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El ensayista cubano confiesa que se sintió espoleado a escribir "Sin ir más lejos" siguiendo el consejo de su médico personal. Cree que la muerte de Raúl Castro podría favorecer una primavera en la isla, pero él no la verá.

Puesta la vista atrás, a sus 75 años el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner se ve a sí mismo como un "exiliado permanente" que no consiguió su viejo anhelo de volver a la tierra de origen, admitió en una reciente entrevista en Miami.

Tras más de 55 años en el exilio, que incluyeron varias décadas en España, Montaner cree que para regresar a Cuba, de la que huyó a los 18 años de edad, "hizo lo que pudo, pero no fue suficiente", como lo confiesa en Sin ir más lejos, las memorias que ha publicado bajo el sello Debate.

Relata que, desaparecido el comunismo en Europa y esfumadas las dictaduras de derecha e izquierda en América latina, creyó durante un tiempo que su "inevitable compatriota" Fidel Castro entraría en razón.

"No fue así. Mi dictador lo que hizo fue repetir una y otra vez que primero la isla se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo leninismo. No se hundió en el mar, pero casi", recordó el ensayista en la sede del Instituto Interamericano para la Democracia, del que fue fundador y presidente.

En sus memorias, cuya escritura, confiesa, fue espoleada tras una consulta en la que su médico le sugirió que se "apurara", deja constancia de su anhelo latente de volver "sin condiciones" a Cuba aunque cree que eso no va a ocurrir mientras "persista el régimen", el cual no obstante ve que está cambiando.

No es que crea que con Miguel Díaz-Canel vaya a haber un nuevo horizonte democrático pero sí que al actual presidente cubano le gustaría ser "el Adolfo Suárez" de la isla, en alusión al presidente del gobierno español entre los años 1976 y 1981 y figura de la transición en el país europeo.

El ensayista afirma que a Díaz-Canel lo detiene Raúl Castro y "la generación del Moncada", es decir quienes asaltaron aquel cuartel de Santiago de Cuba en 1953, una acción que constituyó uno de los gérmenes de la Revolución Cubana.

"Cuando él (Raúl Castro) muera y no haya acceso a la represión y no tenga el control de la ciudadanía, se puede armar una primavera súbitamente", vaticinó. Habrán "ciertas oportunidades" de que aparezca alguien que cambie las cosas cuando aquellos "desaparezcan del radar", quizás en las próximas décadas, insistió. "Pero yo no lo veré", reconoció.

Con más de 30 libros publicados, entre ellos una importante obra ensayística, se destaca en su bibliografía Manual del perfecto idiota latinoamericano (1996), el éxito de ventas que publicó junto a Plinio Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa y en el que de forma satírica retrataron la historia de América latina y de sus élites culturales y políticas.

"Me temo que sí", responde a la pregunta de si se mantiene vigente la tesis sostenida en el ensayo, al que le siguieron otras dos entregas en los años posteriores.

"El ejemplo de Chile me parece conmovedor, es el país más exitoso de América latina" y sin embargo "los idiotas salieron a quemarlo y destruirlo, y lo han logrado", manifestó, en referencia a los más de 45 días de protestas y disturbios sociales que han dejado al menos 23 fallecidos en ese país.

Protestas que luego se repitieron en Colombia, en gran parte por lo que Montaner califica como el "factor imitación", y que de alguna forma muestran hasta qué punto las democracias en la región siempre han estado en peligro.

El caso venezolano es una "transición hacia un estado delincuencial" y se justificaría una intervención militar, acota Montaner, quien se confiesa sorprendido con la salida de Evo Morales del poder en Bolivia y la llegada a la presidencia de Uruguay del centroderechista Luis Lacalle Pou.

EL REFUGIO

Para escapar de la convulsionada realidad, el periodista buscó refugio en la ficción, en la que se inició con la novela Perromundo (1972), a la que luego le siguieron La mujer del coronel (Alfaguara), Tiempo de canallas (Suma) y Otra vez adiós (Suma).

Si bien la última de las anteriores es la que mejores sensaciones le ha dejado, confiesa que la que más le entusiasma siempre es la próxima en la que está trabajando, que en la actualidad se refiere al suicidio del cubano Paul Lafargue junto a su esposa, Laura Marx, una de las hijas de Karl Marx.

Una novela que le está requiriendo un trabajo de documentación, parecido al que le representó su libro de memorias, si bien distingue que a diferencia de una biografía, las memorias son "los hechos tal y como se recuerdan, y como se recuerdan en un momento dado". "Las cosas cambian muchísimo de color y de textura", admitió.

Lorenzo Castro E.

 

International Rights Advocates asegura que los gigantes tecnológicos se benefician del cobalto que extraen niños.

La organización de derechos humanos International Rights Advocates ha demandado en Estados Unidos a algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo por “beneficiarse conscientemente y ser cómplices del uso brutal y cruel de niños en la República Democrática del Congo que excavan cobalto”, según el documento publicado por The Guardian.

Este mineral es “un componente clave en las baterías recargables de ion de litio de dispositivos electrónicos que estas empresas manufacturan”, explica la organización. Entre los acusados hay gigantes como Apple, Alphabet (empresa matriz de Google), Microsoft, Tesla y Dell Technologies.

Un 60% del suministro global de cobalto, imprescindible para las baterías de ión de litio, procede de RD Congo.

Es la primera vez que estas empresas se enfrentan a una demanda legal de esta naturaleza. Los menores que trabajan a tiempo completo en las minas de cobalto –algunos de seis años de edad, según International Rights Advocates– no tienen ninguna seguridad. Los hundimientos de túneles son comunes y las muertes y mutilaciones, frecuentes. Los trabajadores más precarios utilizan herramientas rudimentarias para excavar en túneles sin ningún equipo de seguridad ni estructura de soporte.

Los demandantes son catorce familias y niños (ninguno de ellos aparece en las fotografías que acompañan esta noticia) que afirman que sus hijos trabajaban ilegalmente en minas propiedad de dos compañías mineras: la británica Glencore y la china Zheijiang Huayou.

La demanda alega que la primera abastece a Umicore, que a su vez comercializa baterías de cobalto a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Por su parte, Huayou también suministra el mineral a tres de ellas.

RD Congo es rico en minerales como estaño, cobre y tungsteno, pero estos minerales están ampliamente repartidos en otros lugares. Por el contrario, alrededor de un 60% del suministro global de cobalto, imprescindible en las baterías de ión de litio, procede de ese país.

Las regiones de Katanga y Lualaba –en la que se ubican las áreas mineras de Kolwezi, Fungurume, Likasi, Kambove, Kipushi y Lubumbasi– son las más ricas en cobalto, pero las condiciones en las que se extrae en algunos casos son extremadamente peligrosas.

Forzados por la pobreza

Los menores de 14 años cobran 0,73 euros al día en las minas de cobalto.

Las familias exigen una indemnización por trabajo forzado y que estas empresas los compensen por enriquecerse injustamente, infligir intencionadamente angustia emocional y por una supervisión negligente en la cadena de producción.

Los salarios diarios oscilan entre los 0,73 euros para los menores de catorce años y 1,83 euros para los hombres adultos, según International Rights Advocates. Forzados por la extrema pobreza, muchos de los jóvenes han dejado la escuela porque no podían pagar los 5,40 euros mensuales que cuesta y se han convertido en mineros artesanales, a veces la única opción económica en su región.

“El auge tecnológico ha pro­vocado una explosión en la ­demanda de cobalto”, expone la reclamación judicial. Según el Banco Mundial, la economía congoleña se ha recuperado precisamente gracias a la actividad minera y a los precios del cobre y el cobalto, que se han disparado por el reclamo global de estos productos.


 

El primer ministro descarta la petición presentada este jueves por Nicola Sturgeon para celebrar otra consulta sobre la independencia.

«Escocia dejó muy claro la semana pasada que no quiere que un Gobierno conservador dirigido por Boris Johnson nos saque de la Unión Europea». Con estas palabras la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, justificó la petición hecha este jueves por la mañana al primer ministro británico para que autorice un nuevo referéndum de independencia bajo la sección 30 de la Ley de Escocia de 1998.

«Pedimos al Gobierno del Reino Unido que negocie y acuerde la transferencia de poderes que pondría fuera de toda duda el derecho del Parlamento escocés a legislar para un referéndum sobre la independencia», declaró Sturgeon al mismo tiempo que la Reina Isabell II pronunciaba el discurso con el que dio inicio la nueva sesión parlamentaria en Westminster.

En una comparecencia en Bute House, la residencia oficial del ministro principal en Edimburgo, la líder del partido nacionalista afirmó que los resultados de los nacionalistas escoceses en las elecciones generales del pasado jueves 12 de diciembre -que ganaron 48 de los 59 escaños en juego en Escocia- le otorgan el «mandato» de celebrar un segundo plebiscito a finales del próximo año.

Una «sagrada herencia»

El primer ministro británico ha repetido en múltiples ocasiones que no aceptará una segunda consulta de independencia, ya que en la de hace cinco años, que fue vinculante, el 55% de los ciudadanos votó en contra del divorcio con el Reino Unido. Ayer mismo recalcó que trabajará para «fortalecer la unidad» del Reino Unido y que no permitirá que «se rompa» esa «sagrada herencia». En una intervención al inicio de la nueva legislatura, Johnson dijo a Sturgeon que se concentre «en sus prioridades» a nivel regional y menos en «tratar de romper» el país.

Pese a la respuesta de Johnson, Sturgeon dejó claro que utilizará todos los medios a su alcance para que esa respuesta no sea «el fin del asunto» y le dijo a Johnson que «no se haga ilusiones» con que así será. Asimismo, en la carta enviada al primer ministro con la solicitud del nuevo referéndum, Sturgeon aseguró que Johnson le había dicho estar dispuesto «a comprometerse seriamente» con sus propuestas en la conversación telefónica que ambos mantuvieron el viernes pasado tras las elecciones.

En la misiva, Sturgeon fue clara con el premier: «Creo que en esto, como en cualquier otro asunto, usted tiene el deber de actuar de una manera considerada y razonable. Por lo tanto, espero discutir más asuntos con usted en el año nuevo». Ayer el Parlamento escocés aprobó una legislación que podría ayudar a allanar el camino a un referéndum. El proyecto de ley de referéndums fue aprobado con el respaldo de los nacionalistas del SNP y los Verdes Escoceses, aunque conservadores, laboristas y liberal demócratas votaron en contra.

En todo caso, para que una supuesta consulta de independencia tenga validez legal, es necesario que el Gobierno británico otorgue al Parlamento escocés el permiso para realizarla.Fue el ex primer ministro David Cameron, el mismo que tuvo la idea de convocar la consulta sobre el Brexit en 2016 tras prometerlo en el programa electoral del Partido Conservador el año anterior, quien autorizó el referéndum de independencia hace cinco años, solicitado por el entonces ministro principal escocés, Alex Salmond.

El Partido Nacional Escocés obtuvo una victoria aplastante en las elecciones británicas de la semana pasada, lo que supuso un espaldarazo para Sturgeon, que basó gran parte de su campaña electoral en la posibilidad de una nueva consulta y en la negativa de Escocia a dejar de formar parte de la UE.

En el referéndum del Brexit que se realizó hace más de tres años y medio, los escoceses votaron a favor de quedarse en la Unión Europea y los planes de Johnson chocan de frente con ese deseo. «Boris Johnson tiene un mandato para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, pero debe aceptar que yo tengo uno para dar a Escocia una elección alternativa para su futuro», aseguró Sturgeon tras el triunfo electoral.

Rechazo al Brexit

La nacionalista explicó además ayer que «el Gobierno nacionalista de Escocia considerará todas las opciones para lograr la autodeterminación de los escoceses si el Gobierno británico intenta evitar que celebre un referéndum sobre la independencia de Escocia». «La pregunta me la plantean a menudo: “¿Qué harás si Boris Johnson dice que no?” Como he dicho antes, consideraré todas las opciones razonables para garantizar el derecho de autodeterminación de Escocia”, aseguró.

El Gobierno escocés defiende que ha habido un «cambio material de circunstancias» desde el referéndum de independencia de 2014, basado en «la posibilidad de que Escocia abandone la UE en contra de su voluntad, y lo que la salida de la UE ha revelado sobre la posición de Escocia dentro el Reino Unido» y Sturgeon insistió en que «la continua negativa a permitir que el pueblo escocés tenga derecho a elegir solo aumentaría el apoyo a la independencia».

Sin embargo, dicho apoyo actual en Escocia a favor de la independencia no está tan claro: las encuestas más recientes muestran un promedio de un 48% de votantes a favor de la separación.

Ivannia Salazar

 

Los demócratas advierten de que retendrán los cargos contra el presidente hasta asegurarse un juicio 'justo'. El mandatario denuncia una "caza de brujas".

El impeachment contra Donald Trump nace herido de partidismo. Salió adelante el miércoles gracias al control demócrata en la Cámara de Representantes y se estrellará en el Senado gracias a los republicanos.

El presidente de Estados Unidos está acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por el escándalo de Ucrania, pero la absolución se da tan por segura que los demócratas temen que el juicio político se convierta en una pantomima. El impeachment, un mecanismo constitucional muy divisivo que Estados Unidos activa por tercera vez en la historia, culmina tres años de tormenta política y se encuentra con un país ya partido por la mitad.

Donald Trump despertó este jueves como nuevo miembro del reducido club de presidentes estadounidenses impeacheados. Tomó su cuenta de Twitter y acusó al Partido Demócrata de haber puesto en marcha “la mayor caza de brujas de la historia americana”.

Un rato después, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, denunció la "ira partidista" de la oposición. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, le replicó al minuto: “Cuando nuestros padres fundadores redactaron la Constitución, sospecharon que podía haber un presidente corrupto. Lo que no sospecharon es que al mismo tiempo hubiese también un líder corrupto en el Senado”.

Y frente a la Casa Blanca, en una tienda en campaña habitualmente allí instalada, un cartel pedía la destitución del “traidor de Trump”.

El día después fue, en resumen, tan crispado como cualquier otro día en Washington. La sensación de cotidianidad que ha transmitido todo este proceso, desde que la investigación en la Cámara baja echó a andar el pasado 24 de septiembre, solo se explica por el clima de turbulencia que Estados Unidos ha normalizado a lo largo de la era Trump.

Los otros dos procesos públicos abiertos contra presidente en el siglo XX -el de Bill Clinton, en 1998, y el de Richard Nixon, en 1974, que no cristalizó en impeachment porque dimitió antes- mostraron hasta qué punto un juicio político de estas características puede dividir a una nación. En este caso, la nación ya está completamente dividida.

El partidismo en el Capitolio se ha extremado hasta llegar a lo tribal. Este miércoles los 431 miembros de la Cámara de Representantes estaban llamados a votar sobre los cargos contra el presidente, acusado de haber presionado -chantajeado incluso- al Gobierno de Kiev para lograr que anunciara unas investigaciones que perjudicaban a los demócratas y le favorecían electoralmente.

Los legisladores debían decidir si todo lo que había estado leyendo y escuchando de testigos sobre el escándalo de Ucrania evidenciaba un caso de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Y el resultado se ajustó casi a la línea del partido casi al milímetro. Ni un solo republicano presente en la sala vio motivos para juzgar a Trump y, sin embargo, todos los demócratas, salvo tres excepciones, lo consideraron irremediable.

El primer artículo del impeachment, de abuso de poder, salió adelante con 230 votos a favor (229 demócratas y un independiente) y 197 en contra (195 republicanos y dos demócratas). El cargo de obstrucción al Congreso fue aprobado con 229 a favor y 198 en contra (de nuevo, todos los republicanos, más tres deserciones demócratas y una abstención).

Y no, no siempre fue así. En el impeachment a Bill Clinton por el caso Lewinsky, del que este jueves se cumplieron 21 años, 31 demócratas votaron a favor de iniciar la investigación del demócrata. Luego, en la votación final en la Cámara, el equivalente a lo sucedido este miércoles, Clinton tuvo el voto negativo de cinco de los suyos y una docena de apoyos de la oposición, el Partido Republicano. A Richard Nixon fueron sus propios aliados los que fueron a pedirle que dimitiera.

En la sociedad civil, el clima también es distinto de entonces. Un estudio de Pew Research, el centro de investigaciones sociológicas de referencia en Estados Unidos, alertaba en 2014 de que la antipatía de los adultos hacia el partido político de la oposición era mayor que en cualquier otro momento de las dos últimas décadas.

El porcentaje de votantes republicanos con una imagen “muy negativa” de los demócratas se duplicó, del 16% al 38%, entre 1994 y 2014. Y en sentido contrario, de demócratas contra republicano, el desagrado se disparaba del 17% al 43%.

La llegada de Trump al poder tiene algo de consecuencia y de combustible para esa crispación. No se encuentra en la historia moderna un presidente tan divisivo, que haya roto tantos protocolos, que haya convertido el insulto y las acusaciones de conspiración a sus propias instituciones en algo tan cotidiano.

Lo mismo se burla de los dientes de Pelosi por Twitter, que tacha de débil y falso al primer ministro de Canadá, o cuestiona la credibilidad de sus propios servicios de inteligencia. Todo, sucedían las investigaciones -por financiación ilícita de campaña u obstrucción a la justicia- y el activismo antitrump se recrudecía.

Este es el contexto en el que Estados Unidos va a vivir su tercer impeachment. Ambas partes se acusan de mala fe. La líder demócrata Nancy Pelosi advirtió este jueves de que no enviará los cargos aprobados al Senado mientras no se hayan sentado las bases para un proceso “justo”, lo que podría retrasar el juicio.

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, que está coordinado el procedimiento con la propia Casa Blanca, según admitió hace días, calificó la intención de Pelosi como un reconocimiento de la debilidad de la causa sobre Trump. Este se mostró tranquilo este jueves: "Es un engaño. No me siento sometido a un impeachment".

En teoría, los senadores deben ahora determinar si Trump congeló 391 millones de dólares en ayudas militares a Ucrania y jugó con una invitación a la Casa Blanca con el fin de lograr unas pesquisas sobre su rival político Joe Biden y el hijo de este, Hunter, por sus negocios en el país.

También, si el torpedeo del mandatario a esta investigación, negando la declaración 12 testigos de la Administración y la entrega a una treintena de documentos, amerita el cargo de obstrucción. Pero esto no va de leyes ni de pruebas, va de matemáticas: 53 de los 100 escaños están ocupados por los republicanos. 


Amanda Mars


 

El presidente tiene 67 años y su continuidad en el poder es un tema que vuelve a cobrar importancia porque en 2024 terminará su cuarto mandato presidencial.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha referido este jueves a la posibilidad de cambiar la Constitución de su país para aumentar el poder del Parlamento y para retirar el límite de mandatos presidenciales.

En el poder desde 1999, con una primera etapa con dos mandatos presidenciales, luego como primer ministro y esta última etapa de nuevo como mandatario, Putin tiene 67 años y su continuidad en el poder es un tema que vuelve a cobrar importancia porque en 2024 terminará su cuarto mandato presidencial.

De acuerdo con la Constitución vigente, que impide más de dos mandatos presidenciales seguidos, Putin no puede presentarse a las próximas elecciones presidenciales. «Solo es posible hacer esto», ha dicho en referencia a los cambios en la Constitución, «mediante una preparación exhaustiva y una profunda discusión en la sociedad». «Hay que ser muy cuidadoso», ha añadido.

Putin ha hablado en concreto de la posibilidad de eliminar el límite de un máximo de dos mandatos presidenciales «consecutivos». «Una cosa que se puede cambiar en los mandatos presidenciales es retirar la cláusula sobre los mandados ''consecutivos''.

Este humilde servidor cumplió dos mandatos consecutivos, dejó el cargo luego y tuvo el derecho constitucional a volver al puesto de presidente porque no eran mandatos consecutivos», ha explicado. «Esto crea problemas a algunos de nuestros analistas políticos y figuras públicas. Podría ser retirado», ha afirmado.


 

El exmandatario se encuentra asilado en Buenos Aires desde el 12 de diciembre.

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en Argentina desde el pasado 12 de diciembre.

La resolución de la justicia del país andino, firmada por dos fiscales de la ciudad de Cochabamba, llega casi un mes después de que el gabinete interino que le sucedió en el poder presentara una denuncia por "sedición y terrorismo" contra el exmandatario. La orden insta a policías y funcionarios públicos a que aprehendan y conduzcan a Morales ante la Fiscalía Anticorrupción de La Paz para prestar declaración por la presunta comisión de esos delitos.

La acusación contra el dirigente cocalero, que gobernó Bolivia durante casi 14 años, se basa en el supuesto intento de alentar los bloqueos a las principales ciudades, impidiendo así el paso de alimentos y combustibles. Bolivia atravesó por una oleada de fuertes protestas tras la salida de Morales el pasado 10 de noviembre. Este dejó su cargo forzado por el Ejército y días después abandonó el país. Se fue a México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido asilo, y allí se encontraba durante las movilizaciones.

El gabinete de la presidenta interina, Jeanine Áñez, difundió entonces la grabación de una llamada telefónica en la que el expresidente supuestamente daba indicaciones a unos seguidores para cortar caminos.

Los bloqueos aislaron durante días La Paz y la contigua ciudad de El Alto, uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La escasez de gasolina fue el primer efecto. La represión de los militares, que fueron eximidos de responsabilidad penal por un decreto ya retirado, dejó decenas de muertos y cientos de heridos.

Ya en ese momento el exmandatario calificó de "montaje" la investigación. "A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos", cargó desde su cuenta de Twitter.

Morales reclamó el martes desde Buenos Aires su derecho a volver a su país con vistas a la convocatoria de elecciones presidenciales -aún sin fecha- tras la anulación de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detectó varias irregularidades y "manipulación dolosa" de las actas. "Si plantean elecciones libres, que me dejen entrar a Bolivia. No voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política”, solicitó en una comparecencia ante la prensa.

Sin embargo, la orden de arresto complica ahora el regreso del exmandatario a la primera línea. El Gobierno de corte ultraconservador de Áñez, que asumió en medio de acusaciones de golpe de Estado, se empleó desde el primer día en debilitar el aparato del Movimiento al Socialismo (MAS), el antiguo partido oficialista, y puso en marcha una campaña para acorralar al entorno de Morales. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsable de la política de seguridad, se estrenó en el cargo anunciando la "cacería" de rivales políticos.

La propia Áñez, del Movimiento Demócrata Social, prometió en una de sus primeras alocuciones como presidenta que no habría persecución de adversarios. Pero ya entonces, antes de presentar una denuncia, quiso dejar claro que el líder indígena se enfrentaría a sus responsabilidades en caso de regresar.

“Ahora resulta que ya están demandando que venga cuando nadie lo echó del país. Él se fue solo, […] él sabe que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana”, dijo. "Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo".

F. Manetto

 

Con 229 votos a favor y 197 en contra, la mayoría demócrata aprobó el juicio político por el cargo de "abuso de poder". Pasará ahora al Senado, de mayoría republicana.

La Asamblea de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles llevar al presidente Donald Trump a un juicio político por abuso de poder con una mayoría demócrata se 229 votos a favor y 197 en contra, mientras continúa la votación por el cargo por "obstrucción al trabajo del Congreso". Se espera un resultado similar.

Así, Trump se unirá a una exclusiva lista que incluye tan sólo dos nombres: la de presidentes que han sido procesados por la Asamblea de Representantes de los Estados Unidos. El primero fue Andrew Johnson en 1868, quien ascendió al poder tras al asesinato del republicano Abraham Lincoln. Johnson, un demócrata del sur de EEUU, obstaculizó el proceso de reconstrucción tras la Guerra Civil y bloqueó múltiples esfuerzos por integrar a la población afroamericana a la vida civil. El impeachment de Johnson fue aprobado y éste pasó a juicio ante el Senado, donde el presidente al final sobreviviría.

El segundo en unirse a la lista es Bill Clinton. Justo mañana se cumple el 21 aniversario del impeachment de Clinton, quien fue acusado de obstrucción de la justicia y de mentir bajo juramento respecto a su amorío con Mónica Lewinsky. Clinton también sobrevivió el juicio en el Senado. 45 senadores votaron culpable en el cargo de obstrucción, en tanto que 50 lo hicieron con el cargo de perjurio, muy por debajo del umbral de dos terceras partes que el proceso demanda.

La mañana del miércoles, con el inicio de los procedimientos ante el pleno, los republicanos lanzaron la primera de lo que se espera serán varias medidas de proceso parlamentario para retrasar el voto contra el presidente. Primero sometieron ante votación del pleno una moción para cerrar a sesión antes de iniciar el proceso. Perdieron 226 a 188 y el proceso continuó. Después presentaron una moción para declarar el proceso del impeachment como ilegitimo y una violación a las reglas de la Asamblea. Los demócratas ganaron 226 contra 191.

De acuerdo con los cálculos más recientes, 221 demócratas más un independiente -el ex republicano Justin Amash, quien, por su oposición al presidente, se vio forzado a renunciar al partido en julio pasado- votarán a favor del impeachment contra Donald Trump. Nueve demócratas todavía no se pronuncian, mientras que dos ya dijeron que votarán en contra de procesar al presidente.

Del lado republicano, 171 legisladores se pronunciaron a favor del presidente, mientras que 26 todavía no han emitido opinión al respecto.

Por ahora el conteo va 223 a favor de remover a Trump versus 173 en contra. Los demócratas necesitan una mayoría simple para aprobar el impeachment y mandar al presidente a juicio político en el Senado. Aún si todos los indecisos y silenciosos apoyaran al presidente, el proceso sería aprobado por la mayoría.

"Nadie está por encima de la ley"

Las reglas que los demócratas -quienes tienen la mayoría en la Asamblea- diseñaron, contempla seis horas de debate y argumentos por parte de los legisladores de ambos partidos. Demócratas y republicanos han tenido oportunidad de acceder a los micrófonos y explicar las razones de sus votos.

El congresista republicano de Utah Chris Stewart afirmó que la jornada de hoy se trataba sólo de una cosa: "Ellos odian a este presidente". Stewart dijo que los demócratas creían que los republicanos eran estúpidos, "creen que cometimos un error, creen que Hillary Clinton debería de ser la presidenta y quieren arreglar eso".

El congresista demócrata de Nueva York Jerry Nadler, presidente del poderoso comité judicial que estuvo a cargo de conducir los procedimientos e investigaciones contra Trump, le respondió: "Le recuerdo al caballero que, si el presidente Trump es removido, el nuevo presidente sería Mike Pence, no Hillary Clinton".

El representante demócrata Ted Lieu de California, uno de los críticos más vocales del presidente, dijo que el impeachment contra Trump es permanente. "Lo va a seguir a donde vaya por el resto de su vida y los libros de historia lo van a registrar, y el pueblo va a saber por qué lo acusamos", aseguró. "Es todo muy sencillo: nadie está por encima de la ley".

Lo que sigue es un juicio político en la Cámara Alta donde los senadores servirían de jurado, el ministro presidente de la Suprema Corte John Robert fungiría como juez, y dos enviados elegidos por Nancy Pelosi operarían como fiscales, mostrando la evidencia contra Trump. Acá Trump tiene las de ganar pues los demócratas necesitarían que dos tercios del Senado votaran culpable. Es difícil imaginar que los senadores republicanos voten en contra de uno de los presidentes más populares entre las bases del partido.

H. Sarquis

 

Podría retirar la «cláusula del abuelo» y los cambios solo afectarían a los nuevos trabajadores, mientras los antiguos conservarían sus privilegios.

Varios centenares de miles de funcionarios y sindicalistas del sector público se manifestaron el martes en toda Francia, para protestar contra el proyecto de reforma del sistema nacional de pensiones, perturbando considerablemente el tráfico ferroviario, el metro y los autobuses, en París y otras grandes.

Según el Ministerio del Interior, 615.000 personas se manifestaron en París y un centenar de ciudades de Francia (67 millones de habitantes). Movilización quizá significativa, pero nada espectacular, incluso aunque los sindicatos anunciasen cifras de alrededor de 1.800.000 manifestantes para toda Francia.

Según la CGT (Confédération Générale du Travail, sindicato ligado históricamente al PCF) en París desfilaron otros 350.000 manifestantes. El Ministerio del Interior calcula, por el contrario, que solo hubo 76.000 manifestantes en la capital. Cifra evidentemente insignificante. Incluso si la realidad estuviese más o menos próxima de las cifras sindicales, se trataría, de cifras importantes, sin duda; pero nada espectaculares en un área urbana (París/región parisina) de 12,6 millones de habitantes.

Si la tercera gran jornada de huelgas y manifestaciones tampoco consiguió paralizar ni bloquear Francia, como amenazaban los sindicatos del transporte público, es evidente que ayer fue un día negro: atascos kilométricos para entrar y salir de París y largas colas de espera para poder tomar un metro, un autobús o un tren.

¿Hasta cuándo durará la crisis y prueba de fuerza entre los sindicatos del sector público y el Gobierno de Emmanuel Macron..? Édouard Philippe, primer ministro, ha invitado a los sindicatos y la patronal a discutir juntos el futuro de la crisis, este mismo miércoles, subrayando su «determinación», pero insistiendo en que «la crisis debe terminar sin victoria ni derrota para nadie».

Durante la jornada de huelga y manifestaciones del martes, los sindicatos se presentaron unidos, sin ocultar completamente posiciones sensiblemente diferentes. La CGT pide la retirada pura y simple del proyecto de reforma que debe suprimir 42 regímenes especiales, sustituidos por un nuevo sistema, único y universal. La CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail, históricamente ligada a distintas familias socialistas) acepta el principio de la creación de un nuevo sistema único y universal de pensiones, suprimiendo los 42 regímenes especiales.

Algunos sindicatos esperan prolongar la crisis hasta Navidad. La dirección de la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer Français, equivalente a la Renfe española) ha tomado medidas excepcionales, diciendo que se «compromete a cumplir con sus compromisos» con todos los viajeros con billete, hasta hoy.

Objetivos estratégicos

El Gobierno de Emmanuel Macron, por su parte, espera poder negociar puntos parciales de la reforma, con dos objetivos estratégicos: romper la unidad sindical y sacar adelante su proyecto de reforma, quizá más aplazado en el tiempo, con algunas concesiones a los sectores dispuestos a negociar algunos puntos concretos.

La CGT es el sindicato mayoritario en la SNCF y los transportes públicos. Pero el sindicato UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes) es el segundo y el primero en los transportes públicos. Laurent Escure, secretario general de UNSA, ha declarado que es posible acabar con las huelgas «si el gobierno hace algunas concesiones».

La CGT es el sindicato históricamente más poderoso de Francia. Pero la CFDT le está robando el primer puesto. La CGT sigue pidiendo la retirada «completa, total» del proyecto de reforma del sistema nacional de pensiones y jubilaciones. La CFDT, por el contrario, acepta el principio de la sustitución del actual sistema por un nuevo modelo, «único y universal», pero espera conseguir algunas concesiones de fondo.

UNSA espera de Macron la supresión de la «cláusula del abuelo»: el nuevo sistema de pensiones solo se aplicaría a los jóvenes que comenzasen a trabajar ahora, o mañana, en los transportes públicos, salvando así los privilegios actuales para los funcionarios, hasta su futura jubilación. CFDT espera de Macron la supresión de la nueva «edad bisagra», los 64 años… cuando podría continuar trabajándose, ganando puntos para mejorar la futura negociación.

Hay muchos otros puntos de posible discusión con ferroviarios, conductores de metro y autobús, enfermeras, médicos, empleados del sector público. Son también, muy numerosos los partidarios de seguir exigiendo la retirada total y completa de la reforma.

Emanuel Macron, por su parte, se dice siempre «sereno y determinado, dispuesto a dialogar, pero firme en el principio de la reforma». La prueba de fuerza sigue su curso, imprevisible, inflamable. Tras la batalla en curso, Francia está viviendo una suerte de «recomposición» del poder sindical. La CGT ha perdido el monopolio de la contestación global, apoyada por la izquierda radical. La CFDT y nuevos sindicatos emergentes, como la UNSA, aspiran a crecer presentándose como reformistas.

Una Navidad sin trenes

La SNCF (Société nationale des chemins de fer français, equivalente a la RENFE española) afirma oficialmente que «garantiza» una plaza de tren para todos los viajeros que tengan hecha su reserva, a día de hoy… Pero un tercio de los viajeros con reserva podrían ser víctimas de «transtornos» y «perturbaciones» que pudieran complicar los viajes en tren en Francia durante estas Navidades.

El Gobierno confía en desbloquear la situación los próximos días, iniciando varias rondas de negociaciones con los sindicatos dispuestos a enterrar el hacha de guerra los próximos días.

Juan Pedro Quiñonero


 

El presidente depuesto de Bolivia hace campaña desde Buenos Aires.

“Si plantean elecciones libres, que me dejen entrar a Bolivia. No voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política”, pidió Morales, en medio de acusaciones de golpe de Estado contra el Gobierno que asumió tras su renuncia, el pasado 10 de noviembre.

Morales renunció a la presidencia presionado por la oposición y el Ejército después de que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) detectara “serias irregularidades” en las elecciones celebradas el 20 de octubre, que lo dieron ganador en primera vuelta sobre el conservador Carlos Mesa. Tras su renuncia, se refugió primero en su bastión de Cochabamba, en la región cocalera de Chapare, y desde allí voló como asilado hacia México.

Tras un mes en ese país, se trasladó a Argentina el 12 de diciembre, dos días después de que llegara a la Casa Rosada el peronista Alberto Fernández, un aliado político que ya le había anticipado su decisión de recibirlo. Morales está en Buenos Aires en calidad de refugiado, una condición que le impide hacer declaraciones sobre la situación política en Bolivia. Las restricciones, sin embargo, han sido bastante laxas.

El sábado pasado, Morales subió a la azotea de la casa que lo aloja en Liniers, centro de la comunidad boliviana en Buenos Aires, para saludar a los seguidores que lo esperaban en la calle.

El domingo lo dedicó a la política. Se reunió con integrantes del MAS para preparar la campaña electoral, almorzó más tarde con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de quienes dijo que recibió “consejos”, y por la noche jugó un partido de fútbol con el nuevo ministro de Deportes, Matías Lammens. Este martes, finalmente, habló con la prensa.

“Tengo la obligación de informar la verdad, He llegado a México triste, destrozado, y hace una semana que estoy en Argentina y empiezo a recuperarme, envalentonado, motivado.

Estoy convencido de que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales”, dijo Morales. Sobre su decisión de cambiar el país de su refugio, la vinculó a la buena relación que tiene con Fernández, la cercanía geográfica con Bolivia y el volumen de la diáspora boliviana en Argentina. Según el último censo de 2010, residen en el país sudamericano unos 350.000 bolivianos, el 19% del total de extranjeros en el país. Las asociaciones de la comunidad cifran, sin embargo, entre uno y dos millones la cantidad de bolivianos que viven y trabajan en Argentina.

Morales dijo que espera que las elecciones convocadas por el Gobierno interino sean “libres, sanas y transparentes”. Reiteró además que no será candidato, pero pidió a cambio que lo dejen volver a Bolivia “para hacer política”. “No sé en qué tiempo tendré garantías para ingresar. No tengo miedo de la detención. Ahora voy a acompañar al candidato o a la candidata para ganar las elecciones. He tenido reuniones con dirigentes bolivianos en Argentina, mi deseo es aportar al proceso de cambio”, dijo. No quiso aclarar si tiene pensado ingresar sin permiso a Bolivia, donde lo espera un proceso por presunta incitación al terrorismo, ni tampoco si se mudará a la provincia argentina de Salta, fronteriza con su país.

Sobre el nombre del posible candidato presidencial del MAS, Morales dijo que hay “muchos líderes jóvenes, en el campo, también en las ciudades”.

“Vamos a buscar un candidato unitario y lo acompañaremos. Vamos a discutir quien puede garantizar el voto duro de los indígenas y también el de la clase media y el sector empresarial”, agregó. Por el momento, la campaña electoral boliviana se traslada a Argentina.

Federico Rivas Molina

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que “se activaron las órdenes judiciales y de la fiscalía” para “capturar a los involucrados” en una supuesta operación terrorista denunciada por el gobierno chavista, que acusó de encabezarla al mandatario interino designado por el parlamento, Juan Guaidó.

“El viernes, en la tarde-noche, se activaron las órdenes judiciales y de la fiscalía para capturar a los involucrados en esta conjura sangrienta”, dijo Maduro, quien señaló como los jefes de esa presunta conspiración al líder del partido Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y a “su subordinado” Guaidó.

El mandatario calificó a López como “un monstruo fascista, psicópata, que ha estado 20 años detrás de todos los hechos golpistas, violentos, siempre”, que “lleva la violencia en la sangre” y “es un enfermo mental de la violencia, y un ladrón, además”.

Luego se preguntó “quién está detrás de esto” y respondió que es “su subordinado, Juan Guaidó, personalmente”.

Maduro involucró también en la “conjura” al ex encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, James Story.

“James Story, usted está dirigiendo estos planes sangrientos, más temprano que tarde la justicia llegará; vean hasta dónde llegan los funcionarios, les derrotamos la conjura, pensaban atacar cuarteles y matar soldados de la patria”, dijo, según las agencias de noticias AVN y EFE.

El jefe del Estado hizo esa declaración ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas, en una sesión especial que tuvo por objeto celebrar el 20mo. aniversario de la aprobación en referendo de la reforma constitucional impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez.

La administración chavista dijo ayer que había logrado desbaratar una “operación terrorista” comandada por líderes antichavistas, que incluía la toma de instalaciones militares y tenía como propósito tapar denuncias de corrupción que pesan sobre legisladores opositores.

Lo anunció en rueda de prensa el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien mencionó entre los supuestos involucrados a López -actualmente refugiado en la embajada de España en Caracas- y a Guaidó.

De acuerdo con esa denuncia, los conjurados pretendían tomar hoy dos cuarteles militares en el estado Sucre, en el noreste del país, con el apoyo de paramilitares colombianos y militares venezolanos que desertaron, quienes traerían unos 300 fusiles desde Colombia.

Según Rodríguez, el objetivo era “generar disturbios y asaltos” en seis de los 23 estados venezolanos, así como “tapar los actos de corrupción” denunciados en el parlamento.

Así como Maduro involucró hoy a Story en el supuesto complot, Rodríguez implicó ayer al presidente de Colombia, Iván Duque.

“Cada vez que usted vea situaciones puntuales de violencia que intentan desencadenar situaciones de desestabilización, ahí está Leopoldo López y ahí están los colombianos, qué digo los colombianos el gobierno de Iván Duque”, exclamó el ministro.

Rodríguez agregó que esas supuestas conspiraciones se solventan con dinero que “los gringos y el gobierno de Duque tienen en Cúcuta (ciudad colombiana fronteriza con Venezuela) para financiar todos los actos terroristas, todos los actos de agresión en contra de Venezuela”.

Antes de las declaraciones de Maduro, Guaidó sostuvo que los chavistas “salieron otra vez a distraer con la enésima novela que venden este año desde (el palacio presidencial de) Miraflores”, luego de presidir una sesión de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) en el estado La Guaira vecino a Caracas, según el diario caraqueño El Nacional.

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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