Miércoles, 10 Mayo 2017 00:00

Consenso político y social bloquea el 2 x 1 a represores - Por Horacio Serafini

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•Diputados excluyó el beneficio en crímenes de lesa humanidad. •El Senado hace lo mismo hoy. •Marchas en todo el país. •Mientras, el fiscal Marijuan imputó a los tres miembros de la Corte que votaron a favor.

 

La Plaza de Mayo será hoy el escenario central de la manifestación popular que se replicará en todo el país en rechazo al fallo de la mayoría de la Corte Suprema, que hace una semana habilitó la aplicación del beneficio del dos por uno a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Las protestas contra la posibilidad de que a ese beneficio se acojan otros condenados en un virtual restablecimiento de la impunidad para semejantes ilícitos sucederán en un escenario de hechos consumados: anoche, Diputados dio media sanción por una mayoría pocas veces vista (211 a 1) a una ley aclaratoria que excluye sin márgenes para las dudas a los condenados por crímenes de lesa humanidad y fija criterios temporales para esa norma en relación con otros delitos.

El Senado espera replicar hoy ese amplio consenso y despachar la sanción definitiva con igual rapidez, para evitar que lleguen más pedidos a los tribunales, como el que anteayer hizo en Córdoba el represor Arnoldo López.

Mientras, el juez Marijuan imputó a los tres jueces del voto polémico, y desde el Congreso se busca eliminar el dos por uno para los delitos de lesa humanidad. Anoche, Diputados alcanzó un proyecto común y hoy habrá sesión especial del Senado.

La concentración a la que convocó la gran mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con la adhesión del grueso de los partidos de la oposición y que se estima será equiparable a la que en su momento provocaron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, se produce en medio de una evidente toma de distancia por parte del Gobierno nacional respecto del fallo que tuvo el voto a favor de los jueces de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el llamado “caso Muiña”.

El distanciamiento del oficialismo volvió a expresarse ayer a partir de declaraciones periodísticas de ministros y secretarios del Gobierno nacional, entre ellos el titular de Interior, Rogelio Frigerio. Incluso del secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Claudio Avruj.

Este fue el primero que a pocas horas de conocerse el fallo de la Corte eludió pronunciamiento político; dijo entonces: “Estoy de acuerdo con el dos por uno si el fallo está ajustado a la ley”.

Pero ayer, en cambio, se alineó con los pronunciamientos en contrario del resto de los funcionarios, y sostuvo en un comunicado de la secretaría a su cargo, y con relación a un pedido presentado por el represor Carlos Trucco, quien cumple condena para ser beneficiado con el dos por uno: “Atento la normativa internacional incorporada a nuestra Constitución, no pueden acogerse al beneficio que hubiera otorgado la ley del dos por uno aquellas personas que se encuentren imputadas por delitos de lesa humanidad”.

Hasta anoche no se conocía un pronunciamiento sobre el tema del presidente Mauricio Macri.

Aquel argumento de Avruj es el mismo que el bloque de Cambiemos en el Senado introdujo en el proyecto de ley que presentó ayer para acotar el alcance del fallo de la Corte en el sentido de que el dos por uno fue una norma vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada.

“Es una ley interpretativa de una ley derogada”, dijo a La Voz la titular del bloque senatorial PRO, Laura Rodríguez Machado. La senadora cordobesa reveló que el proyecto no contó con el acompañamiento en su presentación del jefe del FPV, Miguel Pichetto, aun cuando se terminó por incluir en él “inclusive los delitos de lesa humanidad”.

Presión de Marijuan

El distanciamiento gubernamental pareció tener su correspondencia en el Poder Judicial. Ayer el fiscal Marijuan imputó a los tres jueces de la Corte que votaron el dos por uno por presunto prevaricato (fallar contrario a derecho), ante una denuncia presentada por el abogado Marcelo Parrilli. Pero en su presentación ante el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa Muiña, Marijuan se abstuvo de pedirle cualquier otra medida útil para el avance de la investigación. Sostuvo que los hechos “podrían ser considerados una cuestión de puro derecho” y no materia de delito.

Poco antes, Rafecas tomó declaración testimonial en el hospital Posadas, en el Gran Buenos Aires, a víctimas de Muiña, quien poco después del golpe de Estado de 1976 secuestró y torturó allí a cinco personas.

Marcha desde el Patio Olmos. En Córdoba al igual que en el resto del país. Distintas organizaciones sociales y políticas convocaron para la marcha de hoy en Córdoba. Educación autorizó a docentes y a alumnos a concurrir. Será a las 18, desde el Patio Olmos hasta la sede de Tribunales federales.

Horacio Serafini

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