Argentina en el Mundo

Argentina en el Mundo (211)

Domingo, 10 Junio 2018 00:00

Rescate con riesgo

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Macri tiene que explicar a los argentinos las consecuencias del ajuste fiscal para el bienestar social.

El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea una cuestión grave e inmediata que el Gobierno de Macri no ha respondido todavía: ¿cómo va a conseguir el equipo económico argentino reducir el déficit público en 19.300 millones de dólares durante los próximos tres años sin provocar un malestar social ya latente por las reticencias de los argentinos ante las recetas anteriores del Fondo?

El ajuste fiscal es la principal contrapartida que ha aceptado el equipo económico de Macri a la inyección de una línea de crédito de 50.000 millones de dólares (42.000 millones de euros) a tipos de interés que van desde el 1,96% al 4,96%, según tramos.

La primera condición para que el rescate tenga éxito es que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, explique con detalle las consecuencias de ese rescate, el más elevado de cuantos ha aprobado el FMI, para el bienestar argentino. No basta con decir que el país saldrá del paso con crecimiento un poco menor y una inflación un poco mayor.

Y no es que el rescate no sea necesario. Las debilidades estructurales de la economía argentina (quizá la mayor sea un sistema tributario raquítico y exangüe) y una inflación desbocada (la más elevada de Latinoamérica, después de la de Venezuela) condujeron a una depreciación brutal de la moneda una vez que el dólar empezó a apreciarse y a tipos de interés del 40% como remedio desmedido para controlar la inestabilidad.

Las contrapartidas sociales suenan bien en el papel, pero está por ver cuál será su efectividad en función de la prioridad del Gobierno (pagar el crédito o procurar que no aumente la pobreza).

 

 

El Fondo concede un préstamo muy superior al esperado, de 50.000 millones de dólares

El Gobierno de Mauricio Macri superó todas las expectativas y logró una linea de crédito del FMI de 50.000 millones de dólares (unos 42.000 millones de euros), en tres años. De este modo, Argentina despeja cualquier posible fantasma de cesación de pagos y dispone de liquidez suficiente para frenar nuevas «corridas» cambiarias.

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, hicieron el anuncio. El 20 de junio es la fecha estimada de acceso a la primera partida de los fondos. Se trataría de un 30 por ciento del monto total (unos 15 mil millones de dólares). «El resto –anunció Dujovne– estará disponible según las necesidades».

Argentina respiró hondo al conocer los detalles de un rescate preventivo del FMI que supone, a efectos reales, un cambio de política económica. Una de las novedades de este acuerdo, concretado en tiempo récord, es que los fondos no irán directos al Banco Central sino a las arcas del Tesoro. Esto es, que será el Ejecutivo el que dispondrá cómo, cuándo y dónde utilizará ese parachoques frente a escenarios de turbulencias como los registrados el pasado mes de mayo.

Esta inyección o sobre dosis de financiamiento del FMI no significa que Argentina tenga que «gastar» todo. El recurso es con carácter preventivo y el acceso se hará en función de las necesidades. Entre éstas, recuperar el equilibrio fiscal, bajar la inflación y empezar a barrer las Lebac, Letras del Banco Central que se renuevan mensualmente a tasas incluso superiores al 40 por ciento. El Fondo permite cierta flexibilidad en el acuerdo en función de las necesidades sociales.

Terror a los ajustes

El terror a un ajuste brutal a cambio de financiamiento por parte del FMI se quedó reducido a exigencias razonables como la obligada reducción del déficit y, en palabras de Sturzenegger, el fin «de la maquinita», un invento argentino para referirse a la emisión monetaria descontrolada.

El plan de infraestructuras y desarrollo de obras públicas, una de las grandes apuestas de Macri, se verá afectado con los recortes así como las provincias. Los gobernadores podrían generar tensiones o roces con el Gobierno pero será el próximo año cuando se pongan las cartas sobre la mesa de las elecciones presidenciales. La idea de poner «palos en la rueda» al acuerdo y tratar de que pase el filtro del Congreso donde la coalición de Gobierno no tiene mayoría parece no tener futuro. El Ejecutivo de Macri tiene como fecha límite el 2021 para transformar el déficit en superávit, de forma paulatina.

Un gran acuerdo, según Macri

El rescate del FMI equivale al 10 por ciento del PIB argentino y supone un espaldarazo de la comunidad internacional, convencida de que Argentina tiene que salir adelante. Macri escenificará este acuerdo con la directora gerente del FMI, en la cumbre del G-7 de Canadá este fin de semana.

El presidente, que evitó emitir un mensaje a la Nación, posiblemente para restarle gravedad al asunto pese al acierto, dijo en un encuentro con la prensa acreditada en Casa Rosada: «Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo».

Christine Lagarde, en un comunicado matizó: «Si las condiciones sociales empeoran, la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales».

La observación de Lagarde tiene en cuenta el contexto y malestar social que genera la mención de las siglas que dirige y los efectos que podría tener apretar más el cinturón en una sociedad que tiene un índice de pobreza en torno al 28 por ciento. Este punto es la asignatura pendiente que difícilmente podrá aprobar Macri cuando termine su mandato y la vara con la que pidió que midieran su gestión.

Carmen de Carlos

 

 

El Gobierno de Mauricio Macri se compromete a alcanzar el equilibrio fiscal en 2020.

El Fondo Monetario Internacional salió al rescate de Argentina. En sólo cuatro semanas, el directorio del organismo, con el visto bueno de su titular, Christine Lagarde, aprobó un blindaje de 50.000 millones de dólares, equivalentes a casi el 10% del PIB argentino, para sostener a la economía del país sudamericano. A cambio, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió a convertir el déficit fiscal de 2018 en superávit en 2021.

El dinero del FMI, considerado como una línea de crédito preventiva ante eventuales turbulencias, llega luego de un mayo negro, en el que el peso argentino perdió 22 puntos de su valor y las tasas de interés treparon hasta 40%. El acuerdo es un gran éxito para Macri, que ratifica así el apoyo internacional a su política de apertura económica. Pero lo pone también ante la obligación de aplicar un duro ajuste que coincidirá con un año electoral y una oposición peronista cada vez más unida.

"El FMI nos puede ayudar, pero la solución a nuestros problemas depende de los argentinos. Vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la que pensábamos a principios de año", advirtió en una rueda de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a cargo del anuncio junto con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Lo cierto es que el dinero del Fondo dará oxígeno a Macri, pero a cambio de grandes esfuerzos de ahorro, con metas fiscales más ambiciosas. La de 2019 pasará de 2,2% del PIB a 1,3%, la meta de 1,3% de 2020 bajará a cero y en 2021 se alcanzará el superávit, según el compromiso asumido por Argentina ante el FMI. El dinero estará disponible a partir del 20 de junio y habrá un desembolso inmediato de 15.000 millones de dólares. "El resto estará disponible según las necesidades", dijo Dujovne.

"Va a ser un gran acuerdo para los argentinos", dijo el presidente Macri.

Pese a la trascendencia del anuncio, Macri no aparecerá hasta el fin de semana, cuando coincidirá con Lagarde en la Cumbre del G7 que se celebrará en Canadá. La agenda no prevé un encuentro entre ambos, pero la intención del Gobierno es que haya una foto de apretón de manos que sirva de cierre al acuerdo. "Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo", dijo el presidente antes de la comparecencia de sus ministros. Luego levantó una copa de cava ante la prensa acreditada en Casa Rosada, que este jueves celebró el día del periodista.

El mundo aún abre los brazos a Macri, pero el presidente encontrará resistencias en el frente interno. La magnitud del monto es la cara visible de un acuerdo que a cambio compromete a Macri a ajustar las cuentas del Estado hasta 1,4 puntos del PIB en 2019. Macri siempre se negó a un recorte abrupto porque consideró que los índices de pobreza que heredó, superiores al 30%, no dejaban espacio para ello.

Se trató, en el fondo, de no alimentar el malestar social, el verdugo de todos los gobiernos no peronistas que gobernaron Argentina desde el regreso a la democracia, en 1983. Aplicó entonces lo que llamó “gradualismo”, es decir una contenida reducción del déficit pero que financió con endeudamiento externo. Cortado el flujo de dinero del exterior, Macri tuvo que acudir al FMI como prestamista de última instancia y acelerar los recortes.

"Si las condiciones empeoran, existen disposiciones para aumentar el presupuesto social", dijo Lagarde.

Para evitar sorpresas en al calle, Dujovne aclaró que el acuerdo prevé "cláusulas de salvaguardas social inéditas", que permitirán a Argentina "relajar la meta de déficit para aplicar una porción del gasto adicional en programas sociales". Lagarde también destacó este punto en una declaración oficial difundida por el FMI: "Si las condiciones sociales empeoran, la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales".

En cualquier caso, las provincias serán las que más sufrirán. Buenos Aires bajará los giros a los gobiernos regionales, una jugada peligrosa que pondrá en riesgo el apoyo político de los gobernadores en el Senado, donde están representados. También habrá recortes en los “gastos de la política”, es decir en los salarios de los empleados públicos.

APOYO DE ESTADOS UNIDOS

La administración de Donald Trump manifestó su claro apoyo al paquete de asistencia del FMI a Argentina a través de su secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin. En una declaración publicada en el sitio del Tesoro apenas confirmado el acuerdo, Mnuchin dijo que el apoyo del Fondo servirá para "favorecer el crecimiento" de Argentina.

"Como ha dicho el presidente Trump, Estados Unidos respalda la visión del presidente Macri de transformar la economía de su país y liberar su potencial de crecimiento. Creemos que las políticas económicas y financieras de la Argentina, incluidas las medidas para mejorar el crecimiento y proteger a los más vulnerables, merecen un fuerte respaldo de la comunidad internacional", dijo Mnuchin.

El anuncio del acuerdo siguió en unas pocas horas a otro de gran trascendencia política. El Gobierno recibió en la Casa Rosada a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), en un intento de última hora por desactivar una inminente huelga general. Los jefes sindicales habían amenazado con parar el país en cuanto se hiciese oficial el acuerdo con el FMI, pero Macri logró una tregua.

El problema es que las subidas salariales de 15% pactadas a inicios de año han quedado rezagadas ante una inflación que este año superará los 25 puntos, según los cálculos más optimistas. La CGT se llevó de la Casa Rosada la promesa de aumentos extras de hasta 5% entre julio y agosto, que se tomarán a cuenta de los acuerdos que se puedan alcanzar en septiembre, cuando se abre de nuevo la temporada de negociaciones de los salarios.

Sobre una posible huelga, Macri logró posponer cualquier decisión al menos hasta la semana que viene, cuando habrá otra reunión con la CGT. “Acordamos continuar el diálogo. Consideramos que Argentina seguirá creciendo y habrá creación de empleo. Eso le transmitimos a la CGT”, dijo Dujovne

Si se cumplen las expectativas de estabilidad del Gobierno, el problema ya no será económico sino político. El año que viene, Argentina celebrará elecciones presidenciales y Macri tiene aspiraciones reeleccionistas. Un ajuste fiscal no es el mejor escenario para una campaña exitosa.

El rescate del FMI, además, abroqueló al peronismo opositor, dividido hasta ahora en tres corrientes internas que parecían irreconciliables. La primera advertencia para el Gobierno fue el voto del peronismo unificado de una ley que anuló los aumentos de los servicios públicos y obligó a Macri a vetarla. La próxima batalla parlamentaria será en septiembre, cuando se discutirá el presupuesto de 2019. En ese texto estará el detalle de las partidas que serán reducidas y cuáles sectores serán los más perjudicados.

Federico Rivas Molina

 

 

La justicia acusa a María Victoria Henao y Juan Pablo Escobar de facilitar los negocios inmobiliarios en Buenos Aires del narco colombiano Piedrahita Ceballos.

El destino de la fortuna de Pablo Escobar Gaviria, alguna vez uno de los hombres más ricos de la tierra, es un gran misterio. María Victoria Henao, su viuda, y Juan Pablo, su hijo mayor, eran los herederos naturales. Pero Juan Pablo dijo siempre que la familia nunca vio un dólar de aquel dinero amasado durante años por el jefe del cartel de Medellín. Todo fue a parar, sostuvo, a los bolsillos de los capos narcos del cartel de Cali, que se cobraron así los “costos de la guerra” contra el patriarca. A cambio, los dejaron vivir. Los Escobar se refugiaron en 1994 en Argentina, con nuevos nombres.

Y desde entonces llevaron una vida discreta de clase media, apenas interrumpida por la decisión de Juan Pablo de publicar dos libros sobre su padre, muy exitosos. Pero esa vida tranquila, con Victoria casi invisible y un Juan Pablo repartido entre entrevistas de escritor y pequeño empresario textil, se alteró de repente. Un juez procesó a ambos por presunto lavado de dinero narco en Argentina, una causa que los puso otra vez en los titulares de prensa.

Según las leyes argentinas, el procesamiento significa que un juez encontró motivos suficientes para iniciar una investigación, en base a las pruebas reunidas por un fiscal. La suerte de los Escobar comenzó a cambiar en octubre del año pasado, casi de forma fortuita. Una investigación por lavado dio con un documento que pareció confirmar un nexo entre los Escobar y los negocios sucios de un conocido narco colombiano, Piedrahita Ceballos.

El papel era una especie de contrato oculto en la casa del empresario argentino Mateo Covo Dolcet, sospechado de ser el testaferro de Piedrahita Ceballos en Argentina. Los investigadores leyeron en el documento que los Escobar presuntamente recibieron una comisión por su trabajo de intermediación entre el argentino y el capo colombiano, algo que el juez Néstor Barral consideró verosímil.

“Entiendo que María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos [los nombres con los que madre e hijo viven en Argentina] efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos", escribió Barral en su resolución, que se puede leer en el Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte Suprema. Según el juez, fue gracias a la mediación de los Escobar que Piedrahita Ceballos “inyectó millonarias sumas de dinero sospechadas de provenir del tráfico de drogas en el sistema financiero local”. Sin los Escobar, dice el juez, el jefe narco y su presunto testaferro argentino “no se hubieran conocido y, consecuentemente, materializado las citadas inversiones”.

Piedrahita Ceballos invirtió más de 15 millones de dólares en la construcción de un barrio privado, un edificio de viviendas y cocheras en el norte de Buenos Aires. Pero su inversión más llamativa fue el rescate y remodelación del Café de los angelitos, un bar tradicional que quedó al borde del cierre y que volvió renovado como sitio de espectáculos de tango para turistas. Según consta en un expediente que avanza en Colombia, el narco estaba relacionado con Don Berna, ex jefe de los laboratorios de Escobar Gaviria. En Argentina creen que de esa relación surge la posibilidad de que los descendientes de Escobar hayan prestado algún tipo de servicio a Piedrahita Ceballos.

En la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina sospechan que parte del dinero que el colombiano transfirió al país era en realidad de la familia Escobar, pero camuflado bajo la forma de una paga por mediación. “Escobar Gaviria era la máxima autoridad del cartel de Medellín, con el que Piedrahita Ceballos poseía íntima relación. No puede descartarse entonces que parte del dinero inyectado por Piedrahita Ceballos fuera de propiedad de Santos Caballero y de Marroquín Santos”, dice el texto presentado en octubre por la UIF, en el arranque de la investigación.

Madre e hijo declararon por primera vez en mayo y otra vez esta semana en los tribunales. La investigación cambió drásticamente las rutinas de Juan Pablo, que ahora evita cualquier publicidad.

El mayor de Pablo Escobar concedió hasta octubre pasado decenas de entrevistas para promocionar sus libros o para criticar la versión “lavada” que, a su entender, daba de su padre la serie El patrón del mal. Este no es, sin embargo, el primer problema judicial que tienen los Escobar en Argentina.

En 1999, la viuda de Escobar estuvo presa por presunto lavado de dinero, pero la causa fue un montaje que terminó con los acusadores detenidos, incluido un juez. A casi 20 años de aquel escándalo, los Escobar pueden enfrentar escenarios más complejos.

Federico Rivas Molina

 

 

 

Miles de personas piden al Congreso que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo.

La lucha feminista ha calado entre las generaciones más jóvenes de Argentina, que presionan para lograr cambios. En junio de 2015, una multitudinaria manifestación bajo el lema #NiUnaMenos puso en la agenda pública los feminicidios y demandó medidas para evitarlos. En años posteriores se sumó la exigencia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Este lunes decenas de miles de personas han salido a las calles con pañuelos verdes, el color que identifica la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. "Aborto legal en el hospital", cantaban los manifestantes, en su mayoría adolescentes, mientras recorrían la Avenida de Mayo de Buenos Aires hacia el Congreso, donde el próximo 13 de junio se votará el proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

"Sin duda el verde tiñe a la marcha de #NiUnaMenos. Es un momento histórico y las diputadas y los diputados tienen que tomar conciencia de que no pueden decidir sobre políticas públicas imponiendo sus creencias religiosas y personales", dice la periodista Carbajal, una de las fundadoras del movimiento que convocó a la primera movilización, hace tres años. "Hoy el costo político es no votar a favor de la despenalización y legalización del aborto. Te lo dice la enorme cantidad de adolescentes que estamos viendo en las calles movilizadas con pañuelos verdes y exigiendo una ampliación de derechos", agrega Carbajal, mientras se refugia de la lluvia bajo un paraguas rosa.

Estudiantes de secundaria de entre 12 y 17 años son mayoría en muchas de las columnas de manifestantes que hoy tomaron el centro de la capital argentina. "Queremos que cada persona tenga la opción de decidir si quiere o no abortar y que no muera ni una mujer más por un aborto clandestino", expresa Luna, alumna de sexto de secundaria que ha concurrido a la marcha con sus compañeras de clase.

"Estamos acá por todas las chicas que no pueden estar", cuenta Michele, de 17 años, quien participa por primera vez de una marcha de #NiUnaMenos. En Argentina es ilegal interrumpir el embarazo excepto en casos de violación y de riesgo para la salud de la madre, pero centenares de miles de mujeres desafían la prohibición y recurren a abortos clandestinos. Cada año se registran entre 350.000 y 450.000 interrupciones del embarazo en el país, según estimaciones citadas en el Congreso por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. En 2016, cerca de 10.000 gestantes tuvieron que ser internadas por complicaciones derivadas de un aborto y 43 murieron.

MÁS DE 250 FEMINICIDIOS EN 2017

El debate sobre el aborto legal ha dejado en segundo plano el fracaso de las políticas públicas contra la violencia machista. Después de tres años de movilizaciones, la cifra de feminicidios se mantiene. En 2017, 251 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, según los datos difundidos este lunes por la Corte Suprema de Justicia a partir de causas judiciales. La ONG La Casa del encuentro lo eleva hasta 295, ya que el recuento oficial excluye los casos en los que el agresor se suicidó tras cometer el crimen.

La demanda de aborto legal va acompañada de la necesidad de que las escuelas impartan educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, que son siete de cada diez en adolescentes. La norma aprobada hace 12 años no se cumple, aseguran las estudiantes, al denunciar que en muchos colegios, en especial los religiosos, reciben información incompleta y sesgada. "Tuvimos sólo una clase de educación sexual en todo el secundario, a los 15 (años).

Fue bastante informativa pero sólo sobre relaciones heterosexuales, nada sobre personas del mismo sexo", denuncia Michele, estudiante de una escuela católica en el barrio de Palermo. "Este año vieron que había mucho debate y tuvimos una clase por primera vez, pero fue ridículo porque ya estamos en séptimo, es demasiado tarde", dice Lucía. A punto de cumplir 18 años, cuenta que una amiga suya abortó con pastillas hace unos meses: "Fue una situación angustiante porque no sabía dónde ir si algo salía mal".

A pesar de la llovizna que cayó hoy sobre Buenos Aires y las bajas temperaturas, la convocatoria fue multitudinaria. "Tranquila mamá, que hoy no voy sola por la calle", se leía en la pancarta de una joven que estaba rodeada de muchas otras manifestantes. Sin embargo, el aborto no goza del apoyo unánime que tiene la lucha contra los feminicidios y se escucharon voces críticas. Los antiabortistas convirtieron en tendencia en Twitter #AbortoNoEsNiUnaMenos y viralizaron un vídeo contra la despenalización protagonizado por familiares de víctimas de feminicidios que participaron en marchas previas.

"No se puede reducir la magnitud del Ni Una Menos a una parte de un debate, a una forma de violencia a la que yo no adhiero, que es el aborto", opina en la grabación Jimena Adúriz, madre de Ángeles Rawson, asesinada con 16 años. Después se escucha a Verónica Camargo, madre de Chiara Páez, una joven de 14 años a la que mató su novio cuando estaba embarazada. "Si relacionamos el #NiUnaMenos con el aborto me siento mal, incómoda, porque si decimos Ni Una Menos, el bebé también es uno menos. También tenemos que defender esa vida", dice Camargo.

Desde que la Cámara baja comenzó a debatir la despenalización del aborto en comisiones, más de 700 oradores han dado argumentos a favor y en contra en los últimos dos meses. Terminadas las exposiciones, falta emitir dictamen y votar el proyecto de ley. Las opiniones están muy divididas: 112 diputados han anunciado que votarán a favor y 115 en contra.

Hay 29 que se declaran aún indecisos. Las feministas intentan convencerlos con las encuestas en la mano: casi todas muestran que más del 50% de la población respalda la descriminalización del aborto, un porcentaje que crece entre los más jóvenes. Los antiabortistas tienen a la Iglesia a su lado, que ha endurecido su postura en los últimos días y conserva una gran influencia en el norte del país.

Argentina fue pionera en América Latina en aprobar el matrimonio gay en 2010 y la ley de identidad de género en 2012. La campaña a favor del aborto legal, seguro y gratuito quiere que el país vuelva a "hacer historia" en un continente donde sólo Uruguay y la capital de México tienen una ley de plazos similar a la de la mayoría de países europeos.

Mar Centenera

 

La Cámara Federal de Argentina dice que el juez a cargo de la investigación debe determinar con "celeridad y seriedad" quién terminó con la vida del funcionario.

La justicia argentina no tiene dudas: Alberto Nisman no se suicidó. La Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia, dio por probado que durante la noche del 18 de enero de 2015, el fiscal que investigaba el atentado terrorista contra la mutual judía AMIA fue asesinado de un disparo en la cabeza en su piso de Puerto Madero.

El motivo del crimen, según los jueces, fue "consecuencia directa de la denuncia" por presunto encubrimiento del atentado que formulara contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo ni siquiera nombra a Kirchner, pero ordena al juez del caso Nisman a que se concentre en la hipótesis del homicidio "con la celeridad y seriedad que tan grave hecho impone". La Cámara Federal dio así pleno respaldo a la posición que desde el primer día adoptó la familia del exfiscal.

La noche de su asesinato, Nisman tenía listo sobre su escritorio un informe en el que acusaba a Kirchner y altos funcionaros de su Gobierno de encubrir a los iraníes acusados del atentado con coche bomba que en 1994 destruyó el edificio de la AMIA y dejó 85 muertos. Esos papeles debían llegar al Congreso, pero Nisman murió en la víspera de su presentación. "No puede dejar de soslayarse que el homicidio del Dr. Nisman se produjo cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación", escribieron los jueces de la Cámara.

Kirchner negó siempre cualquier relación con la muerte de Nisman, al punto que se consideró víctima de una conspiración orquestada desde los servicios de inteligencia para desestabilizar su Gobierno. En medio de la gran conmoción política que siguió a la muerte del exfiscal, el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra Kirchner y la archivó.

Pero con la llegada de Mauricio Macri al poder en diciembre de 2015 otro juez tomó la decisión contraria. La expresidenta defendió en un primer momento la hipótesis del asesinato, pero pronto viró su opinión hacia un presunto suicidio. Para la Cámara Federal, este nuevo "posicionamiento inclinó la pesquisa casi con exclusividad en un solo sentido, demorándose la adopción de las medidas que resultaban necesarias para, eventualmente, descartar la intervención de otra persona en el hecho fatal".

Todo cambió en septiembre del año pasado, cuando 24 expertos coordinados por la Gendarmería, un organismo que depende del Gobierno, presentaron un informe que aseguraba que Nisman no se suicidó. El resultado contradijo a los peritos que habían estudiado el caso dos años atrás y supuso un giro en la investigación. El informe fue suficiente para que el juez Julián Ercolini se concentre en la posibilidad de un asesinato. Según los expertos, la posición del cuerpo de Nisman y una droga encontrada en la autopsia son prueba de que al menos dos personas participaron del crimen en aquella noche de enero de 2015.

El fallo de la Cámara ratifica la validez del informe de Gendarmería, pero apenas avanza sobre los posibles culpables. El caso Nisman tiene hasta ahora un solo sospechoso, Diego Lagomarsino, un perito informático que trabajaba para Nisman y aportó el arma homicida.

Hace tres años, Lagomarsino contó que la tarde del 18 de enero de 2015, Nisman lo llamó para pedirle un arma. El exfiscal le dijo que la necesitaba para defender a sus hijas. El perito fue entonces fue a su casa, tomó una Bersa calibre 22 y se la llevó al fiscal. Por la noche se enteró que Nisman había muerto de un disparo en la cabeza. El juez procesó a Lagomarsino como partícipe necesario el crimen, una decisión que la Cámara ratificó.

Según el juez Ercolini, Lagomarsino fue mucho más que un "facilitador" del arma homicida, porque cuando la entregó a su jefe tuvo "pleno conocimiento de lo que ocurriría" horas después. La investigación, sin embargo, no pudo probar la presencia del perito en la escena del crimen y admitió que los responsables materiales del asesinato son aún "autores desconocidos”.

Federico Rivas Molina

 

Viernes, 01 Junio 2018 00:00

La pasión de los argentinos

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Y, a partir de la misma, la mayor parte de los seguidores de este popular deporte siente alegría o tristeza, según gane o pierda su equipo favorito. Dicha pasión, en algunos, es innata; en otros, transmitida.

De la segunda, nace la expresión mi padre me hizo hincha del rojo por ejemplo- y me dio la felicidad para siempre. Por lo que aquél que no es demasiado apasionado o no le interesa el fútbol, considero que está liberado de esa pasión incomprensible, como algunos la llaman.

Y, he aquí, dos ejemplos que tengo en mi familia. Mi hijo (24) es tan apasionado por el fútbol, que cuando su equipo favorito pierde, llora. Cuando tenía cuatro años, lo llevé a la cancha a ver un partido de fútbol local y al regresar comentó en casa que el mejor jugador de la cancha, para él, había sido el ensho, refiriéndose a Enzo Francescoli.

O sea, es esclavo pasional desde la cuna. En cambio, un primo suyo dos años menor que él, cuando jugó San Martín contra Boca Juniors, la última vez que San Martín estuvo en la primera división, se despachó con una pregunta genial: si Riquelme era jugador de Boca o de San Martín. Evidentemente, se trata de un joven libre de la atrapante pasión futbolística. En síntesis, son dos realidades muy opuestas.

¿Pero, a qué viene todo esto? Viene a compartir la idea de que las pasiones excesivas no son buenas, porque se convierten en fanatismo. Y el fanatismo es una de las mayores irracionalidades de la gente, porque produce más daño que beneficio; por lo que, en vistas al futuro de nuestros hijos, hay que ayudarlos desde niños a encauzar sus pasiones.

Creo que poner un poco de pasión en todas nuestras acciones diarias, es bueno, siempre que se haga con moderación. Como ser en el trabajo, en el estudio, en la colaboración, en la lectura, en el diálogo, en la información, en la recreación y, obviamente, también en el fútbol. Ya que todo esto, en conjunto, sí asegura importantes beneficios personales, familiares y sociales.              

Daniel E. Chávez

 

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La oposición lleva al Presidente argentino a vetar una ley que anula las subidas de las tarifas de los servicios públicos.

El peronismo ha vuelto. Es cierto que nunca se había ido del todo, pero la división entre kirchneristas y no kirchneristas le había quitado poder de fuego. Hoy puso fin a la tregua parlamentaria con Mauricio Macri y votó de madrugada en el Senado, por 37 votos contra 30, una ley que retrotrae a noviembre pasado el valor de las tarifas de los servicios públicos.

La ley duró apenas unas horas. Macri la vetó tras considerarla "demagógica" y un atentado contra las finanzas públicas. "La ley ya está vetada. Es irresponsable, porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó", dijo el jefe de Ministros, Marcos Peña, desde la Casa Rosada. El costo político del veto fue un triunfo sin matices para un peronismo que, poco a poco, se une tras un mismo objetivo: el poder.

La oposición presentó la ley como un alivio para las familias, que enfrentan tarifas que se han multiplicado hasta por cinco desde 2016. Pero el Gobierno advirtió que el agujero fiscal de anular las subidas sería de 4.600 millones de dólares. Por eso intentó por todos los medios posibles bloquear la norma. Hasta Macri se puso al frente de reuniones de última hora con algunos legisladores. Pero el peronismo olió sangre cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales. La crisis cambiaria del último mes y el pedido de rescate al FMI dio alas a un peronismo que se había resignado a una nueva derrota electoral.

Macri se encuentra en un callejón con pocas salidas. Para financiar el déficit fiscal que heredó del kirchnerismo, cercano a 5 puntos del PIB, pidió prestamos en el exterior por más de 50.000 millones de dólares. El dinero le permitió aplicar lo que llamó “gradualismo”, una política de ajuste de largo aliento que, según explicó, se pensó para acomodar las cuentas con el mínimo costo social posible. Como parte de esa política de recortes, el Gobierno decidió eliminar los subsidios estatales que durante la gestión anterior mantuvieron por los suelos el costo de la electricidad, el gas, el agua y el transporte público, sobre todo en Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población.

EL TRANSPORTE, MÁS CARO DESDE EL VIERNES

Confirmado el veto presidencial a la ley, el Gobierno mantiene las subidas programadas para 2018. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hizo público el miércoles el tercer aumento del año en el transporte público.

Desde el viernes, el billete mínimo de autobús pasará a costar 10 pesos (40 céntimos de dólar), un 66% más de lo que costaba al empezar el año. El billete de tren mínimo será de 3,25 pesos (0,12 céntimos de dólar) y el máximo de 10, un 62% de aumento desde enero de 2018. El aumento del metro se mantiene suspendido por orden judicial.

El costo fiscal de los subsidios en 2016 representó 3,6% del PIB y este año, según previsiones de JP Morgan, habrá bajado a menos de 2%. El peso del ajuste cayó sobre el argentino de a pie: entre 2016 y 2017 la electricidad aumentó 562%, el agua 338% y el gas 223%, contra una subida promedio de salarios del 72% y una inflación que este año puede llegar al 25%. El peronismo apuntó a ese nicho de descontento y asestó la mayor derrota política sufrida por Macri desde que llegó al poder.

En la víspera de la votación en el Senado, Macri intentó una jugada de última hora que no tuvo los resultados esperados. En un mensaje grabado de nueve minutos, pidió a los senadores del “peronismo racional”, como llama a aquellos que hasta ahora consensuaron con la Casa Rosada leyes diversas, que no se sumaran “a las locuras de Cristina Kirchner”. Dio a entender que la ley que anula las subidas de tarifas fue obra del kirchnerismo, sin atender que salió del grupo que responde al peronista disidente Sergio Massa. La estrategia de resucitar el miedo político a Kirchner no hizo más que abroquelar al peronismo, incluso al más dialoguista, como el que representa el jefe del bloque de Senadores no kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto.

“Podríamos haber buscado caminos alternativos pero el Gobierno nunca tuvo voluntad. Solo se movió después del dictamen” en Diputados, se quejó Pichetto, cuando ya estaba claro que los votos para aprobar la ley estaban asegurados. "El veto es el fracaso de la política", advirtió en su discurso, el penúltimo de la sesión. El senador peronista recordó que "el Gobierno ya vetó la ley antidespidos", que duplicaba las indemnizaciones, y pidió un cambio de rumbo: "Deben repensar, ver cómo gradúan las tarifas, cómo la hacen más razonable, la gente no va a poder pagarla y van a perder toda conexión con su electorado con la gente que los votó".

El Gobierno no tiene dudas. La norma fue sólo un desafío del peronismo para posicionarse ante las presidenciales de 2019. Como el veto presidencial estaba asegurado, el costo económico era nulo para las provincias que representan los senadores. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quiso dejarlo claro antes de la votación en el Congreso. “Ellos nos querían dar un mensaje político y se olvidaron de la gente”, dijo. Para el jefe de los senadores oficialistas, Federico Pinedo, el peronismo buscó “más el veto que la baja de tarifas”.

Durante el debate, la sombra del kirchnerismo sobrevoló los discursos de los senadores que responden a Macri y son minoría en la Cámara. El ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, insistió desde su banca que la subida de las tarifas es una secuela de los subsidios a la energía heredados. “Estamos acá por una mirada equivocada, por decisiones que llevaron a una situación energética realmente crítica. Esto es consecuencia de la mala política. Pasamos de ser exportadores a ser importadores de energía", aseguró.

"Me parece que ya es hora de que no se le mienta más a la gente", respondió Cristina Fernández de Kirchner cuando llegó su turno, casi al cierre de la sesión, pasada la medianoche. La expresidenta criticó que el Gobierno culpe a la "pesada herencia" de todos los problemas económicos del país: "A esta altura somos el país que más deuda ha contraído en los últimos dos años y medio. ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis los mercados nos hubieran prestado?", se cuestionó.

Lo cierto es que el peronismo llevó a Macri a poner su firma en el veto de una ley aprobada por una mayoría opositora en Diputados y con amplio respaldo en el Senado. No le será fácil al Presidente absorber el costo político, sobre todo porque en septiembre deberá discutir, en ese mismo Congreso, la ley de presupuesto del año que viene.

En situaciones normales el presupuesto no suele ser un problema, pero esta vez incluirá los recortes necesarios para cumplir con la promesa de ajuste que Macri hizo al FMI. Puede que el peronismo no garantice entonces todo el apoyo que necesitará el Presidente.

Federico Rivas Molina

 

Enrique Avogadro se disculpa tras el enojo de fieles católicos por haber degustado un pastel con forma de Jesucristo en una feria de arte.

La última exhibición del dúo de provocadores artistas argentinos Pool y Marianela en Buenos Aires se ha convertido en una pesadilla para el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro. Durante la Feria de Arte Contemporáneo de Argentina (FACA), celebrada la semana pasada, la pareja montó un stand con crucifijos colgados en las paredes y colocó en el centro un pastel gigante con forma de Jesucristo. Cuchillo en mano, invitaron a los presentes a comulgar.

El ministro aceptó un trozo de brazo y se lo comió sin imaginar que las imágenes de la performance se viralizarían en las redes sociales y provocarían la furia de numerosos fieles católicos. En menos de 24 horas han reunido 7.000 firmas para exigir su dimisión y Avogadro ha tenido que salir a disculparse.

 

"Nuestra #Jesúscake, segundos antes de comulgar", se lee junto a una de las imágenes subidas por Pool y Marianela a su Instagram, donde aparece un sonriente Avogadro junto al pastel. Al igual que hicieron en Los Ángeles el pasado febrero, los artistas emularon el cuerpo de Jesucristo crucificado a tamaño natural y cubrieron la red velvet cake con pasta de almendras para simular la piel.

En otra de las imágenes del día de la inauguración de FACA se ve el cuerpo desmembrado y a una de las invitadas a punto de agarrar un pedazo de pierna. "Irrespetuosos", "basuras", "dan asco", "qué falta de respeto", son algunos de los comentarios con los que han atacado a Pool, a Marianela y al ministro las personas que se han sentido ofendidas por el espectáculo. Otros internautas, en cambio, defienden el trabajo artístico y la libertad de expresión.

Ante la catarata de críticas, Avogadro pidió perdón anoche a través de un post en Facebook. "Como persona tengo una opinión muy clara a favor de la libertad de expresión, particularmente cuando está vinculada con temas que nos interpelan, nos hacen reflexionar o son opuestos a las propias convicciones. Creo además que el lugar del arte es muchas veces precisamente el de incomodarnos y sacudirnos. Entiendo, por otro lado, que los funcionarios tenemos un rol que trasciende lo personal y, por lo tanto, somos responsables de nuestras intervenciones. Es por eso mismo que quiero disculparme", escribió el ministro.

Una "operación política"

Emiliano Pool Paolini considera que el ataque a Avogadro forma parte de "una operación política" de la que quieren mantenerse ajenos. "Es canalla que le peguen. Era su trabajo, iba de stand en stand viendo las obras. ¿Qué tendría que haber hecho? Saltear nuestro stand hubiera sido peor, hubiera sido discriminación", dice por teléfono el artista desde Rosario.

Paolini se declara creyente y subraya que la obra debe ser entendida en su contexto. "Kidstianismo es un elsewhere, imaginar qué pasaría si los líderes mundiales tendrían entre 9 y 11 años. Entre otras cosas imaginamos cómo sería una eucaristía con la visión de unos niños", aclara.

El origen de la polémica torta tiene que ver con una visión compartida por él y por una sobrina de Marianela Perelli en vísperas de la primera comunión: el miedo a comerse el cuerpo de Cristo. "No hemos ofendido a ninguna religión", asegura Paolini, aunque se muestra convencido de que pasadas las primeras "reacciones exageradas" llegará el momento del olvido o la reflexión.

Rita Marianela Perelli (1979, San Nicolas de los Arroyos) y Emiliano Pool Paolini (1983, Arroyo Seco, Argentina) comenzaron a darse a conocer en circuitos artísticos under en Buenos Aires hace más de una década. En 2014 saltaron a la fama por el escándalo que anticipó a su muestra Barbie, the Plastic Religion, una colección de 33 muñecas Barbie y Ken modificadas para representar a un panteón politeista con santos cristianos, dioses hindúes e íconos religiosos populares de Argentina como el Gauchito Gil, Gilda y la Difunta Correa.

Los artistas se vieron obligados a suspender la exposición en 2014 debido a las críticas, una decisión que trajo a la memoria los ataques contra León Ferrari una década antes. Finalmente, Pool y Marianela expusieron un año más tarde en la galería porteña POPA y viajarán en noviembre con las muñecas a Madrid.

 

 

 

 

 

La expresidenta argentina defiende su legado el mismo día del aniversario de investidura en el 2003 de Néstor Kirchner.

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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