Miércoles, 24 Julio 2019 00:00

En plena campaña electoral, pedirán elevar a juicio la causa contra Pablo Moyano por fraude a Independiente - Por Lucía Salinas

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El fiscal Scalera firmará el escrito para que se cierre la instrucción en las próximas semanas. Luego, deberá decidir la jueza Brenda Madrid.

 

En plena campaña electoral, el frente judicial de Pablo Moyano sumará un pedido de elevación a juicio oral, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que defraudó al club Independiente en cifras millonarias. En las próximas semanas, el fiscal Sebastián Scalera entregará el pedido a la jueza Brenda Madrid, que esta semana otorgó la prisión domiciliaria al ex barra Pablo “Bebote” Álvarez, cuya confesión fue determinante en el expediente. El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, manifestó ante la Justicia que se trata de una “causa inventada, armada por los medios, la política y un sector judicial”, y negó que Pablo haya “cometido ningún delito”.

“Desde fecha indeterminada y al menos hasta noviembre de 2017, operaba una asociación ilícita, integrada por una facción de la hinchada del Club Independiente (...) Resultan ser parte de dicha organización criminal directivos, empleados, socios y algunos simpatizantes del Club. Entre sus integrantes se identificaron Pablo Moyano (alias el Salvaje), Pablo “Bebote” Álvarez, como jefes y en rol de organizadores, Roberto Petrov, Héctor Maldonado, Damián Lagaronne, entre otros”, señala la acusación formal contra el hijo de Hugo Moyano y los demás integrantes de esta estructura.

Con Pablo Moyano a la cabeza de todo, a la supuesta asociación ilícita se le adjudicó diferentes maniobras defraudatorias en detrimento de las arcas del club, como la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos sin ingresar al patrimonio de la sede deportiva los ingresos correspondientes a dichas entradas. También se les adjudicaron otros delitos: “extorsionar, coaccionar, amenazar o intimidar, mediante el uso de violencia física y verbal o con armas de fuego, a las autoridades de organismos estatales y privados encargados de los eventos deportivos, como también a directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico y jugadores”.

Bajo esta acusación, Scalera solicitará que el hijo del líder del sindicato de Camioneros -y vicepresidente de Independiente- vaya a juicio oral y público. La semana pasada ya lo hizo respecto a trece acusados de la primera parte de la causa, entre ellos Bebote Álvarez, Yoyo Maldonado, Damián Lagaronne, Roberto Petrov.

 

Ante el avance del expediente, la defensa de Pablo Moyano continúa sosteniendo que su defendido “no cometió ningún delito, nunca defraudó a Independiente ni a los trabajadores de Camioneros”, reiteran que todo responde a una “causa armada, política y judicial”.

Sin embargo, la Justicia determinó que el grado de responsabilidad del hijo de Hugo Moyano es relevante. Fue Bebote Álvarez -como contó Clarín- quien lo implicó directamente, al remarcar que todas las órdenes sobre el manejo de la barra brava -inicialmente para desestabilizar al ex presidente del club, Javier Cantero- provenían “de Pablo Moyano. El me daba las órdenes, el dinero, las entradas, todo”, declaró. Damián Lagaronne, otro ex barra brava, se refirió a las entregas de dinero en el sindicato de Camioneros con Moyano presente, destinado “al financiamiento de la hinchada”.

Las implicancias sobre Pablo Moyano son varias, como la utilización de colectivos del gremio “para trasladar a la hinchada cuando había que manifestar en contra de Cantero”, contó Lagaronne Álvarez relató un encuentro en el que el líder sindical le entregó “una bolsa de consorcio negro con 400.000 pesos”, en respuesta al acuerdo económico que habían sellado.

Las confesiones de quienes buscaron ser arrepentidos en el expediente coinciden al señalar que los Moyano (Hugo y Pablo) “manejaban todo, decidían todo” y esto incluía “las maniobras defraudatorias”, remarcó Bebote ante la fiscalía.

Los testimonios fueron validados por la juez Madrid la semana pasada, y en ese contexto se les concedió hace pocas horas la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. “Estas últimas decisiones representan una respuesta institucional de jurisdicción frente a la duda que se pretendió instalar sobre esta investigación”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

Frente a las acusaciones que recaen sobre él, Pablo Moyano respondió ante la justicia que “esta comisión directiva -que él integra- se hizo cargo en el peor momento de Independiente en lo institucional, económico y deportivo. El señor Cantero y la señora Arietto tuvieron que dejar el Club entre 6 y 8 meses antes de la terminación de su mandato con un Club descendido y prácticamente quebrado”. Florencia Arietto, actual asesora del ministerio de Seguridad de la Nación es una de las principales denunciantes en esta causa, y quien aportó datos sobre los diferentes “negociados que realizaron los Moyano con sus propias empresas en el Club”.

Pablo también negó cualquier arreglo económico con la barra brava. Álvarez en su confesión había señalado que existía un pacto con el hijo de Hugo Moyano: “Era 400.000 pesos por campeonato, 30.000 por partido del torneo local y 30.000 por partido de Conmebol”. Pablo Moyano se defendió: “No vendo choripanes, no recaudo los trapitos, no revendo entradas” y remató: “Esto es un ataque político, judicial, mediático para tapar el fracaso económico de este Gobierno”.

Cuando concluya la feria judicial, ingresará a la fiscalía el resultado de una pericia económica e informática que busca dilucidar a cuánto asciende el perjuicio económico generado al Club. Según fuentes de la causa, los resultados parciales perjudican a Pablo Moyano. Se confirmó la existencia de un listado de 1.200 socios a quienes se le daban por pago las cuotas y abonos “sin que eso ingrese a la contabilidad del Club”.

Se “determinó que existió una organización un sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia (Moyano, Nakis, Maldonado) y la barra brava. Es decir, la dirigencia funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de las entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos etc. La dirigencia a cambio contaba eventualmente con los “servicios de la barra”, indicó el fiscal Scalera en su acusación.


Lucía Salinas

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