Miércoles, 31 Agosto 2016 14:11

La Anses apeló la cautelar contra la Reparación Histórica y recusó al juez de la causa

Escrito por  Agencia Télam
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La Justicia suspendió la instrumentación de la ley en lo que respecta al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de los reajustes salariales a jubilados que litigaron contra el Estado.

 

 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apeló hoy la medida cautelar que suspendió la instrumentación de la Ley de Reparación Histórica en lo que respecta al uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para el pago de los reajustes salariales a jubilados que litigaron contra el Estado.

 

La dependencia previsional también solicitó la recusación del juez Juan Fantini, por considerar que el magistrado reveló "en forma indudable su opinión sobre el fondo de la cuestión", informó la Anses en un comunicado.

 

"Esta decisión del juez perjudica a más de dos millones de jubilados de todo el país a los que les corresponde la reparación histórica del haber previsional", señaló la dependencia oficial.

 

La Anses recordó que la medida cautelar "fue impulsada por el ex funcionario político Miguel Ángel Fernández Pastor".

 

Mientras se lleva adelante la apelación de esta medida considerada "arbitraria", la implementación del Programa de Reparación Histórica sigue en marcha en todo el país.

 

En tal sentido, la Anses señaló que a partir de los primeros días de septiembre, los jubilados podrán consultar en la sección Mi ANSES de la web, www.anses.gob.ar, cuánto les corresponde por el reajuste del haber, así como el monto por retroactivo, en los casos en los que correspondiera.

 

La Ley N° 27.260, sancionada el 29 de junio de este año y cuya reglamentación se llevó adelante por medio del Decreto 894/2016 del 27 de julio de 2016, requirió meses de trabajo en conjunto con el Poder Judicial de la Nación para poder hacer efectiva la instrumentación, cumpliendo con todos los requerimientos expuestos por dicho poder.

 

En la apelación presentada, la Anses sostuvo que en la resolución cautelar "el juez adelantó su opinión sobre el fondo de la cuestión" y que "más allá de las fórmulas dogmáticas y de estilo, los términos y razonamientos empleados revelan en forma indudable que, en realidad, el magistrado ha expuesto su opinión sobre el fondo de la pretensión del actor".

 

Afirman además que "el magistrado adelanta una opinión desfavorable sobre la ley en general. La conclusión y juicio de valor sobre el alcance de la ley, en cuanto a la cantidad de afiliados alcanzados y sobre el alcance de la cancelación de las deudas previsionales que serían canceladas, exceden claramente la cautelar, y exponen una visión subjetiva e ideológica del juez".

 

En la Anses subrayan que "la resolución apelada es arbitraria y reviste una extrema gravedad institucional, por cuanto pone en riesgo la aplicación de la Reparación Histórica aprobada por un abrumador consenso, y amenaza con impedir que más de dos millones de jubilados y pensionados puedan acceder en vida, al cobro de sus derechos previsionales sometiéndolos, por tanto, a una nueva postergación y frustración de sus derechos".

 

En ese marco, "la Anses fundamenta que con absoluta liviandad y sin exponer fundamento alguno, ni analizar sus consecuencias sobre la aplicabilidad de la Reparación Histórica, el magistrado procedió a suspender el artículo 28 de la ley 27.260".

 

"Se trata de un intento del juez de suplir al legislador en el diseño de la política económica y previsional, eliminando una de las fuentes de financiamiento y sin efectuar ningún tipo de análisis, ni consideración sobre los derechos de los jubilados que se estarían vulnerando", agrega el comunicado.

 

Por último, sostienen que "bajo la absurda fachada de la supuesta protección de los derechos futuros del ex funcionario que realizó la denuncia (Miguel Ángel Fernández Pastor), se dicta una medida cautelar arbitraria, irrazonable y no fundamentada, por la cual se pretende reemplazar al Congreso de la Nación en la elección y diseño de la política económica y previsional, con el particular agravante de que el resultado implica postergar, quizás para siempre, la prerrogativa de los beneficiarios a acceder a los derechos de la seguridad social".

 

"Se trata de una resolución ideológica dogmática, por lo que no puede ser considerada como un acto jurisdiccional válido, debiendo declararse su nulidad", concluye el comunicado.

 

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