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El primer ministro se aferra al poder y puede forzar unas terceras elecciones.

El primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, se ha quedado prácticamente sin margen de maniobra para mantenerse en el poder. Ayer tendió la mano a su máximo rival, Benny Gantz, líder de la coalición Azul y Blanco, que lidera el recuento de votos después de las elecciones del martes, pero no tuvo éxito. Gantz rechazó la oferta sin ni siquiera mencionar su nombre.

Los problemas del primer ministro no acabaron aquí porque Avigdor Lieberman, líder ultranacionalista y hasta el pasado noviembre su ministro de Defensa, hizo una oferta a Gantz para cerrar un pacto que excluya a los partidos religiosos y, de paso, también a Netanyahu.

Durante los diez años que lleva en el poder, más que ningún otro jefe de Gobierno, Netanyahu no había estado en una posición tan difícil. El bloque conservador que lidera suma, una vez escrutado el 98% de los votos, 55 escaños.

El bloque de centro izquierda, por su parte, tiene 56. Es más, su partido, el Likud, ha conseguido 31 escaños en la Kneset, dos menos que Azul y Blanco. Todo parece indicar, por lo tanto, que el presidente Reuven Rivlin encargará a Gantz la tarea de formar gobierno. Las consultas arrancan el domingo y se prolongarán durante dos días. Gantz tendrá entonces seis semanas para cerrar una coalición que sume los 61 escaños de la mayoría absoluta.

El ultranacionalista laico Lieberman propone a Gantz un pacto que excluya a los partidos religiosos

Alcanzar esta cifra parece que sólo está al alcance de un gobierno de unidad entre Likud y la coalición Azul y Blanco, pero ésta solo sería posible si Netanyahu se retira. En este sentido, el centrista Yair Lapid, uno de los líderes de Azul y Blanco, pidió al primer ministro que, por el bien de Israel, renuncie a un quinto mandato.

Netanyahu, sin embargo, parece improbable que se vaya sin plantar cara. En octubre ha de comparecer en la vista previa de un juicio por corrupción. El fiscal tiene previsto acusarlo de tres delitos. El juicio podría celebrarse antes de fin de año.

Netanyahu ganó las elecciones de abril pero, cuando no pudo formar una coalición de gobierno, disolvió el Parlamento. Fue una medida sin precedentes porque lo lógico hubiera sido ofrecer a Gantz la posibilidad de intentarlo. Ahora también está en situación de abortar los planes de gobierno del centro izquierda. Le bastaría con mantener a raya a los posibles rebeldes del Likud que quieran vender su piel a cambio de una coalición laica con Azul y Blanco. En este caso podría forzar unas terceras elecciones, hecho que tampoco tendría precedentes. Para lograrlo debería aguantar los 42 días que, a partir del martes, tendrá Gantz para formar gobierno si, como es de suponer, el presidente Rivlin le concede el privilegio.

Netanyahu ganó las elecciones de abril pero, cuando no pudo formar una coalición de gobierno, disolvió el Parlamento

Reuven Rivlin valoró positivamente la oferta de Netanyahu a Gantz de formar un ejecutivo de unidad en el que ambos se alternen en el puesto de primer ministro. Hay un precedente. Entre 1984 y 1988 el conservador Shamir y el laborista Peres compartieron el poder.

Las circunstancias, sin embargo, han cambiado. Gantz, que ayer coincidió con Netanyahu, en un homenaje a Peres, habló de una coalición sin los ultraortodoxos y sin un primer ministro acusado de corrupción. Rivlin, que también estuvo en el homenaje a su predecesor, intentó mediar entre los dos políticos pero no tuvo éxito.

El fracaso de Netanyahu –el segundo desde abril– abrió las puertas a un envalentonado Lieberman, representante de los inmigrantes judíos procedentes de la URSS. Este ultranacionalista, que vive en un asentamiento en Cisjordania y que ha demostrado con creces su aversión a los palestinos, siente el mismo odio por los ultraortodoxos que apoyan a Netanyahu. Su oferta a Gantz arrincona aún más a Netanyahu, muy lejos ahora de su verdadero objetivo: que la nueva Kneset blinde su inmunidad y no pueda ser juzgado.

 

 

Siempre voluntarista, el presidente de Francia hace un balance positivo de la peor crisis de su mandato.

Emmanuel Macron estima que, finalmente, la crisis y franquicia de los chalecos amarillos ha sido positiva para él; y espera poder utilizar esa experiencia para salir de una nueva crisis, no menos grave: la resistencia nacional contra su proyecto de reforma del sistema nacional de pensiones.

El mes de noviembre de 2019, el semanario norteamericano «Time» consagró a Macron como «el próximo líder de Europa», matizando tal consagración con esta frase: «Si consigue liderar Francia».

Dos años después, «Time» vuelve a consagrar su portada al presidente francés, estimando que ha llegado su gran momento, el momento de la verdad de su presidencia, «Macron’s Moment».

Siempre voluntarista, Macron hace un balance positivo de la peor crisis de su mandato, hasta hoy, utilizándola para confirmar sus métodos de trabajo, anunciando novedades sin precedentes, en estos términos:

«En cierta medida, la crisis de los chalecos amarillos ha sido buena para mí… me recordó lo que yo debía y debo ser. El desafío esencial al que debo responder es escuchar más y mejor a la gente». Macron agrega: «Probablemente di la impresión de querer gobernar contra el pueblo. Y, en ocasiones, pude dar la impresión que mi impaciencia era una impaciencia hacia los franceses. No es el caso. Ahora, estoy convencido que debo tomar más tiempos para explicar lo que somos y deseamos hacer».

A continuación, el presidente de la República anuncia un «método de trabajo» sin precedentes en la historia de la V República.

Para zanjar y poner fin a la crisis de los chalecos amarillos, Macron se comprometió de manera personal, única y sin precedentes: durante un largo trimestre, el presidente protagonizó numerosos debates con centenares de alcaldes de toda Francia, de todas las sensibilidades políticas, discutiendo con ellos lo bien o mal fundado de sus políticas de proximidad. Por vez primera en la historia de la V República, el jefe del Estado aceptaba un arriesgado cuerpo a cuerpo con centenares de alcaldes de toda Francia.

Macron anuncia a «Time» un debate más o menos parecido, para explicar en toda Francia su reforma del sistema nacional de pensiones y jubilaciones.

Sindicatos nacionales y sindicatos sectoriales han lazado la guerra contra ese ambicioso proyecto, el más importante de las últimas décadas, si llega a realizarse. Macron anuncia una suerte de «larga marcha», personal, para explicar, discutir y debatir una reforma inflamable. Debate que debiera comenzar dentro de unas semanas, o meses, para prolongarse, cuando menos, hasta la próxima primavera.

 

Juan Pedro Quiñonero

 

 

“Mi verdad es la misma de siempre: nunca tuve vínculos con la OAS ", afirma la expresidenta de Chile y actual alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos.

Las acusaciones contra Michelle Bachelet realizadas por Léo Pinheiro, el ex magnate de la empresa de construcción OAS que acaba de suscribir un acuerdo de delación premiada con la Justicia brasileña, agitan el mundo político de Chile. Pinheiro acusó a la expresidenta socialista de recibir, con la intermediación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, una transferencia de OAS a su última campaña presidencial. Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bachelet reside en Ginebra y apenas viaja a Chile por razones personales. Como funcionaria de una organización internacional, no forma parte de la vida política chilena, aunque sigue siendo por lejos la figura mejor valorada de su país.

“Mi verdad es la misma de siempre: yo no he tenido nunca vínculos con OAS y ninguna otra empresa”, señaló Bachelet este martes en una entrevista con la televisión pública chilena 24 horas, rompiendo su silencio sobre asuntos que no tienen relación directa con su trabajo. La expresidenta manifestó desde Ginebra sus dudas sobre la oportunidad de las acusaciones de Pinheiro: “No sé si hay otro trasfondo detrás de esto”, indicó sobre la acusación que reveló Folha de S. Paulo y fue confirmada por EL PAÍS.

Bachelet dijo que le parece “extraño” que el empresario brasileño no haya querido en su momento aportar antecedentes de la Justicia chilena, cuando la fiscal Ximena Chong lo intentó interrogar. “Y ahora aparece esta información sobre temas tan especulativos como el puente Chacao que, la verdad, fue adjudicado durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), no durante el mío”.

Sobre la posibilidad de que sus colaboradores en la última campaña hayan actuado a sus espaldas, Bachelet afirmó: “Hay un expresidente, Lula, que dice que esto es falso y hay un expresidente [Ricardo] Lagos que dice que él nunca habló de plata con Lula. Es decir, estamos a un nivel de especulación… Y yo no voy a hacer otras especulaciones”. La expresidenta socialista agregó, en cualquier caso, que colaborará con la Justicia si se necesitara mayor información: “Me preguntaron lo mismo cuando era presidenta. Y yo dije ‘la Justicia tiene que hacer su trabajo. Y nosotros vamos a colaborar en lo que sea necesario".

El fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que “nadie está por sobre la ley”, en referencia a la expresidenta de Chile. El Ministerio Público chileno indaga el financiamiento ilegal de la política y sus nexos con Brasil, en una causa liderada por la fiscal Ximena Chong. “Vamos a seguir adelante con la investigación", indicó a Abbott. El Ministerio Público chileno hizo desde 2016 seis requerimientos a la Procuraduría brasileña para acceder a determinadas declaraciones en el marco de los casos Odebrecht y OAS. “En el año 2018, la fiscal Chong concurrió a Brasil a tomarle declaración a Leo Pinheiro, pero él decidió guardar silencio”, agregó.

Según explicó Abbott a través de un vídeo, el pasado 4 de septiembre los brasileños les respondieron formalmente que en el caso Odebrecht no existen antecedentes que vinculen pagos irregulares relacionados con Chile. Mientras que en la trama OAS, la Procuraduría brasileña indicó que no se pueden entregar mayores antecedentes hasta que el Tribunal Supremo de Brasil no apruebe el acuerdo de delación premiada que alcanzaron con Pinheiro, lo que acaba de ser aprobado.

Reacciones políticas

El Gobierno de Sebastián Piñera, en tanto, evitó esta mañana referirse a la denuncia: “No tenemos mayor información”, indicó la portavoz, Cecilia Pérez. Lo mismo ratificó horas más tarde el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Quien reaccionó de inmediato fue el líder del movimiento de derecha extrema Acción Republicana y excandidato presidencial, José Antonio Kast: “Michelle Bachelet debe renunciar a su cargo en Naciones Unidas y venir a enfrentar la Justicia chilena”, escribió en su cuenta de Twitter el admirador de Bolsonaro.

Diferentes partidos y líderes del centroizquierda han defendido a Bachelet. “Pongo las manos al fuego por ella”, indicó el presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, ex ministro de Justicia durante el primer Gobierno de Bachelet (2006-2010). La centroizquierda chilena evalúa que se trata de una venganza en contra de la expresidenta. “Una oscura trama de corruptos y conspiradores brasileños quieren vengarse del juicio que Bachelet hiciera hace una semana del deterioro de la democracia y la justicia en nuestro querido Brasil”, escribió en Twitter el diplomático Juan Gabriel Valdés, que fue embajador de Chile en Estados Unidos en el último Gobierno de la socialista.

El expresidente chileno Ricardo Lagos, en paralelo, negó haber realizado algún tipo de gestión con Lula da Silva para concretar la donación ilegal a la segunda campaña presidencial de Bachelet, como acusó Pinheiro. “Nunca he hablado de platas con Lula. Es todo lo que le puedo decir. Y menos el 2013, cuando yo ya no era presidente. Esto es lo más insólito que me ha pasado”, dijo el líder socialista al diario chileno La Tercera.

De acuerdo con Pinheiro, el dinero desde OAS a la campaña de Bachelet se habría transferido en 2013 por medio de un contrato fraudulento con la firma chilena Martelli y Asociados. A través de una declaración pública, Giorgio Martelli –recaudador de la última campaña de Bachelet y propietario de la compañía–, se defendió de las acusaciones en su contra. “Quiero reiterar que mi empresa jamás ha recibido dinero para financiamiento político”, indicó el geógrafo, que negó gestiones con los expresidentes para concertar una donación: “Jamás he estado con Lula ni con Ricardo Lagos privadamente y menos en tema alguno de financiamiento de campañas políticas”.

Martelli explicó: “El contrato que estableció mi empresa con OAS fue en 2014, posterior a la campaña presidencial, y se refirió a un estudio de precios del suelo y la elaboración de un mapa turístico de Chiloé [en el sur del país]”. El recaudador de dineros políticos agregó que dados los problemas financieros de OAS en Chile, “el contrato finalmente se limitó solamente a la elaboración del mapa turístico de Chiloé”. El producto existe, indicó Martelli, y es "ampliamente conocido”.

Rocío Montes

 

Distintos cargos socialistas creen que lograrán, en el mejor de los casos, 5 ó 6 diputados más que en abril; no se llegaría ni a los 130 escaños y la situación sería muy similar a actual.

Los dirigentes territoriales del PSOE se pondrán desde este martes a preparar las elecciones del 10 de noviembre y todos repetirán con mucha disciplina el argumentario de Ferraz, pero la mayoría de ellos afrontan esta nueva campaña, la tercera en seis meses con una mezcla de hartazgo, perplejidad y, sobre todo mucho temor por los resultados.

"Estas elecciones solo las querían Sánchez e Iván Redondo", han reconocido en privado estos días algunos de los líderes regionales y provinciales que asisten con asombro a la creciente influencia del núcleo duro de La Moncloa sobre Sánchez y, en especial, la de su principal asesor, Iván Redondo, y lamentan la pérdida de peso de figuras claves del partido como el secretario de organización, José Luis Ábalos.

Estos dirigentes, que son los que mejor conocen el terreno en cada provincia, ven muy difícil volver a movilizar a los aparatos del partido, a los militantes y, sobre todo a los votantes como el 28 de abril.

En aquel momento, el PSOE tenía muy clara su guía de campaña para captar votos: un gobierno de izquierdas para frenar a las tres derechas de Colón. Hoy ese temor se ha diluido mucho e incluso en el horizonte se vislumbra un posible acercamiento a Ciudadanos o al PP después de las urnas.

Otro factor fundamental del éxito socialista en abril fue que todo el partido estaba en máxima movilización porque un mes después, el 26 de mayo se la jugaban los presidentes autonómicos, provinciales y locales. Todo el partido estaba en tensión. Nada que ver con la situación actual.

Dirigentes territoriales y alcaldes consultados por LPO reconocen que será muy difícil volver a ponerle las pilas a la organización y a los militantes que daban por hecho ya el gobierno de Pedro Sánchez.

Estos cargos han hecho incluso sus primeros cálculos electorales y creen que el PSOE logrará, en el mejor de los casos, 5 o 6 diputados más que en abril; no se llegaría ni a los 130 escaños y la situación sería muy similar a la de ahora.

Algunos dirigentes recuerdan que el PSOE consiguió en muchas provincias el último diputado que ahora podría estar en riesgo.

Algunos dirigentes recuerdan incluso que el PSOE consiguió en muchas provincias el último diputado que ahora podría estar en riesgo si el PP mejora sus resultados.

Todo esto se dice en privado, casi en secreto porque en el PSOE hace mucho que no hay debate público ni orgánico. De hecho, el comité federal no se ha reunido ni una sola vez desde el 28 de abril y no ha tenido, por lo tanto, papel alguno en las negociaciones y ofertas de gobierno que ha hecho Pedro Sánchez. Algo impensable en otras etapas.

Rodolfo Irago

 

A diferencia de Nicaragua y El Salvador, el país se había resistido a la red chavista de negocios, en una Centroamérica clave como ruta de la droga.

La revelación de que dirigentes chavistas han estado usando Costa Rica para recibir en metálico el dinero de carteles mexicanos –escondido en los contenedores de alimentos embarcados para el programa de bolsas de comida del régimen de Nicolás Maduro–, como pago a los envíos de droga realizados desde Venezuela hacia México y Estados Unidos, ilustra bien el temor de Washington de que el chavismo pueda consolidar sus operaciones delictivas en ese país de Centroamérica.

Hugo Chávez pudo implicar en sus negocios ilícitos a Nicaragua y a El Salvador, mediante una red de empresas creadas alrededor de la petrolera venezolana, PDVSA, o de la iniciativa del ALBA, y durante un tiempo tuvo fácil entrada en la Honduras de Manuel Zelaya. Pero Costa Rica siempre se resistió a las aproximaciones del chavismo, en un área de Centroamérica que es esencial para el trasiego de los cargamentos de cocaína que salen de Colombia y, pasando muchos por Venezuela, se dirigen hacia Estados Unidos.

Sin poder replicar en Costa Rica una estructura empresarial cómplice puesta a disposición por el Frente Sandinista (Nicaragua) o el Frente Farabundo Martí (El Salvador), el chavismo ha echado mano allí de Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), una compañía de implantación local pero de capital estatal venezolano.

«Cocaína dentro de las barras de aluminio»

La empresa perteneció antes a la multinacional Reynolds, que por su peso pudo obtener ciertas ventajas logísticas de las que luego se ha aprovechado el número dos del régimen chavista, Diosdado Cabello, que ha tomado Alunasa como tapadera para sus negocios.

Con sede en el área de Puerto Caldera, en la costa del Pacífico, Alunasa cuenta también con una terminal propia en la costa del Atlántico, en Puerto Limón.

«Eso le da facilidad a Alunasa para mover carga de un lugar a otro, para introducir la cocaína dentro de las barras de aluminio y despacharlas luego hacia la Costa Oeste de Estados Unidos», afirma un colaborador de la investigación llevada a cabo al respecto desde Washington.

A algo de eso se refería el Departamento del Tesoro estadounidense cuando en su denuncia del año pasado contra Cabello mencionaba las operaciones de Alunasa. En el documento se destacaba la estrecha relación entre Cabello y quien era gobernador del estado de Bolívar, donde se encuentran los principales yacimientos mineros de Venezuela y tiene su sede la estatal Venezolana de Aluminio (Venalum), de la que depende Alunasa.

Lavado de dinero

El Tesoro les acusaba, sin mayores especificaciones, de haber usado ambas empresas para «lavar dinero en Costa Rica y Rusia». «Venalum usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Alunasa. Cabello ordenó a los militares venezolanos colocar a varios empleados en Alunasa, en Costa Rica, para seguir la operación. Adicionalmente, Cabello blanqueó capitales a través de Venalum enviándolos a Rusia», indicaba el documento del Tesoro.

Tal como ha develado ahora ABC, parte de las operaciones habían consistido en recibir pagos en efectivo de los carteles mexicanos, en buques que iban de México a Venezuela, llevando la comida para las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y que hacían una parada «técnica» no declarada en Puerto Limón. A parecer el dinero entraba en el sistema bancario de Costa Rica y supuestamente acababa en las cuentas corrientes que Cabello y que Tareck el Aissami, otro de los principales dirigentes chavistas, tienen en bancos rusos.

Después de esa denuncia del Tesoro, formalizada en mayo de 2018, el Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas corrientes que los directivos de Alunasa tenían allí. Sin embargo, las autoridades costarricenses no han llevado a cabo más actuaciones contra la compañía.

Temor a perder puestos de trabajo

Durante la presidencia de Hugo Chávez, este amenazó con el cierre de Alunasa cuando el expresidente costarricense Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, fue especialmente crítico con él. Dado el interés del país por los puestos de trabajo que supone la actividad de Alunasa, Arias rebajó entonces el tono de sus críticas.

Algunos comentaristas han destacado que también ahora Costa Rica ha rebajado su posición frente al régimen de Maduro, pues en la votación sobre la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), prefirió postular una propuesta propia, distinta de la impulsada por los países más críticos con Maduro, pidiendo que expresamente se descartara el uso de la fuerza contra Venezuela.

Aunque Costa Rica ha ejercido históricamente un papel de activa moderación en los conflictos internacionales, también es verdad que generalmente se ha puesto del lado de las aspiraciones democráticas de países vecinos, como hizo dando cobijo a quienes se enfrentaban primero contra la dictadura de Somoza y luego contra la sandinista. Justamente ante la amenaza sandinista de invasión como castigo por esa postura,

Costa Rica invocó el TIAR y, como país sin Ejército, contó con la ayuda de aviación venezolana enviada por el presidente Carlos Andrés Pérez.

Emili J. Blasco

 

La decisión del tribunal establecerá si la cámara reabre sus puertas antes del 14 de octubre.

El Brexit es un proceso de varias aristas, donde la fractura en el seno del Partido Conservador convive con la que padece la sociedad británica, dividida entre los partidarios de la permanencia y los decididos defensores de la ruptura con la Unión Europea (UE). Otra de ellas es la batalla judicial que se libra en los tribunales, que deben establecer si el cierre de cinco semanas del Parlamento británico, una triquiñuela que el primer ministro, Boris Johnson, empleó para asegurarse de que el Reino Unido rompiera con Bruselas el 31 de octubre, fue o no legal.

Brenda Hale, presidenta del TS, ha advertido este martes de que la decisión que tomen los jueces no influirá en el proceso del Brexit, ni influirá en el «cómo y cuándo» se lleva a cabo. Para llegar a una conclusión sobre el cierre del Parlamento ordenada por Johnson, el tribunal cuenta con once jueces.

Sin embargo, los críticos de Johnson, tanto en la oposición como en la bancada «tory», no guardan el menor atisbo de duda: la argucia del primer ministro -al que acusan de mentir a la Reina, que tuvo que confirmar la decisión- estaba destinada a apagar la voz de los diputados del Parlamento que se han significado durante estas semanas como el obstáculo más decidido a sus planes.

En ese sentido, la decisión que adopte el Tribunal Supremo (TS), la mayor instancia judicial del país, será decisiva. Si afirma que el cierre fue una maniobra ilegal, la cámara se verá obligada a abrir de nuevo sus puertas, según especialistas en Derecho, citados por AFP.

La semana pasada, el Alto Tribunal de Escocia sentenció que la suspensión del Parlamento fue un acto ilegal, y acusó al primer ministro de mentir a Isabel II para salirse con la suya. Sin embargo, días antes, el Tribunal Supremo de Londres estableció que el asunto denunciado incumbía exclusivamente a los políticos, y en ningún caso a la Justicia. La contradicción entre estos dos fallos será dirimida por el Tribunal Supremo del Reino Unido.

Johnson ha defendido su decisión afirmando que la sesión del Parlamento era la más larga desde la guerra civil inglesa en el siglo XVII, e intentando tranquilizar a los diputados, diciéndoles que todavía les quedaría tiempo para debatir sobre el Brexit cuando se reiniciaran las sesiones de la cámara.

 

 

La mayoría del Parlamento rechaza el acuerdo, que contempla el regreso del oficialista PSUV a la Asamblea Nacional.

Horas después de que Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, jefe del Parlamento y presidente interino reconocido por más de 50 países, diera por rotos los contactos que desde hace unos meses mantienen enviados de Nicolás Maduro con el resto de partidos del país en la isla de Barbados, el chavismo respondió este lunes anunciando un acuerdo con un sector minoritario de la oposición venezolana.

Mientras se agota el camino auspiciado por Noruega, algunos líderes oficialistas encabezados por Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, organizaron en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Caracas, un acto para presentar un pacto político paralelo con representantes de la denominada Concertación por el Cambio. Se trata de la pequeña plataforma de partidos que agrupa a los opositores más moderados. Ahí estuvieron presentes, en una convocatoria retransmitida por televisión, Felipe Mujica, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Luis Romero.

Los dirigentes chavistas anunciaron el regreso de la bancada minoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional, ya que uno de sus objetivos consiste en organizar a corto plazo elecciones legislativas. Afirmaron, además, haber acordado la conformación de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el rechazo a las sanciones estadounidenses, la liberación de algunos prisioneros y el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente del chavismo. También se habló de instrumentar el programa Petróleo por Alimentos, un mecanismo de asistencia humanitaria que fue desarrollado para paliar los estragos de la guerra en Irak, propuesto por el economista Francisco Rodríguez.

Aunque se trata de un grupo muy minoritario, el paso dado por estos dirigentes ha caído muy mal en el mundo político y la sociedad civil venezolana y ha sido interpretado por periodistas, analistas, políticos y activistas como una artera puñalada a los esfuerzos adelantados por Guaidó por concretar el fin de la usurpación y la transición a la democracia en el país.

Hace pocas semanas, Maduro había anunciado que su delegación se retiraba de las negociaciones de Barbados, acusando a Guaidó de organizar un complot para entregar la Guayana Esequiba, territorio guyanés reclamado por Venezuela hace décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló de todos los activos del Gobierno venezolano en ese país hace días y el eventual endurecimiento de su postura ante Maduro para la última parte del año.

El propio Guaidó, al dar por rotos los contactos, hizo un llamamiento a la población a preparase para redoblar la presión popular en las calles, ahora que se aproxima el fin de las vacaciones escolares y laborales, y ha solicitado una dosis especial de compromiso y desprendimiento “ante la difícil y crucial etapa que se aproxima”.

La medida, que no ha sorprendido a nadie, se materializa luego de un prolongado período de dilaciones de parte de Nicolás Maduro y sus operadores políticos. Renuentes en todo momento a pactar una nueva cita electoral presidencial, —que ha sido universalmente cuestionada por sus irregularidades—, o un acuerdo electoral que le devuelva sus atribuciones naturales a la Asamblea Nacional, hoy en manos de la oposición, el Gobierno de Maduro ha declarado en varias ocasiones que, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, “le van a imponer acuerdos o condiciones a Venezuela”.

La decisión fue dada a conocer en una carta pública en la cual se afirma que “el régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces: tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó".

Esta medida sido acompañada de otros pasos en el terreno diplomático: entre otras, la aprobación, en la Organización de Estados Americanos (OEA), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que abre el compás para nuevas sanciones políticas y diplomáticas en contra de Maduro, y que coloca, al menos en terreno teórico, la posibilidad de ejecutar decisión militar en contra de Maduro.

Alonso Moleiro

 

El primer ministro despliega optimismo antes de su reunión este lunes con Jean-Claude Juncker

Boris Johnson no puede evitar la tentación de hacerse el gracioso, aun a riesgo de restar seriedad a su mensaje. Horas antes de una reunión en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el primer ministro combinaba su pretendido optimismo respecto a un posible acuerdo sobre el Brexit con un tono desafiante muy a gusto de sus seguidores euroescépticos: "El Increíble Hulk siempre lograba escapar, por muy firmes que fueran los grilletes que le aprisionaban. Lo mismo pasa con este país. Nos iremos de la Unión Europea el 31 de octubre [que, de momento, sigue siendo la fecha oficial de salida] y acabaremos con todo este asunto", ha dicho Johnson al diario Mail on Sunday.

Downing Street juega en los últimos días con la idea de que los 27 han cambiado su tono. La posibilidad de un acuerdo sobre el Brexit, sugiere el equipo de Johnson, está más cerca que nunca. “Ha habido un montón de trabajo tras las bambalinas. Y se vislumbra ya la posibilidad de un acuerdo futuro, pero todavía queda mucho por hacer”, ha dicho este domingo en la BBC el secretario de Estado para la Salida de la UE, Stephen Barclay. Sus palabras sonaban más cautas que las del propio Johnson, quien aseguró en una entrevista exclusiva con el Mail on Sunday que se empezaban a detectar “verdaderas señales de movimiento” en Berlín, París y Dublín.

El primer ministro transmitió la idea de que los 27 estaban comenzando a ceder en torno al espinoso asunto del backstop, la salvaguarda impuesta por Bruselas (y aceptada en su momento por la ex primera ministra Theresa May) por la que el territorio de Irlanda del Norte permanecería dentro de la unión aduanera de la UE y sujeta a sus reglas. El remedio para evitar una nueva frontera entre las dos Irlandas, y resucitar el peligro de la violencia terrorista, se ha convertido en el anatema de los euroescépticos, que ven en peligro la integridad territorial del Reino Unido. “Creemos que llegaremos a una solución”, ha dicho Johnson.

Al mismo tiempo, sin embargo, ha repetido su amenaza de ignorar el mandato del Parlamento [que le obligó la semana pasada a reclamar a Bruselas una nueva prórroga si el acuerdo no es posible] y seguir adelante con el Brexit el 31 de octubre, haya o no acuerdo. La metáfora empleada, al referirse al científico del cómic, Bruce Banner, que se transformaba en el Increíble Hulk, ha hecho las delicias de los seguidores de Johnson. “Bruce Banner podía estar atrapado con grilletes, pero cuando le provocaban explotaba y se libraba de ellos. Lo mismo pasa con este país”, ha bromeado el primer ministro.

Algunos medios, como The Times, sugieren que el Gobierno ha diseñado ya una estrategia para sortear la ley, cuando llegue el momento.

Y todos estos chascarrillos y contradicciones solo consiguen provocar más escepticismo en Bruselas. “Seguimos esperando propuestas alternativas de Londres, pero el tiempo se agota”, ha dicho Juncker a la radio alemana Deustchelandfunk.

“Un Brexit desordenado provocaría un caos en las islas y en el continente. Y llevaría muchos años arreglar las cosas. Si amas a tu país, y supongo que todavía hay muchos patriotas en el Reino Unido, no deseas para tu país ese destino”, ha advertido el presidente de la Comisión Europea antes de ver a Johnson.

Rafa de Miguel

 

Pablo Iglesias propone una coalición a la italiana, mientras Sánchez exhibe el pacto de gobierno de Portugal. Dos fórmulas distintas con sus pros y sus contras. ¿Funcionarían en España?

El tiempo se agota y, salvo acuerdo de última hora, España está abocada a una nueva repetición electoral el próximo 10 de noviembre. El PSOE y Podemos rompieron las negociaciones el pasado martes tras constatar que ninguno cede a sus pretensiones. Pablo Iglesias se fija en Italia para defender su propuesta: un gobierno de coalición que dé estabilidad al país. Sánchez, sin embargo, mira a nuestros vecinos de Portugal que gobiernan en solitario con apoyo parlamentario de la izquierda. Dos fórmulas distintas con sus pros y sus contras que quieren exportar a España Pero, ¿funcionarían en nuestro país?

Iglesias utilizó la tribuna del Congreso para sugerirle a Sánchez seguir el ejemplo italiano: una coalición formada por el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Demócrata (PD). "Es preferible siempre un Gobierno de coalición que una repetición electoral", dijo el líder de Podemos evocando al ex vicepresidente italiano Mateo Salvini.

Iglesias olvida la inestabilidad producida por Salvini tras forzar una nueva repetición electoral. La crisis económica y la política se fusionaron. El dirigente italiano presentó una moción de censura para tumbar a sus antiguos aliados en el Ejecutivo y convertirse en primer ministro aprovechando los datos favorables que le daban las encuestas.

La desconfianza, curiosamente, fue también uno de los detonantes para que ambos mandatarios se dieran cuenta que no tenían ningún punto en común tras 14 meses gobernando juntos. Un órdago que se volvió en contra de Salvini: no hubo elecciones y el presidente de la República ordenó a Giuseppe Conte formar gobierno. Actualmente, se repite la coalición entre ambas formaciones con Salvini fuera del Ejecutivo. El ex vicepresidente italiano se dio de bruces con la realidad cuando supo que no tenía ese gran apoyo social y mediático que creía.

A pocos días para la disolución de las Cortes, la izquierda no se entiende abocando a la ciudadanía a las cuartas elecciones en cuatro años. Ambas formaciones temen que este desencuentro provoque la desmovilización de sus votantes el próximo 10 de noviembre

En España las elecciones se asoman a la vuelta de la esquina. La mayoría de encuestas reflejan una subida del PSOE en detrimento de otro batacazo de Unidas Podemos. Los expertos advierten de que estos datos arrojarían unos resultados similares a los actuales de bloqueo parlamentario. PSOE y Unidas Podemos tendrían que tratar de entenderse de nuevo, si la derecha vuelve a cerrase en banda.

En Podemos creen que sus escaños todavía podrían ser más valiosos si Sánchez no consigue otro socio preferente. El desgaste acusado al líder socialista podría volverse en su contra. Desde el PSOE no lo ven así. Piensan que otra repetición electoral podría abrir nuevos horizontes con otras fuerzas que, esta vez por responsabilidad, podrían "mover ficha", en referencia a PP o a CS. La vuelta al bipartidismo es el fantasma que sacudirá Podemos en su campaña electoral, si finalmente hay comicios.

La propuesta idílica del PSOE siempre ha pasado por un gobierno ‘a la portuguesa'. El socialista Antonio Costa gobierna en solitario con apoyo parlamentario de las fuerzas de izquierda. Diputados socialistas insisten en que "la fórmula ha dado estabilidad en Portugal", aunque otros critican que "no se daría el ejemplo exacto en España, ya que contamos con una crisis territorial (Cataluña) y otras características" que no se dan en el país luso.

El pacto de Costa en Portugal que unió al socialismo con los comunistas y el bloque de izquierda, incluye el acuerdo para una serie de reformas pro mercado, como la baja de impuestos para atraer grandes capitales, que España serían objetadas por Podemos.

El pacto de Costa en Portugal se antojó imposible hace cuatro años. La alianza bautizada despectivamente como ‘jeringonça' (chapuza), reúne al Partido Socialista, el Partido Comunista (PCP) y el Bloque de Izquierda (BE), similar a Podemos. El pacto suma 122 de los 230 escaños y todo apunta que el socialista Costa volverá a gobernar reeditándolo tras los próximos comicios de octubre. Las cifras respaldan el acuerdo mejorando la economía del país: Portugal creció al 2,1% en 2018, con un déficit del 0,5% del PIB y un desempleo que roza el 6%.

Los socialistas españoles piden a sus socios de Podemos que tomen ejemplo: la formación portuguesa homóloga a los morados no entró en el Ejecutivo apoyándolo desde fuera. Sin embargo, muchos son conscientes de que el modelo de Costa no es el mismo que el de España. A la crisis territorial de Cataluña, los nacionalismos periféricos, se sumó la aparición de Ciudadanos y Vox. Algunos economistas explican que las reformas acometidas por Costa que explican el ‘milagro portugués', "el PSOE no tendría el apoyo necesario en la Cámara para aprobarlas en España", sostienen.

El mandatario luso apostó por un amplio recorte de impuestos, beneficios fiscales para atraer al país a grandes fortunas y empresas y una medida que concede el permiso de residencia a los empresarios/inversores que creen 10 puestos de trabajo o compren inmuebles de una cuantía superior a 500.000 euros. Unas medidas que Podemos no contempla en su programa y que supondrían la falta de apoyo en la Cámara Baja o un tonteo de los socialistas con la derecha.

A pocos días para la disolución de las Cortes, la izquierda no se entiende abocando a la ciudadanía a las cuartas elecciones en cuatro años. Ambas formaciones temen que este desencuentro provoque la desmovilización de sus votantes el próximo 10 de noviembre.

A expensas de un pacto in extremis, el Rey realizará la ronda de contactos con las formaciones el lunes y el martes. Desde el PSOE insisten en que, aunque el monarca le pida a Sánchez que se presente, el presidente en funciones rechazará el encargo si no tiene un acuerdo sellado y estable este martes.

Nuria Val 

 

Caos en carreteras. El informe prevé, entre otros graves contratiempos, colas kilométricas en las carreteras, sobre todo cerca de los puertos del canal de la Mancha como Dover y Folkestone.

En la mitología griega, Caos era una divinidad sin personalidad, encargada de dar forma a Erebo, el dios de las tinieblas, y a Nix, la diosa de la noche. En matemáticas, en la teoría de los sistemas dinámicos, los fenómenos caóticos tienen un comportamiento errático y una apariencia aleatoria aun cuando no constituyen hechos propiamente aleatorios ya que son el resultado de factores deterministas. En el diccionario, el caos es el estado originario y confuso de la materia anterior a la ordenación del universo. En el lenguaje popular, alude al desorden, a la desorganización, al desconcierto, es algo que genera incertidumbre.

El Brexit –y sobre todo un Brexit sin acuerdo– es el caos. Por si cabía alguna duda (y cabían pocas), el propio Gobierno británico lo reconoce en un informe titulado Operación Yellowhammer (escribano cerillo, un pájaro migratorio), que ya había sido filtrado a la prensa hace unas semanas y que la Cámara de los Comunes le ha obligado a hacer público como un dentista que saca una muela sin anestesia al paciente, en este caso Boris Johnson, coallende sus fronteras (esas que quiere controlar como sea).n esa vieja técnica de atar un hilo por un lado al diente y por otro al picaporte, y dar un portazo. Los gritos en Downing Street se han escuchado de punta a punta del país, e incluso

Lo último que hizo el Parlamento antes de ser clausurado por las bravas (para Boris todo es por las bravas, ya sea lidiar con el legislativo o sacar al Reino Unido de Europa) fue obligar al Gobierno a hacer públicas sus previsiones sobre lo que pasará a partir del 1 de noviembre si no hay una salida ordenada –y ayer el negociador europeo Michel Barnier dijo que Londres no ha presentado ninguna nueva oferta, y por tanto no hay nada nuevo bajo el sol y nada de lo que hablar–. No por tratarse de algo que ya habían contado los periódicos el impacto fue menor. Las buenas películas de horror también hacen saltar del asiento aunque ya se hayan visto mil veces.

Colas kilométricas en las carreteras, sobre todo cerca de los puertos del canal de la Mancha como Dover y Folkestone. Disminución de los alimentos frescos en los supermercados y del suministro de medicinas, sangre y plasma, con riesgos adicionales para la vida de las personas.

Precios más caros de la gasolina y de la comida, que afectarán sobre todo a las clases económicamente más desfavorecidas (en ningún caso a los amigos ricachones de Boris y su gurú Dominic Cummings). Manifestaciones y posibles enfrentamientos en las calles. Cierre de refinerías. Reanudación de los controles fronterizos entre el Ulster y la República de Irlanda.

Choques entre buques pesqueros británicos y los más de trescientos de la Unión Europea –sobre todo franceses, pero también españoles y de otras nacionalidades– que faenan en aguas que de la noche a la mañana les estarían prohibidas. Parece un capítulo de los Cuentos macabros de Edgar Allan Poe, del Frankenstein de Mary Shelley, el Drácula de Bram Stoker, las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer o cualquier best seller de Stephen King. O un cuadro particularmente siniestro de El Greco. O una pintura negra de Goya.

Cuando un funcionario (que nunca ha sido descubierto) filtró el documento al Sunday Times, la Administración Johnson escabulló el bulto diciendo que eran papeles viejos de Theresa May que habían perdido actualidad.

Ahora que los Comunes le han puesto una pistola en la sien para que los divulgue, la excusa es que se trata únicamente de un plan de contingencia para el peor escenario posible, pero es casi seguro que la sangre no llegará al río, habría –eso sí– problemillas menores los primeros días, hasta cogerle el tranquillo a la cosa y enfrentarse a la nueva realidad con el tradicional espíritu sufridor inglés, ese que llevó al país a soportar estoicamente el blitz alemán, por ejemplo. Con la pequeña diferencia de que una cosa es una guerra para salvar la libertad de Europa, y otra muy distinta pegarse un tiro a sí mismo.

Los problemillas a los que se refiere Michael Gove, el ministro encargado de los preparativos de la salida, son en realidad problemazos. Un 85% de los cuatro millones de camiones que anualmente cruzan el canal no estarían preparados para el nuevo régimen de aduanas que les aplicaría Francia, no habrían rellenado los formularios necesarios ni pagado las tarifas correspondientes, con lo cual serían aparcados entre dos y tres días hasta que se resolvieran los trámites burocráticos. De la noche a la mañana, el flujo de mercancías entre Inglaterra y el continente se reduciría entre un cuarenta y un sesenta por ciento. Las colas en la frontera entre España y Gibraltar serían de horas.

Tres cuartas partes de las medicinas que se prescriben a los pacientes británicos llegan del resto de Europa, en una cadena de suministros sometida a estrictas regulaciones y que se vería afectada en alrededor de un cuarenta por ciento. Muchas de ellas tienen fecha de caducidad y no se pueden almacenar mucho tiempo. Lo mismo ocurriría con los medicamentos para animales domésticos, con el peligro de epidemias. Según Boris, peccata minuta.

Pero ayer el primer ministro no perdió el sueño con los pronósticos de cómo sería la vida en Gran Bretaña el día siguiente a una salida sin acuerdo, sino negando por activa y por pasiva que haya engañado (o cuando menos informado mal voluntariamente) a la reina al pedirle que firmara la suspensión del parlamento, que es lo que dice una sentencia de los jueces de Edimburgo.

En sus duelos con el Parlamento pierde por seis a cero, pero la judicatura se le da mejor y por el momento gana dos a uno, habiendo contrarrestado la derrota en Escocia (terreno difícil para los ingleses) con victorias en Londres y Belfast, donde ayer los jueces no se declararon competentes para entrar en el fondo de una cuestión eminentemente política, pero opinaron que un Brexit duro no es necesariamente incompatible con los acuerdos del Viernes Santo. La eliminatoria se decidirá el martes en un playoff en el Tribunal Supremo.

Los tribunales van a la suya, y los políticos también. La perspectiva de elecciones en el otoño, ya sea después de una salida acordada, salvaje o la solicitud de otra prórroga, ha acelerado las componendas tanto dentro del bloque leave como remain. Pero forjar alianzas no es fácil, como Sánchez, Iglesias, Rivera y Casado demuestran cada día en España. Nigel Farage ha pedido a Boris vía libre para sus candidatos en nada menos que noventa circunscripciones, una barbaridad a la que el primer ministro ha respondido que “ni loco”, insistiendo en que quiere ver al líder euroescéptico de ultraderecha lo más lejos posible del poder “porque es un peligro público”.

Del otro lado de la barrera, los liberales demócratas han marcado distancias decantándose directamente por la revocación del Brexit. Y el Labour, una vez que ha optado por postergar las elecciones hasta noviembre, ha recuperado sus dudas existenciales. ¿Cuál es el objetivo, un nuevo referéndum antes de los comicios o después? ¿Una salida suave negociada por Corbyn, o seguir en la UE? La cosa cambia según quien coja el micrófono.

El Doctor Caos, protagonista de un cómic y de un videojuego de aventuras, es un agente del Gobierno con increíbles conocimientos, capaz de predecir las acciones de los demás con enorme exactitud, y de descubrir sus secretos. Boris Johnson querría ser como él.

Rafael Ramos

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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