada COP25, para huir de la sensación de que la lucha climática internacional es un "proceso que implosiona", como decía la semana pasada la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera.

Pero este encuentro tiene también por delante dos retos concretos: uno político y otro técnico. Por un lado, debe servir para que se dé una "clara demostración" por parte de los países para "ampliar la ambición" contra el calentamiento, ha indicado este domingo António Guterres, secretario general de la ONU. Por otro lado, ha recordado, se debe terminar de desarrollar el Acuerdo de París y fijar los criterios para poner en marcha mercados de emisiones, algo que hasta ahora no se ha podido hacer por el desacuerdo entre los países.

¿Qué es una COP? Las siglas COP en inglés se refieren a la Conferencia de las Partes. Es decir, a la reunión —normalmente anual— de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La convención se adoptó en 1992 y establecía que los gases de efecto invernadero que emite el ser humano en su actividad cotidiana están contribuyendo al cambio climático. La convención, además, fijó que los firmantes deben reducir esos gases.

Para desarrollar ese tratado se celebran las COP, en las que participan los delegados y ministros de los casi 200 países del mundo. Las cumbres se desarrollan cada año en un área del planeta y esta edición le correspondía a Latinoamérica. Primero se ofreció Brasil, pero la llegada de Jair Bolsonaro hizo que ese país renunciara. Chile fue la alternativa, aunque hace un mes también desistió y la COP se celebrará en Madrid. Aunque Chile seguirá conservando la presidencia de la cumbre, lo que implica dirigir las negociaciones.

¿Qué es el Acuerdo de París? La convención marco sirvió primero para que se aprobara en 1997 el Protocolo de Kioto. Luego, en 2015, se adoptó el Acuerdo de París, que sustituirá a partir de la próxima década a Kioto y que obliga a todos los países a que se sumen a acometer recortes de sus gases.

La suma de todas esas reducciones debe ser suficiente para que se cumpla el principal objetivo del Acuerdo de París: que el aumento de la temperatura media del planeta no supere los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y en la medida de lo posible que no rebase los 1,5. Ese es el límite que establece la ciencia para evitar los efectos más catastróficos de un calentamiento que ya no se puede revertir.

¿Qué dice la ciencia? Los estudios científicos —liderados por el IPCC, el grupo de expertos que asesoran a Naciones Unidas— y los diferentes organismos internacionales vinculados a la ONU advierten de que los países no están ni mucho menos bien encaminados para cumplir esas metas de París: deben multiplicar por cinco sus planes de recorte para lograr la meta del 1,5 grados y por tres para los 2 grados.

La concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero no ha dejado de aumentar desde que se firmó en 1992 la convención marco. Las emisiones solo han caído de forma clara en periodos de crisis.

"Estamos en un agujero profundo y seguimos cavando", ha resumido Guterres, quien incide en que la humanidad se está quedando sin tiempo y "pronto será demasiado tarde" para que el calentamiento se quede dentro de esos márgenes seguros.

¿Qué es la ambición? Tras esa expresión —incorporada ya a la jerga de las negociaciones climáticas— se esconde la asunción de que los planes de recorte de las emisiones de los países no son suficientes.

"La brecha es enorme", resumía este fin de semana la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien ostenta la presidencia de la COP25. Por eso, el Acuerdo de París establecía revisiones periódicas al alza de los planes de recorte.

La primera es en 2020 y el objetivo político es que los Gobiernos se comprometan a hacerlo durante esta cumbre. Esos planes son de aplicación inmediata y fijan metas a 2030. Guterres destacó que espera que más países se comprometan también durante la COP25 a alcanzar la gran meta a largo plazo: la neutralidad de emisiones para 2050.

¿Qué es el artículo 6? El Acuerdo de París necesitaba de un reglamento de desarrollo y, desde 2015, los negociadores de los 200 países lo han ido cerrando. Pero en el artículo 6 se ha encallado la negociación desde 2015. "No quiero concebir la posibilidad de que no haya acuerdo en el artículo 6", ha dicho Guterres.

Pero, lo cierto, es que su desarrollo se está complicando. Este artículo hace referencia a los intercambios de derechos o unidades de emisiones de gases de efecto invernadero entre países, y también es el único de todo el acuerdo que hace referencia al sector privado, ya que abre la puerta a que las empresas puedan adquirirlos.

En el Protocolo de Kioto ya existía un sistema por el que un país que no conseguía recortar lo que debía sus gases podía comprarle a otro Estado derechos de emisiones. Ese sistema se supone que seguirá con París y uno de los principales debates es cómo evitar la doble contabilidad, es decir, que un mismo derecho no pueda llevarse a los balances de reducción de dos países a la vez.

La otra pata que se debe desarrollar dentro de ese artículo afecta a los mercados de emisiones a los que han de acudir las empresas de los sectores obligados a hacer recortes.

Por ejemplo, la aviación: las compañías tendrán que acudir a comprar esos derechos para compensar sus emisiones. Europa ya cuenta con un mercado de este tipo y la filosofía que subyace es que cuando se le obliga a pagar por los gases emitidos, el sector privado avanza hacia la descarbonización. Pero a la Unión Europea le ha costado 15 años lograr que su mercado sea eficaz y no ha sido hasta ahora cuando se ha conseguido desplazar a las centrales de carbón, las más sucias.

Jóvenes, Científicos y Delegados Negociadores

A las cumbres del clima no solo acuden delegados para negociar, además de mandatarios —en Madrid se esperan unos 50 para la inauguración de este lunes—.

Entre las 25.000 personas que participarán durante la COP25 también hay otros actores como los representantes de varios organismos científicos. Las cumbres sirven para que a través de la presentación de diferentes informes se radiografíe la evolución de la lucha contra el calentamiento y sus efectos.

Además, en las últimas COP se ha incorporado con fuerza otro actor: los jóvenes activistas que están liderando en las calles las protestas. El 6 de diciembre se espera una gran manifestación en Madrid liderada por la activista Greta Thunberg.

A los científicos y jóvenes se une otro actor más: las empresas. Se espera que durante la cumbre de Madrid un número importante de grandes compañías se comprometan a reducir sus emisiones y a luchar contra el calentamiento.

Manuel Planelles

 

El Nobel de Literatura ofreció una conferencia en el Museo Memoria y Tolerancia sobre la Caída del Muro de Berlín. Habló de Chile.

Vargas Llosa, ganador del premio Nobel de Literatura en 2010, ofreció una plática en el Museo Memoria y Tolerancia sobre el 30 aniversario de la Caída del Muro de Berlín. En el acto, el escritor advirtió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador "está retrocediendo un poco a México" y advirtió que el populismo del mandatario conduce al país a la dictadura.

"Yo lo veo mal, yo lo veo mal y lamento decirlo porque digamos quiero mucho a México, tengo mucha admiración por México y yo quisiera que México jugará un papel absolutamente fundamental como el gran país que es en América Latina y mucho me temo que este gobierno esté retrocediendo un poco a México que comenzaba a salir de esa dictadura perfecta", señaló el peruano.

"Felizmente no era tan perfecta era bastante imperfecta, felizmente para los mexicanos y me temo muchísimo, muchísimo de que el populismo que parece realmente la ideología del presidente de México nos conduzca otra vez a la dictadura perfecta o imperfecta pero dictadura al fin y al cabo", completó.

Durante la conferencia "El muro que tiraron las ideas" cuyo anfitrión fue el periodista Sergio Sarmiento, se refirió a la situación de protestas que vive Chile. "Veo con absoluta perplejidad lo que ocurre en Chile, reconozco mi perplejidad total", dijo luego de describir al país como "un ejemplo maravilloso para América Latina", que pasó de pobre a próspero gracias a la continuidad que dieron los distintos partidos al modelo neoliberal instaurado en la dictadura del general Augusto Pinochet.

"¿Cómo es posible que en una sociedad que está experimentando estos beneficios estalle de pronto con la violencia con la virulencia con la que ha estallado en Chile? No tengo explicación, a no ser que al mismo tiempo que ese progreso era una realidad en términos estrictamente matemáticos no se haya creado esa igualdad de oportunidades", dijo el escritor.

Negó que las protestas signifiquen un fracaso del modelo económico y sugirió pensar en "hasta qué punto los grupos extremistas han conseguido arrastrar al conjunto de la sociedad a lo que parece una carrera un poco suicida para acabar con el modelo que estaba convirtiendo a un país de tercer mundo en un país del primer mundo".


 

El estallido social contra el mandatario surgido el 18 de abril 2018 ha supuesto un duro golpe para la economía nicaragüense.

Los empresarios adinerados de Nicaragua evalúan la posibilidad de financiar a candidatos de la oposición en las próximas elecciones presidenciales de 2021 con la intención de destronar a Daniel Ortega, de 74 años y quien gobierna ininterrumpidamente el país centroamericano desde 2007. «El dinero comenzará a fluir. No hay duda», dijo un empresario de una afluente familia nicaragüense a la agencia Reuters, la cual estima que el coste de la operación en un máximo de 25 millones de dólares.

El estallido social contra Ortega surgido el 18 de abril 2018 ha supuesto un duro golpe para la economía nicaragüense, lo que también ha golpeado también las finanzas de los empresarios. A su vez, el país centroamericano ha sido sometido a diversas sanciones internacionales que también han dañado el desempeño de su economía. Por ello, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del 5,7% en 2019 ante la caída del financiamiento, inversión y empleo

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la patronal del país, ha sido una de las voces más críticas contra Ortega dentro de los principales movimientos de oposición nacidos al calor de las manifestaciones que exigían la renuncia del presidente.

Así, los empresarios han formado parte de la Alianza Cívica, junto a agricultores y asociaciones de estudiantes, para apoyar diversos actos de protesta, hasta el punto de expresar su aprobación a varias de las huelgas que ha vivido Nicaragua en el último año y medio para tratar de lograr que Ortega dejará el poder, algo que no ha ocurrido.

Tras unos meses de en los que parecía que la situación se había calmado, los ciudadanos de Masaya están volviendo a vivir momentos de tensión debido a varios ataques perpetrados por simpatizantes de Ortega en dos iglesias.

El último se produjo el jueves cuando simpatizantes del presidente trataron de atacar a varios católicos durante una misa en la iglesia de San Juan Bautista, mientras que la iglesia de San Miguel Arcángel se encuentra desde hace más de una semana sitiada por la policía tras dar asilo a once madres que han iniciado una huelga de hambre para exigir la liberación de personas que han sido detenidas por motivos políticos, según dicen.

En Nicaragua se calcula que unas 800 personas han sido detenidas por participar en las manifestaciones contrarias al gobierno, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, una organización sin fines de lucro fundada durante la dictadura de la Familia Somoza (1936-1979).

Sin embargo, la ONU estima que el número de detenidos por motivos políticos son unas 400 personas desde el 18 de abril de 2018, cuando empezaron las protestas. Desde entonces, han muerto más de 325 personas a causa de la represión orteguista, según la Organización de Estados Americanos.

 

Adrián Espallargas

 

El ministro del Interior alerta de que los suburbios se han convertido en viveros yihadistas y llama a los 200 prefectos de Francia para combatir este fenómeno.

Francia teme que un número creciente de barrios de la «banlieue», la periferia y los suburbios de París y las grandes ciudades, se hayan convertido en «vivero» de vocaciones criminales yihadistas. Ante esa amenaza creciente, Christophe Castaner, ministro del Interior, ha dirigido una circular a los 200 prefectos de Francia anunciándoles que el presidente Emmanuel Macron desea convertir la lucha contra el islamismo y el «comunitarismo» en «prioridad nacional».

En la administración territorial francesa, el prefecto es el representante del Estado ante todas las «colectividades territoriales» (departamentos y regiones), responsable de «los intereses nacionales, el control administrativo y el respeto de la Ley». Castaner ha convocado a los 200 prefectos a un seminario de trabajo en su ministerio (a 300 metros del palacio del Elíseo), para comentarles en detalle la circular. «El islamismo es un proyecto político antidemocrático, antirrepublicano, un contraproyecto autoritario», aseguró el ministro. Esa es la matriz conceptual de la lucha nacional contra islamistas y «comunitarias», que tendrá varios terrenos de trabajo privilegiados.

«Protección» como la mafia

A juicio de los especialistas franceses, el islamismo ha comenzado a crecer a través de una «economía subterránea», convirtiéndose en interesado «protector» de comercios que no siempre son ilegales. Se trataría de un modelo semejante a los modelos mafiosos de «protección» de comercios y distribuidores de productos «orientales». Se sospecha que un número creciente de carnicerías halal (especializada en el «corte» de la carne según las prescripciones musulmanas) comienzan a estar sometidas al chantaje físico y económico de mafias o grupúsculos islamistas «informales».

La defensa de la escuela pública es otro objetivo estratégico: los islamistas intentar «evitar» que sus hijos y familiares se eduquen en los valores de la escuela pública, laica y republicana, para «controlarlos» a través de sus versiones radicales de un islam revolucionarios, subversivo. Según las estadísticas oficiales de Educación e Interior, el «absentismo» es más alto de lo normal entre los niños de familias musulmanas «piadosas». Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación, sostiene una «guerra sorda» con organizaciones musulmanas que intentan imponer sus criterios sobre el uso del velo islámico a la salida de las escuelas.

Los servicios de seguridad detectan desde hace meses un aumento de la propaganda islamista en «espacios culturales y deportivos», convertidos en «incubadoras de odio» religioso, cultural, cívico y político. Instituciones tradicionalmente respetadas, como hospitales de la periferia parisina, comienzan a ser víctimas de la frecuentación «interesada» de musulmanes «piadosos» proclives al proselitismo.

En Francia existen unas 740 zonas suburbanas que presentan síntomas muy diversos de crisis y angustia social. En esa «tierra de cultivo», un centenar de barrios, en 13 de los 93 departamentos nacionales, está proliferando un islam con vocación yihadista.

Hace años que el norte de Marsella se convirtió en una de las zonas más peligrosos de Europa, con un índice de criminalidad excepcionalmente alto. En la periferia de grandes ciudades como Toulouse, Burdeos o Lyon, las «bolsas» musulmanas, con tentaciones yihadistas han crecido significativamente los últimos años.

En la «banlieue» de París, los servicios de seguridad tienen fichados a unos 2.000 sospechosos. Barrios y ciudades de talla media, como Gonesse, La Courveuve, Trappes, Bobigny, Saint-Denis o Aubervilliers tienen comunidades musulmanas/salafistas que los especialistas consideran potencialmente peligrosas.

Gilles Kepel, uno de los grandes especialistas en la historia del islam francés, comenta el proceso en estos términos: «Estamos asistiendo al nacimiento de un terrorismo endógeno, que se «fabrica» en Francia, en barrios, pueblos y suburbios donde el Estado tienen dificultades para aplicar la Ley.

Ese terrorismo islámico de nuevo cuño es la «síntesis» y «semilla» que se siembra, en muchos casos, con la prédica tradicional de los viernes, a cargo de imanes extremistas, cuyo «mensaje» es difundido masivamente a través de la captación e instrumentalización de individuos culturalmente frágiles».

Se calcula oficiosamente que en la «banlieue» parisina existen unos 50 lugares de culto salafista que escapan al control de las organizaciones oficiales del islam francés, a las que Macron intenta convencer para que ayuden al Estado en su lucha contra la difusión de la propaganda subversiva islamista.

Juan Pedro Quiñonero

 

La salida del poder del Frente Amplio le resta un socio al Grupo de Puebla que impulsa el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

Ahora sí, oficialmente, Luis Alberto Lacalle Pou, senador y abogado de 46 años (Partido Nacional) es el presidente electo de Uruguay. La Corte Nacional Electoral lo confirmó una vez que el sucesor en la presidencia de Tabaré Vázquez, alcanzó el número de votos «observados» que hacía, matemáticamente, imposible una remontada de Daniel Martínez (Frente Amplio).

No hizo falta esperar al recuento total de los votos observados (emitidos en colegios electorales diferentes al del empadronamiento). La Corte Electoral hizo sus cálculos y dio a conocer la noticia prevista, 3.900 votos fueron suficientes para hacerlo. Los departamentos (equivalentes a comunidades autónomas) de Artigas, Cerrro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José, Soriano, Salto, Tacuarembó y Treinta y tres arrojaron ese saldo mínimo que confirma la victoria de Lacalle Pou. 48% largo frente a más del 47% de los votos sentenciaron el destino de ambos políticos en un balotaje mucho más ajustado de lo previsto por los sondeos.

Daniel Martínez por fin salió a reconocer el triunfo de un adversario que supo mantener la calma propia y la de sus seguidores. Estos, la noche del pasado domingo, estallaban en júbilo y reclamaban un merecido festejo. «La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.

Por lo tanto, saludamos al presidente electo @LuisLacallePou, con quien mantendré una reunión mañana (por hoy viernes). Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto», tuiteó Martínez, el hombre que no pudo ganar para la coalición de centro izquierda del Frente Amplio un cuarto mandato consecutivo.

La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto.

Lacalle Pou, el que logró poner ese freno a una secuencia de gobiernos «frentistas “que amagaban con perpetuarse en el poder, agradeció un minuto más tarde en la misma red social, a la que es aficionado, la dedicación de los miembros de la Corte Electoral y de sus fiscales. «Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días. Mi pensamiento está con ustedes», escribió.

Inseguridad y desempleo

Hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-95), el actual senador tendrá entre sus manos las riendas de Uruguay entre 2020 y 2025. Tras quince años de políticas de izquierdas (sin extremismos ni sacudidas sociales) este joven liberal promete dar un giro a la derecha y afrontar, a partir del 1 de marzo, con más rigor la creciente inseguridad del país, una preocupación desconocida para Uruguay que, pese a todo, se mantiene como el más seguro de Sudamérica.

El desempleo (no llega al 10%) y mayor crecimiento son los desafíos inmediatos de una economía que busca blindarse frente a un posible contagio de la crisis argentina. Con esa misión deberá escuchar las voces de la coalición arcoíris que selló después de la primera vuelta con el Partido Colorado (del expresidente Julio María Sanguinetti), Cabildo Abierto, movimiento a lo Bolsonaro dirigido por el general en retiro Guido Manini Ríos y el Partido Independiente.

Las relaciones con el país vecino pueden sufrir roces por razones de ideología y de sensibilidad aunque Lacalle Pou, para la política, tiene fama de ser pragmático (en lo personal es otro tema). El «perokirchnerista» y también presidente electo, Alberto Fernández, llegó a desplazarse a Montevideo para dar su apoyo a Martínez en vísperas de la segunda vuelta. El gesto debería pasar al olvido pero no así la mirada y posicionamiento ideológico de Fernández sobre la región.

El matrimonio político del ex jefe de Gabinete de la viuda de Néstor Kirchner y el poderío de ésta como actual vicepresidenta electa, está lejos de la mirada liberal de Lacalle Pou y de su vicepresidenta, Beatriz Argimón. Fernández (Alberto) impulsa el Grupo de Puebla, una versión barnizada del socialismo del siglo XXI que tuvo entre sus primeras espadas a Hugo Chávez y al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, dos personajes con los que la expresidenta hablaba el mismo idioma.

La caída o salida del poder del Frente Amplio le resta un socio a «los Fernández» y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ambos rechazan el término dictadura para el régimen de Nicolás Maduro, pasan de puntillas ante los abusos y crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y recurren a eufemismos como «democracia en problemas» o similar para describir tiranías sólo comparables a las dictaduras de los años 70 en Sudamérica.

Alianzas

Lacalle Pou no duda en llamar por su nombre a esos regímenes y sus alianzas apuntan a Gobiernos afines como el de Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Lenín Moreno (Ecuador) y salvando todas las distancias, el de Jair Bolsonaro. Éste, de momento, se salva de las turbulencias y revueltas en la calle. Los otros países, con la «brisa» bolivariana pasada por el ventilador de La Habana y de acuerdo a demasiados indicios advertidos en Chile, por los gélidos vientos de Moscú, forman parte del polvorín andino del que Lacalle Pou deberá cuidarse. El presidente electo conoce los intentos de desestabilizar a Gobiernos como promete ser el suyo y deberá conducirse con enorme habilidad y prudencia para evitar que Uruguay se «contagie».

En el plano económico, el marido de Lorena Ponce de León, su puntal emocional, tiene un desafío compartido con el presidente de un Brasil con ganas de dar un portazo al Mercosur (Mercado Común Suramericano). El acuerdo de este bloque con la Unión Europea está en la cuerda floja con Fernández y Brasil –si Argentina no da señales que le hagan cambiar de opinión– no descarta darlo por perdido y traducirlo en un acuerdo bilateral. Esa misma posición, según por dónde venga el viento, podría seguir el Uruguay de Lacalle Pou.

Loly, la mujer y militante detrás del presidente

Todos la conocen como Loly y en la campaña de hace cinco años, en la que su marido perdió frente a Tabaré Vázquez, la apodaron «Terminator» porque digamos que la diplomacia no era lo suyo a la hora de advertir los errores de su esposo y de sus colaboradores.

Pero, el verdadero nombre de esta paisajista reconvertida en incansable militante es Lorena Ponce de León, una mujer de 43 años que lleva 20 casada con el hombre con el que «me aburrí» en su primera cita y ahora se divierte porque reconoce su sentido del humor y es de «gran inteligencia», observa en las entrevistas a las que se somete con naturalidad.

Dicho de otro modo, sin pretender ser diferente a quien es, una mujer franca, frontal, enamorada de su trabajo como paisajista, de su marido y de sus tres hijos. Fiel al Partido Nacional, Loly entrenaba con su marido cómo reaccionar a preguntas «desagradables» de la prensa.

Su misión, según sus palabras, «es de continencia. Soy esa persona en la que confía 100 por cien y a la que le puede contar absolutamente todo». Él, claro, es Luis Alberto Lacalle Pou.

Carmen de Carlos

 

En los hechos estaría involucrada la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, actualmente detenida por el fraude en los comicios del 20 de octubre.

La Fiscalía Departamental de La Paz ha abierto este miércoles una investigación penal contra el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, por la supuesta salida de fondos en camiones en la que habría estado involucrada la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, actualmente detenida por el fraude de los comicios del 20 de octubre.

En concreto, indaga la comisión del presunto delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, en relación con «supuestos movimientos inusuales efectuados y denunciados durante los conflictos sociales».

De acuerdo con una nota difundida este miércoles por la Fiscalía, el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, ha asegurado que «se investigarán todos los movimientos sospechosos de camiones blindados que, aparentemente, transportaban divisas en horarios inusuales el 25 de octubre y el 6 de noviembre, días después de las elecciones generales».

Los comicios, en la que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectó graves irregularidades, tuvieron lugar el pasado 20 de octubre y el fraude descubierto llevó a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia, ante la presión social y de los militares.

Alave Laura señaló que personas particulares interpusieron denuncias en la Fiscalía Departamental de La Paz, donde señalan que «el 6 de noviembre se habrían realizado salidas inusuales de camiones blindados del Banco Central de Bolivia, hecho que quedó registrado mediante imágenes y vídeos que se difundieron por redes sociales», recoge la nota de la Fiscalía.

Una vagoneta del órgano electoral

Asimismo, se investigan los hechos suscitados en la mañana del 25 de octubre, cuando «presuntamente se registró la salida de una vagoneta perteneciente al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) asignada a la expresidenta del TSE», vehículo que «aparentemente contenía cuatro cajas de divisas», continúa.

El caso fue remitido a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para la persecución de posibles hechos atribuidos a ilícitos descritos en las denuncias interpuestas en la Fiscalía Departamental de La Paz.

M. Trillo

 

Brasil y Venezuela explican buena parte de la subida, pero la Cepal enciende "fuertes señales de alerta" en un contexto de bajo crecimiento y protestas masivas en pos de la justicia social.

Las tornas cambiaron en 2015. Tras una fuerte disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe en el primer tramo de la década en curso, el avance pasó a retroceso.

Lejos de interrumpirse, esta dinámica continúa: la carestía extrema volverá a repuntar este año y sumará ya un lustro encadenando retrocesos en uno de los indicadores clave para entender la merma en el bienestar de las capas con menos recursos de la población latinoamericana, para las que la movilidad social es muy limitada.

La región cerrará 2019 con un alza de siete décimas en el índice general de pobreza —que pasa de afectar al 30,1% de la población al 30,8%, según las cifras publicadas este jueves por la Cepal, el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo en el subcontinente— y de ocho décimas en su variable extrema —la más acuciante, que sube del 10,7% al 11,5%—.

"Es muy preocupante y enciende fuertes señales de alerta, en especial en un contexto regional marcado por el bajo crecimiento, emergencia climática, aumento y mayor complejidad de la migración, y profundas transformaciones en la demografía y el mercado de trabajo", subrayan desde el organismo con sede en Santiago de Chile.

La estadística, que ve la luz en plena ola de protestas en varios países latinoamericanos —entre ellos, el propio Chile— para exigir medidas sociales y un combate frontal contra la desigualdad, se traduce en cifras aún más impactantes cuando se traslada al terreno de los números absolutos: seis millones de personas pasarán a engrosar las filas de la pobreza extrema este año, un grupo que crecerá hasta los 72 millones.

La pobreza general aumenta en idéntica cuantía: 191 millones, frente a los 185 del ejercicio pasado. La gravedad del dato crece si se aumenta el periodo de cálculo: de cumplirse las estimaciones, la región cerrará 2019 con 27 millones de personas pobres más que en 2014. Casi todas ellas —26 millones—, en situación de carestía extrema.

El cambio de tendencia en la evolución de la pobreza y la pobreza extrema ha sido achacado, desde muchos ámbitos y casi en exclusiva, al final del boom de los productos básicos, en los albores de la década que ahora termina. Una verdad solo parcial, como subrayan los técnicos del organismo con sede en Santiago de Chile, que introducen una narrativa complementaria.

“El fin del auge de las exportaciones de materias primas y la consiguiente desaceleración [económica] cambió la tendencia a partir de 2015. [Pero] el proceso se agudizó por la disminución del espacio fiscal y las políticas de ajuste que afectaron a la cobertura y la continuidad de las políticas de combate a la pobreza y de inclusión social y laboral”, deslizan en su último Panorama social de América Latina.

Los “importantes” avances de principios de la década se produjeron, además de en un contexto económico más favorable, en un entorno político “en el que la erradicación de la pobreza, la disminución de la desigualdad, la inclusión y la extensión de la protección social ganaron un espacio inédito en la agenda pública” de la región.

La imagen fija fluctúa notablemente entre países. Una parte importante del repunte de la pobreza extrema en el último lustro es imputable a dos: Brasil, por mucho el más grande de la región, con una población que ya cabalga por encima de los 210 millones de personas; y Venezuela, una nación sumida en una profundísima crisis política y económica que —según las cifras del propio régimen de Nicolás Maduro— se ha comido al menos la mitad de su PIB.

La tendencia en el resto del subcontinente fue hacia un muy leve recorte en el porcentaje de población con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, "aunque [la reducción] fue a un ritmo más lento que entre 2008 y 2014".

Desigualdad a la baja, pero sin políticas fiscales activas

En una dinámica algo mejor que la dibujada por los índices de pobreza, el de Gini —el más común para medir la desigualdad en el mundo— ha proseguido una línea claramente bajista, aunque a un ritmo notablemente menor que en el primer tramo de la presente década: si entre 2002 y 2014 la brecha entre los estratos de menor renta y los de mayores ingresos se reducía a razón de un 1% anual, desde 2014 lo ha hecho a un ritmo del 0,6%.

La inequidad, en fin, sigue campando a sus anchas en América Latina, por mucho, la región más desigual del globo y en la que el desarrollo del Estado de bienestar no está, ni mucho menos, entre las principales prioridades de la mayoría de Gobiernos.

La Cepal recupera uno de sus lemas clásicos —"crecer para igualar e igualar para crecer"— para recordar, en palabras de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, que "la superación de la pobreza no solo exige crecimiento económico: este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas".

Las mayores mejoras en la desigualdad —medida por el índice de Gini— se producen en Bolivia, El Salvador y Paraguay y, en menor medida, en Colombia. En el lado contrario, Brasil ve cómo la dispersión de ingresos aumenta notablemente, con el peor reparto de renta entre el 1% más acaudalado —que obtiene casi la tercera parte de la riqueza generada en un año— y el 99% restante.

Más clase media, pero con una estructura piramidal y vulnerable

La mejor noticia del informe, uno de los que peores nuevas trae de cuantos publica la Cepal, es el progresivo fortalecimiento de los estratos medios de renta: si en 2002 menos del 27% de los latinoamericanos quedaban enmarcados en ese grupo y seis años después eran algo más del 36%, en 2017 —el último ejercicio para el que hay datos disponibles— esta cifra había crecido hasta el 41%. En paralelo, en esos 15 años, los estratos más bajos de la escala pasaron de suponer el 71% a bajar del 56% y los altos —con ingresos superiores a las 10 líneas de pobreza—, aumentaron del 2,2% al 3%.

"Acceder a la clase media", advierte el organismo, no trae consigo "automáticamente" la superación del límite de la pobreza monetaria de cada uno de los países de la región. "Es fundamental reconocer que existe un segmento de la población en la región que, pese a haber superado este umbral, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esta situación". Sobre todo, cierra, si cae en el desempleo, una amenaza que crece en tiempos económicos sombríos como los que hoy vive América Latina y el Caribe.

Ignacio Fariza

 

El ex presidente de Brasil no deberá volver a la cárcel. El fallo va en contra de la decisión del Supremo tribunal Federal de Justicia, que dijo que la prisión sin condena firme es inconstitucional.

El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región falló este miércoles al mediodía contra Lula da Silva y resolvió ampliar la pena que tenía en primera instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso por la residencia de Atibaia a más de 17 años de reclusión. Sin embargo, como quedan dos instancias de apelación, el ex presidente de Brasil no volverá a la cárcel.

Además, los magistrados expresaron su desacuerdo con la decisión con el Supremo Tribunal Federal (STF) de Justicia que había declarado inconstitucional la prisión de una persona a raíz de un fallo en segunda instancia. Solo diecinueve días atrás, Lula fue liberado por esa decisión del organismo máximo de la justicia brasileña.

El fallo de los magistrados de apelaciones Joao Pedro Gebran Neto, Carlos Eduardo Thompson Flores y Leandro Paulsen rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Lula y revisó la sentencia a 12 años y 11 meses de presión de primera instancia que este febrero le impuso la jueza Gabriela Hardt.

El instructor del caso, Gebran Neto, aclaró que "en momento alguno se demostró la existencia de cualquier tipo de perjuicio con la inversión del orden" de las declaraciones de los acusados, un argumento que fue respaldado por los otros dos jueces y que usó

En su lugar, el tribunal paulista lo amplió a 17 años, un mes y 10 días de reclusión. Para el tribunal, Lula fue beneficiado con obras por unos 250 mil dólares en un inmueble de su propiedad como parte de un entramado de corrupción que incluye a las empresas Odebrecht y OAS a cambio de contratos con Petrobras.

De esta forma, se agrava la segunda causa por la que Lula fue condenado desde que dejó el Palacio de Planalto. La primera, conocida como "caso del triplex", es por haber recibido una propiedad en la localidad de Guarujá a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras. En esa causa, solo le resta una alegación pendiente del STF. Con los 580 días de prisión, el ex presidente ya cumplió la sexta parte de su condena.

Una vez conocido el fallo, Lula twitteó: "Ganaré cada proceso contra mí desenmascarando sus mentiras. Mi inocencia está probada en el expediente del caso. No tienen pruebas, lo que tienen es una tesis: que Lula no puede ser liberado".

 

 

El presidente aseguró que analiza esa medida desde hace un tiempo.

Donald Trump ya tiene otro enemigo identificado: los narcotraficantes que operan desde México. El presidente de los Estados Unidos anunció que planea incluir a los carteles de ese país en la lista de las organizaciones terroristas internacionales.

Trump se lo confirmó a un periodista en una entrevista telefónica. “Sí, lo haré, absolutamente lo haré”, respondió ante la pregunta sobre si ya había tomado una decisión en ese sentido.

Enseguida, agregó que “hace 90 días que estoy pensando en la manera de hacerlo, porque es complejo pero lo haré”.

En este contexto, a principio de noviembre ocurrió un hecho que avivó el tema: integrantes de la familia LeBarón quedaron atrapados en un tiroteo entre bandas narcos en México. El saldo fue de tres mujeres y seis niños muertos.

Como se trataba de ciudadanos estadounidenses que viven en México, Bryan LeBarón, miembro de la familia, le pidió esa medida al presidente Trump.

¿Cuáles son las actividades ilícitas de los carteles de narcotraficantes?

Señalar que un país tiene organizaciones terroristas es decir que "ese estado es incapaz de actuar, o al menos, es débil frente a la amenaza del narcotráfico”. En consecuencia, los Estados Unidos podrían actuar de manera directa contra esa organización terrorista como en tantos otros rincones del planeta lo ha hecho. Por ejemplo, contra Al Qaeda o ISIS.

Eso es lo que desvela al gobierno mexicano. Trump siempre destacó los compromisos del presidente López Obrador, para luchar contra la inmigración ilegal. Tras la matanza de la familia LeBarón, ofreció ayuda militar si México así lo requiere para actuar contra los narcos.

Pero la acción directa unilateral es algo mucho más grave. Por eso, el primero en reaccionar fue el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional", expresó el funcionario, quien, por las dudas, se apresuró a recordar que “el respeto mutuo es la base de la cooperación".


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Fundado el 4 de agosto de 2003

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