Argentina en el Mundo

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El aspirante peronista defendió la legalización del aborto, mientras el actual presidente evitó pronunciarse.

Los seis candidatos a la presidencia de Argentina celebraron su primer debate público. Y, contra pronóstico, fue el aspirante con más posibilidades, Alberto Fernández, quien se mostró más agresivo. En lugar de contemporizar, el peronista Fernández atacó una y otra vez al actual presidente, Mauricio Macri, y le acusó de mentiroso. Además, adoptó una posición clara en una cuestión tan crucial y delicada como el aborto: se declaró a favor de la legalización, mientras Macri prefirió no pronunciarse.

Con el formato previamente pactado por los equipos de cada candidato, eran casi imposibles las sorpresas y los errores. No las hubo. En realidad, no hubo un auténtico debate, sino una serie de breves monólogos previamente memorizados y ordenados por temas.

El primer debate de la campaña, celebrado en Santa Fe (el segundo y definitivo antes de las elecciones del 27 de octubre está previsto el próximo domingo en Buenos Aires) confirmó los principales argumentos de los dos grandes rivales. Macri pidió un nuevo mandato para completar “el cambio”, desafiando ocasionalmente la incredulidad de la audiencia, como al decir que el país estaba “mejor” que a su llegada, aunque no se notara “en el bolsillo”. Fernández pidió la presidencia para “volver a poner la Argentina en pie” y recuperar “la economía productiva”.

Roberto Lavagna, que fue ministro de Economía al inicio de la recuperación tras el colapso económico de 2001 y 2002, y aspira a representar el peronismo más reformista, fue vago en su exposición y apeló al consenso.

En un par de ocasiones, Alberto Fernández le dio la razón. No hubo roces entre ellos, potenciales aliados en el futuro. Los demás candidatos fueron realmente a lo suyo. Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, propuso medidas típicamente socialistas y guardó medio minuto de silencio “por las víctimas de la represión en Ecuador”.

José Luis Espert desarrolló un manual de liberalismo casi puro en lo económico, con duros ataques a los sindicatos y a la gratuidad de la universidad pública. Y el ex militar Juan José Gómez Centurión encarnó al Bolsonaro argentino, con elogios al Ejército (y palabras de comprensión para la última dictadura) y un feroz y continuo rechazo a cualquier hipótesis de legalización del aborto.

Macri arrancó con un ataque al flanco más vulnerable de Fernández, el de la pasada corrupción kirchnerista. Y recordó que el propio Fernández había descalificado la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, antes de aceptar encabezar una candidatura con ella de presidenta. Pero el “factor Cristina” apenas volvió a mencionarse, salvo en una frase aislada del ultraliberal Espert.

Fernández devolvió el golpe recordando el debate final de las últimas elecciones, en el que Mauricio Macri prometió acabar con la inflación y la pobreza. “Ganó la presidencia el candidato que mintió”, subrayó el peronista. Acusó a Macri de haber “destruido la economía” generando una recesión a la que no se ve término, una inflación superior al 50% anual, más desempleo, más pobreza y una deuda externa que se acerca al 100% del Producto Interior Bruto. Afirmó además que buena parte del préstamo de 57.000 millones concedido por el Fondo Monetario Internacional se la habían llevado al extranjero “los amigos” de Macri.

El candidato peronista dijo que no debían esperarse de él ni dogmas ni fórmulas infalibles e invariables, sino medidas pragmáticas que nunca perjudicarían “a los que trabajan”. Una vez más, repitió que el consumo interno (que contribuye en un 70% a la riqueza argentina) se había desplomado y era necesario recuperarlo, así como fomentar la exportación.

En su intervención final, Macri lamentó que volvieran “el dedito”, en referencia al dedo más o menos acusador que blandió Fernández a lo largo del debate, y la arrogancia “típica” del kirchnerismo. “Sabemos que tenemos problemas”, dijo, “pero volver a tener los problemas del pasado no nos va a ayudar”.

Enric González

 

La alta probabilidad de un retorno del peronismo al poder coincide con una relajación de las medidas judiciales.

A los tribunales argentinos se les reconoce una gran habilidad para adaptarse a los cambios políticos. Desde que las primarias de agosto anticiparon un probable relevo en la presidencia del país, la situación procesal de numerosos políticos y empresarios kirchneristas parece haber mejorado sustancialmente. Siete de ellos han quedado ya en libertad tras sufrir un período más o menos largo de encarcelamiento preventivo. Por otra parte, se han reactivado viejas causas contra Mauricio Macri y los suyos.

El excarcelado más reciente fue Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner, con prisión preventiva desde 2017 en una causa por presuntos sobornos en contratos de obra pública. Kirchner quedará libre cuando pague una caución de 200.000 dólares. Antes fueron Cristóbal López y Fabián de Sousa, socios en el grupo Indalo.

López y De Sousa llevaban casi dos años en prisión preventiva. En septiembre, fueron sobreseídos por una causa sobre venta irregular de activos. Luego, el tribunal oral federal número 3 ordenó al juez Claudio Bonadio, que lleva otra de las causas abiertas contra ellos, la referida a los presuntos sobornos masivos del “caso de los cuadernos” (en el que la principal encausada es la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner), que les dejara en libertad a la espera de juicio.

Bonadío les impuso una fianza de 60 millones de pesos (un millón de dólares) a cada uno, que cubrieron con una póliza de seguros porque la mayor parte de su patrimonio está embargado o en concurso de acreedores. López y Sousa abandonaron la cárcel de Ezeiza el lunes. “Nunca debieron haber sido detenidos”, dijo el candidato peronista a la presidencia, Alberto Fernández, tras conocerse la noticia.

López y Sousa tienen otros asuntos pendientes, relacionados con presunto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias (sumario Los Sauces), un presunto fraude en la construcción de un acueducto en Chubut y con el presunto impago de impuestos en la sociedad Oil Combustibles. El juez Bonadio, uno de los más hostiles al kirchnerismo, no descarta volver a pedir prisión provisional para ambos.

Bonadio ha tenido que ir soltando a varios de los acusados en la “causa de los cuadernos”, aparentemente el mayor caso de corrupción durante el kirchnerismo: corresponde al pago de sobornos por parte de numerosas empresas para conseguir contratos públicos, y la acusación señala a Néstor y Cristina Kirchner como principales beneficiarios. El 17 de septiembre se levantó el arresto domiciliario impuesto a Oscar Thomas, ex director de la entidad binacional Yacyretá.

El pasado día 4 de octubre salieron de prisión Gerardo Ferreyra, propietario de la sociedad Electroingeniería, y Carlos Cortez, presunto testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner. Ferreyra declaró, al recuperar la libertad, que la “causa de los cuadernos” no iba a llegar “nunca” a juicio, igual que la causa de la AMIA.

Uno de los encarcelados preventivamente por esta causa, Fernando Esteche, ex líder de la organización antisistema Quebracho, fue igualmente liberado el 4 de octubre.

La causa de la AMIA se refiere al supuesto encubrimiento oficial de los agentes iraníes acusados de asesinar a 85 personas el 18 de julio de 1994, con un auto bomba que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. El fiscal que investigaba el asunto era Alberto Nisman, muerto de un disparo en su casa (probable suicidio, asesinato según algunos) el 18 de enero de 2015.

Otro célebre excarcelado, por absolución, es el general César Milani, que fue jefe del Ejército argentino durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Milani fue acusado de detener ilegalmente a Pedro Olivera y de torturar a su hijo en marzo de 1977, durante la dictadura militar. Un tribunal de la provincia de La Rioja le absolvió a principios de agosto y Milani recuperó la libertad tras dos años de encarcelamiento.

El general tiene otro caso pendiente en Tucumán por la “desaparición” del recluta Alberto Ledo, también en 1977, en el que se espera también un veredicto absolutorio, y una causa adicional por “enriquecimiento ilícito”. Al salir a la calle, el general Milani denunció “una inédita campaña política, mediática y judicial contra un jefe del Ejército”.

Mientras se relajan las causas contra kirchneristas, se ha reactivado la causa sobre Correo Argentino (sobre la sospecha de que la administración presidida por Mauricio Macri otorgó un trato de favor a una empresa del grupo Macri) y avanza la investigación en el caso de la venta de la aerolínea familiar Mac Air a Avianca, presuntamente favorecida con la asignación por parte del gobierno de Macri de 36 rutas adicionales a la empresa compradora.

“El mercado cambiario es un actor político”, aseguran los sociólogos Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, autores de 'El dólar. Historia de una moneda argentina’

¿A qué precio cotizaba el dólar oficial para la venta el 26 de febrero de 2015? Esa fue una de las preguntas para una concursante del programa Quién quiere ser millonario emitido por la televisión argentina el 8 de abril de 2019. En otros países, sólo profesionales vinculados al mercado cambiario o a la exportación conocerían la respuesta.

Pero la concursante acertó -8,73 pesos-, como lo hubiesen hecho muchos de sus compatriotas. El interés de los argentinos por la divisa verde comenzó en los años treinta y con el paso de los años se popularizó hasta convertirse en un dato más de la vida cotidiana, del que informan a diario los medios junto a la temperatura y el estado del tráfico.

Los argentinos ahorran en dólares para protegerse de la elevada inflación y de las recurrentes devaluaciones. Esa es la explicación más habitual de los economistas a la obsesión nacional por la moneda estadounidense. Otra variable es la restricción externa.

Pero los sociólogos Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, autores del ensayo El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019) (Crítica), subrayan que Argentina no es el único país sudamericano con un historial de inflación desbocada y menos todavía con restricciones externas, pero sí uno de los que más "piensa en verde" y consideran que la mayor singularidad en el país sudamericano es el rol político de la divisa.

"Desde 1983 hasta la actualidad, el mercado cambiario ha tenido protagonismo en casi todas las elecciones presidenciales. El mercado cambiario es un actor político en Argentina, esa es nuestra hipótesis", dice Wilkis durante una entrevista en Buenos Aires. "El dólar se convirtió en un artefacto de interpretación de lo que pasa en la política y en la economía", subraya Luzzi.

El último ejemplo se vivió tras las elecciones primarias del pasado 11 de agosto. Ninguna encuesta anticipó la victoria por más de 15 puntos del candidato presidencial peronista Alberto Fernández frente a Mauricio Macri. Al día siguiente se desató una tormenta financiera: el dólar cerró a 58 pesos, 12 más que el viernes, y provocó un nuevo salto inflacionario.

La gente corrió a supermercados y centros mayoristas a comprar productos antes de que se encareciesen (lo que los argentinos llaman stockear) y, quienes podían, compraron dólares. Algunos negocios, como los concesionarios de automóviles, suspendieron temporalmente las ventas hasta actualizar los precios.

En los días posteriores, el Gobierno hizo todo lo posible por calmar al mercado cambiario. Macri reemplazó a su ministro de Economía, declaró una restructuración de la deuda y volvió a imponer controles cambiarios, aunque menores a los que rigieron durante los últimos cuatro años de kirchnerismo. "Cuanto más se escapa el dólar, más se aleja para el Gobierno la posibilidad de un triunfo", opina el sociólogo sobre el decisivo papel de la divisa estadounidense.

En el libro los autores rastrean los orígenes de esa obsesión, a la que ningún gobierno ha logrado poner freno. Se remontan a 1931. "Ese año fue el primer control de cambios, la primera vez que el Estado decide regular el acceso al mercado cambiario y empieza un debate en los medios", señala Luzzi.

El salto se dio a finales de los años cincuenta, cuando Arturo Frondizi lanzó un ambicioso Plan de estabilización, firmó el primer acuerdo del país con el FMI y hubo una gran devaluación. "Se cierra durante unos días el mercado de cambio y cuando se reabre la prensa muestra a una multitud en la city a ver qué pasa. El mercado dejó de ser un dato en una tabla para ser un evento de la vida pública ciudadana", afirma Wilkis.

La atención al mercado cambiario se consolidó durante la década siguiente, caracterizada por una gran inestabilidad y grandes devaluaciones, y va in crescendo, con el paréntesis de los poco más de diez años de convertibilidad (1991-2002), cuando se impuso la paridad de un peso - un dólar que saltó por los aires en medio de la grave crisis del corralito. En 2019 todo sigue igual, con el dólar como un ícono tan argentino y popular como el fútbol o el tango.

"El dólar está muy presente en el proceso de valuación de los bienes aunque no necesariamente después la transacción se va a hacer en dólares", explica Luzzi. En el caso de las viviendas, las compras suelen ser en la divisa estadounidense. En la de los automóviles, en cambio, las operaciones son en pesos, al precio de cambio del dólar de ese día.

"Parte de las decisiones que toma el Gobierno [argentino] sobre su moneda impacta únicamente en un sector de la economía, pero hay otro conjunto importante de transacciones vinculadas a una moneda que no domina y sobre la que no tiene control", advierte Wilkis.

"Una de las conclusiones de nuestro libro para el debate público es que el dólar no es parte del ADN de los argentinos sino que es un proceso histórico que ha sido largo y lento y, por lo tanto, es reversible en el largo plazo", concluye.

Mar Centenera


 

Estos datos se refieren al primer semestre y aún no incluyen el reciente aumento de la inflación en el país, que alcanzó el 60% anual. Señala que hay 15 millones más de personas en pobreza ahora que en 2018.

La pobreza alcanza niveles devastadores en Argentina. El 35,4% de la población, 8,1 puntos más que hace un año, y el 25,4% de los hogares no pueden pagar alimentos básicos. Hay más de 15 millones de personas. Los datos, publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística, se refieren a la primera mitad del año, por lo que no incluyen la devaluación del 12 de agosto y el posterior aumento de la inflación al 60% anual. Esto significa que la situación ahora debe ser aún peor. Se estima que para fin de año la pobreza afectará al 37% de la población.

La nueva tasa de pobreza es quizás la peor noticia recibida por Mauricio Macri en sus cuatro años como presidente. Peor que el uso del FMI, el incumplimiento parcial, la recesión y el fracaso en la lucha contra la inflación. Llegó a la oficina pidiéndole a los argentinos que lo juzguen por su éxito o fracaso en la lucha contra la pobreza, y los números no admiten discusión. Heredó de Cristina Kirchner una pobreza del 29%, según estimaciones de la Universidad Católica (Kirchnerismo interrumpió las mediciones oficiales) y dejará más del 35% al ​​próximo presidente, que probablemente no será él, sino el peronista Alberto Fernández. Los entrenadores estiman que para fin de año, cuando comience el nuevo período, la cifra será de alrededor del 37%.

"Aunque ese número duele, necesitamos mirarlo a la cara, como lo hacíamos todos los años", dijo Macri sobre los datos de pobreza. Pidió "consenso" para combatir el empobrecimiento de la población y enfatizó que su política siempre fue medir la pobreza, "no ocultarla", en referencia al presidente anterior.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística también revelan que el 7.7% de los argentinos son indigentes, y que el 50% de los menores, uno de cada dos, viven en la pobreza. Entre junio de 2018 y junio de 2019, los alimentos básicos aumentaron en un 58,3%, mientras que los salarios y las pensiones se ajustaron solo en un 35%. Esta brecha explica que un número creciente de personas no puede pagar la comida. También hay un mayor desempleo, la transformación de empleos regulares en informales y el deterioro de los beneficios sociales.

Además de "mirar hacia adelante" hacia la creciente pobreza, Mauricio Macri necesita "mirar hacia adelante" en las elecciones del 27 de octubre, donde, si se confirman las tendencias mostradas en las primarias del 11 de agosto, corre el riesgo de sufrir Una amplia derrota.

El presidente envió, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje a los argentinos anunciando que "cambiaría lo que fuera necesario cambiar" para aliviar la situación en el país. "Sé que estás enojado, enojado", escribió. Luego dijo que le dijo la verdad a la gente, luchó contra el narcotráfico y mejoró la infraestructura, y prometió que el futuro de la economía sería "mejor".

El presidente multiplica su actividad para mejorar sus perspectivas electorales. Su reelección es muy difícil, pero lo que es esencial para el macrismo ahora es que la coalición que ha gobernado en los últimos cuatro años mantiene una presencia relevante en el futuro Parlamento. Macri dijo el lunes que reduciría el desempleo (10.6% de la población en edad laboral) al suprimir los impuestos a las pequeñas empresas.

Pero también emitió un decreto que, al modificar el sistema de cálculo, redujo sustancialmente la compensación por accidentes laborales, discapacidad permanente y muerte. Los sindicatos consideran que la medida significaría un mayor empobrecimiento de los asalariados y han comenzado a prepararse para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto.

Enric González

 

El Gobierno de Macri se reúne en Nueva York con los responsables del Fondo para obtener un dinero clave para sortear el impago de la deuda.

Argentina y el Fondo Monetario Internacional inician una semana crucial de conversaciones, pero con un regusto amargo a simulacro, en tanto que el FMI no cree que el actual Gobierno siga aún en unos meses y ese actual Ejecutivo duda de que vaya a seguir ahí.

La contundente victoria del candidato peronista Alberto Fernández en las primarias del pasado agosto hacen más que probable su victoria en los comicios de octubre y, con ella, la desconfianza del organismo internacional. Sobre la mesa hay un problema de corto plazo, el envío de 5.400 millones de dólares pendientes del rescate que el país necesita, y otro de largo, el auxilio de un país plagado de incertidumbre. Sobre ese último nadie se atreve a hacer cálculos.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central de Argentina, Guido Sandleris, se reunirán este martes en Nueva York con el director gerente interino del FMI, David Lipton, y el jefe para las Américas, Alejandro Werner, además de con inversores. El miércoles, en Washington, los dos altos cargos argentinos se verán con el jefe de la misión para Argentina, Roberto Cardarelli.

El objetivo de Lacunza es desbloquear el giro de 5.400 millones de dólares que estaba previsto para septiembre y que el Gobierno de Mauricio Macri requiere para afrontar los vencimientos de deuda de este mes y sortear el impago.

El FMI acordó con Argentina entre junio y septiembre de 2018 el mayor rescate de la historia de la institución, un préstamo de 57.000 millones de dólares, que equivalía al 10% del producto interior bruto (PIB) del país y suponía rememorar algunas de las peores pesadillas económicas en ese trozo de América. A cambio, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometía a cuadrar las cuentas públicas —es decir, no gastar más de los que el Estado ingresa— en 2020, un objetivo que hoy, entre otros, parece inalcanzable.

En agosto, cuando Fernández, candidato de Frente a Todos, ganó con autoridad las primarias, los mercados financieros se echaron a temblar en un lunes negro en toda regla, temerosos como estaban de la situación de interinidad que se produciría en el Gobierno durante meses y de los riesgos para el rescate del FMI ante un nuevo presidente de corte peronista que se había dedicado previamente a maldecir el plan diseñado en Washington. La desconfianza retroalimentó la crisis argentina.

Acto seguido, Macri despachó una batería de medidas sociales para contener las heridas de la crisis, con una bajada de impuestos a la clase media, la subida de la ayuda a los más pobres y la congelación del precio de los servicios públicos y la gasolina. Y este paquete, previsto hasta diciembre (fecha en que ya habrá el nuevo Gobierno surgido de los comicios), también aleja al Ejecutivo de los compromisos asumidos con el FMI.

Así es cómo ha funcionado el circulo vicioso con Argentina, que tiene por delante un periodo muy complicado con los acreedores privados (en los próximos cuatro meses deben renovar alrededor de 15.000 millones de dólares en deuda, de los que 10.000 se encuentran en manos privadas) y con los públicos. El Fondo ha dicho muy poco en público.

El portavoz, Gerry Rice, ha insistido ante la prensa en que "las situaciones de mercado complejas y la actual incertidumbre en las políticas complican aún más la situación", mientras procede a revisar el programa. Fuentes cercanas a las conversaciones van más allá y hacen explícito el temor a las políticas peronistas que se avecinan, lo que puede convertir cualquier nuevo compromiso del actual Gobierno en papel mojado.

El Fondo no quiere, sin embargo, repetir los errores de la crisis griega, cuando el exceso de austeridad también reavivó la crisis y las metas financieras se revelaron poco realistas.

El calendario de revisión no está claro y la situación de interinidad en el propio Fondo —a punto de ratificar a Kristalina Georgieva como nueva directora gerente, en sustitución de Christine Lagarde—, tampoco ayuda. La semana pasada, el Gobierno declaró la emergencia alimentaria, con los comedores gratuitos desbordados por todas las familias que no pueden pagar la comida. Cuando los elefantes se pelean, la que sufre es la hierba que hay debajo.

 

Los problemas económicos son tierra fértil para eufemismos oficiales e invenciones más o menos ingeniosas de los operadores del mercado.

El 10 de diciembre de 2015, horas después de jurar como presidente, Mauricio Macri presentó a los argentinos “el mejor equipo [de Gobierno] de los últimos cincuenta años”. El calibre de la apuesta fue contra los “70 años de fracasos” que Macri consideró inaugurados por Juan Domingo Perón. Los resultados de gestión de aquel conjunto de notables, sin embargo, no fueron los esperados y la frase inició una larga lista de máximas presidenciales, eufemismos y jergas de nacimiento espontáneo que hoy sirven para traducir el progresivo deterioro de la economía argentina.

La lista es larga e incompleta, como cualquier enumeración de este tipo. Incluye frases que quedarán en la memoria popular y hasta términos recuperados de crisis anteriores. El conjunto es un vocabulario original que quita dramatismo a las consecuencias de un nuevo fracaso.

“Pesada herencia”

Durante los dos primeros años de gobierno de Mauricio Macri, todos los males de la economía argentina eran culpa de la “pesada herencia” recibida del kirchnerismo. La lista de descalabros era amplia: un Banco Central con reservas al mínimo, cepo cambiario, deuda en default con los llamados fondos buitre, inflación en torno al 25%, un déficit fiscal de 7% del PIB y una pobreza que rondaba el 30%.

El Gobierno enfrentó la “pesada herencia” con “gradualismo”, otro clásico del inicio macrista que refirió al ajuste escalonado de la economía. Para financiar el “gradualismo”, el Gobierno se endeudó en dólares. El endeudamiento será ahora parte de la “pesada herencia” que recibirá el próximo gobierno.

“Segundo semestre”

Es posible afirmar que la promoción del “segundo semestre” como un tiempo de bonanza y prosperidad fue tal vez el mayor error político de Macri. El “segundo semestre” debía empezar en julio de 2016, un momento mágico en que las penurias iniciales se convertirían en crecimiento sostenido. La oposición a Macri se mofa del optimismo de aquellos primeros meses de Gobierno, tanto como de las promesas de “pobreza cero” y “revolución de la alegría” que tanto impactaron en la opinión pública durante la campaña electoral que llevó al poder al macrismo.

“Lluvia de inversiones”

“Segundo semestre” y “lluvia de inversiones” forman parte de la misma serie. Macri llegó al Gobierno convencido de que su sola presencia en la Casa Rosada entusiasmaría tanto a los mercados que lloverían dólares sobre la economía argentina. Pero la “lluvia” nunca cayó y el “segundo semestre” nunca llegó.

“Sinceramiento tarifario”

Durante el primer semestre de Gobierno, Macri impulsó un aumento de las tarifas de los servicios públicos que en algunos casos superó el 1.000%. El objetivo fue la eliminación progresiva de los millonarios subsidios estatales con que el kirchnerismo había mantenido por los suelos el valor de la electricidad, el agua, el gas y el transporte. Para evitar términos antipáticos a la opinión pública como el usual “tarifazo”, el Gobierno habló de “sinceramiento tarifario”, esto es, ponerle a los servicios el valor que corresponde y no avalar más “la mentira kirchnerista”.

“Recalibrar las metas”

La lucha contra la inflación fue la batalla más dura del Gobierno de Macri. Durante la campaña, Macri dijo que bajar la inflación era “lo más fácil del mundo” y que las cifras anuales de dos dígitos heredadas del kirchnerismo eran evidencia de una mala gestión.

La realidad fue, sin embargo, más dura de lo que el presidente esperaba. El 28 diciembre de 2017, el equipo económico tuvo que subir las metas de inflación. Predijeron entonces que para 2018 la subida máxima no sería del 10% sino el 15% y que en 2019 los precios crecerían un 10%, frente al 5% del cálculo original.

El jefe de ministros, Marcos Peña, dijo que sólo se trató de “recalibrar las metas”, una estrategia surgida de información que antes, cuando asumieron, no tenían. El “recalibramiento” precipitó la renuncia del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que sintió resentida su independencia del Ejecutivo. “Recalibrar” no fue suficiente, vistos los resultados. 2018 cerró con una inflación del 47,6% y la de 2019 alcanzará el 60%.

“Lo peor ya pasó”

El 1 de marzo de 2018, Macri dio un largo discurso ante el Congreso durante la tradicional apertura anual de sesiones. 2017 había mostrado una economía con “brotes verdes”, otro clásico de la época, y el presidente dio por terminada la crisis. “Lo peor ya pasó”, dijo ante los diputados y senadores que lo escuchaban. La frase se hizo popular para referir con ironía a situaciones traumáticas sin solución.

“Pasaron cosas”

Ante la evidencia de que lo peor estaba en realidad por venir, Macri acuñó otra frase que pronto se volvió célebre. Tras “lo peor ya pasó” vino “pasaron cosas”. Durante una entrevista en junio de 2018, el presidente intentó explicar el descalabro cambiario de abril y la disparada de la inflación. Dijo entonces que el país se había quedado sin crédito externo debido a la subida de tasas en EEUU y que la guerra comercial entre Washington y Pekín habían hecho estragos en la débil economía argentina. Recordó también la sequía, la peor en 40 años, que golpeó las exportaciones agrícolas que son el motor de las exportaciones. Macri resumió la situación con pocas palabras: "Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas”.

“Apoyo financiero”

Entre mayo y septiembre del año pasado, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la entrega a Argentina de un préstamo de 57.000 millones de dólares, la mayor cifra jamás otorgada por el organismo. El presidente Macri vinculó la dimensión de la ayuda a la confianza que el mundo depositaba en su Gobierno. En aquel momento, el Gobierno no habló de “rescate” del FMI sino de “apoyo financiero”.

“Reperfilar”

En agosto de este año, días después del triunfo del kirchnerista Alberto Fernández en las elecciones primarias del día 11, el Gobierno asumió que no podría cumplir con el cronograma de pagos de su deuda con el FMI y los tenedores privados de bonos. Anunció entonces un “reperfilamiento” de los vencimientos a corto plazo en pesos y el inicio de negociaciones con Fondo. Evitó así hablar de refinanciación o “default” (cesación de pagos), como llamaron las calificadoras de riesgo a la decisión del Ejecutivo argentino.

Dólar “blue”

El mercado de cambios fue activo en el surgimiento de jergas más o menos novedosas. La crisis recuperó para el vocabulario popular referencias al dólar nacidas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El dólar “blue” nació durante gestión anterior, tras el control o “cepo” cambiario que desplazó la mayor parte de las operaciones de compra y venta de divisas al mercado negro.

A ese dólar, hasta un 80% más caro que el oficial, se lo llamó “blue”. El “blue” volvió a la calle tras el control de cambios impuesto por Macri el 1 de septiembre, que limitó a 10.000 dólares mensuales el límite de compra a las personas físicas. Durante los años 70, a ese dólar paralelo se le llamó “dólar negro”. El origen de su deriva cromática actual es incierto.

Dólar “contado con liqui”

Si el “blue” es la estrella del mercado ilegal, con cierta infraestructura en el exterior es posible sortear los controles que limitan la compra y venta de dólares. Una forma creativa consiste en comprar en pesos acciones o bonos que coticen en Argentina y también en otros mercados, fundamentalmente Wall Street: los blue chips. Los bonos o acciones se transfieren al extranjero y allí, lejos de los controles argentinos, se venden en dólares. La operación se llama “contado con liquidación” o “contado con liqui”, según la jerga de los operadores

“Dólar bolsa”

Otra forma de evadir los controles consiste en la compra de activos que coticen tanto en dólares como en pesos. Se los paga en pesos al adquirirlos y luego se los vende en dólares. El mercado llama a las divisas adquiridas mediante este mecanismo “dólar bolsa”.

“Rulo”

Se trató de un mecanismo que, durante los primeros días del cepo cambiario y hasta que el Banco Central le puso freno, permitió ganar hasta 7% en dólares en sólo unos minutos y en forma legal. El inversor compraba dólares en el mercado oficial, con ellos compraba bonos de la deuda argentina y los revendía el mismo día en pesos. 32Una operación rápida que en el camino dejaba saldo a favor para el interesado.

“Bucle”

Limitado el “rulo”, nació el “bucle”. La operación es la misma, pero con suma inicial de más de 10.000 dólares. La cantidad supera las restricciones impuestas por el Banco Central al “rulo”.

Federico Rivas Molina

 

El gobernador peronista no puede pagar los salarios públicos, pero quintuplica sus propios ingresos.

La crisis argentina contiene una subcrisis que empieza a descontrolarse: la provincia de Chubut vive una situación de emergencia. Los funcionarios públicos cobran sus salarios de forma parcial y tardía, la justicia permanece paralizada, los docentes llevan dos meses protestando y sin dar clase y las arcas provinciales, con una deuda cercana a los mil millones de dólares, están vacías. El gobernador Mariano Arcioni es acusado de mala gestión, pero no contempla la posibilidad de dimitir. Lo que ha hecho ha sido quintuplicarse el sueldo.

Las protestas de los docentes, que bloquearon en varias ocasiones las carreteras para exigir que se les pagara puntualmente, se desbordaron el miércoles tras la muerte, en accidente de tráfico, de dos maestras que regresaban a la ciudad de Comodoro Rivadavia tras participar en una marcha en Rawson. El miércoles se celebró una manifestación de protesta frente a la Casa de Gobierno de Chubut y el jueves se realizó un paro de escuelas públicas en toda Argentina. La revuelta de los maestros había suscitado en días pasados actos violentos por parte de trabajadores del petróleo, quienes atacaron a los piquetes que no permitían que los camiones circularan.

Chubut es una provincia rica. Produce por el momento más petróleo que Neuquén, donde se encuentra el yacimiento de Vaca Muerta, y obtiene por ello una renta anual cercana a los 24.000 millones de pesos (más de 400 millones de dólares). Eso hace más difícil explicar que Chubut haya contraído una deuda en dólares cercana a los mil millones, que tenga un déficit presupuestario superior a los 4.000 millones de pesos (70 millones de dólares) y que no pueda pagar puntualmente a los 61.000 empleados públicos, más del 10% de la población provincial.

El gobernador Arcioni exige al gobierno argentino que le facilite fondos para superar la crisis. Pero en la Casa Rosada afirman que esta semana ya han sido enviados 1.300 millones de pesos, lo que eleva el volumen de transferencias realizadas en los últimos cuatro años hasta los 57.000 millones, y que corresponde a Arcioni frenar el gasto. Recuerdan también que se le permitió emitir deuda adicional por un importe de 500 millones de pesos. En el primer semestre de este año, según el Consejo de Responsabilidad Fiscal, los gastos corrientes primarios del gobierno provincial aumentaron un 93,4%.

Arcioni se ha convertido en un personaje incómodo para todos. Para el candidato peronista a la presidencia, Alberto Fernández, porque es uno de los gobernadores que le respaldan. Fernández alega que Arcioni ha sido víctima de los bajos precios del petróleo. Para el presidente, Mauricio Macri, porque representa un riesgo de desestabilización para una situación económica y política muy precaria. Y para Sergio Massa, puntal reformista de la candidatura de Fernández, porque Arcioni fue uno de sus socios más cercanos en la extinta Alternativa Federal. Massa acusa a Macri de haber estrangulado financieramente a Arcioni.

Mariano Arcioni heredó la gobernación provincial en 2017 tras la muerte del gobernador Mario Das Neves, de quien era vicegobernador, y revalidó el cargo en las elecciones del pasado 9 de junio. Para lograr esa victoria electoral, Arcioni concedió a los empleados públicos un generoso aumento salarial del 40%. Casi de inmediato comenzaron los problemas para abonar los sueldos y las protestas sindicales. Arcioni no logró aprobar presupuestos provinciales ni en 2018 ni en 2019, ha tenido cuatro ministros de Economía en dos años y está en minoría en la Legislatura de Chubut.

El lunes, las autoridades educativas parecían cercanas a algún tipo de acuerdo con los sindicatos de docentes. Pero todo volvió a estallar cuando se supo que el gobierno provincial acababa de enviar a la Legislatura un proyecto de ley sobre incremento de los sueldos de los políticos. El salario mensual del gobernador Arcioni iba a pasar de los 84.137 pesos mensuales netos de la actualidad, a 384.291 pesos. Arcioni afirma que el aumento “está totalmente justificado”.

Enric González

 

Manifestantes kirchneristas irrumpen en tres centros comerciales de barrios acomodados porteños.

El hambre ha llegado al Obelisco. Tras el control cambiario instaurado la semana pasada por el gobierno de Mauricio Macri, se frenó la devaluación del peso y la situación se calmó, pero sólo a nivel macroeconómico. En las villas miseria y entre las familias de clase baja los efectos de la crisis aumentan, ya que un tercio de la población argentina vive bajo la línea de pobreza. Las huelgas sectoriales y las manifestaciones son casi diarias en Buenos Aires, y ahora se han sumado los piquetes movilizados por organizaciones sociales que atienden a los más pobres.

Centenares de personas irrumpieron el miércoles en la avenida 9 de Julio con la intención de cortarla y acampar dos días frente al ministerio de Desarrollo Social, a pocos metros del Obelisco. Pese a la intervención e incidentes con la policía, lograron su objetivo, pasaron la primera noche y ayer mantenían ocupada la mitad de la céntrica arteria, mientras en la Cámara de Diputados se discutía con urgencia un proyecto de ley para la declaración de la emergencia alimentaria en el país, principal reivindicación del piquete.

Manifestantes kirchneristas irrumpen en tres centros comerciales de barrios porteños

Macri se resistió porque la ley supone aumentar el gasto fiscal, pero finalmente el presidente dio el brazo a torcer y su bloque parlamentario apoyó el proyecto en vista de que los distintos grupos peronistas –que sumados tienen mayoría parlamentaria– se iban a poner de acuerdo para declarar la emergencia, lo que representa incrementar en un 50% las partidas presupuestarias de ayudas sociales destinadas a “alimentación y nutrición”. Entre 62 y 160 millones de euros extraordinarios, según como se interprete el presupuesto.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, calificó de “extorsión” la actitud de los piquetes, dirigidos por dos organizaciones: Barrios de Pie, cercano a un sector del peronismo, y Polo Obrero, del Partido Obrero, la izquierda más radical.

El principal candidato peronista a las elecciones de octubre, Alberto Fernández, cuya arrolladora victoria en las primarias de agosto lo convirtió en virtual futuro presidente, generando la actual incertidumbre, pidió a los piqueteros levantar la acampada y que “la gente evite la calle” para no causar incidentes. Sin embargo, una portavoz de Barrios de Pie, Silvia Saravia, le respondió que tiene “independencia política” e insistió en exigir “que se entreguen los alimentos” y suba “el salario social”. Los líderes piqueteros aseguraron que permanecerían acampados hasta hoy a pesar de que la ley de emergencia alimentaria iba a quedar aprobada ayer, a falta de su ratificación por el Senado.

La tensión en las calles crece y el miércoles otro grupo de piqueteros liderado por el kirchnerista Juan Grabois –cercano a Cristina Fernández y al Papa Francisco– irrumpió en tres centros comerciales de barrios acomodados porteños para exigir la emergencia alimentaria.

Robert Mur

 

La Cámara de Diputados aprueba más dinero para los comedores gratuitos por “emergencia alimentaria”.

La inflación vuelve a dispararse en Argentina. Los precios subieron un 4% en agosto, como consecuencia de la devaluación sufrida por el peso hace un mes, y la inflación interanual se situó en el 54,5%.

El dato es más grave en lo referido a los alimentos, que aumentaron un 4,5%. Poco antes de que el Instituto Nacional de Estadística diera a conocer el dato, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de emergencia alimentaria que suponía un incremento del 50% en la dotación presupuestaria para comedores gratuitos.

El presupuesto para 2020, con el que deberá manejarse el Gobierno que salga de las urnas el 27 de octubre, es moderadamente optimista acerca del futuro control de la inflación: considera que el actual repunte será temporal y estima que el año próximo la subida de precios se reducirá hasta el 34%, una cifra aún muy elevada pero lejos de la actual. Argentina, sin embargo, seguirá en recesión.

El Producto Interior Bruto debería crecer en 2020, según el proyecto de presupuesto, un 1% (a final de 2019, la contracción rondará el 2,6%), pero incluso los técnicos del Ministerio de Hacienda admiten que es más probable una bajada cercana al 1%, dadas las circunstancias creadas por la devaluación posterior a las elecciones primarias de agosto, al nuevo impulso inflacionario y a la incertidumbre creada por la suspensión de pagos parcial sobre la deuda pública y la implantación de controles sobre la compraventa de divisas.

Horas antes de que se conociera el dato de inflación de agosto, un portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, señaló que las perspectivas eran oscuras: "Reconocemos las condiciones complejas del mercado y la incertidumbre que hace difícil la situación", dijo, para añadir que la institución multilateral seguía "comprometida" con Argentina.

Añadió que, al menos hasta junio, Argentina "no había incumplido las reglas". No dijo, sin embargo, si el FMI desembolsaría o no los 5.400 millones de dólares correspondientes a septiembre dentro del préstamo de 57.000 millones concedido en 2018. El ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, viajará a Washington a finales de mes para intentar desbloquear el desembolso, necesario para contrarrestar la sangría de dólares que sufre el sistema desde la devaluación del 12 de agosto.

Gobierno y oposición se pusieron de acuerdo el jueves para aprobar por unanimidad en la Cámara de Diputados un proyecto urgente sobre la emergencia alimentaria en el país. Los diputados de la coalición gobernante respaldaron el texto presentado por los peronistas, aunque precisaron que no estaban de acuerdo con la oposición en cuanto a "la magnitud de la situación que se está viviendo". El candidato a la vicepresidencia junto a Mauricio Macri, Miguel Pichetto, aseguró el miércoles en una entrevista que no se podía "hablar de hambre" en Argentina, porque era "una exageración".

El diputado oficialista Héctor Flores recordó que seguía vigente la Declaración de Emergencia Social formulada tras el colapso de 2002 y que en 18 años no se había conseguido resolver el problema de la pobreza estructural. "Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecíamos a tasas chinas", señaló, en referencia a los años de gobierno kirchnerista. El texto aprobado en la Cámara, que ahora pasará al Senado, supone un aumento del 50% en las dotaciones presupuestarias para comedores gratuitos.

La cuestión de la pobreza empieza a comportar complicaciones políticas para la candidatura del peronista Alberto Fernández, gran favorito para ganar la presidencia en octubre. Tras varios días de movilizaciones y bloqueos de transporte en Buenos Aires, impulsados por sindicatos y entidades sociales situados en el ala izquierda del kirchnerismo, y tras graves choques con la policía en pleno centro de la capital, Fernández pidió "tranquilidad en las calles". Le preocupaba que la actitud de los sectores más radicales asustara a sus electores moderados y que la protesta se descontrolara.

Parte de las organizaciones que exigen un aumento en los subsidios sociales y más dinero para los comedores públicos rechazaron el mensaje del candidato. "El gobierno en ciernes comienza mal", declaró Eduardo Beliboni, dirigente de Polo Obrero, para quien era "necesario mantener las protestas y ganar la calle".

Según estas organizaciones, la emergencia alimentaria declarada por la Cámara de Diputados no resolvía nada y había que exigir más dinero al gobierno de Macri para acabar con las deficiencias nutricionales. Uno de cada tres argentinos adultos, y uno de cada dos argentinos jóvenes, viven en la pobreza.

Enric González

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