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Una década atrás, el hallazgo de US$800.000 reveló los negocios secretos del kirchnerismo con Chávez

Pasó de todo; terminó en nada, una vez más. Diez años y diez meses después de que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk ordenó abrir una valija del vuelo de Presidencia Argentina y encontró US$790.550, el "caso Antonini " prescribió.

Los encargados de dar el golpe final al expediente fueron el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola -quien el año pasado rechazó el pedido de la fiscalía para procesar al exfuncionario Claudio Uberti y negó su apelación- y el fiscal Pablo Turano, quien optó por no recurrir "en queja" a la Cámara. Así, el cierre por prescripción de la pesquisa -uno de los finales más usuales cuando de investigaciones penales sensibles se trata- ocurrió hoy, al cumplirse diez años de la indagatoria a Uberti, y permite trazar un balance de lo ocurrido durante esta década, con ramificaciones en tres países.

En la Argentina, tras el escándalo, Uberti debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi) y quedó fuera de la "diplomacia paralela" con el gobierno de Venezuela, que pasó a manos de José María Olazagasti, otro subalterno de Julio De Vido.

Usarán los dólares del caso Antonini Wilson para construir jardines de infantes

Desde entonces, Uberti mantuvo bajo perfil, sin volver a la función pública ni acceder a ningún trabajo formal en el sector privado, aunque se lo vinculó a ciertas constructoras y un par de veces apareció en tareas de recaudación electoral junto a varios colaboradores de De Vido.

El otro gran protagonista, Guido Alejandro Antonini Wilson, continúa en Key Biscayne y reafirma que la valija no era suya, como se la atribuyeron en el Aeroparque. Insiste en que era de Uberti. "No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos años", dijo esta semana a LA NACION. "Esta gente con plata logró lo que buscaba", afirmó.

En Buenos Aires, el expediente pasó por tres jueces de primera instancia -más varios subrogantes- por la Cámara en lo Penal Económico y la Casación Federal Penal, y llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó avanzar en la investigación por contrabando, sin que eso ocurriera.

A pesar de los obstáculos, la fiscalía de María Luz Rivas Diez probó el rol clave que Uberti asumió desde que Telpuk detectó aquella valija, la madrugada del 4 de agosto de 2007, hasta que ingresó a la quinta de Olivos para reunirse, esa madrugada, con el presidente Néstor Kirchner.

Rivas Diez y su equipo reconstruyeron también cómo se involucraron aquella madrugada múltiples referentes del Gobierno, como el entonces titular de la Dirección General de Aduanas, Ricardo Echegaray, y el máximo operativo de la Secretaría de Inteligencia (ex-SIDE), Antonio "Jaime" Stiuso, entre otros.

Pero eso no alcanzó para la Justicia argentina, que no llegó a dictar un solo procesamiento, mientras que la Justicia de Estados Unidos detuvo y enjuició a tres venezolanos y un uruguayo por actuar como agentes encubiertos de Hugo Chávez en Florida para comprar el silencio de Antonini. Tres de ellos se declararon culpables y la Corte Federal de Miami condenó al cuarto.

En Venezuela, en tanto, también se anunció la apertura de una supuesta investigación penal, sobre la que nada se supo. Por el contrario, tres de los venezolanos señalados en la Argentina y EE.UU. como protagonistas del caso progresaron en los últimos años: Franklin Durán, Diego Uzcátegui y Tareck el Aissami.

Ex socio de Antonini, Durán cumplió su condena en EE.UU. y volvió a Caracas, donde retomó sus negocios en la industria petrolera y los expandió por Venezuela, Colombia y Ecuador. Por su parte, Uzcátegui, padre de Daniel, otro pasajero de aquel vuelo, hoy es la máxima figura dentro de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, por detrás del presidente "honorífico", Alí Rodríguez Araca. Y Tareck el Aissami, por entonces viceministro del Interior -y articulador del fallido intento de encubrir lo ocurrido en Aeroparque, según surgió en múltiples escuchas reveladas en Estados Unidos-, es hoy el vicepresidente de Venezuela.

Falta de pruebas

En la Argentina, en tanto, el juez Yadarola concluyó que la fiscalía no acumuló evidencias suficientes para avanzar contra Uberti, y planteó que las pruebas pendientes acaso estuvieran en Venezuela, que jamás respondió los exhortos, como sí lo hicieron Uruguay y EE.UU.

Yadarola estimó que ni siquiera quedó claro si Uberti delinquió: "Si bien provisoriamente nos encontramos ante un hecho presuntamente ilícito, los pormenores en que aquel se habría llevado adelante y la dilucidación de sus intervinientes, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de su presunta comisión, se encuentran en plena etapa de investigación, a la espera de la recolección de mayores probanzas para su total esclarecimiento".

La fiscal que impulsó la investigación hasta su jubilación, María Luz Rivas Diez, discrepa del juez. "Luchamos contra todo el poder político que protegió a Uberti porque temían que abriera la boca. Fue luchar contra molinos de viento", dijo esta semana a LA NACION. "Aun así, es increíble que la causa no haya llegado a una condena y ni lográramos que lo procesaran a Uberti, y es una vergüenza que ya pisando este gobierno no se haya podido avanzar sobre él", afirmó.

¿De dónde salió aquel dinero? ¿Para qué lo transportaron por avión? Según las evidencias recolectadas en la Argentina y Estados Unidos, provino de Pdvsa y era parte de la "diplomacia paralela" tejida entre el chavismo y el kirchnerismo, que en ese momento avanzaba hacia la elección presidencial de Cristina Fernández.

¿Quién transportó esa maleta hasta el aeropuerto de Caracas? Según reconstruyó LA NACION y surgió luego en el juicio en Estados Unidos, el entonces jefe de seguridad de Pdvsa, Rafael Reiter Muñoz. En octubre pasado fue detenido en España, por otro caso, y extraditado a Texas, hace unas semanas. Allí lo juzgarán por presuntos sobornos y lavado.

Qué pasó después con los protagonistas del escándalo

Guido Alejandro Antonini Wilson, Claudio Uberti, José María Olazagasti optaron en su mayoría por el bajo perfil y por negar todas las acusaciones que enfrentaron. María Luján Telpuk se dedicó al espectáculo y tuvo un paso por la vida política

Guido A. Antonini Wilson, empresario: Desde Key Biscayne, donde vive, aún asegura que la valija con dinero que le encontraron no era suya. Insiste en que pertenecía a Claudio Uberti

Claudio Uberti, ex interventor del Occovi: Tras el escándalo debió renunciar a su cargo y no volvió más a la función pública. Tampoco tuvo un trabajo en el sector privado. Mantuvo contactos políticos.

José María Olazagasti, exsecretario de De Vido: El exsecretario de Julio De Vido siguió cultivando el bajo perfil. Pese a que su nombre surgió en varias investigaciones judiciales, hasta ahora resultó indemne.

María Luján Telpuk, ex agente de la PSA: La mujer que revisó la valija y halló el dinero volvió al bajo perfil tras haber tenido acercamientos con la política y con el mundo del espectáculo.

Hugo Alconada Mon

 

 

Dicen que la operación estuvo mal explicada. La Anses quedó paralizada y hay bronca con Quintana.

Es que el titular de la Anses será el primer funcionario relevante del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria por sospechas de corrupción, tras el llamado del juez Claudio Bonadio para el mes de agosto, lo que lo deja en las puertas de un procesamiento.

Se trata de la causa en la que se investiga si la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA) -que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)- generó un perjuicio multimillonario para el Estado.

Bonadio procesó en total a seis directivos de la Anses, la mayoría de ellos integrantes en su momento del FGS que conducía Luis María Blaquier, también renunciado.

En la reunión encabezada por Garavano se analizaron los riesgos y posibilidades de Basavilbaso. Allí concluyeron en que la defensa que hizo hasta ahora el Gobierno falló desde lo técnico, porque están convencidos de que la operación se puede justificar pero no fue bien transmitida a Bonadio, que llegó a una conclusión errada con el dato de que las acciones de Petrobras se dispararon luego de su venta.

La defensa es además un caos porque cada ex funcionario se vio obligado a contratar su propio abogado, porque el Gobierno se niega a pagárselos.

En la Rosada hay una bronca extendida porque repiten que los jueces federales no entienden de temas financieros y en ese grupo entra Bonadio. "Nadie se lo sabe explicar bien", sentencian en el Gobierno.

Es que tienen una explicación para justificar la operación en la que se aprobó la venta de las acciones que tenía el organismo previsional en Petrobras Argentina por 156 millones de dólares, en la primera venta de acciones del FGS por parte del macrismo.

Dicen que cuando el grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin compró las acciones de Petrobras Argentina, éstas valían 10,01. Después hicieron una oferta pública de acciones (OPA), al paquete que tenía la Anses de Petrobras Argentina, y ese día se vendieron a 10,37. Es decir, más de lo que pagó Pampa y más de lo que cotizaron ese día, que era 9,90. Dos meses después esa acción pasó a valer 7,90, de manera que seguía siendo un buen negocio. Sin embargo, seis meses después explotó y pasó a valer 18.

En el Gobierno repiten un detalle importante: no podían prever que esas acciones solo seis meses después pasaran a valer tanto más y le hicieran perder al Estado una fortuna. Por eso, dicen que cuando se hizo la operación hubo cinco consultoras que analizaron el tema y dijeron que era correcto llevarla a cabo.

Basavilbaso quedó muy expuesto porque fue una resolución con su firma la que autorizó la venta de las acciones de Petrobras, aunque en la Anses todo0s los funcionarios saben que el verdadero jefe del organismo es Mario Quintana.

Además, como Petrobras Argentina cotizaba también en Wall Street, la operación fue supervisada tanto a nivel local por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como en Nueva York por la Securities and Exchange Commission (SEC).

En la Anses recuerdan que toda la operación fue parte de una decisión directa de Mauricio Macri, que quería que el organismo empezara a desprenderse de acciones de empresas privadas. Se trató de una señal que quiso dar al mercado sobre el cambio político y por eso forzó la venta de acciones, aunque no todos estaban de acuerdo de que fuera buen timming para el organismo.

En el entorno de Basavilbaso también hay bronca con Mario Quintana, que es quien realmente manejaba el FGS, como casi todo en el organismo, pero no pone la firma ni queda expuesto. En la venta también incidió Luis Caputo, pero a él tampoco lo llamaron a indagatoria y el único finalmente expuesto fue Basavilbaso.

Por eso, esta semana en la reunión en el Ministerio de Justicia, Basavilbaso se quebró ante los demás funcionarios, que se quedaron helados por su reacción. El titular de la Anses sabe que la situación es crítica y que un llamado a indagatoria es el paso previo a un procesamiento, que echaría por la borda sus ambiciones políticas. Es que, cuando asumió se imaginaba con posibilidades de ser el vice de Macri en un eventual segundo mandato y ahora se da cuenta que esta causa podría arruinar su futuro político.

El conflicto además tiene otra derivación indeseada: La primera línea del organismo ahora no quiere firmar nada relevante y mucho menos avanzar con otras ventas de acciones. La Anses está paralizada y esto preocupa al Gobierno, ya que se trata del presupuesto más grande del Estado.

 

Lunes, 04 Junio 2018 00:00

A cobrar las deudas a un fuero especial

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Debido a “las altas tasas de litigiosidad que se registran en la labor diaria de los Tribunales” el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba creó Juzgados especiales “de procesos de cobros particulares”.

Tendrán competencia sólo en causas en las que se pretenda el pago de obligaciones de dar dinero, como ejecuciones de tarjetas de crédito, expensas, cheques o pagarés.

El aumento exponencial de juicios de contenido patrimonial en el que se persigue la cancelación de obligaciones de dar dinero obligó al Máximo Tribunal de Justicia de Córdoba a asignarle competencia “exclusiva y excluyente” sobre la materia a los Juzgados de Primera Instancia de Décimo Cuarta y Cuadragésima Séptima Nominación del Centro Judicial de Sede Capital.

La medida se adoptó mediante el Acuerdo Reglamentario 1495 Serie”A”, suscripto por los jueces Aída Lucia Teresa Tarditti, Luis Enrique Rubio, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián Cruz López Peña, donde se reconocen “las altas tasas de litigiosidad que se registran en la labor diaria de los Tribunales”

Ante esa problemática, el Tribunal señaló que viene implementando “desde hace varios años”, diferentes acciones para “dar eficaz respuesta jurisdiccional”, entre las que se destaca la creación de oficinas con “competencia exclusiva y excluyente en materia fiscal, como en la implementación de Oficinas de Ejecuciones Particulares”.

De las aproximadamente 22.000 causas anuales ejecutivas y de cobranzas iniciadas ante los Juzgados de Primera Instancia de Capital, el nivel de controversia “no supera el 10%; tramitándose el resto en rebeldía”

La creación del fuero especializado en cobros particulares obedece a esa política. El acuerdo determina la asignación de competencia a tribunales, que tramitarán exclusivamente causas en las que se pretenda el pago de obligaciones de dar dinero, cuyas causas fuentes tarjetas de crédito, expensas comunes, ejecuciones de sentencias penales, hipotecarias, prendarias, de Cheques, Letras de Cambio y Pagarés, o de saldos de cuenta corriente bancaria, y de mutuo dinerario.

El acuerdo, que entrará en vigencia el próximo lunes, se dictó debido a que se registra “una creciente iniciación de procesos ejecutivos y declarativos (abreviados y ordinarios) en los que se pretende el cobro de sumas de dinero, sea de manera individual o en presentaciones múltiples, por cobro de: deudas derivadas de tarjetas de crédito, pagarés, cheques, contratos de mutuo, expensas comunes, cuenta corriente bancaria, etc.”.

Se trata de procesos que tramitan en rebeldía, pero que sin embargo esa circunstancia “no redunda en una reducción del desgaste jurisdiccional.

Por el contrario, y pese a tratarse de reclamos por lo común de poca entidad económica, su realización requiere de múltiples gestiones, tales como la traba de embargos, la tramitación del proceso hasta la sentencia, apertura del estadio de ejecución, formulación y actualización de liquidaciones, solicitud de órdenes de pagos y su libramiento hasta la cancelación de la deuda, entre otras tareas”, cuestiones que significan “un importante volumen de tareas que repercuten en el funcionamiento diario de los Tribunales”.

Ese escenario provocó que el Tribunal Superior realizara mediciones de impacto de gestiones vinculadas con priorizar sectores. Según los números que se manejan, de las aproximadamente 22.000 causas anuales ejecutivas y de cobranzas iniciadas ante los Juzgados de Primera Instancia de Capital, el nivel de controversia “no supera el 10%; tramitándose el resto en rebeldía”.

“En función de ello, es que con este nuevo modelo se persigue organizar, encauzar y concentrar funciones en el contexto de la actual oficina judicial con relación a la gestión de determinados actos procesales”, admiten desde el Alto Cuerpo.

Fuente: www.diariojudicial.com.ar

El tribunal de alzada pidió que se profundice la investigación. No hicieron lugar al pedido de que el caso sea considera como magnicidio, ni mencionaron puntualmente a la ex mandataria.

En la causa están procesados por administración fraudulenta Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.

Jueves, 31 Mayo 2018 00:00

Ayala eximida de prisión

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La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar a un pedido de la diputada de Cambiemos y dictó su eximición de prisión. La jueza de primera instancia había pedido el desafuero y detención de Ayala.

La Cámara Federal de Resistencia hizo lugar al pedido de eximición de prisión formulado por la diputada de Cambiemos Aída Ayala, procesada en una causa por presunto lavado de dinero en Chaco, por lo que quedó en suspenso el trámite de desafuero en la Cámara baja.

Con el voto de los tres miembros del tribunal, la Cámara decidió revocar lo antes dispuesto por la magistrada de primera instancia Zunilda Niremperger, quien había ordenado su detención y solicitado su desafuero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Según indicaron los abogados de la diputada, tras el fallo de Luis Alberto Aguilar, Rocío Alcalá y María Delfina Denoges, quedará "definitivamente en suspenso" el trámite de desafuero que se había iniciado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli (PRO).

"La Cámara dio lugar a lo que habíamos pedido, transitar este proceso judicial en libertad. Yo quiero rendir cuentas, no soy jefa de ninguna banda y no he lavado dinero", afirmó Ayala en declaraciones a radio Libertad al conocer la resolución judicial.

El fiscal federal Patricio Sabadini, quien había iniciado la investigación contra Ayala, se mostró disconforme con la decisión judicial que la eximió de prisión y advirtió que "si la Cámara dejó algún hueco, se podría impugnar el fallo".

"Primero quiero ver los fundamentos del fallo. Saber si solamente se tuvo en cuenta el pedido de la diputada Ayala que es la beneficiada, o también el pedido de la Fiscalía y el fallo de la jueza (Zunilda Niremperger) rechazando la exención", explicó en declaraciones a radio Libertad.

Y agregó: "Ahora lo que correspondería es que los defensores de Aída apelen el procesamiento, porque si eso queda firme no hay exención de prisión que valga".

Por otro lado, la diputada recibió este miércoles el alta médica luego del episodio de "abdomen agudo" por el que debió ser internada de urgencia el pasado lunes en un sanatorio de la capital chaqueña.

Debido a la internación, la legisladora radical no pudo presentarse este martes en el Juzgado de Niremperger para ampliar su declaración indagatoria, tal como ella misma lo había solicitado.

"Esto ya estaba afectando a mi salud, le pasa factura al cuerpo tanta injusticia. Voy a seguir con fuerza y con coraje, sabiendo que siempre se hicieron bien las cosas", agregó Ayala a la prensa local.

La diputada radical está procesada en una causa por presunto lavado de activos, acusada de ser la "jefa de una banda" dedicada al pago de sobreprecios a proveedores cuando se desempeñaba como intendenta de Resistencia entre 2003 y 2015.

Los cargos que enfrenta se vinculan a los delitos de asociación ilícita, lavado agravado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Juan Casas

 

El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal, en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros ex funcionarios.

La Sala I de la Cámara Federal procesó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y confirmó la acusación sobre los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, así como la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el marco de la causa por defraudación al Estado nacional con fondos públicos utilizados para la construcción de viviendas sociales.

El fallo fue firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, en una resolución en la que además ratificaron el procesamiento de José López y Abel Fatala, entre otros ex funcionarios.

En la causa se investiga el desvío de fondos de más de 200 millones de pesos entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción de viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del programa "Sueños Compartidos".

Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender fueron acusados del delito de defraudación por administración fraudulenta.

El año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó en esta causa a Bonafini y los Schoklender por administración fraudulenta y les trabaron embargos millonarios. Según el fallo del magistrado, la dirigente "sabía del desmanejo financiero, aprobó balances irregulares", mientras que los hermanos "tuvieron una activa participación en la gestión y ejecución de las construcciones de las viviendas con fondos del Estado".

De acuerdo a la Justicia, el millonario montó de 206.438.454,04 pesos fue enviado a distintas personas y empresas a través de cheques y transferencias a sus cuentas bancarias (“Meldorek S.A.” y “Antártica Argentina S.A.”, entre otras)" o a través de personas y firmas que percibieron dinero "sin contraprestación relacionada con la actividad propia de la Fundación y, a través de su cobro, imposibilitaron seguir su rastro".

 

 

Dijo que Guillermo Moreno "los ayudó a echar a Bolt" de la plata y que Scioli quería el negocio de las fichas de los casinos.

Es parte del argumento de una de las querellas, que podría pedir una pena de seis años de prisión para el ex vice.

Natalio Bonavena está siendo investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado por formar parte de una banda que cancelaba deudas tributarias de manera fraudulenta durante la gestión de Ricardo Echegaray en la AFIP

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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