Miércoles, 07 Febrero 2018 00:00

Buscan agilizar la prisión para los condenados por corrupción - Por Martín Bravo

Escrito por  Martín Bravo
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Lo impulsa el Gobierno y será a través de la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

 

Germán Garavano abrió la presentación una vez que la mesa estuvo completa, con referentes del peronismo y la Justicia, para impulsar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. “Estamos todos los actores y hay consenso para avanzar”, remarcó el ministro las presencias en el piso 11 del edificio de la calle Sarmiento, con el objetivo de arrancar a fin de año con su implementación, de manera gradual y de los extremos al centro del país: en octubre o noviembre en Salta y Jujuy, en marzo de 2019 en las provincias del sur.

Una transición al sistema acusatorio implicará una pérdida de poder para los jueces y el Gobierno buscará que los condenados con penas de cumplimiento efectivo sean encarcelados aun si quedan instancias de apelación. También tendrá como objetivo agilizar los procesos referidos a los casos de corrupción, aunque la reforma llegará a Comodoro Py -donde tramitan los casos más resonantes- más adelante.

“El compromiso del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia es acompañar a la comisión bicameral en el proceso de implementación del Código”, dijo Garavano antes de pasar el micrófono, rodeado del Procurador interino Eduardo Casal, Miguel Piedecasas -presidente del Consejo de la Magistratura-, el senador peronista y titular de la comisión Rodolfo Urtubey, Stella Maris Martínez -Defensora General de la Nación-, el juez Federal Julián Ercolini, Julio Piumato -del gremio de los Judiciales- y representantes de la Asociación de Magistrados y Colegios de Abogados, entre otros asistentes. La mayoría tomaron la palabra para apoyar el nuevo sistema y se escucharon algunos planteos.

Urtubey adelantó que el proyecto con su firma, la de Miguel Pichetto, Federico Pinedo y otros senadores será presentado el 2 de marzo, incluirá tres leyes ya sancionadas (flagrancia, proyección de las víctimas y unipersonalidad del juzgamiento) y comenzará a debatirse en Asuntos Penales, con el objetivo de aprobarlo “lo antes posible”. En un contacto con los medios, Garavano aclaró que la iniciativa no contendrá las modificaciones para el “cambio de doctrina” proclamado por Patricia Bullrich vinculado al accionar de las fuerzas de Seguridad, en tanto en todo caso será analizado por la comisión de reforma del Código Penal. Garavano a su vez marcó diferencias con Jaime Durán Barba y se pronunció en contra de la pena de muerte. Por el Ministerio de Seguridad asistió el jefe de Gabinete, Pablo Noccetti.

El Gobierno buscará con el nuevo Código que el Tribunal dicte la prisión preventiva o domiciliaria a los condenados con penas de cumplimiento efectivo, para “disminuir el riesgo de fuga” mientras no se encuentre firme la decisión. “El problema van a ser los establecimientos penitenciarios, no van a dar abasto”, dijo a Clarín uno de los referentes judiciales antes de la presentación. “Lo que hacemos es poner en el centro a las personas y correr los papeles. No es que habrá más personas detenidas, en todo caso serán más los detenidos con sus casos resueltos. Hoy por primera vez hay más detenidos con condena que procesados y este sistema debería consolidar esa tendencia”, aseguró luego Garavano ante la consulta de este diario. “Habrá más condenados y más absueltos”, buscó equiparar Urtubey. Habrá un tiempo perentorio de tres años entre el inicio del proceso y la condena, con la posibilidad de una prórroga en causas complejas aunque con fundamento. El objetivo será que las investigaciones que en la actualidad demoran unos cinco años no duren más de ocho meses. Y todas las decisiones se tomarán en audiencias orales.

La mayoría de los discursos fueron de apoyo. “Desde el Consejo estamos complacidos de compartir este emprendimiento, que es un cambio cultural”, expresó su apoyo Piedecasas. También Piumato se mostró de acuerdo, aunque reclamó recursos para la implementación: “La Justicia tiene que dejar de ser la Cenicienta de los poderes”. Funcionarios judiciales de Salta, donde arrancará la implementación, enfocaron sus exposiciones en la lucha contra el narcotráfico. 

Martín Bravo

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