Justicia

Justicia (782)

 

Varios testigos fueron citados por la Justicia para que declaren sobre el tema. El informático está procesado como partícipe necesario del homicidio del fiscal.

El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López será juzgado desde hoy por enriquecimiento ilícito luego de su detención cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez, en junio de 2016.

 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires advirtió en un documento que el proyecto de ley que promueve la legalización del aborto es inconstitucional. Argumenta que la legislación vigente "no deja duda" de que la existencia de la persona humana comienza "desde el momento mismo de la concepción".

"Este proyecto no pasa el test de constitucionalidad", enfatizó Guillermo Lipera, presidente del organismo, respecto de la iniciativa que se debatirá el miércoles próximo en la Cámara de Diputados.

En diálogo con LA NACION, Lipera explicó que el documento suscripto se fundamentó en un dictamen previamente elaborado por la Comisión de Derecho Constitucional del citado Colegio de Abogados, el cual se aprobó por unanimidad. Dicho dictamen se elaboró sobre fundamentos estrictamente jurídicos. "No se abordaron criterios científicos ni religiosos", aclaró Lipera.

En sus argumentos, el documento citó el artículo 1º de la Convención sobre Derechos del Niño, la cual goza de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, que define como niño a "todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad".

"De allí que a la persona humana, desde la concepción misma, le resulten aplicables la totalidad de las normas que, tanto en nuestro derecho interno como en los tratados internacionales sobre derechos humanos, protegen la vida", se enfatizó en el escrito.

Asimismo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires señaló que el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional impone al Congreso la obligación de legislar "en protección del niño desde el embarazo".

"Podrá distinguirse, entonces, entre personas ya nacidas y personas por nacer, pero ese dato biológico es irrelevante desde el punto de vista jurídico pues, conforme nuestro ordenamiento jurídico supremo, y también conforme lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 19, ambas son personas humanas y, como tales, tienen derecho a la vida", advirtió el Colegio de Abogados de la Ciudad en su comunicado.

Lipera enfatizó que tanto los tratados internacionales que ratifican que la vida comienza desde la concepción, como la Constitución y el Código Civil y Comercial son normas de última generación.

"No estamos haciendo referencia, por cierto, a antiguos y arcaicos textos legales originados en épocas pretéritas que, sin perjuicio de su vigencia formal, podrían contradecir las nuevas concepciones políticas y sociales", se enfatizó en el comunicado.

Lipera insistió en que la legalización del aborto, de ser convertida en ley, será inconstitucional. "Habrá una lluvia de presentaciones ante la Justicia para que así sea declarada", vaticinó Lipera.

 

 

El fiscal González quiere determinar si el vicejefe ocultó en su declaración jurada que controlaba la cadena.

 

Es Alan Dershowitz, que se presentará en los tribunales de Nueva York por la suspensión del partido.

Según señalaron a LPO desde Israel, la disputa llegará a los tribunales de Nueva York y para eso la producción del evento se puso en contacto con el prestigioso abogado Alan Dershowitz, emérito de la Universidad de Harvard.

Dershowitz es especialista en juicios sobre discriminación contra Israel y publicó un libro titulado "The Case of Israel". Además de haber participado en varias causas contra el terrorismo, también se hizo célebre al participar en juicios de figuras como las de Mike Tyson y O.J. Simpson. Tiene buenos vínculos con Donald Trump, a tal punto que el propio presidente se refirió a él en buenos modos este jueves a través de Twitter.

Como anticipó LPO, en Israel preparan una demanda internacional por 1000 millones de dólares contra el Estado argentino, la AFA, la empresa Torneos y Palestina por la suspensión del partido, que tomaron como un "un golpe durísimo a Israel" y una "rendición ante el terrorismo".

La suspensión fue festejada por la organización palestina Hamas, lo que fue considerado como la peor derrota para el gobierno de Benjamin Netanyahu, que llamó sin éxito a Mauricio Macri para que intercediera.

En Israel amenazan además con cortar la cooperación en temas de inteligencia con Argentina, un convenio que se retomó una vez que Gustavo Arribas quedó al frente de la ex Side. Para las fuentes de Israel, ese acto sería un "símbolo" del estado de situación entre ambos países luego del plantón de la Selección.

 

 

Las cámaras de seguridad habían registrado a la mujer entrando al edificio junto con el presunto sicario.

Julieta Estefanía Bonanno, la abogada que se encontraba el lunes pasado en el departamento del barrio de Belgrano donde fue asesinado un hombre de nacionalidad mexicana y su hijo, fue detenida en su casa de la localidad bonaerense de Ituzaingó. La principal hipótesis de los investigadores es que podría haber actuado como "entregadora" para que se cometiera el doble crimen.

El video de una cámara de seguridad que la mostraba entrando al edificio junto al supuesto sicario que ejecutó a Rodrigo Alexander Naged Ramírez y a su hijo fue la clave que derivó primero en un allanamiento en su domicilio y más tarde en su detención por su posible complicidad con el hecho.

Para el juez federal Ariel González Charvay, hubo contradicciones en la declaración de la abogada, quien tenía además causas judiciales abiertas en su contra en Morón por sacarles dinero a sus defendidos a cambio de "arreglar" con los jueces a su favor.

La policía secuestró un vehículo, computadoras y todas las causas que guardaba la letrada en su casa de la calle Francisco Esperanza, en busca de pruebas que puedan conectarla con la muerte de sus clientes.

A pesar de ejercer la profesión desde hace apenas tres años, Bonanno representaba a todos los detenidos mexicanos de la causa "Bobinas Blancas", un mega operativo en el que incautaron casi dos toneladas de cocaína que iba a ser exportada a Canadá.

 

 

Tras el fallo de la Cámara Federal ratificando que hubo un asesinato, el fiscal Taiano y el juez Ercolini investigarán las comunicaciones de la ex Presidenta y los demás denunciados.

El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica a través de un "acuerdo ilegal".

 

A exactamente cuatro meses de la muerte de Débora Pérez Volpin, que falleció el 6 de febrero en medio de una endoscopía en el sanatorio la Trinidad de Palermo, declaró esta mañana Diego Bialolenkier, el médico endoscopista que la atendió en el procedimiento.

Originalmente estaba citado para declarar el viernes pasado, pero pidió una postergación y fue citado nuevamente hoy. Mañana hará lo mismo la doctora Nélida Inés Puente, la anestesista que ese día trató a Débora.

Bialolenkier llegó a las 8.30 al Juzgado Criminal y Correccional Nro. 57 acompañado de su abogado, Roberto Isaac Churba. Allí prestó declaración indagatoria por poco más de tres horas ante el juez a cargo de la causa, Carlos Bruniard y la fiscal que lleva adelante la investigación, Dora Nancy Olivieri. LA NACION intentó comunicarse con su abogado pero no obtuvo respuesta.

Según pudo saber este medio, Bialolenkier presentó un escrito y luego respondió preguntas. En todo momento declaró que su accionar durante la endoscopía fue el correcto y cargó las responsabilidades sobre la anestesista.

Sin embargo, no pudo explicar qué fue lo que desencadenó el proceso que derivó en la muerte de la legisladora porteña.

El espíritu de esta indagatoria fue darle al imputado la oportunidad de que se defienda del hecho delictivo que está siendo investigado.

A partir de hoy el juez de la causa cuenta con diez días hábiles para resolver la situación procesal del endoscopista, esto es: el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito. La figura legal que podría recaerle es la de homicidio culposo en grado de coautor.

En tanto, Diego Pirota, el abogado que representa a la familia de Pérez Volpin, dijo a LA NACION: "El endoscopista nunca logró responder a la prueba de cargo que pesa en su contra; por un lado, reconoce que Débora ingresó 'sana' al quirófano, y por el otro, no logra explicar el por qué la dejó al borde de la muerte".

"Trató de exponer aún más a la anestesista en la causa al referir que las lesiones en el cuerpo de Débora sólo pudieron ser producidas por ella", aseguró Pirota y cerró: "Su declaración resultó un mar de contradicciones con la prueba de la causa".

 

 

La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado por aproximadamente u$s 100 millones con la venta del predio de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 % menos de su valor.

   El expresidente Carlos Menem, el exministro de Economía Domingo Cavallo y otras diez personas comenzaron hoy a ser juzgados por la venta a precio vil del predio de La Rural en Palermo.

   El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al juicio en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, en el que Cavallo hizo un pedido para no presenciar las audiencias, aunque los jueces sólo lo autorizaron a no estar durante la declaración de testigos.   Es que el Código Procesal Penal obliga a los imputados a estar presentes durante la lectura de la acusación, las indagatorias, alegatos y veredictos.

A Menem, condenado ya a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador y a otros cuatro años y medio por el pago de sobresueldos durante su Gobierno, lo acompañó su hija, Zulemita, en tanto que Cavallo asistió a la audiencia junto a su esposa, Sonia Abrazian.

En la primera audiencia, Cavallo fue autorizado a retirarse antes porque tenía un turno médico, tal cual justificó, y lo propio hizo Menem al explicar que tenía trabajo en el Senado de la Nación.

   El caso fue enviado a juicio por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli y el expediente fue elevado al Tribunal Oral en 2015.

   La sospecha es que se provocó un perjuicio al Estado Nacional por aproximadamente 100 millones de dólares con la venta del predio ferial de Palermo, pues la operación se habría cerrado en un 25 % menos de su valor: se fijó en 30 millones de dólares cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos, según evaluó la Fiscalía.

La venta del predio fue a partir de un decreto presidencial el 20 de diciembre de 1991: "Se perfeccionó la traslación de dominio por el Boleto de Compraventa celebrado entre Cavallo y los representantes de la Sociedad Rural Argentina -coimputados De Zavalía y Ravagnan- y por la escritura pública número 84 de la Escribanía General de Gobierno de la Nación celebrada en la ciudad de Buenos Aires el 27 de mayo de 1992".

 

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Fundado el 4 de agosto de 2003

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