Jueves, 09 Julio 2020 00:00

Vicentin: un duro dictamen que compromete a Cambiemos, salva a Mauricio Macri e interpela el relato K - Por Nicolás Wiñazki

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El fiscal alertó sobre “connivencia” entre ex directivos del Nación y directores de la compañía, pero exime al ex presidente. Es el mismo funcionario judicial que había cuestionado Cristina por causas K.

 

El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa penal que investiga posibles hechos de corrupción en el otorgamiento de créditos multimillonarios del Banco Nación de la Argentina (BNA) al holding del agro Vicentin, determinó que existen elementos probatorios suficientes -para este momento de la pesquisa-, que indicarían que los directivos de la entidad bancaria durante los últimos meses de la gestión de Cambiemos, por pedido de los directores de la megacompañía del agro, le permitieron a la firma desviar alrededor de 18 mil millones a cuentas corrientes, lo que habría facilitado que esos montos se utilicen con fines en parte desconocidos. En rigor, esa plata debía guardarse como reaseguro ante los múltiples créditos que consiguió Vicentin antes de entrar en concurso de acreedores. Por estas maniobras, el fiscal dispuso en una resolución al que accedió Clarín la inhibición general de bienes del ex director del BNA de Cambiemos, Javier González Fraga, además de imponer esta medida al directorio y otros empleados. También ordenó que se inhiban los bienes de directivos de Vicentin, como Roberto Vicentin, Máximo Padoán y Sergio Nardelli. Los ex funcionarios y privados a los que Pollicita inhibió sus bienes son muchos más.

Además, Pollicita dispuso la inhibición general de los bienes de Vicentin S.A y de Algodonera Avellaneda S.A (parte del holding de la cerealera). Y prohibió innovar en la composición accionaria de esta última firma.

El fiscal se declaró incompetente, en cambio, para investigar otros posibles delitos de Vicentin que había denunciado ante su fiscalía la Unidad de Información Financiera (UIF). Argumentó que tomaba esa decisión por razones de "territorio" y la razón de los hechos denunciados, y remitió esa parte de sus actuaciones a la Justicia Federal de Reconquista, Santa Fe, donde tiene su sede la agroexportadora que la gestión presidencial de Alberto Fernández intentó intervenir por decreto, anunciando además un proyecto de ley de expropiación que nunca se presentó en el Congreso.

El Gobierno nacional esperaba una noticia judicial en este sentido, aunque la resolución de Pollicita limitó las denuncias oficiales respecto a Vicentin, que abarcaban también contrabando de cereales, entre otras cuestiones, y que buscaban además involucrar en modo directo al ex presidente Mauricio Macri en la posibles maniobras irregulares financieras de la empresa.

La investigación, descripta con prosa clara en el escrito de Pollicita y su equipo, abarca otros posibles delitos cometidos en supuesta connivencia entre el BNA y los directores de Vicentin.

Por ejemplo, cómo y por qué la entidad financiera estatal le otorgó varios de los últimos créditos a Vicentin, y si el Banco Central estaba al tanto de esas operaciones ya que habría detectado que la empresa había perdido su categorización financiera en el BNA y tenía un tope de préstamos.

Tras dictar estas medidas, la lógica procesal es inapelable: vendrán otras acciones procesales vinculadas a estos hechos jurídicos incipientes.

"Los elementos recabados hasta el momento permiten sostener que los funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes de sus cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente multimillonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba", redactó el fiscal Pollicita en uno de los párrafos de su escrito.

Y sigue: "A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados a la garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo".

El fiscal Pollicita describe con cuadros y gráficos, y también con reproducciones de memorandos internos del BNA e informes del BCRA, otra variable que tuvo en cuenta para tomar estas primeras cautelares en el caso Vicentin.

Según el fiscal, "la decisión de financiar ilegalmente a la firma Vicentin fue tomada por los funcionarios de línea del BNA conjuntamente con los propios directores de la banca pública, por cuanto tenían pleno conocimiento del apartamiento a la normativa GERC y de las alertas del BCRA por el excesivo endeudamiento, sabían que el Grupo Vicentin registraba deudas millonarias con la entidad y conocían que la firma no contaba con la calificación crediticia desde el 30 de abril de 2019".

En el escrito judicial tal vez se resume parte de la operatoria bajo sospecha en este párrafo. Después de hacer un cuadro con un larguísimo listado de transferencias interbancarias que se hicieron entre las cuentas de resguardo de los créditos de Vicentin a cuentas corrientes de libre disponibilidad para los privados, el fiscal redactó que "como se puede observar, conjuntamente, funcionarios y empresarios lograron que la plata que era garantía de los créditos fuera transferida de las cuentas garantías hacia una cuenta de libre disponibilidad de la firma en el BNA, para que una vez allí, al menos 17 mil millones -$17.199.202.360, 76-, fueron transferidos a cuentas de la empresa en otros bancos, consiguiendo el éxito de la operatoria descripta ya que en la actualidad, su cobro es cuanto menos incierto, dado que, como se sabe, la empresa se encuentra en concurso preventivo desde el 10 de febrero del 2020".

"De los casi 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos que el BNA a lo largo del período de agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas de garantía de las deudas de Vicentin, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del BNA".

Como se dijo, el Gobierno, a través de la UIF, denunció que el ex presidente Mauricio Macri, su ex titular del BCRA, Guido Sandleris, y los principales representantes de Vicentin, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli también formaron parte de los posibles delitos investigados. Por eso el organismo solicitó que la inhibición general de bienes también sea ordenada para ellos.

El fiscal Pollicita afirma que no existen pruebas que indiquen que los empresarios privados antes mencionados participaron las maniobras investigadas. Lo mismo para Sandleris. Y para Mauricio Macri: "No se evidencian piezas probatorias sólidas que corroboren la intervención del ex mandatario".

Todos los afectados por las medidas de Pollicita niegan haber cometido delitos. Tanto los directivos de Vicentin como los ex funcionarios del BNA. Su ex titular, Javier González Fraga, dejó trascender que las medidas que adoptó el BNA tuvieron que ver con varias situaciones, como la afirmación de que en ningún momento las gerencias de la entidad informaron sobre una crisis financiera o económica de Vicentin; a lo que suma una espera en el pago de su deuda para evitar una "corrida" contra la agroexportadora que habría generado su caída final; a lo que se sumó una devaluación del peso tras las elecciones primarias del 2019, lo que sí agravó el panorama de la firma.

En resumen, el ex titular del BNA ha repetido ante diferentes interlocutores, según reconstruyó Clarín, que el Gobierno lo acusa a él y a Macri de no haber provocado la quiebra de Vicentin, mientras que ahora desde la Casa Rosada se dice que es una empresa líder y que por eso la debe rescatar el Estado. "La denuncia fue un primer paso para preparar la expropiación", es otro de los argumentos que dio Fraga, además de remarcar que fue durante las gestiones de los Kirchner cuando el BNA más créditos le otorgó a la agroexportadora.

La causa Vicentin acaba de comenzar. El Gobierno quería que la Justicia involucrase a Mauricio Macri en maniobras que la Justicia ahora dice tener casi probadas para una etapa inicial de pesquisa.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez del caso, Julián Ercolini, fueron descalificados varias veces por la actual vicepresidenta Cristina Fernández por sus investigaciones sobre hechos de corrupción que la terminaron por procesar en expedientes elevados a juicio oral, como el caso Hotesur, o Los Sauces, sus pesadillas debido a que también están procesados sus hijos, Máximo y Florencia.

¿Investigaron mal antes y lo harán ahora? ¿O todo lo contrario? Dilema para la retórica del Instituto Patria.

Nicolás Wiñazki

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