Miércoles, 07 Febrero 2018 00:00

Le ordenaron al juez Sebastián Casanello que defina si citará a Cristina Kirchner a declarar

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La Oficina Anticorrupción y la UIF le habían reclamado al magistrado que llame a indagatoria a la expresidenta. La Cámara Federal porteña exigió que se pronuncie "en un plazo razonable".

 

La Cámara Federal porteña volvió a ordenarle al juez federal Sebastián Casanello que defina si citará a indagatoria a la expresidenta Cristina Kirchner, en la causa por lavado de dinero por la que está preso el empresario contratista de obra pública Lázaro Báez. El pedido del tribunal se dio después de que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) se quejaron porque habían pedido que la actual senadora declarara en esta causa.

Así, los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun le ordenaron a Casanello que "en un plazo razonable, practique un nuevo estudio del pedido de indagatoria de Cristina Kirchner de la manera indicada en los considerandos y en las anteriores decisiones de esa Cámara".

En noviembre, el juez Casanello había respondido con una condición al pedido de la UIF (el organismo antilavado que depende del Ministerio de Economía). El magistrado sostuvo que, para poder definir se tenía que citar o no a la expresidenta, esa oficina pública tenía que aportar al expediente la información que demostrara los vínculos de Cristina con las cuentas en el exterior de Báez.

Además, el magistrado había señalado que los supuestos delitos que la UIF le atribuía a la expresidenta estaban siendo juzgados en la causa que lleva adelante Julián Ercolini por supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en favor de Báez.

Las respuestas del juez Casanello no convencieron ni a la UIF, ni a la OA, ni a la Cámara Federal; que le ordenó pronunciarse en un plazo razonable sobre la situación de Cristina. La expresidenta está imputada en la instrucción y tiene un pedido de indagatoria del fiscal Guillermo Marijuan.

En "La ruta del dinero K" la Justicia investiga a Lázaro Báez por maniobras hechas a través de la financiera SGI -conocida también como "La Rosadita"- para sacar del país millones de dólares. Esa plata habría salido de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de sus empresas con el Estado durante el kirchnerismo. En el juicio hay 25 acusados, procesados por lavado de dinero agravado.  

 

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