Jueves, 07 Mayo 2020 00:00

Ahora el kirchnerismo denunció ante la Justicia a la “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri - Por Daniel Santoro

Escrito por 
Valora este artículo
(1 Voto)

Legisladores K pidieron al juez Rafecas que solicite los registros de entradas y salidas de jueces y fiscales a la Casa Rosada y otras sedes oficiales entre el 2015 y el 2019. Denuncian que ese grupo de funcionarios “armaba” causas por corrupción.

 

En medio de la cuarentena, luego de la errónea cita de declaraciones de la jueza Ana Figueroa y del envió de “datos falsos” a la CIDH, la vicepresidenta Cristina Kirchner siguió ayer adelante con su intento de mejorar su situación procesal y la de otros ex funcionarios K con una denuncia “ómnibus” de 20 senadores y diputados ultra K.

Ahora no se trata solo de intentar anular el juicio oral por el encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA, sino de denunciar ante la Justicia federal a los integrantes de la llamada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri como supuestos autores del “armado de causas judiciales” por la corrupción K. Se estima que estas causas ascienden a unas cien.

Y otra vez la prueba principal son las declaraciones de la jueza de Casación, Ana Figueroa, quien dijo que sufrió presiones del gobierno de Macri, pero negó, como sostuvo Cristina Kirchner en Twitter, que hayan provenido del ex representante del macrismo ante el Consejo de la Magistratura y actual jefe de fiscales, Juan Bautista Mahiques. Hasta ahora la magistrada no hizo una denuncia penal por ese funcionario de Macri -que no identificó- y que en a fines del 2015 le fue a preguntar cuándo salía el fallo sobre la constitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán por la causa AMIA. Al nombrar a Mahiques, también se lanzó un tiro por elevación contra su hermano el fiscal Ignacio Mahiques, quien junto a su colega Gerardo Pollicita, imputaron a Cristina por el direccionamiento de millonarios contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez.

En una medida demasiado amplia y sin identificar hechos, los legisladores reclamaron, como medida de prueba, que se obtenga todo registro disponible de accesos y egresos de magistrados y fiscales a la residencia presidencial de Olivos, la Casa Rosada, la AFI y la sede del Ministerio de Justicia durante los cuatro años del gobierno de Macri.

Las declaraciones de Figueroa, una jueza cercana a los K pero que no integra “Justicia Legítima”, fueron tomadas ayer por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y operadora judicial de Cristina, Graciana Peñafort, para ampliar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado de familiares de las víctimas de la AMIA, Tomas Farini Duggan, reveló ayer “los datos falsos” que contiene esa presentación como poner en boca de Figueroa la denuncia de maniobras de “fórum shopping” (elegir al juez amigo).

La denuncia de los 20 legisladores recayó por sorteo en el juez federal y candidato a Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas, y el fiscal Federico Delgado.

“A partir de la asunción como Presidente de la Nación del ingeniero Mauricio Macri fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas que le resultaban funcionales a sus intereses políticos”, afirmaron los legisladores en la presentación para fundar su teoría del "lawfare".

Los legisladores del oficialismo aseguraron que el gobierno de Macri armó una “mesa judicial” para “intervenir en los procesos judiciales”, integrada por el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas; el ex procurador del Tesoro, Bernardo Frías y los abogados Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici (ex presidente de Boca), entre otros. En realidad, la “mesa judicial” –nombre que creó el periodismo- no la integraba Arribas y la dirigía Clusellas a fin de coordinar la posición del gobierno en temas judiciales.

La denuncia destacó los dichos de la jueza Figueroa al periodista Mariano Martín en su programa “Toma y Daca”, de AM 750 del Grupo Octubre, en el sentido de que “recibió presiones para agilizar la causa del memorándum con Irán que involucraba a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner”. En realidad, la jueza habló de la causa en que se declaró inconstitucional el pacto con Irán que es otra distinta a la causa por encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA que se abrió por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman en que está procesada Cristina y el ex jefe de la AFI y senador Oscar Parrilli, quien afirmó que por los dichos de Figueroa iba a pedir la nulidad del juicio por este último caso.

“Presiones muchísimas”, admitió la camarista y amplió que “yo desde entrada, desde el propio diciembre de 2015 (cuando asumió el gobierno de Cambiemos), cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción de Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas”, cita la denuncia.

Si bien la jueza prefirió no ventilar el nombre del funcionario que la presionó, reconoció que era uno que estaba “por debajo del ministro Garavano” y dijo que se había presentado en su despacho por “la inconstitucionalidad del memorándum con Irán”. En cambio, Cristina y Parrilli hablaron del fallo de diciembre de 2016 de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo M. Hornos, que hizo lugar en forma unánime al recurso de casación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y revocó la resolución de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había archivado la denuncia de Nisman.

Como medidas de prueba, los legisladores solicitaron que se le tome declaración a la jueza Figueroa para que ratifique sus dichos y también al periodista Martín, además de determinar las llamadas realizadas por Mahiques entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019.

La denuncia está firmada por los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Claudio Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Almirón, Mariano Recalde; y los diputados nacionales José Luis Gioja, Josefina González, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saá, María Parola, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.


Daniel Santoro

Visto 344 veces Modificado por última vez en Jueves, 07 Mayo 2020 16:31

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…