Domingo, 10 Diciembre 2017 00:00

Mani Pulite - Por Eduardo van der Kooy

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El Gobierno empuja un proyecto en el Senado para darle un marco objetivo al dictado de prisiones preventivas.

 

La escena política se transfigura en la Argentina con una velocidad que da pavura. El submarino ARA San Juan sigue extraviado como hace 25 días con sus 44 tripulantes. La tragedia, por ende, no ha desaparecido. El conflicto con grupos mapuches permanece en la Patagonia. Tanto que forzó una reunión en el más alto nivel del Poder Ejecutivo con los gobernadores de Rio Negro, Neuquén y Chubut. Pero el fallo del juez Claudio Bonadío, que solicitó el desafuero y la prisión preventiva de Cristina Fernández por el Memorándum de Entendimiento con Irán, pareció desplazar todo aquello con el vigor de un vendaval.

La decisión del magistrado dibujó imaginariamente una doble encrucijada. La más importante corresponde al peronismo. La ex presidenta ha sido repuesta como centro de gravedad en la oposición mayoritaria. Justo en el momento en que en dicho espacio comenzaban a consolidarse ciertas fragmentaciones. A Mauricio Macri se le presenta un desafío diferente. Corre riesgo que la nueva revulsión complique los proyectos de reformas –previsional y laboral-- que tiene entre manos el Congreso. Una complicación simple sería que se difieran.

El peronismo debe cargar con demasiados sobrepesos. El debate por el recambio del liderazgo representa un asunto natural para un sector político que viene de sucesivas derrotas electorales. Pero figuran también las innumerables causas de corrupción que se ventilan cada día. Ahora se instala la acusación por “traición a la patria” que Bonadío descargó sobre la ex presidenta y socios. La oposición está en una auténtica encerrona con su pasado.

La mancha salpica incluso a muchos que desde el 2015, cuando ganó Cambiemos, pretenden tomar distancia de la década anterior. Aquel inexplicable Memorándum de Entendimiento con Irán fue aprobado por diputados (131-113) y senadores (39-31) de la oposición que conservan vigencia. El principal de todos es Miguel Ángel Pichetto, que la semana pasada formó un bloque propio de 25 senadores que terminó por aislar a la ex presidenta. Hasta se anotaron viejos socios de ella, como el tucumano José Alperovich o Carlos Menem. Cristina estará rodeada por sólo nueve consecuentes.

La incomodidad del peronismo se planteará en varios planos. Uno tiene relación con exhumar las oscuridades de un pacto que en su momento votó a libro cerrado. El otro se vincula a la defensa que hará de Cristina en el Senado para impedir su desafuero. Lo anticipó Pichetto. Es una postura que allí posee antecedentes: el PJ y el kirchnerismo se negaron siempre a considerar la situación de Menem, con una condena de siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La confirmación de esa pena estaría al caer.

La reposición del pacto con Irán remonta a los peores vicios que acumuló el kirchnerismo. Entre ellos, el de pretender encubrir siempre las tragedias. El acuerdo con el régimen iraní sobrevino por el atentado en la AMIA de 1994 que dejó 85 muertos. También resalta el sometimiento político que impuso el kirchnerismo frente al cual sólo un puñado de peronistas se rebeló. Y las prácticas de las diplomacias paralelas, a las cuales Bonadío mencionó en su fallo. Todas referidas al giro sorprendente en la relación con Teherán. Hubo otras: el vínculo comercial con Venezuela, abierto mientras Hugo Chávez vivió, sobre la cual se tienen apenas migas.

Bonadío citó en su fallo las “órdenes secretas” de Cristina para la firma de aquel trato con Irán. Tales órdenes, según el desarrollo de la historia, existieron. Hubo un testimonio clave en ese campo para el juez. El del ex senador Jorge Yoma. El riojano, que cuestionó el pacto y votó en contra en soledad, describió que había reclamado precisiones que resultaron infructuosas porque el tramado contemplaba sólo a la ex presidenta, a Héctor Timerman, entonces canciller, y al ex secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Aquellas “órdenes secretas” fueron hilvanadas con los atentados terroristas en la AMIA y en la Embajada de Israel que el juez interpretó como actos de una guerra. Una curiosa novedad para los argentinos, demorada durante 25 años. Otra declaración, la de Rafael Bielsa, le sirvió a Bonadío para comprobar que Cristina desanduvo de repente un largo camino de disputa con Irán. El ex canciller aportó 300 fojas y documentación diplomática. Con esos elementos el juez edificó la figura de “traición a la patria”. Que no extendió a los legisladores que aprobaron el Memorándum de Entendimiento. Habrían sido sorprendidos en su buena fe.

El dictado de las prisiones preventivas fue consecuencia de la invocación de Bonadío a la llamada “doctrina Irurzun”. Se trata del fallo del prestigioso juez (Martin) de la Sala II de la Cámara Federal, que permitió las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou. El dictado de prisión preventiva, fundamentado en el peligro de fuga del imputado o su capacidad para entorpecer la investigación. Un precedente que no todas las bibliotecas del derecho comparten. Capaz de conceder, por otra parte, un generosísimo margen de arbitrariedad a los magistrados. Esa situación podría tener dos remedios cercanos. La Cámara que integra Irurzun junto a Eduardo Farah entenderá en las apelaciones de las prisiones preventivas. Habrá que estar atento a esas consideraciones. El Gobierno pretende apurar además un proyecto de reforma al Código Procesal Penal que está en el Senado. Incluye un capítulo destinado a la regulación de las condiciones objetivas que deberían acreditarse para el dictado de cualquier preventiva.

Habrá que ver si aquellas consideraciones de la Cámara o el proyecto que empuja el oficialismo llegan antes que el desenlace quizás atronador de una causa sobre otro miembro de la familia Kirchner: Máximo, el diputado, hijo de Cristina. Está imputado en la investigación de Los Sauces. Con adulteración de documentos públicos, pago de coimas y lavado de dinero. También la sustancia Bonadío.

El peronismo, a todo esto, deberá lidiar con otra contradicción. Defenderá a Cristina. Hace más de un mes, una parte de ese peronismo habilitó el desafuero de De Vido. No representan, por supuesto, la misma cosa. Aunque el ex ministro de Planificación fue el gran recaudador del matrimonio. Pero la ex presidenta le soltó la mano en la campaña. Como tiempo antes había hecho con Boudou. Todavía el peronismo, en situaciones límite, no se anima contra ella.

Cambiemos está dispuesto a refregar aquel contraste al peronismo. Aunque sin sobrepasarse con el espectáculo. Convalidará los procedimientos legales para considerar en el Senado el desafuero de Cristina. Aún a costa de padecer una derrota matemática. Que, tal vez, no tenga idéntico correlato en la opinión pública. Harán falta 48 votos (los dos tercios) y el oficialismo dispone sólo de 25. Otro tanto atesora Pichetto. El final parece adivinarse. Pero en el tránsito se librarán batallas. A partir de esta semana serán renegociadas las comisiones en el Senado y Diputados con la llegada de los electos en octubre. Importa la Cámara Alta. En especial, una comisión: la de Asuntos Constitucionales que hasta ahora condujo el ultra K neuquino, Marcelo Fuentes. Ese legislador se despide.

Macri se enteró que alguna bomba iba a detonar en el mundo judicial la tarde antes que ocurriera. La pista fue el preparativo policial en Río Gallegos que concluyó con la detención de Zannini. Existió también una infidencia de un integrante de la Corte Suprema. Consumado el hecho dio órdenes de que nadie opinara sobre Cristina. Hizo una sola pregunta sobre ella. Se mostró numérico y glacial delante de los suyos. Inquirió por el déficit fiscal y la inflación. También por ciertos desajustes en la ejecución del Presupuesto. Fue anoticiado del descargo de Daniel Rafecas en el Consejo de la Magistratura. El juez enfrenta la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo que le endilga mal desempeño. No en cualquier causa: justo en la de Nisman contra Cristina por encubrimiento terrorista, que él mismo desestimó. Rafecas no está en el mismo corredor que Eduardo Freiler, destituido hace poco por enriquecimiento ilícito. Pero la revisión del Gobierno sobre el desempeño de los jueces provoca verdaderos desbandes en Comodoro Py.

El fallo de Bonadío puede representar una moneda de dos caras para el Gobierno. Repuso el antagonismo con Cristina que tantos beneficios le ha traído. Corrió la tragedia del submarino que desnudó dos problemas en el poder: una falta de confianza con las Fuerzas Armadas, en especial la Marina; una ausencia de tacto para la comunicación que condujo a una realidad tensa con los familiares de las víctimas. De reverso, podría descubrirse la vuelta a un estado líquido con la oposición en el Congreso, donde Cambiemos presume que los acuerdos básicos por las reformas estarían asegurados. Aunque habrá que verlo. Por las dudas, Rogelio Frigerio, se encargó de repasar la relación con los gobernadores del PJ. Esos hombres fueron históricamente determinantes en el Senado. Acaban de amalgamar también un bloque de 35 diputados.

La Argentina asiste a un inédito ensayo de higiene de su vida política y pública. Como Italia hizo en los 90 con el Mani Pulite. Un proceso que en sólo cuatro años produjo 1.233 juicios y condenas. Aquí todo asoma más precario, atado con piolines. Lázaro Báez cumplirá dos años de prisión en abril y la mayoría de sus causas importantes están a medio hacer. Impacta, pese a todo, el encarcelamiento de 20 ex funcionarios y compinches del gobierno anterior. Aquella intención de sanear un país contaminado profundamente en su moral, difícilmente pueda ser objetada. Aunque cabe una salvedad: en muchos casos la Justicia parece proclive a saciar antes la demanda popular que a reparar en el rigor y la prolijidad de sus decisiones. 

Eduardo van der Kooy

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