Viernes, 06 Abril 2018 00:00

Leopoldo Moreau fue procesado por sus dichos antisemitas contra Waldo Wolff

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El diputado kirchnerista fue embargado por 15.000 pesos

 

El juez federal Sergio Torres procesó al diputado nacional kirchnerista Leopoldo Moreau por el delito de "incitación a la discriminación" debido a que señaló al diputado nacional macrista Waldo Wolff como "agente del Mossad".

El episodio había ocurrido el 2 de noviembre pasado, en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N. Cuando opinaba sobre la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y el memorándum firmado con Irán, Moreau expresó que "están trabajando Wolff y otros agentes del Mossad" en el país.

Wolff lo denunció y el caso quedó en manos del juez Torres quien, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), procesó a Moreau.

El juez le imputó a Moreau "haber incurrido en un acto de carácter público con que se alentara o incitara a la persecución u odio de los miembros de la comunidad judía argentina, y en lo específico, del diputado Waldo Wolff, a causa de sus creencias religiosas".

Cuando se presentó a indagatoria, Moreau se amparó en sus fueros y advirtió: "Este acto no puede continuar, porque se está violando el artículo 68 de la Constitución Nacional que impide que un legislador sea interrogado judicialmente por sus opiniones".

En este sentido, Moreau consideró que existe "una invasión de poderes" y denunció que "se pretende obstaculizar la facultad que tengo como legislador de iniciar investigaciones como las que estoy desarrollando en torno al contrabando de armas". "Además, niego todos los hechos", finalizó.

Sin embargo, aún no había jurado como diputado nacional. "Los dichos de Moreau no pueden estar conectados con sus tareas de legislador ya que en ese momento aún no había asumido su banca como tal. Por lo tanto, quien no asumió como diputado no puede ampararse bajo ningún punto de vista bajo el artículo 68 de la Constitución Nacional", advirtió Torres.

En el procesamiento el magistrado explicó que "la inmunidad mencionada no prosperará en el presente caso" y enumeró las razones: "1) no hay una conexidad entre los dichos de Leopoldo Moreau y su tarea como Diputado de la Nación; 2) las manifestaciones de Leopoldo Moreau no fueron una opinión o un discurso; 3) el artículo 68 de la carta magna debe compatibilizarse con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional; 4) los funcionarios no pueden ampararse en el artículo 68 de la Constitución Nacional para cometer delitos a través de sus declaraciones y; 5) en la presente causa no se solicitó el desafuero de Moreau en los términos del artículo 5º de la ley 25.230, sino que se lo citó a ejercer su derecho de defensa".

Torres agregó que "Por otra parte, aún si hubiese asumido, sus dichos no guardaban relación alguna con una función legislativa, ya que no se estaba haciendo referencia a ninguna cuestión parlamentaria, como lo sería en el tratamiento de una ley o en su caso, con la necesidad de legislar sobre algún tema en particular".

Para el juez Moreau llama agente del Mossad a Waldo Wolff, "sin dar ningún argumento que sostenga sus dichos, más allá del mero hecho de practicar la religión judía".

Torres, quien embargó a Moreau por $15.000, explicó que "si bien el artículo 68 de la Constitución Nacional establece que ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador, esto debe compatibilizarse con las demás normas de la Constitución".

Además, citó a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial que tiene a la Argentina entre sus estados firmantes. Allí se señala que: "La Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los Estados miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

Torres destacó que "los estados firmantes, se comprometieron a condenar toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, cualquiera sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Y relacionó la Convención con el caso de Moreau: "Por lo cual -dijo Torres- permitir que un legislador se ampare en una inmunidad para cometer actos discriminatorios, no sólo dejaría sin efecto otras normas de igual jerarquía, sino que también haría que el Estado Argentino sea pasible de incurrir en responsabilidad internacional por no cumplir con los tratados suscriptos".

Torres sostuvo que "los funcionarios públicos no pueden ampararse en una normativa constitucional para cometer delitos por medio de sus expresiones, sino que sus cargos les exigen tener un mayor sentido ético que cualquier persona que se diserte en los medios; el límite que el mismo artículo 68 de la Constitución impone -a lo que dicen los miembros del parlamento-, es que sea una opinión en marco de sus funciones. De lo contrario, en lugar de ser inmunidades por su función, estaríamos ante privilegios, lo que no resultaría compatible con el régimen republicano y representativo de gobierno que adopta la Constitución en su artículo 1º".

El juez se refirió a los dichos de Moreau una vez que explicó por qué no tenía protección parlamentaria: "…a criterio del suscripto, sin lugar a dudas la identificación de –en este caso concreto- Waldo Wolff con un agente del Mossad constituye un acto de extranjerización, por el que, sin ningún otro fundamento más que la caracterización negativa de la religión judía, se lo identificó también denostadamente como un agente de inteligencia israelí. Recordemos que el Mossad es una de las agencias de inteligencia del Estado de Israel (Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales), responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo, en todo el mundo. Llama sorprendentemente la atención que cuando dijo esto, ni siquiera se estaba hablando de Wolff; pues lo hizo mientras se refería a un dictamen del Fiscal (Germán) Moldes, que nada tenía que ver con Wolff, refiriendo que determinadas personas a quien se mencionó, querían lavar culpas con el Estado de Israel, identificando a Wolff no solo con dicho Estado, sino con sus servicios de inteligencia. Esta identificación de Wolff, insistimos, por su práctica religiosa, con el Estado de Israel, en los términos empleados por Moreau, lo hacen portador de una doble lealtad, cuestión característica del antisemitismo contemporáneo".

Torres citó al penalista Pablo Slonimsqui, experto en casos de discriminación, quien escribió: "El concepto de nacionalidad no presenta, en mi modo de ver, mayores inconvenientes a los fines del tema que nos ocupa. Sólo corresponde destacar que, generalmente, los actos de discriminación que tienen esta motivación suelen derivar no de una nacionalidad determinada de la víctima, sino de su carácter de extranjero".

El juez concluyó que "la extranjerización, en casos como el presente es el inicio de la discriminación, el que de no ser detenido a tiempo podrá llevar a los más nefastos y crueles resultados". Por eso Moreau fue procesado.

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