Lunes, 25 Junio 2018 00:00

El Instituto Patria: una colección de irregularidades que una jueza amiga no quiere ver - Por Ignacio Montes de Oca

Escrito por  Ignacio Montes de Oca
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El Instituto Patria, el último reducto de la resistencia kirchnerista, fue beneficiado por un fallo que lo exime de mostrar el origen de sus ingresos y abre un precedente para controlar el financiamiento de los grupos políticos.

 

La suma de irregularidades en los documentos que presentaron sus autoridades ante la Inspección General de Justicia, no fueron suficientes para que la justicia se atreviera a indagar en las cuentas de la asociación civil liderada por la ex presidente Cristina Kirchner.

El Instituto Patria (acrónimo de Pensamiento, Acción y Trabajo para la Inclusión Americana) es dirigido políticamente por la ex presidente Cristina Kirchner, quien fue nombrada Presidente Honoraria de la entidad. El presidente es Oscar Isidro Parrilli, ex secretario de la presidencia y hombre de la mas extrema confianza política y verbal de Cristina Kirchner. La vicepresidencia está cubierta por Jorge Horacio Ferraresi, intendente de Avellaneda y organizador de la logística que nutre de militantes y cotillón a las manifestaciones del kirchnerismo tras su salida del poder. La secretaria es Teresa Adelina Sellares, conocida por su nombre artístico de Teresa Parodi y quien fuera la última Ministro de Cultura del kirchnerismo. Completan el directorio el ex asesor legislativo de Julio De Vido, Federico Bernal, el ex intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, el ex secretario de Relaciones Institucionales del AFSCA de Martín Sabbatella, Sebastián Rollandi, la actriz Rita Cortese, el ex director del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer, el ex administrador de la Casa Rosada, Flabio Rogelio Riquelme y la contadora Ofelia Cédola, quien muchos años atrás, siendo amiga de Cristina Kirchner, le presentó al que se convertiría en su marido, Néstor Kirchner.

Desde su creación, el instituto kirchnerista comenzó una guerra burocrática con la Inspección General de Justicia a raíz de su negativa a ponerse al día con los papeles que le exige esa oficina a las asociaciones civiles.

Tan es así, que el pasado 1 de febrero, la IGJ le dio un plazo de cinco días para presentar los balances y actas que venía debiendo desde hacía ya unos meses antes. En particular, se le reclamaba el registro de asociados que deben presentar todas las entidades civiles. Este listado es considerado necesario, ya que prevé cumplir con las normas de transparencia respecto al origen de los fondos y evitar el lavado de dinero proveniente de ilícitos.


Pero las autoridades del Patria, interpretaron de diferente manera el pedido y de inmediato interpusieron un amparo judicial, considerando que el pedido de la IGJ representaba una forma de persecución política a sus integrantes. En el escrito presentado ante la justicia, denunciaron la visita de dos inspectores a la sede del Patria el 18 de septiembre de 2017 y el fotocopiado de partes del Libro Registro de Asociados en el que se anotan los aportes recibidos.

Ante la insistencia de la IGJ para que remitieran el registro de asociados, el Patria argumentó que “está impedido legalmente para remitir fotocopias donde consten los datos personales sensibles de los asociados (art. 5º de la ley 25.326), so pena de incurrir en las sanciones previstas por el art. 11 de la misma ley”.

Para las autoridades de la IGJ, la cuestión era algo mas sencilla. El mismo registro de asociados y aportes les había sido exigido durante años a las asociaciones civiles sin mayores inconvenientes y nunca había originado una respuesta tan enérgica como la que devolvía el Patria.

Para los rebeldes burocráticos, todo se reducía a una ecuación sencilla: por tratarse de una entidad política y ante lo que consideraban un gobierno que perseguía a los opositores, la cesión del Libro de Asociados iba a habilitar la represalia contra ellos ni bien se supiese la identidad de cada aportante.

La respuesta de la IGJ, fue que no podía hacerse una excepción basándose en ese criterio, ya que al darse por válido iba a crearse un mecanismo de lavado de activos formidable; bastaría con darle un cariz político a una fundación, para luego inyectarle dinero sucio y negarse a mostrar los registros para evitar el escrutinio público.

Las posiciones enfrentadas se mantuvieron hasta que intervino la Cámara Federal, instancia en la que caen todos los recursos en los que interviene la IGJ como entidad iniciadora. Allí, los que reclamaban que el Patria abriera los libros, esperaban que hubiera un escrutinio severo sobre los papeles presentados por el Instituto, que mostraban una serie de irregularidades de diferente gravedad.

Algunos de ellos, parecían errores de un estudiante mediocre de administración de empresas o de un contador con nada de ganas de hacer bien un balance. O de alguien que sabe que puede hacer las cosas de manera desganada, con la seguridad que al llegar a la justicia contará con la ayuda de algún amigo que alguna vez ayudó a llegar a su puesto.

Los balances de la discordia

El balance del Instituto Patria correspondiente al ejercicio 2017 adolece de algunas cuestiones que saltan a la vista apenas comienza a ser revisado. La Cámara que debía revisar si existían motivos para revisar el origen de los fondos que financian la actividad de Instituto, prefirió omitir su análisis para concentrarse en la cuestión política detrás del reclamo de las autoridades de la asociación civil.

A primera vista, el balance muestra un incremento del patrimonio de la entidad de $739.622,47 en 2016 a $ 1.033.464,40 en 2017. En ese mismo período, duplicó el ingreso del Patria; pasaron de recolectar $2.367.232,72 en 2016, a juntar $4.349.547,23 en el año siguiente. Los gastos entre un año y otro se incrementaron de $1,748.866,83 a $4.384.300,85. La mayor parte de ese incremento lo intentan justificar mostrando que se duplicaron los gastos en personal y alquiler, el ítem de cargas sociales triplicó los costos de un ejercicio a otro, en honorarios profesionales los gastos subieron de $11.273 en 2016 a $239.236 en 2017, y un rubro como el de folletería que no había tenido consumos el cierre anterior, terminó el ejercicio último con más de $164.000 de gastos.

En la presentación de los resultados finales, ya es posible encontrar algunas curiosidades. El gasto de “energía eléctrica” les insumió en 2017 un costo de $163.826,18, pero en 2016 ese ítem está en cero, como si tal servicio hubiera sido contratado solo el año pasado. Sucede lo mismo con el “servicio TV por cable”, los “fletes y transportes”, los costos de los “eventos sociales” y la “impresión de folletería”. Si hubo servicios gratuitos que justificaran esa diferencia, no se hace mención alguna en los papeles que acompañan a los balances. Resta suponer que hubo algún cambio de criterio contable para presentar las cifras, pero eso es algo que debería determinar la justicia.

En el mismo período declaran la duplicación de sus deudas comerciales y un incremento inusual de la deuda por el no pago de cargas sociales, que pasó de $2.790,46 a $73.781,69 en 12 meses. De ese total, $49.784,41 no es exigible, es decir que puede ser pagado más adelante sin mayores contratiempos. En total, el pasivo declarado en 2017 fue de $448.902,13, bastante mayor al del año anterior que cerró con $120.276,58.

El aumento del pasivo justificó el aumento de las cuotas de los socios. En el acta del 28 de abril, se explica que el presidente Oscar Parrilli propuso aumentar las cuotas a cobrar a los socios activos de $500 a $600, de $300 a $360 a los adherentes y de $1.000 a $1.200 para los socios contribuyentes. Para los socios fundadores, se aprobó un aumento de $400 más sobre los $2000 que venían aportando.

El pago de cuotas implica más de la mitad del dinero que reciben. Los $2.448.080 que recaudan en cuotas sociales, los $150.600 en cuotas de ingreso y los $31.840 en donaciones, representan el 60% de los ingresos. El resto proviene de lo que recolectan en los eventos y cursos que organizan. Y otra parte de los bonos contribución, que les permitieron recaudar $565.627,23.

La mayor parte de esos ingresos se hacen en efectivo o mediante pases bancarios sin emisión de comprobantes fiscales. De hecho, cuando describen el dinero cobrado por el sistema de débito bancario, solo declaran $ 6.650. O eso es lo que surge de las inspecciones que realizó la IGJ, en donde se verificó que gran parte de las transacciones se hacía sin cumplir la normativa impositiva y sin utilizar herramientas bancarias.

Sucede que todas las transacciones superiores a los mil pesos deben hacerse contra la presentación de un recibo o mediante transacciones bancarias. La pasión por el dinero en efectivo del Patria se contradice con lo que exige la AFIP hace años y no existen excepciones de ninguna clase, incluso cuando se trate de una asociación civil como el Patria.

Sin embargo, el instituto kirchnerista encontró el modo de esquivar esa obligación. Los aportes de sus benefactores se realizan contra unos tickets troquelados con el logo del Patria que varían de valor, con el menor por 100 pesos y el mayor por 500 pesos. En los listados de tickets, se observa por ejemplo la entrega de 17 tickets consecutivos a un mismo aportante hasta alcanzar los $17.500, lo cual ameritaba la entrega de al menos un recibo oficial.


Todo se hace en efectivo y por un valor que supera los dos millones de pesos. Es decir que no existe constancia legal de los aportes y a lo sumo hay algunos nombres anotados en los tickets numerados como toda corroboración de la relación económica entre el Patria y sus donantes.

Algo similar sucede con las cuotas de los adherentes que pagan $300, los socios activos que aportan 600 pesos mensuales y los socios adherentes que entregan $1200 mensuales. De algún modo, todos ellos se las arreglan para llegar hasta la sede del Instituto y pagar en efectivo, aunque para ello tengan que viajar desde Santa Cruz u otros sitios del país en donde viven. El problema es que no se sabe cuántos aportantes y socios tienen, cuestión que viene arrastrándose desde su creación.

En el artículo 6 del instructivo para la presentación de estados contables de la IGJ se indica por medio de la Res 2/12 que “en caso de haber recibido donaciones o aportes de terceros por montos que superen los $100.000 en dinero o su equivalente en especies en un solo acto o en varios actos que individualmente sean inferiores a dicha cifra pero en conjunto la superen, realizados por una o varias personas relacionadas en un periodo superior a los 30 días, se deberá presentar la declaración jurada establecida en el Art1 de la RES 2/12”. La última actualización de esa norma eleva el monto declarable a $200.000. Esta resolución es la que invoca la IGJ para reclamar el detalle de los aportes del Patria.

La declaración jurada que justifica el origen lícito de los fondos, es uno de los documentos que el Patria se niega a presentar en la IGJ ya que la obligaría a asumir el compromiso de demostrar la legitimidad de sus ingresos. Y con ello la nómina de sus aportantes para demostrar tanto que ese dinero se encuentra debidamente declarado por cada uno de ellos y para transparentar que no hay algún personaje o maniobra delictiva detrás.

El otro ingreso del Patria son los eventos. Entre las actividades más usuales del Patria están las charlas dadas por los ex funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. A juzgar por los números, las más exitosas fueron las conferencias del ex vicepresidente y ex ministro de economía Amado Boudou.

En el texto que se presenta en el balance, se advierte que los expositores de los Cursos de Formación al que asistieron 4.000 personas que pagaron alguna forma de contribución a cambio, fueron dictados “ad honorem” por ex funcionarios de la anterior gestión. De manera que no hubo gastos de honorarios, ya que los propios integrantes del Patria aclaran que los costos de las conferencias fueron asumidos por organizaciones sindicales, teatros o auditorios, que cedieron sus instalaciones para hacer los cursos.

Sin embargo, reconocen un gasto de $34.000 pesos en la organización de los eventos, dentro de los cuales se incluye la creación de videos, publicidad, impresiones y otros gastos usuales para estas actividades. Se trata de una cifra exigua para tantos encuentros, más aún si dentro de ese rubro se incluyen desde torneos de ajedrez, recitales y hasta jornadas de solidaridad con la dirigente jujeña Milagro Sala. El problema es que al no poderse consultar los registros de aportes ni presentarse convenios de cesión de locaciones y servicios, es imposible saber cómo financiaron tantos eventos a lo largo del año pasado a un costo promedio de unos dos mil pesos cada uno.

La cifra gastada en sueldos se duplicó también de un año para el otro. De los $604.041,17 que gastaron en 2016, pasaron a gastar $1.304.486,33 en 2017. Dada la falta de información en los documentos presentados, es imposible saber si aumentaron el personal o firmaron paritarias que implicaron duplicar los sueldos de la dotación del Patria.

Vale aclarar que parte de la dotación de empleados del Patria es provista por el gremio deportivo UTEDYC, aunque de los documentos presentados por el Instituto no es posible saber cuánto corresponde de los $371.619,74 pagados en concepto de cargas sociales por empleados y cuanto a los honorarios de los directivos.


Tampoco se dan mayores detalles sobre las inversiones de la entidad. De contar con una acción del Banco Credicoop por un valor de $88,80, pasó a tener un depósito en esa entidad por $300.000 adicionales en 2017 sin explicar el origen de aquellos fondos, más aun cuando entre ambos años se triplicó su deuda comercial y su mora por el pago de aportes previsionales pasó de $2.790 a $73.781,69. Los especialistas consultados, coincidieron en la incoherencia que mostraba el atesorar recursos e incurrir en una deuda previsional, particularmente porque no hay forma de hacer rendir un plazo fijo a valores superiores a la tasa que se impone por el pago fuera de término de deudas previsionales. Dicho de otra manera, no sólo se pierde dinero con tal maniobra, sino que además se expone a una entidad política a ser acusada de evadir aportes de los trabajadores mientras sus cursos hablan en sentido opuesto a la solidaridad previsional.


 

Mención aparte es el costo del alquiler. El edificio de tres plantas de Rodríguez Peña 80 sufrió un inusitado aumento de un año al otro. De los $580.800 pesos que pagaron durante 2016, pasaron a $1.263.522 al año siguiente sin que sea posible explicar una indexación de más del 100% fuera de toda escala en el mercado inmobiliario. Tampoco es posible saber a quién le alquilan el inmueble, ya que nunca presentaron el contrato de alquiler debidamente registrado en la IGJ, pese a que oportunamente le fuera requerido.

Lo único que fue posible averiguar, es que el mismo inmueble fue usado por otra fuerza política hasta el momento en que fue ocupado por el kirchnerismo. Allí funcionaba la escuela de gobierno del Frente Renovador, el partido liderado por Sergio Massa, ex jefe de gabinete de la presidente honoraria del Patria. Allí funcionó uno de los bunkers de campaña de esa corriente en las elecciones de 2011 y 2013. En esos días, el partido Frente Renovador declaró pagar unos 150 mil pesos mensuales de alquiler, algo menos que los que pagaría su siguiente inquilino al ocuparlo.


Las curiosidades del balance siguen y son de diversa naturaleza: un gasto de telefonía e internet de $138.067,21, otro de servicio de televisión por cable de $70,709,63 anuales y la pregunta del porqué no se contrató un servicio único como suele hacerse en la mayoría de las instituciones similares. O la curiosa forma de contabilizar los gastos de oficina; en lugar de hacer un ítem para el rubro como suelen hacer los contadores, se dividió entre diversos apartados caprichosamente separados que reparten “útiles y elementos de oficina”, gastos de “energía” o “gastos de limpieza” presentados de tal manera que resulta complicado entender cómo se imputan gastos que, invariablemente, tienen incrementos en algunos casos del 600% sin otra explicación que el registro del aumento en el balance.


Los contadores consultados sobre este modo de presentación de los gastos, coinciden en considerar al menos desprolijo e inusual el modo en que se justificaron las erogaciones del Patria. Incluso señalan que la falta de detalle y el desorden favorecen la idea de un descontrol en el gasto que amerita una auditoría externa para comprender que sucede con el dinero que entra en esa institución.

Las curiosidades del balance llegan incluso a la mención, que ellos mismos hacen, en la nota 1.4 indicando que “Existen algunos Muebles y Útiles e Instalaciones cuyo usufructo fue cedido a favor del Instituto instrumentado mediante contratos de comodato a título gratuito”: contratos que por supuesto no se han acompañado en la presentación.


El balance fue revisado por la contadora Ofelia M. Cédola, quien, como se mencionó ya anteriormente, además es una vieja amiga de la presidente honoraria. De hecho, es quien le presentó a su marido, Néstor Kirchner, allá por los años setenta en algún lugar de la ciudad de La Plata.

Pese a que se amontonan irregularidades en el modo de registrar los ingresos y egresos del Instituto y los intentos de la IGJ por cumplir con su función de órgano contralor de parte del Estado sobre éstas entidades, la Justicia tomó el caso como un asunto de libertades civiles. En lugar de darse un tiempo para explorar los cuestionamientos que señalaba la oficina de control, optó por concentrarse en un asunto abstracto como era la pretensión de las autoridades del Instituto Patria de no hacer aclaraciones sobre el origen de los fondos que recibía.

Falló la justicia

Planteadas las irregularidades, la IGJ reclamó a la justicia para que se ordenara el pago de una multa y se intimara a las autoridades del Patria a presentar toda la documentación que se le requiere a otras entidades de igual categoría.

Ante tanta irregularidad y la mora en entregar los papeles del Instituto, la IGJ envió inspecciones y presionó para que se pusieran al día. La respuesta del Instituto Patria fue denunciar una “evidente persecución política de la que somos víctimas todos los que pensamos distinto a las actuales autoridades nacionales”. Y en el mismo párrafo, invocando la filtración de los datos a la prensa como parte de esa campaña que denuncian, advierten que “amparándonos en la Ley de Protección de Datos Personales, nos negamos a hacerlo”.

Sorpresivamente, la Cámara falló contra la IGJ y le dió lugar al pedido del Patria para que omitiera información sobre sus aportantes y explicase de manera detallada el origen de los fondos que maneja.

Dos días después de la resolución judicial, las autoridades del Patria le enviaron los papeles que le debían a la Inspección General de Justicia. Completaron así el balance correspondiente a 2017 y las actas en las que describían las actividades de la entidad. La ausencia de estos papeles, una irregularidad que para las autoridades de la IGJ justificaban precisamente poder ejercer un escrutinio mayor sobre el Patria, no fueron tenidos en cuenta por los jueces.


El fallo fue firmado por los integrantes de La Cámara de Apelaciones en lo Civil Sala J, los jueces Víctor Fernando Liberman, Marcela Pérez Pardo y Gabriela Alejandra Iturbide. Los magistrados opinaron que los datos reclamados por la IGJ “Son datos sensibles, según el art. 2 de la ley 25.326, los datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”

Antes de conocerse el fallo, las autoridades de la IGJ pidieron al tribunal que excusara a los miembros de su cuerpo que tenían incompatibilidades para tratar el caso. Existía la esperanza que la jueza Gabriela Alejandra Iturbide se excusara, atento a que su llegada al cargo fue promulgada mediante un decreto del 3 de junio de 2015 firmado por Cristina Kirchner en el que nombró de forma masiva a 69 jueces y fiscales afines. Esperaban además que la jueza Marcela Pérez Pardo se apartara por ser una militante activa del kirchnerismo que maneja el Instituto Patria.


La jueza Pérez Pardo fue esposa del camarista Eduardo Freiler, un magistrado que en sus fallos favoreció de manera sistemática a funcionarios y dirigentes de esa corriente, como cuando negó por dos veces darle entidad a la denuncia del asesinado fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, escrito que luego fue tomado por válido por otros jueces. Junto al camarista Jorge Ballestero – que también falló automáticamente a favor a cada personaje del kirchnerismo alcanzado por la justicia – firmaron el que sería su mayor logro político al sacar en 2015 al juez federal Claudio Bonadío de la causa en la que se investiga su enriquecimiento ilícito.

Tan escandalosa fue la preferencia de Freiler por favorecer a los ex integrantes del gobierno de los Kirchner, que antes de ser destituido fue amonestado por la Cámara de Apelaciones luego que votara un cambio de carátula que favoreció al empresario Cristóbal López ligado a la ex presidente y permitió liberarlo de la prisión preventiva que le habían dictado. El fallo de Freiler, firmado también por su socio Jorge Ballestero, fue anulado luego por la endeblez jurídica de sus argumentos.

Los dislates jurídicos de Freiler lo llevaron a ser destituido por el Consejo de la Magistratura luego de tramitar el expediente 253/16 en el que se documentaron sus errores y omisiones.

La historia judicial de Freiler y sus fallos está íntimamente ligada a la de su ex esposa, la jueza Marcela Pérez Pardo, con quien estuvo casado por dos décadas y con quien tuvo tres hijos.

Freiler llegó a su puesto gracias a su ex suegra, María Esther “Monona” Pereyra Arandia, que en la década del 90 era secretaria parlamentaria del jefe de la bancada peronista en la cámara de diputados, Alberto Pierri. Es decir que la sociedad entre la jueza Pérez Pardo, que favoreció al Patria, y el ex juez preferido del kirchnerismo, funciona desde hace ya 30 años.

“Monona” era una de las punteras más poderosas de la zona de Necochea e hija de un poderoso personaje del peronismo durante el gobierno de Isabel Perón. La puntera justicialista fue quien movió los hilos políticos para que Eduardo Freiler entrara y escalara en la carrera judicial a partir de su designación en la Fiscalía de Instrucción N° 22 en la década de los noventa.

La jueza Pérez Pardo acompañó la carrera de Eduardo Freiler y lo hizo mientras ambos disfrutaban de un enriquecimiento meteórico, que los llevó a comprar una mansión de 1.200 metros cuadrados cubiertos en la zona de Olivos, comprar caballos de raza y participar en sociedades en la zona de Necochea y coleccionar autos de alta gama, entre otras delicias de la vida burguesa. Y la coincidencia no solo fue en torno al estilo de vida acomodado, sino que además se amplió a la militancia política.

La jueza Marcela Pérez Pardo se afilió al colectivo “Justicia Legítima”, una agrupación liderada por la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó que proponía una reforma del sistema judicial acorde a los deseos de poder de la presidente Cristina Kirchner. La jueza que falló a favor del Instituto Patria fue vocal suplente de la entidad y participó de los eventos que organizaba esa agrupación política. Y Eduardo Freiler, fue uno de los jueces que firmó la solicitada inaugural de esa corriente judicial, publicada en los principales diarios del país el 11 de diciembre de 2012.

Pero, además, Pérez Pardo tiene una relación de parentesco con la familia Kirchner. Patricio Pereyra Arandia es sobrino de la jueza y en su momento fue uno de los hombres que integró el círculo de confianza del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Tan es así que varias fuentes confirman que durante años fue el encargado de hacer los asados cuando el matrimonio presidencial organizaba encuentros sociales en la residencia de Olivos.

La confianza en Patricio Pérez Arandía provenía de su relación familiar con los Kirchner: está casado con Natalia Mercado, hija de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, cuñada y ex ministro de Acción Social de la presidente Honoraria del Instituto Patria.

Si las coincidencias no fueran ya de por si suficientes, Patricio Pérez Arandia integró hasta fin de 2014 el directorio de la empresa Hotesur, investigada por suponerse que fue el vehículo para blanquear millones de pesos de sobornos entregados a la ex presidente Kirchner. De acuerdo a las investigaciones judiciales, “Monona” Pereyra Arandia fue dueña de una cantidad considerable de acciones “clase C” de la sociedad Hotesur. Al tanto de la particiacion de su familia política en la trama Hotesur, Freiler decidió no excusarse cuando debió analizar el pedido de apartamiento de la causa del juez federal Claudio Bonadío que realizó Romina Mercado, actitud que en 2018 repetiría su entonces esposa al llegarle el trámite del Instituto Patria cuando le tocara el turno de juzgar a la mayor integrante del clan Kirchner.

El sobrino de la jueza Pérez Pardo, fue el encargado de negociar en 2009 y en nombre de Néstor Kirchner, la compra de los Hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea por un total de 6 millones de dólares. Ese emporio hotelero sería la fase inicial para la ampliación y justificación de la fortuna del clan Kirchner en los años siguientes. Otra de las misiones que se le encomendó al sobrino de la jueza, fue negociar con Aerolíneas Argentinas un contrato que favoreció a los Kirchner con 2,5 millones de dólares por el alquiler de 35.000 alojamientos para sus tripulantes entre 2008 y 2015. Además, Patricio fue apoderado de Idea SA, otra de las empresas de Cristina Kirchner usadas para tejer el entramado de compañías que integran el patrimonio de la familia.

La interacción entre Freiler y su familia política no se agota en Patricio. Su hermano, Mariano Pereyra Arandia fue nombrado secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que dirigió Freiler hasta su reciente destitución, de manera que el corte de los vínculos familiares no significó el fin de su relación política con la familia de su ex mujer. Y llegado el caso, el vínculo familiar entre Pérez Pardo y el juez Freiler continúa inalterado hasta el presente. La sola presencia del cuñado de Natalia Mercado en su oficina, cuya familia estaba implicada en la causa, hubiera sido causal de excusación. Nuevamente, primó el interés familiar por sobre la ética del magistrado.

En una situación normal, Pérez Pardo también debiera haberse excusado de la demanda del Patrias por participar de actividades de una agrupación política a la cual debe juzgar y tener vínculos familiares con la máxima autoridad de ese grupo. Pero, en lugar de hacerlo, prefirió seguir adelante y emitir un voto a favor de la líder de la corriente donde milita.


Incluso si no existiesen tales vínculos, Marcela Perez Pardo no puede decir que no está enterada de la existencia de lavado de dinero en la Argentina. Todavía estaba casada con Eduardo Freiler cuando su marido recibió la denuncia que involucraba a la viuda del narco Oscar Gaviria en el lavado de activos en la Argentina. Eduardo Freiler terminó sobreseyendo a la viuda de Gaviria, lo cual quizás fue un tema tratado en alguna charla de sobremesa de la pareja.

Pese a todo, la jueza Marcela Pérez Pardo siguió adelante y votó a favor de que el Patria no entregara información sobre sus asociados y los ingresos que aportaban.

La IGJ y el Ministerio de Justicia reaccionaron ante el fallo con un pedido de jury para los integrantes de la sala que favorecieron al Patria. El caso va a ser tratado el próximo 28 de junio en el Consejo de la Magistratura. Ese día no sólo se va a pedir una sanción contra Pérez Pardo, sino que además se ampliará a los otros dos integrantes de la Cámara por lo que consideran un fallo inusualmente irregular. Y mientras tanto se prepara una apelación ante la Corte Suprema por lo que consideran un caso testigo para el futuro de la persecución contra el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

En la IGJ descuentan que obtendrán una resolución favorable, dado que de suceder lo contrario un lavador sólo tendrá que colgar una foto de un personaje político en el frente de su oficina para comenzar a lavar dinero sin preocuparse por la acción de la justicia. Lo que está en juego en este caso no es la identidad de los aportantes al Instituto Patria, sino el nombre de aquellos que en el futuro pudieran querer lavar sus activos con tranquilidad, sabiendo que en última instancia pueden gritar una persecución política y negarse a abrir la puerta cada vez que la ley les toque el timbre.

Epilogo: Las hipocresías no se lavan

La política suele ser un campo en donde las opiniones se adaptan a lo que demanda la lucha por el poder. Curiosamente, uno de los argumentos que desfavorece al Patria proviene del propio kirchnerismo.

El 22 de noviembre de 2015, la actual vicepresidente Gabriela Michetti denunció el robo de $245.000 y U$S50.000 de su casa. En la denuncia, declaró que ese dinero pertenecía a la Fundación SUMA, una asociación civil que responde al partido PRO, integrante de la alianza de gobierno Cambiemos. Michetti explicó que el dinero desaparecido provenía de aportantes a su fundación y que iban a ser utilizadas en la campaña presidencial en curso.

Rápido de reflejos, Leonardo Martínez Herrero, un abogado ligado al kirchnerismo, presentó una denuncia judicial para que se investigara si el dinero robado era parte de una trama de lavado de dinero para financiar ilegalmente a la política. En su escrito, indicó que el manejo de efectivo y la falta de bancarización era un claro indicio de ilícitos que debía ser investigado. La denuncia fue luego ampliada por los diputados kirchneristas Juan Cabandié y Roberto Tahiade, que invocaron la ausencia de comprobantes entregados a cambio de la entrega de donaciones, para solicitar que se procese a la vicepresidente como partícipe de una maniobra de lavado de dinero.

La causa cayó en el juzgado federal de Ariel Lijo. Este magistrado es otro que arrastra una pesada historia, que lo une con Eduardo Freiler a través de lazos familiares. Su ex cuñada, Carla María Lago, recientemente separada del abogado y operador judicial Alfredo Lijo, es una de las dueñas de un emprendimiento financiero denominado Minning Pride SA. La empresa fue fundada en 2012 en conjunto con un comerciante llamado Marcelo Sutton y con Eduardo Freiler, cuando el ex magistrado aún estaba unido a la jueza Marcela Pérez Pardo.


Freiler, Pérez Pardo y Lijo tienen otro vínculo mas sutil. El juez a cargo de la causa SUMA es una de las figuras centrales de la Asociación de Jueces Federales, una entidad que fue armada por la escribanía Gerarduzzi y el estudio Fernández y Asoc, cuyas oficinas en Callao 468 3° A coinciden con el domicilio de la Inversora Callao SA. Es la misma que, de acuerdo a Freiler y Pérez Pardo, financió la mitad de la compra y construcción de la mansión en Olivos del todavía matrimonio. Y ese mismo buffete también asesoró a Freiler en la constitución de la empresa Minning Pride SA, según lo explicó el abogado Horacio Fernández, dueño del estudio jurídico de la calle Callao

Es decir que los vínculos entre el juez, el ex juez y su ex esposa, son tan consistentes como verificables. Pero solo Pérez Pardo y Lijo fallaron en casos en los que se investigó el lavado de activos mediante fundaciones políticas.

La investigación de Lijo avanzó y se comprobó que SUMA no había entregado comprobantes adecuados a algunos de los que habían aportado dinero a la entidad. Dos semanas después de iniciada la causa, la Fundación terminó de presentar los balances en la IGJ y otros documentos que venía adeudando.

En el caso de SUMA, Lijo reclamó y obtuvo los listados de donantes, a los que además citó como testigos para corroborar la irregularidad en el trámite de entrega de fondos. El Juez Lijo sobreseyó finalmente a la vicepresidente y cerró el caso en abril de 2017.

La casualidad quiere que el kirchnerismo se encuentre en el lado opuesto en un caso que investiga el financiamiento de la política. Ahora, en lugar de reclamar información protege la protección de los datos, como si fueran el reverso de ellos mismos hace apenas unas semanas atrás.

Ignacio Montes de Oca
Edición de Julieta Monge Molina

Visto 1488 veces Modificado por última vez en Lunes, 25 Junio 2018 16:36

Fundado el 4 de agosto de 2003

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