Argentina en el Mundo

Argentina en el Mundo (338)

 

La ley podría aprobarse el viernes en el Senado argentino con algunos cambios en el texto inicial.

Alberto Fernández logró romper el bloqueo parlamentario. Los diputados federalistas del ex candidato presidencial Roberto Lavagna y de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, le permitieron alcanzar el necesario para iniciar un debate maratoniano en la Cámara sobre el programa de emergencia económica.

El nuevo presidente argentino dijo contar con los votos necesarios para aprobar el paquete de medidas, del que aceptó suprimir o moderar los apartados más polémicos.

El arranque de la gestión peronista en el Congreso no pudo ser más áspero. Los parlamentarios de la oposición macrista se negaron a ingresar en el hemiciclo, para que no hubiera quorum y no fuera posible ni tomar juramento a los nuevos diputados (los que sustituyen a los integrados en el Gobierno) ni iniciar el debate. La ayuda de Lavagna y Schiaretti al bloque peronista desbarató la maniobra opositora y finalmente se ocuparon los escaños.

También ayudó muchísimo al desarrollo de la sesión la retirada de un artículo que concedía a la Casa Rosada plenos poderes para reformar el Estado, inadmisible para los macristas, y el compromiso de negociar algunos puntos concretos en apartados como los referentes a las pensiones o la subida de retenciones fiscales para las exportaciones agrarias.

Quedaron inscritos 130 oradores, lo que hacía imposible una votación antes del viernes. Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio, tuvo la primera intervención opositora y denunció que, con la excusa de la situación económica, Fernández quería “cerrar el Congreso” y gobernar sin control parlamentario.

Tanto Laspina como otros parlamentarios protestaron contra la congelación por seis meses de las pensiones, muy erosionadas por la inflación, y contra la creación de un impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares y el uso de tarjeta de crédito en el exterior. “Le están quitando la posibilidad de viajar a quien paga sus vacaciones en doce plazos”, dijo Laspina.

Luis Contigiani, diputado de Santa Fe, lamentó que la mayor presión fiscal sobre los exportadores agrarios fuera a perjudicar “a los pequeños y medianos productores”, “que no son ni oligarcas ni terratenientes”.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Darío Martínez, defendió ante el pleno el conjunto de medidas y afirmó que “la emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino”.

Recordó que la deuda externa había aumentado un 76% en los últimos cuatro años, que la inflación era del 52%, que la producción industrial había caído un 11% y que el desempleo rondaba el 10%. Un tercio de la población argentina vive en situación de pobreza.

El gobierno se mostró dispuesto a negociar en la Cámara algunos de los puntos que más encrespaban a la oposición, con el fin de asegurarse una mayoría holgada en la votación final. Además de ofrecer dos pagas extraordinarias a los pensionistas con haberes más bajos, cosa ya incluida en el proyecto inicial, aceptó desvincular de la congelación las pensiones de los docentes y los científicos jubilados, y no descartaba otras concesiones.

También abrió la posibilidad de suavizar el aumento de la presión fiscal sobre algunos de los propietarios agrícolas. El aumento generalizado de los impuestos, salvo para las rentas más bajas, y las ayudas a las pequeñas empresas, constituyen dos los rasgos fundamentales del programa de emergencia.

El recargo del 30% sobre la compra y uso de dólares, con el fin de preservar reservas en divisas y poder hacer frente al pago de la deuda mientras se renegocia la misma, ha gustado tanto al Fondo Monetario Internacional, principal acreedor, como a los tenedores de bonos.

El mercado de deuda en bonos ha registrado alzas en los dos últimos días. El Frente de Izquierda, con dos diputados, se sumó al macrismo en su rechazo al programa de emergencia porque según el diputado Nicolás del Caño “supone aplicar un ajuste sobre los jubilados para pagar una deuda ilegítima”.

Enric González

 

El Gobierno renuncia a un artículo que le daba plenos poderes para reformar el Estado.

El Gobierno de Alberto Fernández libra su primera gran batalla parlamentaria. El programa para afrontar la dramática situación económica argentina contiene varios puntos que otorgan al poder Ejecutivo un poder casi total. Y la oposición no está dispuesta a transigir ante lo que considera rasgos de autoritarismo.

El peronismo ha cedido parcialmente, suprimiendo un polémico artículo que daba al presidente la libertad para reformar el Estado, pero las cosas no estarán claras hasta el jueves, cuando arranque el debate en el pleno de la Cámara de Diputados.

Dos rasgos esenciales del programa de emergencia van haciéndose perceptibles: implica un ajuste presupuestario muy duro, con cargas fiscales severas sobre casi todos los sectores menos los más desfavorecidos, y aspira a que el dólar deje de ser un factor decisivo en la economía argentina.

Esto último constituye una vieja ambición nunca satisfecha. La debilidad e imprevisibilidad del peso favorecen el ahorro en dólares, lo que a su vez fragiliza aún más el peso en un círculo vicioso que lleva décadas girando. El impuesto del 30% sobre la adquisición de dólares o cualquier forma de pago en esa divisa ya ha disparado la cotización del dólar blue o informal; en cierta forma, al margen de un cambio oficial ajeno al mercado, Fernández ha iniciado su mandato con una nueva devaluación.

“No estamos improvisando”, dijo el presidente durante una reunión con empresarios, a los que aseguró que el cuadro macroeconómico era aún más oscuro de lo que suponían. Desde el peronismo se intenta justificar la petición de plenos poderes para afrontar una situación crítica.

Pero el cierre de filas de la oposición ha obligado a retirar un artículo que decía lo siguiente: “Facultase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.

Pese a la redacción abstrusa, la oposición entendió de inmediato que eso implicaba conceder a Fernández la facultad de hacer lo que se le antojara con más de 60 organismos Estatales, que incluían desde la vigilancia presupuestaria hasta el espionaje, sin ningún control de Congreso. Y Fernández envainó.

La oposición es variopinta (macristas, radicales, extrema izquierda) y carece de un líder visible. Eso no le ha impedido cerrar filas y amenazar con una guerra parlamentaria total. Sus portavoces aseguran que los escaños opositores se ausentarán de la Cámara de Diputados si el Gobierno no suaviza su megaproyecto; la ausencia supondría falta de quorum para la sustitución de los parlamentarios peronistas que han integrado el Gobierno, laminando la mayoría de Fernández, y falta de quorum también para debatir la ley.

Otro elemento del programa de emergencia que enfurece a la oposición es el referido a las pensiones. El Gobierno pide seis meses de moratoria en las actualizaciones de los pagos a los jubilados porque dice que el sistema implantado en 2017 por Mauricio Macri es inflacionario, y hace falta pensar otro. En la práctica, eso supone congelar las pensiones (menos las más bajas, para las que se establecen bonificaciones extraordinarias) durante medio año.

No cuesta deducir que tras la moratoria se oculta un intento de recortar el gasto público. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el lunes la situación a la que se enfrenta: no tiene acceso a los mercados de crédito, al menos hasta que se renegocie la deuda, y no puede imprimir moneda porque la inflación pasaría de alta (55% anual) a altísima; por tanto, la única opción pasa por subir impuestos y reducir el gasto para lograr el equilibrio presupuestario.

La severidad del ajuste propuesto por Fernández ha sido mal acogida por la oposición, pero ha gustado a los acreedores. El riesgo país empieza a bajar y el mercado de bonos argentinos se ha animado y registra subidas. Los acreedores piensan que el plan de Fernández eleva las posibilidades de que Argentina pueda pagar sus deudas sin aplicar grandes recortes a los tenedores de bonos.

Enric González

 

Un tribunal de apelación anula la prisión preventiva que cumplían desde hace más de dos años

Julio de Vido, una de las figuras emblemáticas de la corrupción en los años del kirchnerismo, abandonó la prisión el sábado de madrugada y ya está en su casa, en régimen de arresto domiciliario. Solo cuatro días después de que el peronismo retornara al poder, la Cámara de Casación decidió que De Vido llevaba más de dos años en prisión preventiva y no estaba “fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación”, por lo que le concedió una gracia que acababa de negarle el Tribunal Oral Federal número 7.

También se benefició de la misma decisión Roberto Baratta, antiguo taxista y mano derecha de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

De Vido fue un “superministro” durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Gran parte del presupuesto pasaba por sus manos. Ya fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por su responsabilidad indirecta en el accidente ferroviario de Once (2012), en el que murieron 51 personas. Se le culpa por el mal estado del tren, pero la sentencia aún no ha sido confirmada por la Cámara de Casación.

El exministro tiene muchas otras causas pendientes: por compra de material ferroviario en mal estado a empresas españolas y portuguesas, por supuestos sobreprecios y comisiones en la adquisición de material informático para los tribunales, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos procedentes de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, por supuestas irregularidades en la importación de gas licuado, por supuesta percepción de sobornos en la construcción de un gasoducto, y por presunto fraude en un plan de construcción de viviendas sociales en colaboración con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

También está encausado en un sumario de presunta malversación en la concesión de obra pública vial, cuya principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, la Cámara de Diputados decidió por mayoría retirar los fueros parlamentarios a De Vido, lo que permitió su encarcelamiento preventivo.

Su colaborador Roberto Baratta, antiguo número dos del ministerio, no deberá permanecer en su domicilio, pero sí llevar una tobillera electrónica. En 2003, Baratta era un taxista y vendedor de lotería que vio a Néstor Kirchner, entonces candidato a la presidencia, en una cafetería y se le acercó para pedirle trabajo. Kirchner le dijo que telefoneara a Julio de Vido.

En poco tiempo, De Vido y Baratta establecieron una estrecha relación personal y profesional. Durante el kirchnerismo, Baratta se ocupó de las relaciones con Venezuela y de la importación de energía. También fue uno de los protagonistas de la expropiación de las acciones de la sociedad española Repsol en la empresa argentina YPF.

 

Enric González

 

El teniente advierte de que los Ejércitos latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están sometidos a la influencia de Estados Unidos.

El teniente general César Milani fue jefe del Estado Mayor del Ejército argentino entre 2013 y 2015, en el tramo final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El 17 de febrero de 2017 fue detenido por una doble acusación de delito de lesa humanidad y pasó dos años y siete meses en prisión preventiva. Hace unas semanas fue absuelto en los dos casos.

Su historia sugiere que los tribunales se utilizan a veces como castigo político. Sugiere también que un alto oficial peronista es todavía una rareza. Milani advierte ahora de que los Ejércitos latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están sometidos a una enorme influencia de Estados Unidos. “Las clases altas”, dice, “creen que las Fuerzas Armadas les pertenecen”.

César Milani nació en Cosquín, provincia de Córdoba, un 30 de noviembre de hace 65 años. Su abuelo era un inmigrante italiano. La familia pudo adquirir una vivienda social gracias a un programa peronista. Hoy, como teniente general retirado, Milani mantiene su admiración hacia Juan Domingo Perón. Y cree que los políticos argentinos “pecan de inocencia” por creer que el Ejército, después de 36 años de democracia, es una fuerza neutral. Asegura que los militares de alto rango no han dejado de ser conservadores o ultraderechistas.

Asumió la jefatura del Ejército el 3 de julio de 2013 y pronunció un discurso en el que expresaba su “aspiración de que las Fuerzas Armadas apoyaran un proyecto nacional”. “Ahí empezó mi condena”, afirma. Al día siguiente fue denunciado como presunto participante en la “desaparición” en Tucumán, en junio de 1976, del recluta Alberto Ledo, soldado en la compañía de la que Milani era subteniente. Se acusó al entonces joven oficial subalterno de 21 años, recién regresado del Colegio Militar, de participar en el aparato represivo de la dictadura. Ese era solo el principio.

Pocos días después le visitó un general retirado, antiguo agregado en la Embajada argentina en Washington, para hacerle notar que en Estados Unidos se le veía como “un germen de chavismo” y que suscitaba preocupación. Luego “se presentó un directivo del diario Clarín para ofrecerme tranquilidad judicial, mediática y política a cambio de que me portara bien, y le respondí que yo era leal a la presidenta”. En los meses y años siguientes, Clarín, el diario más influyente de Argentina, dedicó 25 portadas a los supuestos delitos de Milani.

Las denuncias y acusaciones fueron acumulándose. Ramón Olivera, hijo de un torturado por la dictadura en la provincia de La Rioja, le acusó de haber detenido ilegalmente a su padre y de haberle “hostigado verbalmente”. Se le abrió una causa por “enriquecimiento ilícito” —aún no juzgada— por la compra de su vivienda y otra a raíz de una denuncia anónima sobre una adquisición de puentes militares para emergencias civiles. La prensa le acusó de utilizar el espionaje militar para favorecer a Cristina Fernández de Kirchner. Incluso se le quiso involucrar en la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman.

En cuanto dejó la jefatura del Ejército, el mundo se le vino encima. Fue detenido en 2017 y trasladado de prisión en prisión, siempre aislado, porque los presos comunes le amenazaban de muerte y sus supuestos compañeros de delito, los auténticos criminales de la dictadura militar, le consideraban “un traidor” por ser peronista (algo insólito entre los generales) y por haberse fotografiado con Hebe de Bonafini, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo.

Meses antes de que los tribunales de Tucumán y La Rioja absolvieran al general César Milani y cuando éste permanecía aún en prisión preventiva, el abogado penalista Gustavo Feldman publicó un libro titulado Castigo sin crimen. Las pruebas de la inocencia de César Milani. Su lectura produce escalofríos.

En las primeras páginas, Feldman escribe: “Este libro demuestra que Milani está preso por una acusación infundada, que es un verdadero rehén de la pacatería, la cobardía y el camaleonismo de la peor corporación de la República: el Poder Judicial de la Nación, con la ayuda incalculable de los operadores y depredadores mediáticos disfrazados de periodistas”. Conviene recordar que el Estado argentino, presidido por Mauricio Macri, tomó la inusual decisión de personarse como querellante en la causa de Tucumán.

Ahora, vestido con traje y corbata, absuelto tras más de 30 meses de prisión preventiva, Milani se declara preocupado por la evolución de los Ejércitos en Latinoamérica y considera sintomáticos los hechos que condujeron a la renuncia de Evo Morales en Bolivia, tras recibir un “consejo” en ese sentido del jefe de las Fuerzas Armadas.

“Estados Unidos, a través del Comando Sur, vuelve a sus viejas mañas; no para fomentar golpes militares, pero sí para preservar su control sobre el continente y para mantener los Ejércitos como fuerzas de exclusión, no de inclusión”, explica.

“Los Gobiernos civiles se sostienen gracias al respaldo militar, como se ve en Chile [donde el presidente Sebastián Piñera lo tiene] o en Bolivia [donde Morales no lo tuvo], y supongo que aquí el Ejército planteará resistencia al nuevo Gobierno de Alberto Fernández”, comenta. Milani, admirador del presidente ruso Vladímir Putin “por su nacionalismo”, agrega que “el Ejército necesita líderes militares fuertes, que puedan apoyar proyectos de inclusión y sepan resistir las injerencias sobre los mandos”, en referencia a las presiones de las élites dominantes y de Estados Unidos.

Enric González

 

El Ejecutivo argentino también ha elevado la indemnización por despido, una medida que intenta frenar el desempleo.

El nuevo Gobierno argentino aumentó las retenciones fiscales a las exportaciones agrarias. A través de un decreto publicado este sábado, quedó sin efecto el esquema impositivo establecido por el anterior presidente, Mauricio Macri, que retenía cuatro pesos por dólar exportado, y se impuso un porcentaje fijo del 9% por cada dólar.

En el caso de la soja, el producto más competitivo en los mercados internacionales, el 9% se sumó al 18% que ya estaba en vigor, por lo que el total retenido a los exportadores asciende al 27%.

La decisión de Alberto Fernández constituye en realidad una actualización: cuando Macri fijó los cuatro pesos por dólar, el dólar se cambiaba a 38 pesos; ahora se cambia casi a 60.

Aun así, las patronales agrarias, principal fuente de divisas del país, expresaron de inmediato su malestar por no haber sido consultadas. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, acusó al presidente de faltar a su palabra: “Dijo que no iba a tomar medidas sin hablar antes con nosotros”, se quejó. “Esto no va a caer bien en el sector”, comentó a su vez Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

El asunto de las retenciones agrarias, en especial las referidas a la soja, es siempre delicado. En 2008, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner las aumentó desde el 35% hasta el 48,7% y las patronales agrarias se lanzaron a una protesta que duró cuatro meses, con frecuentes manifestaciones y cortes de carreteras.

La crisis le costó el puesto al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau. Fernández, entonces jefe de gabinete, intentó resolver el problema con una nueva ley que finalmente fue rechazada por el Senado por un solo voto, el emitido por el propio vicepresidente, Julio Cobos. Fernández tomó entonces la decisión de dimitir y dejó el Gobierno con fuertes críticas contra la presidenta.

El nuevo Ejecutivo ha publicado también un decreto destinado a frenar los despidos. Durante los próximos seis meses, cualquier despido no justificado implicará una indemnización del doble de lo que establece la ley. El decreto declara la Emergencia Pública en Materia Ocupacional, debido a la severa crisis económica que atraviesa el país y que ha disparado la tasa de desempleo hasta el 10,6%.

La medida no debería tener gran incidencia, porque las empresas ya redujeron plantillas antes de que Alberto Fernández tomara posesión (esperaban alguna decisión de este tipo) y porque los próximos meses veraniegos, enero y febrero, son vacacionales. De todas formas, varios grandes empresarios se quejaron y reclamaron un relanzamiento de la economía y del mercado interno, no medidas temporales.

 

Enric González

 

Eduardo de Pedro y Juan Cabandié encabezan los Ministerios de Interior y Ambiente. Victoria Donda, el Instituto contra la Discriminación.

En su discurso de toma de posesión, Alberto Fernández trajo a la memoria de los argentinos a Raúl Alfonsín, el presidente que marcó el inicio de la transición democrática después de una cruenta dictadura (1976-1983) y llevó a juicio a sus máximos responsables.

El nuevo mandatario declaró su compromiso con los derechos humanos y lo ha materializado también en la formación del Gobierno. Entre la nueva generación de peronistas que lo acompañan hay tres herederos de desaparecidos por el régimen militar: el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro; el de Ambiente, Juan Cabandié; y la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda.

De Pedro, nacido en 1976, es hijo de Enrique De Pedro, estudiante de Derecho y militante del grupo armado peronista Montoneros que fue asesinado por la dictadura en abril de 1977 y de Lucila Révora, secuestrada y desaparecida al año siguiente. El día del secuestro, Révora salvó la vida de su hijo al meterlo dentro de la bañera y protegerlo con su cuerpo. Pasó casi tres meses en manos de los militares antes de ser recuperado por la familia.

De profesión abogado, De Pedro comenzó como activista de derechos humanos antes de dar el salto a la política partidaria. Fue diputado nacional, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, secretario general de la Presidencia e integrante del Consejo de la Magistratura. Considerado uno de los hombres más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner se ganó también la confianza del nuevo presidente, que lo ha colocado en un puesto clave de su Gabinete.

Juan Cabandié Alfonsín nació en marzo de 1978 en la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. Hasta los 26 años vivió con un nombre ajeno y creyendo que sus padres eran un policía retirado y una ama de casa.

Lleno de sospechas, Cabandié se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y un test genético reveló su verdadera identidad en enero de 2004. Descubrió así que su padre, Damián Abel Cabandié, fue secuestrado en noviembre de 1977, a los 19 años, al salir de la casa en la que vivían en Buenos Aires. Pocas horas después, los militares secuestraron también a su madre, Alicia Alfonsín, de 17 años y embarazada de él. En diciembre, Alfonsín fue trasladada a la ESMA, donde lo dio a luz tres meses después.

A partir de 2004, Cabandié comenzó a reconstruir su historia. Se convirtió en un referente de la militancia de los derechos humanos mientras se abría paso también en la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora. Fue legislador por Buenos Aires y diputado nacional antes de asumir con Fernández como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Victoria Donda Pérez es una abogada, activista de derechos humanos y política que se enteró en octubre de 2004 que había nacido en la ESMA. Abuelas de Plaza de Mayo llegó a ella a través de una denuncia sobre el caso de una niña que había sido anotada como hija propia por el ex prefecto Juan Azic. Tras judicializar el caso, el ADN confirmó que en realidad era hija de José María Laudeano Donda y de María Hilda Pérez, ambos secuestrados y desaparecidos por la dictadura en 1977.

Fue elegida diputada nacional por el kirchnerismo en 2007, pero se alejó al año siguiente y mantuvo la distancia hasta que el peronismo comenzó a reunificarse meses atrás para presentar un frente común con el que derrotar al macrismo. Al frente del Inadi, Donda se sumó este martes al discurso de unidad pronunciado por el presidente. "Se tiene que terminar la violencia en la política, vinimos a unir la sociedad, si hay alguien que se enriquece con la grieta son aquellos y aquellas que se vienen enriqueciendo y que vienen empobreciendo a buena parte de la sociedad argentina", planteó.


 

El nuevo presidente quiso marcar distancias con la etapa «kirchnerista», pese a contar con Cristina Fernández como vicepresidenta.

Quería establecer con claridad y desde el minuto uno, las diferencias con Cristina Fernández. No debió ser fácil pero el resultado, al menos en su discurso de investidura, fue el deseado. Alberto Fernández se presentó como el presidente de la «unidad sin rencor», como un jefe de Estado dispuesto a «levantar Argentina» y a «pagar la deuda» pero no a cualquier precio.

El sucesor de Mauricio Macri puso sobre la mesa las «cifras y datos contundentes» (en negativo) de su antecesor, convocó a empresarios y sindicatos y declaró la guerra al actual Poder Judicial. «Nunca más una justicia contaminada», clamó.

En simultáneo, pidió condenas, para los corruptos (o corruptas), anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el tijeretazo de publicidad oficial a los medios de comunicación, un Plan integral contra el hambre, créditos estatales, ayudas para los marginales y un nuevo presupuesto una vez que logre (si logra) un acuerdo que evite hacer oficial el virtual default (cesación de pagos) en el que se encuentra el país.

«Nunca más» (título del informe de la Comisión de Desaparición de Personas), «levantar Argentina» y «unidad», fueron las expresiones más reiteradas en el Congreso durante un discurso donde invitó a «superar el muro del odio y del rencor». Fernández, salvo la polémica sobre la ampliación del aborto, no se dejó nada en el tintero y cerró con el único asunto, sin fisuras, que abraza la sociedad.

«No hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI», haremos «el legítimo reclamo« de las islas Malvinas, bajo soberanía de Gran Bretaña. Con pasajes que parecían más dirigidos a Cristina Kirchner que a Mauricio Macri, rechazó «aislarse del mundo».

El Fernández que ayer se presentó como el número 1 prometió «robustecer el Mercosur» (mercado Común Suramericano) de la mano de Brasil. El vicepresidente Hamilton Mourao, sentado junto a la presidenta del Senado, Pilar Llop, escuchaba atento. La víspera Jair Bolsonaro cambió tres veces de opinión sobre mandar un representante de su Gobierno a la investidura. Bolsonaro, finalmente, autorizó a Hamilton Mourao. Alberto Fernández entendió la importancia de su principal socio comercial y destacó un vínculo que debe estar, «más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura».

Durante una hora el elegido por los argentinos para tomar las riendas del país hasta el 2023, desgranó sus planes, se colocó en primera línea de fuego contra la violencia de género, «imperdonable», el desafío del cambio climático e hizo repaso, sin ensañamiento pero con contundencia, a la herencia recibida: «Inflación superior al 50 por ciento», «PIB más bajo de la última década», «deuda externa en relación al PIB en su peor momento desde el 2004...)». Hizo el recordatorio que Macri evitó en su día y que le habría ayudado, como sucederá ahora con el flamante Gobierno, a adoptar decisiones incómodas e impopulares.

El Fernández presidente supo hacer guiños a la oposición, a «los que me votaron y a los que no«, se esforzó en mantener un tono conciliador y cuando metió el bisturí en temas espinosos como el de la justicia, fue hábil para enviar, en simultáneo, mensajes para los jueces corruptos pero también para la mujer que tenía sentada a su izquierda y cuyo destino posterior al banquillo y a su vicepresidencia, difícilmente podría ser otro al de prisión cuando concluya la decena de juicios que tiene pendiente (tiene dos órdenes de detención). El Fernández que promete ejercer el poder rechazó la prisión preventiva, «hasta que no haya sentencia».

El mensaje era un consuelo para la caterva de ex ministros y autoridades del Gobierno de Cristina Kirchner que todavía están presos por corruptos. En ese mismo discurso, el hombre que tendrá en su mano la posibilidad de una amnistía o un indulto para su vicepresidenta, si termina condenada, dijo algo que, quizás, no hizo feliz a la número dos del Ejecutivo. «Queremos que no haya impunidad ni para el ciudadano corrupto ni para el que lo corrompe», aseguró. La viuda de Néstor Kirchner ojeaba el discurso sobre el papel con gesto adusto.

Las palabras de Fernández fueron, como demostró el domingo durante la misa en Mercedes Luján, más que palabras cuando saludó a Mauricio Macri. De nuevo, el abrazo y las confidencias marcaron una escena imposible de hacer extensible a la viuda de Néstor Kirchner.

La actual vicepresidente retiró la vista con desprecio cuando el primer presidente no peronista de la democracia, que logró terminar su mandato, le tomó la mano para saludar. «No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro», diría el otro Fernández. Con él, es posible pero con ella…

Carmen de Carlos

 

El nuevo presidente promete luchar contra el hambre y acabar con el rencor como recurso político.

Alberto Fernández hizo una descripción dramática de la situación en Argentina. Dijo que asumía la presidencia de un país “en virtual default” y “con el 40% de la población en situación de pobreza”.

En referencia a la deuda, lanzó un mensaje diáfano: “El país tiene la voluntad de pagar, pero no tiene recursos para hacerlo”. La crudeza empleada para hablar de la crisis económica contrastó con el tono conciliador del discurso con que inauguró su mandato. Ante las dos cámaras del Parlamento y numerosos invitados extranjeros, Fernández llamó a la fraternidad y a “superar el muro del rencor y el odio” en política. “Quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo”.

La toma de posesión del nuevo presidente argentino reflejó un hecho importante: a diferencia de otros países latinoamericanos, y pese al drama económico y social, Argentina goza de una saludable normalidad institucional. Alberto Fernández ingresó en el hemiciclo, donde se congregaban diputados y senadores, empujando la silla de ruedas de la vicepresidenta saliente, Gabriela Michetti, parapléjica.

Fue un gesto simple, pero imprimió humanidad a la ceremonia. Luego Mauricio Macri tuvo que soportar que la nueva mayoría cantara a voz en grito la Marcha Peronista, y que su vieja enemiga, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, le dispensara un saludo gélido. El ya ex presidente supo despedirse con elegancia. En estos tiempos, eso es mucho.

Fernández recordó, por su tono y sus palabras, a Raúl Alfonsín, el presidente que insistió en recibir el bastón de mando (usurpado hasta entonces por una atroz dictadura militar) en un 10 de diciembre, el día internacional de los Derechos Humanos. Fernández, peronista, inició su carrera política en la administración de Alfonsín, un radical por el que desde entonces siente un gran afecto.

El nuevo presidente recurrió a una conocida frase de Alfonsín, “con la democracia se come, se cura y se educa”, para expresar su deseo de que el diálogo caracterizará su mandato. “Si alguna vez me desvío del compromiso que asumo, salgan a la calle para recordármelo”, pidió. También utilizó con frecuencia la fórmula “nunca más”, celebérrima desde que el fiscal Julio Strassera cerró con ella los juicios a las Juntas Militares de la dictadura.

El peso de la deuda

Como primera medida, Fernández tiró a la papelera el presupuesto redactado por el gobierno saliente. Explicó que no era posible hacer proyecciones económicas sin resolver antes la cuestión de la deuda, a renegociar urgentemente con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados.

Se trata de un problema monstruoso. Bajo las actuales condiciones, en 2020 Argentina afronta vencimientos por más de 58.000 millones de dólares, más de 36.000 en 2021 y casi 50.000 millones en 2022, sumando deuda en dólares y en pesos.

“El país tiene la voluntad de pagar, pero no tiene los medios para hacerlo”, reconoció. “Para poder pagar”, precisó, “hay que crecer primero”. El proyecto del gobierno peronista se centra en conseguir que el FMI aplace por dos años el reembolso de principal e intereses, para dedicar esos 24 meses a recuperar una cierta estabilidad y relanzar una economía que no crece desde 2010.

Fernández proclamó que, en paralelo a la renegociación de la deuda, su prioridad serían los más desfavorecidos, el 40% de la población que vive en la pobreza, el 12% sumido en la indigencia, y advirtió que los más acomodados deberían hacer “un mayor aporte” en forma de impuestos. “Seriedad en el análisis y responsabilidad en los compromisos que se asumen para que los más débiles dejen de padecer, bajo esas premisas afrontaremos toda negociación de nuestra deuda”, dijo.

Como mecanismo para regular el funcionamiento de la economía, con objetivos a largo plazo y con políticas de Estado, anunció la creación de un Consejo Económico y Social. También declaró una “emergencia sanitaria” para corregir la decadencia de la salud pública: bajo el mandato de Macri, el presupuesto de la sanidad bajó un 45%.

Se comprometió a manejar “con absoluta transparencia” los fondos de las obras públicas (hubo muy poca transparencia en ese ámbito durante el mandato de su hoy vicepresidenta) y a mantener una relación “ambiciosa, creativa y fraternal” con Brasil, el gran socio, “más allá de cualquier diferencia personal entre quienes gobiernan la coyuntura”. Fernández y el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, se detestan.

Un presidente peronista estaba obligado a brindar un gesto inaugural de buen populismo, y Fernández suscitó un gran aplauso cuando anunció la intervención de la Agencia Federal de Investigación, cuyo historial reciente es siniestro, y la supresión completa de sus fondos reservados: ese dinero se destinará al plan contra el hambre. “¡Nunca más al Estado secreto, nunca más a los sótanos de la democracia!”, exclamó.

El espionaje político ha contribuido al descrédito de la justicia argentina, y en ese terreno el presidente se enfrenta a un campo minado. Quiere acometer una “reforma integral” del sistema federal de justicia para acabar con “las persecuciones indebidas”, los “sumarios contaminados” por los servicios secretos y los “linchamientos mediáticos”, “nunca más a una justicia que persigue según los vientos políticos”, pero deberá hacerlo sin que parezca que su objetivo se limita a salvar a su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, imputada por corrupción en numerosas causas.

La ex presidenta, ahora vicepresidenta, adoptó una actitud discreta. El protagonismo fue para Alberto Fernández, quien reconoció la “visión estratégica” de Cristina Fernández de Kirchner al renunciar a su propia candidatura, demasiado divisiva, y armar con él el tándem que se impuso rotundamente al dúo Mauricio Macri-Miguel Pichetto en las elecciones de noviembre.

Alberto Fernández dedicó el tramo final de su discurso a prometer que lucharía para “erradicar la violencia contra las mujeres” (sorprendió que no mencionara su compromiso electoral de legalizar el aborto) y acabar con la discriminación por raza, género, sexualidad o cualquier otra razón.

En las primeras filas aplaudía su hijo Estanislao, de 24 años, dibujante, administrativo de seguros y transformista. “Volvamos a ganarnos la confianza del otro”, pidió el presidente, antes de señalar que al término de su mandato la democracia argentina cumpliría 40 años.

“Quisiera que se nos recordara porque logramos volver a unir la mesa familiar, por haber sido capaces de superar la herida del hambre, por haber superado la lógica perversa de una economía que gira alrededor de la desorganización productiva, la codicia y la especulación”, deseó.

Alberto Fernández concluyó su parlamento con un recuerdo a sus padres y con lágrimas en los ojos. Tras muchos saludos y abrazos se dirigió en su automóvil particular a la Casa Rosada, donde tomó juramento a sus ministros y saludó desde el balcón a la multitud que, bajo un calor aplastante, abarrotaba la Plaza de Mayo.

Enric González

 

La ausencia de la expresidenta Cristina Kirchner y del gobernador de la provincia de Buenos Aires se sintió en el oficio religioso.

El milagro de Estado de la unidad, la concordia y el respeto se produjo, al menos durante una misa, en Argentina. La Iglesia logró sentar, hombro con hombro, a dos presidentes, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El titular de la Conferencia Episcopal, Oscar Egea y el arzobispo de Mercedes Lujan, Jorge Eduardo Scheinig, oficiaron una ceremonia de reconciliación, histórica, con la presencia en primera fila de los ministros de dos Gobiernos (en ejercicio y designado) que, por primera vez en este siglo, se esfuerzan en dar una imagen de normalidad democrática.

Faltaba, como era previsible, la expresidenta y vicepresidenta electa, Cristina Fernández. La persona que más separa a los argentinos rechazó la mano tendida por la Iglesia de sumarse a un oficio sin precedente. Algunos de los mensajes pronunciados desde un estrado convertido en púlpito a las puertas de la catedral de Luján parecían dirigidos expresamente a ella. «Cuídense. No se hagan daño, que no haya odio ni pelea» y en tono de ruego, «no caer en la tentación de destruir al otro» insistió Monseñor Scheinig.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro «K», Axel Kicillof, tampoco aceptó la invitación al oficio religioso pero las palabras que resonaban le tenían, sin duda, a él también como destinatario.

Poco más de 48 horas antes del traspaso de poder, Argentina asistió asombrada a lo que puede considerarse el primer intento, en serio, de cerrar la denominada «grieta», término que resume el abismo entre dos países dentro del mismo país. Dicho de otro modo, la Iglesia intervino, como nunca antes, para cerrar la herida de la crispación y alejar la polarización extrema que enfrenta a la sociedad desde, prácticamente, el discurso de investidura de Néstor Kirchner del 25 de mayo del 2003.

La imagen resultaba insólita. Abrazos, sonrisas, guiños y hasta un vaso (parecía limonada) compartió Macri con Juliana Awada y Alberto Fernández. Bajo un sol de justicia la penitencia o el desafió superado por estos y por los ministros de ambos Ejecutivos fue resistir los 30 grados. Gestos importantes y escenas compartidas de dos hombres que se encuentran en los antípodas políticas, marcaron el principio de una historia cuyo desarrollo y final no se presupone demasiado feliz.

El pensamiento del Papa

Otro deseo del arzobispo de Mercedes Luján, provocó más de una sonrisa en ambos lados o bandos políticos. «… Conocer el pensamiento del Papa de manera directa y no por quienes la parcializan» y desvirtúan su mensaje. Al «lider social» y activista kirchnerista Juan Grabois, considerado uno de los protegidos del Papa, le pitaban los oídos. Lo mismo sucedía con Eduardo Valdés, ex embajador de Cristina Fernández en el Vaticano. Ambos ejercieron de presunta correa de transmisión de los mensajes, en ocasiones muy crudos, de Francisco contra el Gobierno de Mauricio Macri.

Ambos advertían también que el Pontífice jamás volvería a poner un pie en territorio argentino mientras en la Casa Rosada permaneciera el Presidente que mañana entregará el bastón de mando y la banda presidencial (gesto que no hizo con él Cristina Fernández) a Alberto Fernández.

La alineación de los equipos o cuadros presidenciales explicaba por sí misma la importancia de cada uno. Junto a Alberto Fernández se sentaba su pareja, Fabiola Yáñez, a continuación Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete designado) y… a su lado un invitado especial, el exministro de Economía, Roberto Lavagna.

El economista considerado «piloto de tormentas» financieras y excandidato presidencial, rechazó sumarse al Gabinete de Alberto Fernández para retomar las riendas de una economía en estado comatoso. Su hijo Marcos Lavagna, aceptó dirigir el Indec, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que corrompió el Gobierno del matrimonio Kirchner y Macri reconstruyó de las cenizas (en sentido literal en el caso de computadores y documentos).

La misa, convocada «Por la unidad y la paz» en honor de la virgen de Luján, patrona de Argentina congregó al mundo de la política y del sindicalismo. Para todos había mensajes sagrados, pero también para un sociedad que no puede sentirse ajena ni sacudirse responsabilidades del país que colabora a construir. A la gente, el arzobispo le pidió «estatura moral, respeto por los otros, sentimiento de unión» sin tener que renunciar a un pensamiento propio porque, un recordatorio necesario, «todos somos la patria», insistió.

A 70 kilómetros de Buenos Aires sucedió lo impensable. La Iglesia hizo posible lo que en más de quince de años fue imposible. Si fue un milagro puntual o el principio de una nueva realidad será el tiempo el que lo diga.

Carmen de Carlos

 

Martín Guzmán, de 37 años y discípulo del Nobel Joseph Stiglitz, será el ministro encargado de renegociar la deuda externa.

 

Kirchner acusa a los magistrados que la juzgan y llama “corsarios” a los fiscales.

 

El regreso de un “superministro de Economía”, como lo fueron Domingo Cavallo durante el menemismo y la crisis de 2001 o Roberto Lavagna durante el primer kirchnerismo, es el rasgo más sobresaliente del gabinete que acompañará a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre.

Encabeza la lista de nombres Martín Guzmán, un académico de 37 años que el nuevo presidente repatrió desde la Universidad de Columbia. Guzmán trabaja con el Nobel Joseph Stiglitz y es experto en renegociaciones de deudas externas, la losa que lastrará cualquier intento de recuperación económica si Argentina no logra, al menos, posponer vencimientos.

El nombre de Guzmán como ministro de Economía sonaba bajo entre pasillos y creció a medida que se acercaba el día D. A Fernández le convenció la lectura de la crisis de deuda que tiene Guzmán, y dejó en sus manos que convierta en praxis las ideas heterodoxas que el académico despliega en el aula. Los críticos advierten que nunca ocupó un cargo público y que no tiene experiencia en gestión.

Guzmán es doctor en Economía de la Universidad de Brown, EEUU, y dirige el programa de Reestructuración de Deuda de la Universidad de Columbia. Su desembargo en Buenos Aires estuvo mediado por Joseph Stiglitz, el preferido de Cristina Fernández de Kirchner entre los economistas extranjeros. El Nobel fue un férreo defensor de la gestión económica del kirchnerismo y siempre criticó las recomendaciones que el FMI hace los países necesitados de financiamiento, como Argentina.

En noviembre pasado, Guzmán presentó ante las Naciones Unidas en Ginebra un posible plan para Argentina. Dijo entonces que Buenos Aires no debe pagar ni capital ni interés hasta 2022, no debe pedir más dinero al FMI para cumplir con el pago a los bonistas privados y debe evitar cualquier hipótesis de default. Durante el periodo de gracia, Argentina debería reordenar sus cuentas para hacer “sustentable” la deuda en el mediano plazo.

Junto a Guzmán trabajará Matías Kulfas. Este economista de 47 años ocupará desde el martes el ministerio de Producción, luego de que su nombre sonara durante semanas como ministro de Economía. Fernández se decantó finalmente por el académico de Columbia, pero la relación que mantiene con Kulfas es muy cercana.

El nuevo ministro tiene experiencia política y lleva años en la gestión pública: fue gerente general del Banco Central durante el kirchnerismo y ya pasó como funcionario por el ministerio de Economía. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, Kulfas es de perfil heterodoxo y un experto en procesos de industrialización nacionales. En varias ocasiones acusó a Macri de haber liderado un “industricidio” en Argentina. Tendrá ahora la oportunidad de recuperar al sector más golpeado por la herencia macrista.

El tridente económico de Fernández lo completa Miguel Pesce como presidente del Banco Central. Pesce será un timonel con experiencia: fue vicepresidente de la entidad monetaria entre 2004 y 2015, un récord histórico que le permitió acompañar a los cuatro presidentes de gestión kirchnerista. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, su cuna política está en la Unión Cívica Radical, el partido centenario de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

Su contacto con Fernández data de 2003, cuando el por entonces jefe de ministros de Néstor Kirchner le encomendó la tarea de representar al ministerio de Economía en el directorio del Banco Central.

Un dato puede ser revelador del perfil que dará a su nuevo cargo: en 2010 defendió el uso de las reservas internacionales para pagar deuda pública, algo a lo que se oponía con vehemencia el presidente de la entidad, Martín Redrado. Redrado perdió su puesto y Pesce lo reemplazó durante dos semanas como interino.

Federico Rivas Molina

Página 3 de 25

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…