Domingo, 01 Abril 2018 00:00

La Justicia sigue intoxicada - Por Julio Blanck

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El fallo de Cristóbal López contaminó todo. Hay tensión entre el Gobierno y la Corte. Y una interna entre jueces.

 

Desde hace dos semanas la Justicia conoce el fondo del pozo de prestigio más profundo. El fallo de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah que liberó al empresario Cristóbal López y rebajó la gravedad del delito del que se lo acusa por quedarse con 17.000 millones de pesos de la AFIP, contaminó a todo el Poder Judicial y puso en grave riesgo todo intento por recuperar algo de imagen y encaminar un proceso de reformas imprescindibles y demoradas.

Pronto podría haber fallos y decisiones que recompongan parcialmente esta situación. Pero esa intoxicación se mantiene, intacta y destructiva, aumentada por enfrentamientos y tensiones al interior de la Justicia y entre los tribunales, el Gobierno y el Congreso.

Hace unos días el grupo de chat de la Asociación de Jueces Federales se pobló con mensajes de elogio a las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, integrantes del Tribunal Oral que decidieron liberar a Carlos Zannini y Luis D’Elía. Los textos decían que por fin se hacían respetar los derechos y garantías. Destinatario directo de esa oleada fue el juez federal Claudio Bonadio, quien había ordenado, entre otras, las detenciones de Zannini y D’Elía en la causa por el pacto con Irán. Jueces contra jueces, en la grieta que también divide al Poder Judicial.

Consecuencia lógica e inmediata: el abogado Roberto Boico, defensor de Cristina Kirchner, ya planteó que el pedido de desafuero y detención de la ex Presidenta, por la misma causa, se volvió abstracto.

Una interpretación simplista explicó las liberaciones de Zannini y D’Elía -técnicamente sustentables- por la pertenencia kirchnerista de las juezas Namer y López Iñíguez, que ellas jamás negaron. También se atribuye esa simpatía política a quien actuó como fiscal, Gabriela Baigún.

Pero para el núcleo principal de Comodoro Py hay más que disciplina política en ese fallo. Hablan del deterioro que causó en la Justicia lo que definen como “garantismo bobo de los años K”. Y, enfocados en el expediente, señalan que “se desconoció la gravedad del delito y el hecho de que la Justicia argentina ya determinó que funcionarios de Irán fueron responsables por los dos atentados terroristas que nos causaron 130 muertes”. Esa responsabilidad iraní fue lo que se intentó encubrir y aliviar con el pacto firmado por Cristina y el gobierno fundamentalista de Teherán.

Que una de las controversias que hoy intoxican a la Justicia se haya instalado al interior de la Asociación de Jueces Federales revela la profundidad de la crisis.

Esta organización es presidida por el camarista Jorge Morán, pero su motor político es el juez Ariel Lijo. Se creó hace menos de un año y está integrada por la amplia mayoría de los casi 400 magistrados federales de todo el país. En su padrón hay profesionalistas, conservadores, progresistas, antimacristas y antikirchneristas, liberales y ultragarantistas. Nacieron con el respaldo de Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Pero se los está comiendo la interna de la interna.

Bonadio, el apuntado por la grieta, había sido el único juez que se animó a avanzar a fondo sobre Cristina y el kirchnerismo cuando aún estaban en el poder. Por notoriedad pública y espalda política, hace menos de un mes llevó la voz cantante en la confrontación con el Gobierno en la conferencia nacional de jueces. Fue un evento impulsado por Lorenzetti para promover, desde adentro, la reforma del Poder Judicial. “No creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en dos años no ejecutaron políticas de fondo” sostuvo Bonadio, con acuerdo previo y respaldo de sus pares.

La relación entre el Gobierno y la Corte Suprema es otro fuerte factor contaminante en estos días. Todo se disparó por la acordada del máximo tribunal que invalidó el Tribunal Oral 9 que iba a juzgar las megacausas de Cristina. De paso, bloqueó el traslado de jueces del fuero ordinario al federal; pieza clave en el proyecto del presidente Macri y el ministro Garavano para licuar el poder de Comodoro Py.

La visita de Garavano a Lorenzetti, producida el martes pasado y anticipada por Clarín, marcó un punto de inflexión después de diez días de tensión. El Gobierno le tiró todo su peso encima a la Corte. Hizo jugar su influencia en el Consejo de la Magistratura y el Congreso, que contribuyeron con proyectos y reclamo de informes a la presión sobre el tribunal. Lorenzetti llegó a inquietarse ante la ofensiva y así lo hizo saber.

Pero la sangre no llegará al río: es probable que esta semana la Corte fije en una nueva acordada los límites y alcances de su decisión sobre el traslado de jueces. Ni será tan laxo como hasta ahora ni será tan drástica la prohibición como la firmada inicialmente. El Gobierno habrá salvado la viga maestra de su plan.

Como señal de buena voluntad, Gobierno y Corte acordaron empezar a trabajar en algunas reformas del Poder Judicial. La primera, como informó el diario La Nación, será el modo de acortar la kilométrica extensión de las causas, en especial las de corrupción.

La Corte, en estos días de furia, lanzó sus propias contraofensivas. Para despegarse del escándalo mayor, pidió al Consejo de la Magistratura que investigue cómo se había decidido la integración de la sala de la Cámara Federal que liberó a Cristóbal López. La jugada apunta directo al camarista Jorge Ballestero, ejecutor de la designación de su colega Eduardo Farah para que desempate. Ellos dos votaron a favor de Cristóbal, en un fallo inundado de sospechas de coimas.

Otro escándalo, la difusión de escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y su asistente personal Oscar Parrilli, en las que hay acusaciones y definiciones políticas pero nada vinculado a la comisión de delitos, motivó a la Corte a tirarle el fardo al Gobierno. Se supo mientras Lorenzetti estaba reunido con Garavano. Momento incómodo si los hubo.

El tribunal supremo le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia que informe de qué modo se habían producido esas filtraciones. La AFI, dirigida por el amigo presidencial Gustavo Arribas, fue el único organismo al que el juez Lijo ordenó realizar esas escuchas.

Así la Corte buscó derivar hacia otro destino las sospechas sobre la oficina de escuchas judiciales que está bajo su responsabilidad. Sus encargados son los dos camaristas federales que trabajan en relación más estrecha con Lorenzetti: el presidente de la Cámara porteña, Martín Irurzun, y el titular de la Cámara de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

Irurzun debe ser el único punto de coincidencia que tiene Lorenzetti con Lilita Carrió. La diputada, que mantiene al jefe de la Corte en la mira de su rifle sanitario, asegura que el camarista porteño es hoy el único que ofrece garantías de independencia e integridad en la intrincada corporación de Comodoro Py.

La brasa ardiente de las escuchas ahora está en manos de Arribas. Aunque el jefe de los espías estatales tiene otros asuntos pendientes en la Justicia, como las denuncias por haber recibido fondos del Lava Jato, el abismal caso de corrupción en Brasil. El denunciante fue el cambista brasileño Leonardo Meirelles, que juega de arrepentido.

Arribas ya consiguió alivios y podría recibir algunos más. El juez Canicoba Corral, que habría dejado de sentir la presión del Gobierno para que renuncie a su cargo, determinó que las últimas denuncias de Meirelles no justifican reabrir una investigación ya cerrada, porque sólo repiten lo conocido.

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, al asistir en noviembre al acto por la asunción de la Argentina en la presidencia del G20.

El alivio por venir provendría de Bonadio, quien viajó a Suiza para agilizar un exhorto sobre los presuntos movimientos en las cuentas de Arribas. Es una causa al revés: esta vez fue Arribas quien denunció a Meirelles por sus acusaciones. Los suizos exigen un secreto perfecto e invulnerable para dar ese tipo de información. Lo único que dicen allegados a Bonadio es que la documentación entregada parece sostener las afirmaciones del jefe de la AFI y, en cambio, no respaldaría las denuncias algo erráticas y contradictorias de Meirelles.

En este escenario complejo, mientras se espera que la Cámara de Casación mantenga su criterio fijado en noviembre y ratifique la acusación por fraude al Estado contra Cristóbal López, revirtiendo el fallo escandaloso de Ballestero y Farah, los días que vienen pueden ser vertiginosos.

Hay tres salas de la Cámara de Casación que deben resolver cuestiones de alto impacto. El primero es la apelación del fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, contra la liberación de Cristóbal López. El segundo es la ratificación o el rechazo de las liberaciones de Zannini y D’Elía. Y el tercero, la confirmación de las condenas por la tragedia ferroviaria de Once y de la condena al senador Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador ocurridas durante su presidencia, hace apenas 23 años.

Como se ve, la intoxicación de la Justicia hace tiempo que es mayor de edad.  

Julio Blanck

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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