Miércoles, 21 Marzo 2018 00:00

Mientras no pagaba impuestos, Cristóbal López le garantizaba a Cristina Kirchner ingresos millonarios - Por Nicolás Wiñazki

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El empresario está procesado por retener una tasa a los combustibles. En paralelo, le pagaba costosos alquileres a la ex presidenta.

 

A la AFIP no le pagaban. Pero a la jefa del jefe del AFIP sí. Y mucho. El "Grupo Indalo" del empresario Cristóbal López, que acaba de ser eximido de toda prisión preventiva en su proceso, no rindió al fisco los impuestos que había retenido, en una suma que durante el mandato de Cristina Fernández llegó a los ocho mil millones de pesos. Estos retrasos, en cambio, no caracterizaron a los pagos en sus contratos privados con la Presidenta, donde su puntualidad puede calificarse de ejemplar cuando se trató de pagar los 16 millones que le transfirió en concepto de alquiler de departamentos.

Una de las empresas de López y de su socio, Fabián De Sousa, que pagaba puntual a título privado a la Presidenta lo pactado en sus negocios mientras sus dueños dejaban crecer su deuda pública con el Estado nacional, se llamaba Inversora M&S. Allí estaba empleada una sobrina política de Cristina Fernández, Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; prima del diputado nacional Máximo Kirchner y hermana de la fiscal de El Calafate, Natalia Mercado.

La otra compañía de Indalo que pagaba alquileres en dólares a los Kirchner y que en sincronía pedía y obtenía planes de pago que postergaban pagos y reintegros impositivos (argumentaban problemas financieros) se llama Alcalis de la Patagonia. Es una fábrica de carbonato de sodio.

En esta empresa las relaciones entre la Presidenta, sus inquilinos millonarios (y también millonarios deudores de la AFIP), se enredan aún más íntimamente. Uno de los socios formales de los Kirchner, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, es a su vez empleado de Alcalis de la Patagonia.

Esta información consta tanto en la causa de corrupción conocida como "Los Sauces", en la que están procesados la ex presidenta, sus hijos, Cristóbal López y De Sousa; pero también el otro cliente de peso de esta inmobiliaria que dio su nombre a esta causa judicial iniciada para investigar si había pago de coimas a través de alquileres. Es Lázaro Báez, empresario patagónico de la construcción, beneficiario de la obra pública nacional y provincial, preso a su vez por lavado de dinero.

El viernes, López y De Sousa fueron beneficiados con un fallo dividido de la sala 1 de la Cámara Federal. Dos de sus jueces, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, consideraron que la prisión preventiva resultaba un exceso, porque los empresarios K no entorpecían el accionar judicial. Además, la Cámara cambió la carátula de la causa que investiga las irregularidades de los procesados en su relación con la AFIP. Quién votó en disidencia con ellos, y a favor de considerar delito penal la acción de los empresarios López y De Sousa, fue el camarista Jorge Bruglia. Quedó en minoría.

Es la misma opinión que había guiado al juez Julián Ercolini y al fiscal Gerardo Pollicita. Los dos consideran delito penal esa maniobra que les permitió acumular perdones y perdones fiscales, hasta que Indalo alcanzara el número, como mínimo y sin actualizar el de los años y de los intereses, de ocho mil millones de pesos. Ese monto creció porque Indalo no le giraba al fisco el pago de un impuesto a las naftas que su empresa petrolera Oil como agente recaudador retenía de cada pago de los clientes en sus estaciones de servicio. El periodista Hugo Alconada Mon, en el diario La Nación (marzo del 2016), hizo conocer el caso.

En el voto de la Cámara Federal que redactó el doctor Jorge Farah, se puede leer este párrafo: "Aún hoy sigue sin investigarse adecuadamente la forma en que, por sus relaciones con funcionarios de Gobierno, López y De Sousa se habrían hecho de un inmenso patrimonio en diversas ramas del comercio, la industria y los servicios (como fue denunciado en el 2008 en la causa conexa con ésta y en sus sucesivas ampliaciones); ni se procuró establecer qué otros funcionarios públicos indebidamente permitieron que ello ocurriera o se beneficiaron con ese resultado".

Los tiempos y los modos de un camarista federal en sus sentencias dependen, en teoría, del material probatorio que tiene delante al momento de tener que hacerlo. En el sitio oficial de la Corte Suprema, cij.gov.ar, se pueden leer los autos de procesamiento de De Sousa, López, la familia Kirchner y Echegaray en la causa "Los Sauces".

De acuerdo a un peritaje contable realizado por expertos del máximo tribunal del Poder Judicial, dos de las empresas de Indalo le generaron a la inmobiliaria “Los Sauces”, de los Kirchner, el 63% de su facturación, desde que esa empresa se fundó hasta 2016. Coinciden los períodos con el no pago de impuestos sí cobrados por el mismo holding de los inquilinos de los Kirchner, jefes, hasta el 2015, del jefe de la AFIP que de modo sistemático postergaba el cobro de las deudas impositivas de los jefes de Indalo.

Los alquileres, en detalle

Ese informe contable, redactado por expertos "en corrupción y en casos de defraudación al Estado", dice esto: "En caso de considerar que las empresas Inversora M&S SA y Alcalis de la Patagonia SA, forman parte del denominado Grupo Indalo… podemos concluir que Los Sauces SA facturó a dichas empresas la suma de $ 15.334.484, más el Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 18.554.725".

Y agrega: "Las mencionadas cifras corresponden al período que abarca desde el inicio de actividades (el año 2009) hasta el 31/3/16, fecha del último registro del Libro Iva Ventas Nº 1 con que contamos. Dicho importe representa aproximadamente un 63% de la facturación total emitida por Los Sauces SA en dicho período". La causa "Los Sauces" se inició por impulso de la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer y por su abogada, Silvina Martínez.

El mismo informe de los peritos de la Corte Suprema concluye que "Los Sauces SA da en locación a Inversora M&S S.A. el inmueble identificado como Unidad Funcional 245 Internamente letra D – Dúplex y sus unidades complementarias de cocheras, ubicada en el 8° piso, del edificio Madero Center, cuyo domicilio es Juana Manso 555 de Puerto Madero, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de 3 años, por un precio mensual de US$ 30.250 más IVA en el primer año; US$ 31.250 más IVA en el segundo año; y US$ 32.250 más IVA en el tercer año, todo pagadero en dólares o su equivalente en pesos a la cotización del Banco Nación del día anterior".

Y también señala que buena parte de los alquileres de las empresas de Indalo a "Los Sauces" no cuentan con contratos acordes. O directamente no se encontró a ninguno de ellos en los allanamientos realizados por el primer juez de la causa, Claudio Bonadio. Hoy la instrucción, casi concluida para su elevación a juicio, está en manos del juez Ercolini.

Las facilidades de la AFIP K

El 13 de marzo de 2014, Carlos Fabián De Sousa, en representación de la empresa Inversora M&S, inquilina ya de los Kirchner, y aclarando que conformaba “El Grupo Indalo", pidió a la AFIP que incluya a 34 empresas de ese holding en un plan de facilidades de pago de "tributos" e "intereses resarcitorios" que, aceptaba, esas compañías le debían al fisco.

Ese expediente "voló" dentro de la AFIP. Con una rapidez extraordinaria para la burocracia estatal, esas 34 firmas lideradas por De Sousa y López, o viceversa, entraron en una bicicleta de moratorias y planes fiscales que terminaron igualmente con la deuda de más de ocho mil millones de impuestos sin pagar de parte de las firmas de López.

De Sousa basó su escrito de 2014 al organismo recaudador argumentando que el "Grupo Indalo se encuentra en una situación financiera que le impide realizar el pago inmediato de contado de las obligaciones exteriorizadas en declaraciones juradas y presentadas oportunamente".

Mientras el Grupo Indalo conseguía a partir de 2014 entrar en moratorias a pesar de dejar impagas las anteriores, aduciendo problemas económicos, el grupo de López, según probaron Ercolini y Pollicita, algo que avaló el camarista Bruglia, se "fondeó" para aumentar su expansión a mercados siempre regulados por el Estado que manejaban los dueños de los departamentos a los que ellos les pagaban alquileres a valores superiores a los del mercado, según determinó el juez Bonadio.

La plata de Indalo no iba a la AFIP de de la gestión pública de los Kirchner. Pero sí a las cuentas privadas de los Kirchner.

No era lo mismo.  

Nicolás Wiñazki

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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