Domingo, 13 Mayo 2018 00:00

Todos los bienes de Cristóbal López no alcanzarían para pagarle a la AFIP - Por Lucía Salinas

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Surge de un relevamiento patrimonial hecho por el organismo recaudador. Aún restan los números finales.

 

En una caja fuerte, en sobre cerrado se guarda la herramienta principal a la que el Gobierno acudirá para cobrarle a Cristóbal López la multimillonaria deuda que generó con la AFIP durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Se trata de un extenso documento que detalla el relevamiento patrimonial del empresario K, su socio Fabián De Sousa y de Ricardo Echegaray. Según pudo constatar Clarín, el cálculo inicial no alcanzaría para cubrir los más de 17.000 millones de pesos que reclama el fisco en concepto de "daños y perjuicios".

El juez federal Julián Ercolini recibió el 14 de marzo, un informe de la AFIP que detalla todos los bienes personales de Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. Los tres están acusados de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos.

La multimillonaria deuda se generó cuando los dueños del Grupo Indalo dejaron de pagar - con la firma Oil Combustibles SA-, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) y con dichos fondos, eligieron financiarse y ampliar, según la justicia, su conglomerado empresarial.

Con el correr de los meses, la deuda sólo se incrementó y el total acumulado a la fecha, supera los $ 17.000 millones contabilizando intereses y punitorios. El Estado tiene por delante un único objetivo: recuperar la mayor cantidad posible de ese dinero.

Como parte de la misma estrategia, la AFIP demandó civilmente al empresario K, a su socio y al ex titular del fisco, reclamando "la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados". Se planteó que los acusados "son civilmente responsables por los perjuicios ocasionados al fisco como consecuencia de la maniobra defraudatoria".

En este contexto, el organismo recaudador busca recuperar entre $ 17.000 y $ 20.000 millones por los “daños ocasionados al Estado”, remarcó una alta fuente oficial. Con Oil Combustibles quebrada, el fisco irá por los bienes personales de López, De Sousa y Echegaray.

Ante un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para embargar 70 inmuebles, 1.266 automóviles, motovehículos, cuatriciclos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves, propiedad en su mayoría de López, el juez Ercolini encomendó a la AFIP un relevamiento de bienes.

El documento ingresó al juzgado a mediados de marzo y se incorporó al expediente bajo el número de de foja 5.227. En absoluta reserva por contar con secreto fiscal, será utilizado de cara a la próxima afectación de bienes al embargo de $ 17.000 millones que trabó Ercolini cuando los procesó por defraudación.

Cientos de inmuebles, vehículos de los más variados tanto a nombre de López como de varias empresas, una de las acreencias detectadas sería una empresa española cuya mayor propiedad correspondería a Alcalis de la Patagonia, otra firma del llamado Grupo.

Además, se registraron tenencias de López y De Sousa tanto en el país como en el exterior. Clarín dio a conocer que el empresario K, cuenta con una cuenta en el Banco Sabadell, Almería (España) con más de 10 mil dólares según pudo constatar Clarín y mucho más dinero en títulos, bonos y otros documentos que son investigados. No sería el único caso.

Un primer cálculo sobre el variado listado, arroja que la cifra de los bienes no alcanzaría para cubrir la totalidad de la deuda exigida por la AFIP.

Todos los bienes detallados en el documento deberán ser tasados para ponerle un número a la fortuna de Cristóbal López. Una valuación inicial arroja una cifra de $ 3.321 millones, como reveló Clarín. La cifra final sería aún muy superior, pero no lograrían superar los $ 17.000 millones, se estima oficialmente.

La tarea será ardua y el organismo que conduce Leandro Cuccioli espera el inicio del juicio oral contra López por defraudación y la progreso de la acción civil iniciada contra él, su socio y Echegaray para recuperar el dinero por "los perjuicios causados” y por "el lucro cesante que supone para el Estado la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público".

Lucía Salinas

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