Jueves, 05 Julio 2018 00:00

Sospechas de corrupción: El juez Ercolini intervino la empresa que maneja los hoteles de la familia Kirchner - Por Lucía Salinas

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Nombró dos veedores en la firma, que le debe dos millones de pesos a Hotesur, otra empresa familiar con problemas judiciales.

 

La familia Kirchner acaba de perder el último resquicio de control que le quedaba en el manejo de sus negocios hoteleros. El juez federal Julián Ercolini ordenó este jueves la intervención de Idea SA, la firma de Osvaldo Sanfelice, que gerenciaba los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén. La medida se dispuso por seis meses y después de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita al detectar una serie de irregularidades, entre ellas una deuda de la empresa por más de 2 millones de pesos con Hotesur SA (la empresa propietaria del hotel Alto Calafate).

En el marco de la causa Hotesur, donde Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y Lázaro Báez -entre otros- están procesados por lavado de dinero, el juez Ercolini dispuso otra intervención judicial.

La medida recae sobre Idea SA, propiedad de Sanfelice -socio y administrador de los Kirchner-. Esta firma tuvo como único cliente a los ex Presidentes. Manejó desde su constitución los tres hoteles después de que Lázaro Báez dejara de hacerlo a través de su empresa Valle Mitre. Las acciones fueron transferidas en partes iguales a Máximo y Florencia Kirchner, procesados por maniobras de blanqueo a través, justamente, del negocio hotelero con el empresario K: éste garantizó 27 millones de pesos a Cristina por el alquiler de Hotesur.

Pollicita había pedido la intervención de Idea, y señaló que por los delitos atribuidos la empresa no debía seguir operando bajo el manejo de Sanfelice, partícipe -según la justicia- de las maniobras de blanqueo utilizando, justamente, su propia empresa.

El juez designó dos interventores judiciales para que "actúen directamente en la ciudad de El Calafate, ya que es allí –y en Río Gallegos- donde ha denunciado tener domicilio Idea, y donde se encuentra el hotel que administra".

El desencadenante inmediato de la intervención es una deuda de Idea con Hotesur. Según el convenio, la primera debe abonar por mes -desde el 26 de mayo de 2015-, un canon mensual en 190.000 pesos más IVA y el 22% de las utilidades. Los veedores de la firma dueña del Alto Calafate, detectaron que a julio de 2017, Sanfelice pagó “sólo los cánones fijos correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2017 con cinco meses de retraso, sin saldar el porcentaje de utilidades ni los intereses correspondientes”.

Sanfelice adeuda 2.019.461,31 pesos a Hotesur. El fiscal Pollicita indicó que a marzo de este año Idea tenía un saldo positivo de 4.062.158 pesos. “Pese a contar con fondos líquidos para hacer frente a sus deudas, ha decidido incumplir intencionalmente con el pago de sus obligaciones e incrementar la deuda con Hotesur, impidiendo la recaudación del canon locativo del Hotel Alto Calafate –uno de los bienes más importantes de los activos cautelados”, sostuvo el juez.

"Resulta necesaria la intervención, porque así se intentará aclarar las deudas que registren sus negocios, conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con la actividad que desarrolla hasta el momento y subsanar las deficiencias administrativas y contables antes descriptas", indica la resolución judicial.

Los interventores designados deberán rendir mensualmente el estado de cuentas de Idea, deben determinar cuál es el activo y el pasivo de la sociedad y establecer el "monto de la deuda que registra con esa firma, calcular las ganancias que se obtuvieron de la explotación del hotel Alto Calafate, y mejorar el desarrollo de ese negocio".

En este marco, las ganancias de Idea irán a un plazo fijo de renovación automática. Y Sanfelice ya no podrá extraer fondos de la firma.

Pago de deuda

Cristina Kirchner además, recibió otro revés judicial. La Cámara Comercial falló a favor de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la empresa Hotesur -intervenida judicialmente-, deberá pagar una serie de multas aplicadas por diferentes irregularidades administrativas que según supo Clarín, supera los 30.000 pesos.

Lucía Salinas

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