Domingo, 13 Mayo 2018 00:00

Señales hacia una Justicia más dura - Por Julio Blanck

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El Gobierno impulsa tres incorporaciones a la Cámara Federal de Casación que contradicen la doctrina de Zaffaroni.

 

Sin agitar demasiado el avispero y apoyándose en imprescindibles acuerdos con el peronismo en el Senado, el gobierno de Mauricio Macri se encamina a producir cambios sensibles en la orientación de la justicia penal. Es un área de especial interés porque allí se tramitan las causas por corrupción que involucran a funcionarios actuales o anteriores; pero también la que atiende casos de inseguridad y narcotráfico, siempre de alta visibilidad.

La Cámara Federal de Casación, el más alto tribunal penal del país, es el escenario que hay que mirar. El cuerpo tiene 12 integrantes y actualmente hay tres vacantes. En la cobertura de esas posiciones se traslucirá la idea impulsada desde el Ministerio que conduce Germán Garavano, de marcar una tendencia hacia “una Justicia más dura que cierre el paso a la impunidad.

Se asigna especial relevancia a la postulación del juez Guillermo Yacobucci para una de esas vacantes. En el ambiente judicial se lo considera la contracara doctrinaria de Raúl Zaffaroni. De orientación nacionalista y conservadora, sostiene posiciones opuestas al fundamentalismo garantista que algunos califican como abolicionismo.

Yacobucci, actual subrogante en la Cámara Nacional de Casación -no confundir con la Federal- ya fue objetado por el CELS, organismo de derechos humanos y también dispositivo judicial kirchnerista que lidera Horacio Verbitsky. Entre otros asuntos, recordaron que este magistrado diez años atrás votó por la liberación de los represores de la ESMA Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta.

También fue Yacobucci uno de los camaristas que en 2011 avaló la toma compulsiva de muestras de ADN a Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín, en tiempos en que el gobierno de Cristina Kirchner pretendía demostrar que eran hijos de desaparecidos, lo que luego se verificó enteramente falso.

Su postulación está desde el viernes en la Comisión de Acuerdos del Senado que preside el peronista Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta. En el Gobierno estiman que pasará ese filtro, porque todos los pliegos que van al Congreso fueron negociados antes con Miguel Pichetto y el propio Urtubey.

En la misma situación están los otros dos candidatos a cubrir vacantes en Casación: Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Petrone es juez del fuero Penal Económico. Hace una década había sido cuestionado por su actuación en el caso de la valija de Antonini Wilson con 800.000 dólares para la primera campaña de Cristina. También durante el kirchnerismo revocó sanciones de Guillermo Moreno a la petrolera Shell y sobreseyó a su entonces titular, el actual ministro Juan José Aranguren.

Barroetaveña fue uno de los magistrados que condenó al dirigente sindical José Pedraza como instigador del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Quedó primero en el concurso para cubrir estas vacantes y actualmente es miembro de la Cámara Nacional de Casación.

Según fuentes oficiales, con matices y criterios propios Petrone y Barroetaveña comparten la idea de que la Justicia no debe tratar a los delincuentes como víctimas ni a las víctimas como sospechosos.

Los tres elegidos completarían una Cámara de Casación en la que conviven magistrados de respetada trayectoria como Gustavo Hornos, Eduardo Riggi o Liliana Catucci; un hombre afín a las posiciones de Zaffaroni como Alejandro Slokar, sin perjuicio del reconocimiento a su espesor jurídico; o jueces de perfil más alto como Mariano Borinsky o Juan Carlos Gemignani.

Hace dos semanas, Hornos y Riggi ordenaron el regreso a prisión del empresario Cristóbal López revocando una escandalosa decisión anterior de la Cámara Federal porteña. Este fallo reparador tuvo el voto en disidencia de Ana María Figueroa, de posturas cercanas al kirchnerismo y a quien el Gobierno busca empujar hacia una salida elegante.

A propósito de este caso, el proceso de recomposición judicial dio un fuerte paso adelante con el desplazamiento de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes habían votado la liberación de Cristóbal López y atenuaron los cargos en su contra.

El lunes por la tarde Ballestero dejó su renuncia en el despacho del ministro de Justicia. Es otro juez cuestionado que se suma a la lista de los que la acción de Garavano fue apartando de los tribunales, con modos tan silenciosos como pragmáticos. El jueves, además, se oficializó el traslado de Farah a un Tribunal Oral Penal.

Así, de seis integrantes de la decisiva Cámara Federal porteña hoy quedan sólo dos titulares: el presidente Martín Irurzun y el recientemente confirmado Leopoldo Bruglia.

Ante la inminencia de nuevas designaciones, el Gobierno impulsa además requisitos más estrictos para los postulantes al fuero federal. Entre ellos, un informe patrimonial profundo de la AFIP y la obligatoriedad de dar examen oral ante el Consejo de la Magistratura, intentando evitar resultados amañados.

La cobertura de vacantes judiciales se acelera. El miércoles la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó los pliegos de 29 candidatos a distintos tribunales del país. Entre ellos estuvo el de Mariano Llorens, postulado para la Cámara Federal porteña con apoyo abierto y entusiasta de la Casa Rosada.

Ya hay un concurso en marcha para cubrir la vacante que dejó el íntegro y respetado Horacio Cattani, histórico compañero de Irurzun. Y para llenar los agujeros causados por la eyección de Ballestero y Farah se repite una modalidad conocida. El Gobierno, bajo un discurso institucionalista, no se priva de colocar en la Justicia cuantas piezas amigables pueda. Así, analiza trasladar o nombrar en la Cámara Federal a Pablo Bertuzzi, juez del Tribunal Oral Federal 4, que tiene luz verde en el Ministerio de Justicia y en la mesa judicial de la Casa Rosada.

Esta mesa chica la componen el jefe de asesores presidenciales José Torello, el secretario Legal Pablo Clusellas y el abogado Fabián Rodríguez Simón, más algún agregado circunstancial. El peronismo del Senado suele llamarlos con ironía la Comisión de Higiene y Salud, por su obsesión un tanto brusca en depurar la Justicia para recomponerla a imagen y semejanza del macrismo.

Otra posibilidad que se maneja es el ascenso a camarista del juez federal Julián Ercolini, ponderado por su solidez técnica y su prudencia política. Tendría el respaldo del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y de sectores del poder y de la sociedad civil vinculados a la Justicia.

Esto rompería la lógica del Gobierno de reorganizar la justicia federal con gente ajena a la cultura corporativa de Comodoro Py, de la cual Ercolini es un producto puro. El punto más alto de esta estrategia es la postulación de Inés Wainberg para ser la sucesora de la hiper kirchnerista Alejandra Gils Carbó en la Procuración General.

Pero la eventual llegada de Ercolini a la Cámara Federal no sería la única iniciativa que busca mantener canales abiertos con los federales, que es decir también con los senadores de Pichetto y con el protector mayor de esos jueces, que es Lorenzetti.

Así, para el puesto que dejó hace dos años Norberto Oyarbide -el primero que cayó en las operaciones de limpieza del macrismo- el nombre que hoy suena es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte. Fue secretario del juez Ariel Lijo y ahora dirige la operación de la oficina de escuchas telefónicas. Este cargo le fue asignado por la Corte Suprema y allí depende del camarista Irurzun. Más Comodoro Py, imposible.

Al Gobierno esto le ayudaría, de paso, a cuidar la relación siempre sensible con Lorenzetti. Después de idas y vueltas el presidente de la Corte siente hoy que su vínculo con la Casa Rosada atraviesa una etapa particularmente compleja. Así lo habría hecho saber a pocas personas de confianza.

A su enojo por la ofensiva cíclica que le descarga Elisa Carrió ahora agregaría la sospecha de que el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, buen amigo de Carrió, está sumado a esa cruzada en su contra.

Tanta tribulación de Lorenzetti resultó aliviada por el almuerzo de honor, una suerte de respaldo entre tanta tormenta política, que le brindó un grupo de poderosos empresarios en el Salón Dorado del Jockey Club.

Las autoridades de la Corte se renuevan a fin de año y Lorenzetti cumplirá cuatro mandatos y doce años en el cargo. Había asegurado que iba a dejar el puesto. Pero quienes hablaron con él se llevaron la impresión de que está analizando buscar una nueva reelección.

Cauteloso como es, Lorenzetti jamás daría ese paso sin la seguridad de tener apoyos internos y externos de mucho peso.

Julio Blanck

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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