Lunes, 04 Junio 2018 00:00

La demanda por daños y perjuicios contra Cristina por maniobras en la obra pública no se tratará en el juicio oral - Por Lucía Salinas

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El Tribunal Oral 2 rechazó la pretensión de Vialidad para incorporar el reclamo civil por $ 22.500 millones. El organismo apelará, y decidirá Casación.

 

La demanda civil que Vialidad Nacional presentó en contra de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y los demás acusados en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz a favor del Grupo Austral, no sería tratada durante el juicio oral y público. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que llevará adelante esta instancia se declaró incompetente al respecto, y según pudo saber Clarín, el organismo estatal apeló esta decisión.

En este expediente que reunió más de 70 cajas de documentación, se determinó “la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes Néstor y Cristina Kirchner, destinada a cometer “múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.

Esos fondos tuvieron un único destinatario: Lázaro Báez, a quien en el expediente de lo referencia como “el amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes”. Recibió de manera supuestamente irregular 52 contratos viales, cuyo valor actualizado a 2016, ascienden a 46.000 millones de pesos.

Esta “asociación delictiva”, según la Justicia, “funcionó en forma estable y permanente” durante doce años. Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita Ignacio Mahiques, "se montó una organización criminal" para la "sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.

Ese circuito de contrataciones "irregulares" permitió que entre 2004 y 2015 el patrimonio del "amigo presidencial" creciera un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.

Por el daño ocasionado al Estado, Vialidad Nacional -representada por Javier Iguacel- realizó una demanda civil por daños y perjuicios, reclamando a los acusados un resarcimiento de 22.500 millones de pesos.

“Entendemos que corresponde disponer la declinatoria de la competencia de este fuero penal federal en favor del civil y comercial de idéntica naturaleza de excepción”, indica la resolución de 18 páginas al que accedió Clarín, firmada por los jueces Jorge Tassara, Rodríguez Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

Uno de los motivos principales de esta medida del TOF 2 responde a la respuesta de los acusados ante la demanda civil: Cristina Kirchner por ejemplo pidió que se cite en calidad de terceros responsables a una veintena de contratistas de la obra pública, entre ellos a Calcaterra SA y SOCMA; vinculadas al presidente Mauricio Macri. Julio De Vido realizó un pedido similar.

Los jueces entendieron que ante “la naturaleza de las pretensiones planteadas por los demandados”, “creemos que existe una limitante que impone la escisión de ambas acciones que evite, en este punto, se trastoquen la relevancia de las acciones y la civil, por su complejidad, obture el trámite de la penal”.

Así, en principio la demanda civil por daños y perjuicios no será parte del juicio oral y público que enfrentará la ex Presidenta como jefa de la asociación ilícita y a quien se le trabó un embargo de 10.000 millones de pesos.

Es más, los integrantes del TOF 2 consideraron que la situación (la demanda civil en una causa penal) “excede la acotada competencia que los legisladores han asignado a los jueces penales para dirimir conflictos civiles emergentes de hechos delictuales”.

Por ello los jueces entendieron que para garantizar “una mejor y más pronta administración de justicia para la suerte de ambas acciones” y “evitar que la acción civil produzca un retardo injustificado en la tramitación del proceso principal”, es mejor que se aborden por separado y la demanda vaya al fuero civil.

Vialidad Nacional apeló la decisión y será ahora la Cámara de Casación la que resuelva la competencia de la demanda de Vialidad Nacional. Según pudo saber Clarín, el organismo que depende del ministerio de Transporte trabaja en el recurso, en el que insistirá que el planteo por 22.500 millones de pesos tramite junto con el juicio oral y público contra los 15 procesados.

Lucía Salinas

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