Justicia

Justicia (861)

 

Las cámaras de seguridad habían registrado a la mujer entrando al edificio junto con el presunto sicario.

Julieta Estefanía Bonanno, la abogada que se encontraba el lunes pasado en el departamento del barrio de Belgrano donde fue asesinado un hombre de nacionalidad mexicana y su hijo, fue detenida en su casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó. La principal hipótesis de los investigadores es que podría haber actuado como "entregadora" para que se cometiera el doble crimen.

El video de una cámara de seguridad que la mostraba entrando al edificio junto al supuesto sicario que ejecutó a Rodrigo Alexander Naged Ramírez y a su hijo fue la clave que derivó primero en un allanamiento en su domicilio y más tarde en su detención por su posible complicidad con el hecho.

Para el juez federal Ariel González Charvay, hubo contradicciones en la declaración de la abogada, quien tenía además causas judiciales abiertas en su contra en Morón por sacarles dinero a sus defendidos a cambio de "arreglar" con los jueces a su favor.

La policía secuestró un vehículo, computadoras y todas las causas que guardaba la letrada en su casa de la calle Francisco Esperanza, en busca de pruebas que puedan conectarla con la muerte de sus clientes.

A pesar de ejercer la profesión desde hace apenas tres años, Bonanno representaba a todos los detenidos mexicanos de la causa "Bobinas Blancas", un mega operativo en el que incautaron casi dos toneladas de cocaína que iba a ser exportada a Canadá.

 

 

Tras el fallo de la Cámara Federal ratificando que hubo un asesinato, el fiscal Taiano y el juez Ercolini investigarán las comunicaciones de la ex Presidenta y los demás denunciados.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica a través de un "acuerdo ilegal".

 

A exactamente cuatro meses de la muerte de Débora Pérez Volpin, que falleció el 6 de febrero en medio de una endoscopía en el sanatorio la Trinidad de Palermo, declaró esta mañana Diego Bialolenkier, el médico endoscopista que la atendió en el procedimiento.

Originalmente estaba citado para declarar el viernes pasado, pero pidió una postergación y fue citado nuevamente hoy. Mañana hará lo mismo la doctora Nélida Inés Puente, la anestesista que ese día trató a Débora.

Bialolenkier llegó a las 8.30 al Juzgado Criminal y Correccional Nro. 57 acompañado de su abogado, Roberto Isaac Churba. Allí prestó declaración indagatoria por poco más de tres horas ante el juez a cargo de la causa, Carlos Bruniard y la fiscal que lleva adelante la investigación, Dora Nancy Olivieri. LA NACION intentó comunicarse con su abogado pero no obtuvo respuesta.

Según pudo saber este medio, Bialolenkier presentó un escrito y luego respondió preguntas. En todo momento declaró que su accionar durante la endoscopía fue el correcto y cargó las responsabilidades sobre la anestesista.

Sin embargo, no pudo explicar qué fue lo que desencadenó el proceso que derivó en la muerte de la legisladora porteña.

El espíritu de esta indagatoria fue darle al imputado la oportunidad de que se defienda del hecho delictivo que está siendo investigado.

A partir de hoy el juez de la causa cuenta con diez días hábiles para resolver la situación procesal del endoscopista, esto es: el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. La figura legal que podría recaerle es la de homicidio culposo en grado de coautor.

En tanto, Diego Pirota, el abogado que representa a la familia de Pérez Volpin, dijo a LA NACION: "El endoscopista nunca logró responder a la prueba de cargo que pesa en su contra; por un lado, reconoce que Débora ingresó 'sana' al quirófano, y por el otro, no logra explicar el por qué la dejó al borde de la muerte".

"Trató de exponer aún más a la anestesista en la causa al referir que las lesiones en el cuerpo de Débora sólo pudieron ser producidas por ella", aseguró Pirota y cerró: "Su declaración resultó un mar de contradicciones con la prueba de la causa".

 

 

La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado por aproximadamente u$s 100 millones con la venta del predio de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 % menos de su valor.

   El expresidente Carlos Menem, el exministro de Economía Domingo Cavallo y otras diez personas comenzaron hoy a ser juzgados por la venta a precio vil del predio de La Rural en Palermo.

   El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, en el que Cavallo hizo un pedido para no presenciar las audiencias, aunque los jueces sólo lo autorizaron a no estar durante la declaración de testigos.   Es que el Código Procesal Penal obliga a los imputados a estar presentes durante la lectura de la acusación, las indagatorias, alegatos y veredictos.

A Menem, condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y a otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, lo acompañó su hija, Zulemita, en tanto que Cavallo asistió a la audiencia junto a su esposa, Sonia Abrazian.

En la primera audiencia, Cavallo fue autorizado a retirarse antes porque tenía un turno médico, tal cual justificó, y lo propio hizo Menem al explicar que tenía trabajo en el Senado de la Nación.

   El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli y el expediente fue elevado al Tribunal Oral en 2015.

   La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 % menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.

La venta del predio fue a partir de un decreto presidencial el 20 de diciembre de 1991: "Se perfeccionó la traslación de dominio por el Boleto de Compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la Sociedad Rural Argentina -coimputados De Zavalía y Ravagnan- y por la escritura pública número 84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación celebrada en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1992".

 

 

El Tribunal Oral Federal 6 declaró "rebelde" y ordenó la captura internacional de Nina Lozeva, una presunta "testaferro" del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien le mintió a la Justicia para poder salir del país por unos días durante el verano pasado y ahora se encontraría en Bulgaria.

Lo hizo al vencer el plazo que dispuso el Tribunal para que regrese a la Argentina luego que saliera con autorización bajo la excusa de que sus hijas visitaran a su abuela quien reside en Bulgaria.

La búlgara Nina Lozeva es sindicada como "testaferro" del detenido Jaime, a quien se lo acusa por enriquecimiento ilícito: ella pasó de su modesta vida en La Plata y de dedicarse a adiestrar perros a ser dueña de un semipiso en la avenida Figueroa Alcorta 3050, de la Capital Federal, que en su momento compró a través de una sociedad por 1,5 millones de pesos.

Lozeva se presentó en diciembre ante el Tribunal Oral Federal 6 solicitando autorización para viajar a Sofia, en Bulgaria, bajo la excusa de que sus hijas chiquitas pudieran ver a su suegra que vivía allí y estaba atravesando una grave en enfermedad, el cáncer.

El trámite arrancó con sospechas pues el certificado médico de la suegra databa del 24 de febrero de 2017, o sea nueve meses antes que ella hiciera la solicitud, pero los jueces del Tribunal la autorizaron igual considerando que la enfermedad que aducía sobre su suegra era permanente.

La autorización del viaje fue entre el 11 de diciembre y el 24 de enero de este año, por lo cual debía dar aviso al retornar a la Argentina dentro de las 48 horas.

 

Se entregaron $7 millones a diferentes organizaciones sin que hubiera justificación ni se registrara su destino final

El Tribunal Oral 2 rechazó la pretensión de Vialidad para incorporar el reclamo civil por $ 22.500 millones. El organismo apelará, y decidirá Casación.

Lo resolvió la Cámara en lo Penal Económico. El acusado benefició a un funcionario de Taiwán para ingresar al país un Mercedes, en 2007.

 

Una década atrás, el hallazgo de US$800.000 reveló los negocios secretos del kirchnerismo con Chávez

Pasó de todo; terminó en nada, una vez más. Diez años y diez meses después de que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del vuelo de Presidencia Argentina y encontró US$790.550, el "caso Antonini " prescribió.

Los encargados de dar el golpe final al expediente fueron el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola -quien el año pasado rechazó el pedido de la fiscalía para procesar al exfuncionario Claudio Uberti y negó su apelación- y el fiscal Pablo Turano, quien optó por no recurrir "en queja" a la Cámara. Así, el cierre por prescripción de la pesquisa -uno de los finales más usuales cuando de investigaciones penales sensibles se trata- ocurrió hoy, al cumplirse diez años de la indagatoria a Uberti, y permite trazar un balance de lo ocurrido durante esta década, con ramificaciones en tres países.

En la Argentina, tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi) y quedó fuera de la "diplomacia paralela" con el gobierno de Venezuela, que pasó a manos de José María Olazagasti, otro subalterno de Julio De Vido.

Usarán los dólares del caso Antonini Wilson para construir jardines de infantes

Desde entonces, Uberti mantuvo bajo perfil, sin volver a la función pública ni acceder a ningún trabajo formal en el sector privado, aunque se lo vinculó a ciertas constructoras y un par de veces apareció en tareas de recaudación electoral junto a varios colaboradores de De Vido.

El otro gran protagonista, Guido Alejandro Antonini Wilson, continúa en Key Biscayne y reafirma que la valija no era suya, como se la atribuyeron en el Aeroparque. Insiste en que era de Uberti. "No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos años", dijo esta semana a LA NACION. "Esta gente con plata logró lo que buscaba", afirmó.

En Buenos Aires, el expediente pasó por tres jueces de primera instancia -más varios subrogantes- por la Cámara en lo Penal Económico y la Casación Federal Penal, y llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó avanzar en la investigación por contrabando, sin que eso ocurriera.

A pesar de los obstáculos, la fiscalía de María Luz Rivas Diez probó el rol clave que Uberti asumió desde que Telpuk detectó aquella valija, la madrugada del 4 de agosto de 2007, hasta que ingresó a la quinta de Olivos para reunirse, esa madrugada, con el presidente Néstor Kirchner.

Rivas Diez y su equipo reconstruyeron también cómo se involucraron aquella madrugada múltiples referentes del Gobierno, como el entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Ricardo Echegaray, y el máximo operativo de la Secretaría de Inteligencia (ex-SIDE), Antonio "Jaime" Stiuso, entre otros.

Pero eso no alcanzó para la Justicia argentina, que no llegó a dictar un solo procesamiento, mientras que la Justicia de Estados Unidos detuvo y enjuició a tres venezolanos y un uruguayo por actuar como agentes encubiertos de Hugo Chávez en Florida para comprar el silencio de Antonini. Tres de ellos se declararon culpables y la Corte Federal de Miami condenó al cuarto.

En Venezuela, en tanto, también se anunció la apertura de una supuesta investigación penal, sobre la que nada se supo. Por el contrario, tres de los venezolanos señalados en la Argentina y EE.UU. como protagonistas del caso progresaron en los últimos años: Franklin Durán, Diego Uzcátegui y Tareck el Aissami.

Ex socio de Antonini, Durán cumplió su condena en EE.UU. y volvió a Caracas, donde retomó sus negocios en la industria petrolera y los expandió por Venezuela, Colombia y Ecuador. Por su parte, Uzcátegui, padre de Daniel, otro pasajero de aquel vuelo, hoy es la máxima figura dentro de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, por detrás del presidente "honorífico", Alí Rodríguez Araca. Y Tareck el Aissami, por entonces viceministro del Interior -y articulador del fallido intento de encubrir lo ocurrido en Aeroparque, según surgió en múltiples escuchas reveladas en Estados Unidos-, es hoy el vicepresidente de Venezuela.

Falta de pruebas

En la Argentina, en tanto, el juez Yadarola concluyó que la fiscalía no acumuló evidencias suficientes para avanzar contra Uberti, y planteó que las pruebas pendientes acaso estuvieran en Venezuela, que jamás respondió los exhortos, como sí lo hicieron Uruguay y EE.UU.

Yadarola estimó que ni siquiera quedó claro si Uberti delinquió: "Si bien provisoriamente nos encontramos ante un hecho presuntamente ilícito, los pormenores en que aquel se habría llevado adelante y la dilucidación de sus intervinientes, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de su presunta comisión, se encuentran en plena etapa de investigación, a la espera de la recolección de mayores probanzas para su total esclarecimiento".

La fiscal que impulsó la investigación hasta su jubilación, María Luz Rivas Diez, discrepa del juez. "Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti porque temían que abriera la boca. Fue luchar contra molinos de viento", dijo esta semana a LA NACION. "Aun así, es increíble que la causa no haya llegado a una condena y ni lográramos que lo procesaran a Uberti, y es una vergüenza que ya pisando este gobierno no se haya podido avanzar sobre él", afirmó.

¿De dónde salió aquel dinero? ¿Para qué lo transportaron por avión? Según las evidencias recolectadas en la Argentina y Estados Unidos, provino de Pdvsa y era parte de la "diplomacia paralela" tejida entre el chavismo y el kirchnerismo, que en ese momento avanzaba hacia la elección presidencial de Cristina Fernández.

¿Quién transportó esa maleta hasta el aeropuerto de Caracas? Según reconstruyó LA NACION y surgió luego en el juicio en Estados Unidos, el entonces jefe de seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter Muñoz. En octubre pasado fue detenido en España, por otro caso, y extraditado a Texas, hace unas semanas. Allí lo juzgarán por presuntos sobornos y lavado.

Qué pasó después con los protagonistas del escándalo

Guido Alejandro Antonini Wilson, Claudio Uberti, José María Olazagasti optaron en su mayoría por el bajo perfil y por negar todas las acusaciones que enfrentaron. María Luján Telpuk se dedicó al espectáculo y tuvo un paso por la vida política

Guido A. Antonini Wilson, empresario: Desde Key Biscayne, donde vive, aún asegura que la valija con dinero que le encontraron no era suya. Insiste en que pertenecía a Claudio Uberti

Claudio Uberti, ex interventor del Occovi: Tras el escándalo debió renunciar a su cargo y no volvió más a la función pública. Tampoco tuvo un trabajo en el sector privado. Mantuvo contactos políticos.

José María Olazagasti, exsecretario de De Vido: El exsecretario de Julio De Vido siguió cultivando el bajo perfil. Pese a que su nombre surgió en varias investigaciones judiciales, hasta ahora resultó indemne.

María Luján Telpuk, ex agente de la PSA: La mujer que revisó la valija y halló el dinero volvió al bajo perfil tras haber tenido acercamientos con la política y con el mundo del espectáculo.

Hugo Alconada Mon

 

Página 14 de 62

Fundado el 4 de agosto de 2003

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…