Martes, 13 Marzo 2018 00:00

La fundación del sindicato de Víctor Santa María no puede justificar donaciones y gastos millonarios - Por Lucía Salinas

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Así lo informaron veedores del Ministerio de Justicia. El sindicalista busca desligarse.

 

Después de las últimas intimaciones y la multa aplicada por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios, vinculada al gremialista Víctor Santa María, continúa -según el informe de los veedores- sin explicar operaciones por 44.464.957 pesos sobre la percepción de donaciones y convenios para la realización de “audiovisuales y producción de películas de publicidad”.

La veeduría contable realizó un primer informe, al que accedió Clarín, donde se concluyó que las cifras no son claras y que hay diferencias entre la documentación entregada.

El multimedio propiedad de Víctor Santa María (entre ellos el diario Página 12, AM 750, Caras y Caretas, entre otros) es administrado por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hoy fiscalizada y bajo observación permanente por una serie de inconsistencias detectadas en sus números.

De los estados contables 2015-2016 analizados por la IGJ que tiene potestad de fiscalización permanente sobre la entidad, se observó que en el ítem “Estado de Recursos y Gastos” se consignaron donaciones por 16.987.564,26 pesos, y otras en concepto de “incentivos a la educación” por 10.828.790,80 pesos. Estos números superan el monto mensual que estipula la IGJ.

La propia normativa obliga a que las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por sumas que superen los $ 70.000 “deberán presentar anualmente una declaración jurada”. Después de la multa aplicada por el organismo que depende del Ministerio de Justicia, la Fundación entregó parte de dicha documentación, pero fue "insuficiente y poco clarificadora", según la IGJ.

Respecto a las declaraciones juradas por donaciones, la IGJ observó que la Fundación nunca las “presentó en los términos correspondientes”, es decir durante los ejercicios que se efectuaron dichas donaciones. Una vez subsanada la documentación, el análisis de los veedores indicó que “no surge claramente de la declaración a qué donación corresponde”.

Se le dio un plazo de 48 horas para que la Fundación “aclare con precisión el importe de cada una de las donaciones con la declaración jurada de origen y licitud de los fondos correspondientes a los años 2015 y 2016”. Bajo observación hay más de 32 millones de pesos en dicho concepto.

La IGJ analiza posibles “derivaciones patrimoniales”, y para despejar cualquier sospecha se exigió igual que la Fundación Octubre presente una declaración jurada sobre “licitud y origen de los fondos” que especifique quién fue el donante, su constancia ante la AFIP, depósito bancario de la donación, o de la transferencia. Nada de esto, según la resolución de los veedores contables, aún fue explicado.

Bajo observación hay más números. Se trata de la cuenta Convenios para realización de audiovisuales y producción de películas de publicidad” por $ 16.927.241. Del dictamen surge, en cuanto a los convenios con el INCAA y el Consejo Federal de inversiones, que hay diferencias entre las sumas consignadas y lo presupuestado en los convenios propiamente dicho.

“No resulta completa la documentación ni surge de la misma si se ejecutó la obra o no”, indica el último informe al que accedió Clarín. Y le consultan ¿en qué ejercicio económico impactó el ingreso del dinero? Todo deberá ser aclarado en los próximos días.

Otro punto que despertó dudas en la IGJ son los convenios con la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo (perteneciente al sindicato). “No surge de la documentación si existen convenios o si la entidad es la fundadora de la universidad, desde qué fecha y si está autorizada a funcionar”, indica el informe oficial.

La IGJ quiere saber además, si directivos de la Fundación cumplen el mismo rol en la Universidad y cuál es la participación accionaria de la entidad en otras sociedades vinculadas al sindicato que dirige Santa María y que son objeto de una investigación por presunto lavado de activos en la justicia federal.

Además, quedó pendiente la información respecto a los estados contables de 2016, que arrojaron movimientos por 27.537,716 pesos. Continúa en vigencia la veeduría contable para "fiscalizar los libros y registros contables" vinculados a las números que aún no logró explicar la entidad que administra los medios de comunicación de Víctor Santa María.

Consultado por Clarín, el líder sindical reiteró: "Yo no soy autoridad de la Fundación, no es mía" y planteó que los controles que realiza la IGJ "son de rutina", minimizando las observaciones realizadas sobre el movimiento de fondos.

Lucía Salinas

Visto 331 veces Modificado por última vez en Martes, 13 Marzo 2018 18:34

Fundado el 4 de agosto de 2003

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