El presidente electo analiza cómo terminar con su hegemonía. La propuesta de Gustavo Beliz.

Alberto Fernández analiza cómo hacer para licuar el poder de Comodoro Py. Desde que se anunció su candidatura hasta que se consagró la victoria, nunca ocultó sus críticas a algunos jueces que tiene muy apuntados.

En su círculo íntimo, el presidente electo cuestiona a los 12 jueces que cree que condicionan la democracia argentina, yendo para un lado y para otro según indiquen los tiempos políticos. Lo cierto es que todavía no tomó una definición sobre cómo avanzar sobre esto.

Existen, en paralelo, dos discusiones. Por un lado se menciona una propuesta de Gustavo Beliz, que se convirtió en una de las caras de la "transición" elegida por el albertismo. El ex ministro ocupará un rol importante en el próximo gobierno, aunque es probable que no encabece ninguna cartera y Justicia quedaría en manos de Marcela Losardo.

Fuentes al tanto de las negociaciones confiaron a LPO que la propuesta de Beliz consiste en nacionalizar los 60 juzgados de instrucción nacional. El objetivo es sacarle la hegemonía a los tribunales de Py, que monopolizan las causas. Considera que la justicia nacional terminó siendo un híbrido concentrado en la Ciudad.

Como la Cámara de Casación Penal de la Ciudad tiene tres salas, estaría bajo análisis si se federalizan todas o solo una de ellas, para que también pueda haber una segunda instancia. Beliz arrastra este proyecto desde que era ministro e incluso algunos mencionan que fue una de las verdaderas causas por las que terminó apartado.

Un sector del albertismo considera que este proyecto de Beliz sería inviable y repiten que hay que cumplir con la ley que fija el sistema acusatorio. Por eso promueven otro proyecto, similar al sistema de la provincia de Buenos Aires, donde el juez es un magistrado de garantías que garantiza el debido proceso y los derechos de las partes, pero no instruye. Es decir, no avanza en la investigación.

Este modelo, que es similar al de la justicia estadounidense, le sacaría poder a los jueces y se lo otorgaría a los fiscales. El planteo ya abre algunas críticas, porque hay quienes plantean que lo que terminaría pasando es multiplicar a fiscales como Carlos Stornelli llenándolos de competencias. Sin embargo, los impulsores de esta idea plantean que los fiscales dependen del procurador, que será nombrado por el Presidente. Es decir, la Casa Rosada se garantizaría -de modo indirecto- una incidencia sobre la investigación.

Ante estas disyuntivas, el presidente electo podría terminar no avanzando con ninguna de las dos propuestas y que lo que finalmente suceda es que eche o amenace con echar a algunos jueces para "disciplinar" al sector. En el albertismo ya arrancaron la discusión, pero saben que cualquier medida podría quedar frenada porque aún falta la opinión de Cristina Kirchner, clave para avanzar en el tema.

La Cámara falló contra la funcionaria macrista que se resistía a dar información a la Auditoría General.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó hoy el fallo con el que un juez le había ordenado a la Oficina Anticorrupción (OA) que preside Laura Alonso entregar información a la Auditoría General de la Nación (AGN) que le había sido reclamada, revelaron fuentes judiciales.

La AGN había requerido a la oficina que conduce Alonso, que no oculta su militancia macrista pese a ocupar un cargo anticorrupción, el listado de denuncias presentadas por el organismo ante la Justicia, según consta en el fallo de la sala III del tribunal de apelaciones.

Los camaristas Jorge Argento, Sergio Fernández y Carlos Grecco rechazaron la apelación presentada por la OA contra el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que a mediados de septiembre le había ordenado al organismo entregar la información el plazo de 15 días.

"La parte demandada no ha logrado enervar -mediante las argumentaciones intentadas- la existencia de excepción alguna que impidiera en el caso el acceso a la información solicitada por la Auditoría General dela Nación", sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones.

También remarcaron que la OA no logró demostrar "que hubiese cumplido en forma adecuada y completa con el requerimiento efectuado" por la AGN por lo que "corresponde rechazar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia".